Lady Michael Ramos Martínez
Expediente 283/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 38 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 283/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 17/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Lady Michael Ramos Martínez
- Lady Michael Ramos Martínez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. 1. ESTADO DE AUTOS. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro de este expediente, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Encuentra aplicación al caso la jurisprudencia 54/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, del rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Ahora bien, resulta conveniente traer a colación el artículo 77 de la Ley de Amparo, mismo que dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y, II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, aplicable al presente asunto, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Bajo ese contexto, se aprecia que por audiencia y resolución constitucional de diecisiete de mayo de dos mil veintidós (fojas 60 a 71), se precisó que el acto reclamado en esta instancia constitucional por la quejosa ***, es el siguiente: *** Al efecto, conviene traer a colación las actuaciones del juicio ordinario ***, del índice de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, que se tuvieron a la vista al momento en que se resolvió el presente asunto, en lo que interesa las siguientes: *** Ahora bien, por acuerdo de dieciséis de enero de dos mil veintitrés (fojas 276 a 278), se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera en torno al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia de amparo. En atención a lo anterior, ***, autorizada de la quejosa ***, a través de su escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintitrés (foja 280 a 281), dio contestación a la vista otorgada, señalando lo siguiente: PROMOCIÓN 1030 *** En consecuencia, este Juzgado de Distrito procede ha realizar el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. De las constancias que allegó la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, en acuerdos de catorce de junio de dos mil veintidós (fojas 113 a 115), seis de julio de dos mil veintidós (fojas 127 a 129) y treinta de agosto de dos mil veintidós (fojas 167 a 170), se aprecia *** Lo acreditado permite concluir que la autoridad responsable cumplió con el aspecto fundamental del fallo constitucional, al realizar *** En cuanto a lo manifestado por ***, autorizada de la quejosa Lady Michael Ramos Martínez, a través de su escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, dígasele que resultan ser infundadas sus alegaciones, ya que por audiencia y resolución constitucional de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, se estableció que los efectos del amparo eran enfocados a que la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, procediera al d***, lo cual como se analizó en párrafos precedentes ya quedaron desahogadas las mismas, por ende, nunca se concedió el amparo y protección de la justicia federal para que abarcara hasta la culminación de la totalidad de las probanzas que oferten las partes, incluyéndose alguna prueba superviniente, así como objeciones, dado que en el juicio laboral opera la figura de la caducidad de la instancia. A efecto de arribar a esa conclusión, es conveniente citar el contenido de los artículos 771, 772 y 773 de la Ley Federal del Trabajo, que disponen: "Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario." "Artículo 772. Cuando para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador, y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días naturales; el Presidente de la Junta deberá ordenar se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndole de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente. Si el trabajador está patrocinado por un Procurador del Trabajo, la Junta notificará el acuerdo de que se trata al trabajador y a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para los efectos correspondientes. Si no estuviera patrocinado por la procuraduría, se le hará saber a ésta el acuerdo, para el efecto de que intervenga ante el trabajador y le precise las consecuencias legales de la falta de promoción, así como para que le brinde asesoría legal en caso de que el trabajador se la requiera." "Artículo 773.- La Junta, a petición de parte, tendrá por desistida de la acción intentada a toda persona que no haga promoción alguna en el término de cuatro meses, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento y se haya cumplido lo dispuesto en el artículo anterior. No se considerará que dicho término opera si están desahogadas las pruebas del actor o está pendiente de dictarse resolución sobre alguna promoción de las partes a que se refiere este artículo, o la práctica de alguna diligencia, o se encuentre pendiente de acordarse la devolución de un exhorto o la recepción de informes o copias que se hubiesen solicitado a diversa autoridad dentro del procedimiento. Para los efectos del párrafo anterior, la Junta citará a las partes a una audiencia, en la que después de oírlas y recibir las pruebas que ofrezcan, que deberán referirse exclusivamente a la procedencia o improcedencia del desistimiento, dictará resolución." Como puede apreciarse del análisis de los referidos numerales 772 y 773 de la ley laboral, se distinguen dos condiciones para que proceda la declaración de caducidad en el juicio laboral, la primera es el requerimiento al trabajador para que realice determinada promoción que sea indispensable para la continuación del procedimiento, para ello cuenta con el lapso de cuarenta y cinco días naturales a partir de que se estime necesaria