Ladislao Salazar Alonso

Expediente 487/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
487/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
26/07/2021

Partes del expediente

  • Ladislao Salazar Alonso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    ."Visto el estado que guardan los autos y como se advierte de la primera certificación, ya transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión, contra la resolución dictada que negó el amparo sin que hasta estos momentos lo hicieran valer las partes. En relación con la segunda certificación, al realizarse una búsqueda en el libro de registro de correspondencia, así como en el sistema de seguimiento de expedientes, no se encontró promoción alguna tendente a la interposición del citado medio de impugnación. ." se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Devolución de constancias. Devuélvanse al Magistrada de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y Juez Cuadragésimo Primero de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México, las constancias que remitieron en apoyo a su informe justificado, sin que sea necesario solicitarle acuse de recibo, en virtud de que el sello de recibido por la citada autoridad hará las veces de acuse. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el asunto como concluido. ."requiérase a la parte quejosa, para que acuda a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, dentro de un plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a recoger los documentos exhibidos en este expediente, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, éstos podrán ser destruidos junto con el expediente en que se actúa. Asimismo, hágase de su conocimiento que la entrega de documentos se realizará de lunes a viernes, conforme al horario asignado a este órgano jurisdiccional en el artículo 15 y Anexo I del Acuerdo General 21/2020; esto es, de las siete horas con cuarenta y cinco minutos a las trece horas con cuarenta y cinco minutos. A fin de que pueda comparecer ante este órgano federal, en el día y dentro del horario señalado, con fundamento en el numeral 3 del citado acuerdo, dígase al promovente que deberá programar una cita a través del sistema "Agenda OJ", ubicado en el micrositio "Servicios jurisdiccionales" del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese el presente acuerdo por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    ." ESTUDIO DE FONDO En obvio de repeticiones innecesarias se tienen por reproducidos los conceptos de violación, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a su trascripción en la sentencia; Los motivos de inconformidad son: Que la autoridad responsable vulneró los artículos 1º, 14 y 16 Constitucionales, al someterle a un tribunal claramente incompetente y desestimar los elementos ofrecidos al momento de oponer la excepción de incompetencia por declinatoria. Que la autoridad responsable omitió ponderar escritos ofrecidos por la parte actora en el juicio natural en los cuales manifiesta que su domicilio se encuentra en el Municipio de Ecatepec, Estado de México. Sostiene que se demostró que la competencia corresponde a diverso juez en diversa entidad federativa, esto es al Juez Familiar competente en Ecatepec, Estado de México, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1.42 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Los argumentos sintetizados deben desestimarse, por los motivos que se expondrán a continuación. Para mejor comprensión del asunto, el tribunal de alzada consideró lo siguiente: ". Ahora bien, al considerar que la actora demandó del excepcionista el pago de una pensión alimenticia para sus hijos menores de edad y posteriormente para ella, así como la guarda y custodia de éstos, señalando como domicilio para emplazar al demandado el ubicado en 5 de febrero, esquina Vicente Villada, colonia Villada, alcaldía Gustavo A. Madero en esta Ciudad, y al haber elegido como Juez para conocer de la controversia de alimentos, el de esta jurisdicción -en la que se localiza el domicilio laboral del demandado- se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XIII, del artículo 156 del Código de Procedimientos Civiles, esto es, en los juicios de alimentos, es competente el Juez en cuya jurisdicción esté el domicilio del actor o del demandado, a elección del primero. De ahí que con base a lo anterior habremos de sostener la competencia del C. Juez Cuadragésimo de lo Familiar de la Ciudad de México. En consecuencia, no procede la excepción de incompetencia opuesta por Ladislao Salazar Alonso. ." En apoyo a sus consideraciones, el tribunal de alzada invocó el criterio de rubro: "ALIMENTOS, JUICIO DE COMPETENCIA, LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y GUANAJUATO." Como puede advertirse, contrario a lo que sostiene el peticionario, la Sala responsable atendió a lo establecido en