dicha promoción y se hace del conocimiento de aquél, sin embargo, en ese requerimiento no procede hacer el apercibimiento al trabajador en el sentido que de no cumplir con la exigencia respectiva se decretará la caducidad, pues ello corresponde a una segunda condición o requerimiento a fin de que se configure el desistimiento tácito referido. En efecto, debe existir un segundo requerimiento al trabajador -fenecido el lapso de cuarenta y cinco días naturales sin que hubiese cumplido con el requerimiento- para que presente la promoción que se estime indispensable para el impulso del procedimiento, con el apercibimiento para que en el supuesto de no cumplir con dicho requerimiento en el plazo de cuatro meses se decretara que operó la caducidad. De ahí que no se puede conceder efectos para que abarque el desahogo de la totalidad de las pruebas, incluyendo las supervinientes, así como la tramitación objeciones, dado que debe ver impulso del trabajador para la continuación del juicio, salvo cuando la ley impone un término a la autoridad laboral para la emisión de una actuación o resolución, respetándose los plazos que estipula la Ley Federal del Trabajo para ello. Sirve de apoyo a lo antes considerado por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 128/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 539, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Materia Común, localizable en la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 171749, que señala: "INCONFORMIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA UNA SENTENCIA EN AMPARO DIRECTO. DEBEN DECLARARSE INOPERANTES LOS AGRAVIOS ENCAMINADOS A DEMOSTRAR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. Cuando se otorga el amparo para efectos en contra de una sentencia o laudo, por irregularidades procesales o formales, o bien cuando habiéndose estudiado el fondo del asunto se hayan definido todas las cuestiones debatidas, el cumplimiento del fallo protector consiste, en esencia, en dejar sin efecto la resolución jurisdiccional reclamada y emitir otra que atienda a la sentencia de la Justicia Federal. De esta manera, si acorde con lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se limita a examinar si es correcta o no la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora, resulta evidente que los agravios en los que se aduzca que la nueva resolución jurisdiccional no cumple con exactitud lo ordenado en la sentencia de amparo deben declararse inoperantes, pues en todo caso ello constituye un cumplimiento defectuoso o con exceso, que debe combatirse a través del recurso de queja previsto en el artículo 95, fracciones IV y IX, de la Ley de Amparo." En consecuencia, lo procedente es declarar cumplida la sentencia de mérito, en términos del artículo 77 de la Ley de la Materia, toda vez que la autoridad ordenadora, acreditó, el desahogo de las pruebas ofertadas por las partes y la correspondiente notificación de las diligencias, para ello, siguiendo los pasos previstos en la sentencia amparadora. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 301, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 165807, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Así como, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 192174, de título: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Debe decirse que los criterios que se citan, y que interpreta la Ley de Amparo, abrogada se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tales criterios de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que tratan, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales procedentes y las anotaciones en el libro de corresponda. Por tanto, con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de quince días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y hecho lo anterior se acordará lo procedente. En ese tenor, se hace de su conocimiento que queda expedito su derecho para hacer valer el recurso correspondiente, toda vez que en párrafos que anteceden se proveyó lo conducente en relación al cumplimiento de la sentencia amparadora. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN AVISO DE NOTIFICACIÓN PARA LA PARTE TERCERA INTERESADA.- SE NOTIFICA POR LISTA PARA LA TERCERA INTERESADA EL PROVEÍDO DE DIECISIETE DE FEBRERO 2023.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. 1. ESTADO DE AUTOS. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro de este expediente, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Encuentra aplicación al caso la jurisprudencia 54/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, del rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Ahora bien, resulta conveniente traer a colación el artículo 77 de la Ley de Amparo, mismo que dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y, II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, aplicable al presente asunto, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Bajo ese contexto, se aprecia que por audiencia y resolución constitucional de diecisiete de mayo de dos mil veintidós (fojas 60 a 71), se precisó que el acto reclamado en esta instancia constitucional por la quejosa ***, es el siguiente: *** Al efecto, conviene traer a colación las actuaciones del juicio ordinario ***, del índice de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, que se tuvieron a la vista al momento en que se resolvió el presente asunto, en lo que interesa las siguientes: *** Ahora bien, por acuerdo de dieciséis de enero de dos mil veintitrés (fojas 276 a 278), se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera en torno al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia de amparo. En atención a lo anterior, ***, autorizada de la quejosa ***, a través de su escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintitrés (foja 280 a 281), dio contestación a la vista otorgada, señalando lo siguiente: PROMOCIÓN 1030 *** En consecuencia, este Juzgado de Distrito procede ha realizar el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. De las constancias que allegó la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, en acuerdos de catorce de junio de dos mil veintidós (fojas 113 a 115), seis de julio de dos mil veintidós (fojas 127 a 129) y treinta de agosto de dos mil veintidós (fojas 167 a 170), se aprecia *** Lo acreditado permite concluir que la autoridad responsable cumplió con el aspecto fundamental del fallo constitucional, al realizar *** En cuanto a lo manifestado por ***, autorizada de la quejosa Lady Michael Ramos Martínez, a través de su escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, dígasele que resultan ser infundadas sus alegaciones, ya que por audiencia y resolución constitucional de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, se estableció que los efectos del amparo eran enfocados a que la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, procediera al d***, lo cual como se analizó en párrafos precedentes ya quedaron desahogadas las mismas, por ende, nunca se concedió el amparo y protección de la justicia federal para que abarcara hasta la culminación de la totalidad de las probanzas que oferten las partes, incluyéndose alguna prueba superviniente, así como objeciones, dado que en el juicio laboral opera la figura de la caducidad de la instancia. A efecto de arribar a esa conclusión, es conveniente citar el contenido de los artículos 771, 772 y 773 de la Ley Federal del Trabajo, que disponen: "Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario." "Artículo 772. Cuando para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador, y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días naturales; el Presidente de la Junta deberá ordenar se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndole de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente. Si el trabajador está patrocinado por un Procurador del Trabajo, la Junta notificará el acuerdo de que se trata al trabajador y a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para los efectos correspondientes. Si no estuviera patrocinado por la procuraduría, se le hará saber a ésta el acuerdo, para el efecto de que intervenga ante el trabajador y le precise las consecuencias legales de la falta de promoción, así como para que le brinde asesoría legal en caso de que el trabajador se la requiera." "Artículo 773.- La Junta, a petición de parte, tendrá por desistida de la acción intentada a toda persona que no haga promoción alguna en el término de cuatro meses, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento y se haya cumplido lo dispuesto en el artículo anterior. No se considerará que dicho término opera si están desahogadas las pruebas del actor o está pendiente de dictarse resolución sobre alguna promoción de las partes a que se refiere este artículo, o la práctica de alguna diligencia, o se encuentre pendiente de acordarse la devolución de un exhorto o la recepción de informes o copias que se hubiesen solicitado a diversa autoridad dentro del procedimiento. Para los efectos del párrafo anterior, la Junta citará a las partes a una audiencia, en la que después de oírlas y recibir las pruebas que ofrezcan, que deberán referirse exclusivamente a la procedencia o improcedencia del desistimiento, dictará resolución." Como puede apreciarse del análisis de los referidos numerales 772 y 773 de la ley laboral, se distinguen dos condiciones para que proceda la declaración de caducidad en el juicio laboral, la primera es el requerimiento al trabajador para que realice determinada promoción que sea indispensable para la continuación del procedimiento, para ello cuenta con el lapso de cuarenta y cinco días naturales a partir de que se estime necesaria dicha promoción y se hace del conocimiento de aquél, sin embargo, en ese requerimiento no procede hacer el apercibimiento al trabajador en el sentido que de no cumplir con la exigencia respectiva se decretará la caducidad, pues ello corresponde a una segunda condición o requerimiento a fin de que se configure el desistimiento tácito referido. En efecto, debe existir un segundo requerimiento al trabajador -fenecido el lapso de cuarenta y cinco días naturales sin que hubiese cumplido con el requerimiento- para que presente la promoción que se estime indispensable para el impulso del procedimiento, con el apercibimiento para que en el supuesto de no cumplir con dicho requerimiento en el plazo de cuatro meses se decretara que operó la caducidad. De ahí que no se puede conceder efectos para que abarque el desahogo de la totalidad de las pruebas, incluyendo las supervinientes, así como la tramitación objeciones, dado que debe ver impulso del trabajador para la continuación del juicio, salvo cuando la ley impone un término a la autoridad laboral para la emisión de una actuación o resolución, respetándose los plazos que estipula la Ley Federal del Trabajo para ello. Sirve de apoyo a lo antes considerado por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 128/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 539, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Materia Común, localizable en la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 171749, que señala: "INCONFORMIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA UNA SENTENCIA EN AMPARO DIRECTO. DEBEN DECLARARSE INOPERANTES LOS AGRAVIOS ENCAMINADOS A DEMOSTRAR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. Cuando se otorga el amparo para efectos en contra de una sentencia o laudo, por irregularidades procesales o formales, o bien cuando habiéndose estudiado el fondo del asunto se hayan definido todas las cuestiones debatidas, el cumplimiento del fallo protector consiste, en esencia, en dejar sin efecto la resolución jurisdiccional reclamada y emitir otra que atienda a la sentencia de la Justicia Federal. De esta manera, si acorde con lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se limita a examinar si es correcta o no la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora, resulta evidente que los agravios en los que se aduzca que la nueva resolución jurisdiccional no cumple con exactitud lo ordenado en la sentencia de amparo deben declararse inoperantes, pues en todo caso ello constituye un cumplimiento defectuoso o con exceso, que debe combatirse a través del recurso de queja previsto en el artículo 95, fracciones IV y IX, de la Ley de Amparo." En consecuencia, lo procedente es declarar cumplida la sentencia de mérito, en términos del artículo 77 de la Ley de la Materia, toda vez que la autoridad ordenadora, acreditó, el desahogo de las pruebas ofertadas por las partes y la correspondiente notificación de las diligencias, para ello, siguiendo los pasos previstos en la sentencia amparadora. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 301, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 165807, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Así como, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 192174, de título: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Debe decirse que los criterios que se citan, y que interpreta la Ley de Amparo, abrogada se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tales criterios de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que tratan, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales procedentes y las anotaciones en el libro de corresponda. Por tanto, con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de quince días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y hecho lo anterior se acordará lo procedente. En ese tenor, se hace de su conocimiento que queda expedito su derecho para hacer valer el recurso correspondiente, toda vez que en párrafos que anteceden se proveyó lo conducente en relación al cumplimiento de la sentencia amparadora. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se dio vista únicamente a la parte quejosa, con las constancias remitidas por la autoridad responsable Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, en relación a las actuaciones que se realizaron en torno al cumplimiento de la sentencia de amparo, sin embargo, se omitió dar vista con ello al tercero interesado ***. Bajo ese panorama, y en aras de no vulnerar algún derecho procesal respecto del tercero interesado Juan Carlos Valera de la Torre, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, se procede a regularizar el procedimiento en el presente juicio de amparo, para el efecto que previo al pronunciamiento sobre el cumplimiento del fallo protector, se proceda a dar vista al citado tercero, con la totalidad de constancias remitidas por la responsable Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, que se recibieron por acuerdos de catorce de junio, seis de julio, treinta de agosto, siete de septiembre, veintisiete de septiembre, todos de dos mil veintidós y dieciséis de enero del actual. En atención a lo anterior, con el referido comunicado y las constancias anexas al mismo, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, dése vista al citado tercero interesado por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo la tesis I.5o.C.7 K (10a.)1, registro 2007400, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que es del tenor siguiente: "SENTENCIA PROTECTORA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE LA MATERIA." Asimismo, es aplicable al caso el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible en la página 1593, Tomo II, Libro II, Décima Época, Tesis Aislada 2a. CXIV/2013, registro 2005257, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE AMPARO DEBE RESPONDER EXHAUSTIVAMENTE A LAS OBJECIONES FORMULADAS POR LAS PARTES ANTES DE DECLARAR SU CUMPLIMIENTO. El párrafo primero del artículo 196 de la Ley de Amparo dispone que, recibido el informe de la autoridad responsable en el sentido de que cumplió con la ejecutoria, el órgano judicial de amparo dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de 3 días manifiesten lo que a su derecho convenga -plazo que en amparo directo será de 10 días dentro de los cuales la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento-. Por otro lado, el párrafo segundo del mismo precepto establece que, transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en la que declare si la sentencia está o no cumplida, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora bien, la obligación de fundar y motivar la resolución que califique si la sentencia está o no cumplida en sus términos, sin excesos ni defectos, obliga a la autoridad que conozca del juicio de amparo a dar respuesta exhaustiva a las objeciones formuladas por las partes, cuando hubiesen desahogado la vista expresando su desacuerdo con los términos en los que pretende cumplir la autoridad responsable, pues si no fuera así, carecería de sentido el mandamiento del legislador para que previo a dicha calificación los interesados expusieran su parecer." Finalmente, debe decirse que los criterios que se citan, y que interpretan la Ley de Amparo abrogada, se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tales criterios de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que tratan, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Notifíquese y personalmente al tercero interesado.
- Principal
CITATORIO PARA LA PARTE TERCERA INTERESADA.- SE NOTIFICA POR LISTA PARA LA TERCERA INTERESADA EL PROVEÍDO DE TREINTA Y UNO DE ENERO 2023.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se dio vista únicamente a la parte quejosa, con las constancias remitidas por la autoridad responsable Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, en relación a las actuaciones que se realizaron en torno al cumplimiento de la sentencia de amparo, sin embargo, se omitió dar vista con ello al tercero interesado ***. Bajo ese panorama, y en aras de no vulnerar algún derecho procesal respecto del tercero interesado Juan Carlos Valera de la Torre, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, se procede a regularizar el procedimiento en el presente juicio de amparo, para el efecto que previo al pronunciamiento sobre el cumplimiento del fallo protector, se proceda a dar vista al citado tercero, con la totalidad de constancias remitidas por la responsable Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, que se recibieron por acuerdos de catorce de junio, seis de julio, treinta de agosto, siete de septiembre, veintisiete de septiembre, todos de dos mil veintidós y dieciséis de enero del actual. En atención a lo anterior, con el referido comunicado y las constancias anexas al mismo, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, dése vista al citado tercero interesado por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo la tesis I.5o.C.7 K (10a.)1, registro 2007400, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que es del tenor siguiente: "SENTENCIA PROTECTORA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE LA MATERIA." Asimismo, es aplicable al caso el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible en la página 1593, Tomo II, Libro II, Décima Época, Tesis Aislada 2a. CXIV/2013, registro 2005257, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE AMPARO DEBE RESPONDER EXHAUSTIVAMENTE A LAS OBJECIONES FORMULADAS POR LAS PARTES ANTES DE DECLARAR SU CUMPLIMIENTO. El párrafo primero del artículo 196 de la Ley de Amparo dispone que, recibido el informe de la autoridad responsable en el sentido de que cumplió con la ejecutoria, el órgano judicial de amparo dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de 3 días manifiesten lo que a su derecho convenga -plazo que en amparo directo será de 10 días dentro de los cuales la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento-. Por otro lado, el párrafo segundo del mismo precepto establece que, transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en la que declare si la sentencia está o no cumplida, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora bien, la obligación de fundar y motivar la resolución que califique si la sentencia está o no cumplida en sus términos, sin excesos ni defectos, obliga a la autoridad que conozca del juicio de amparo a dar respuesta exhaustiva a las objeciones formuladas por las partes, cuando hubiesen desahogado la vista expresando su desacuerdo con los términos en los que pretende cumplir la autoridad responsable, pues si no fuera así, carecería de sentido el mandamiento del legislador para que previo a dicha calificación los interesados expusieran su parecer." Finalmente, debe decirse que los criterios que se citan, y que interpretan la Ley de Amparo abrogada, se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tales criterios de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que tratan, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Notifíquese y personalmente al tercero interesado.
Quedan 34 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · 3,604 expedientes
- KEYLA NOHEMI CARDONA DERAS y Otros.1373/2023
- KEYLA NOHEMI PEÑA RIVAS y Otros.937/2023
- Kimberlyn Michell Medina Silva1605/2023
- Kira Carolina Alegría Domínguez275/2021
- Kleivys Fernández González287/2022
- Kwabena Osei Owusu558/2021
- Lady Michael Ramos Martínez1005/2022
- Lais Machado Díaz886/2022
- Lapinell Yosbel Hernández1619/2022
- Larisa de Jesús Luis Piedra Santa891/2022
- Larisa De Jesús Luis Piedrasanta955/2023
- Larissa Solórzano de León542/2022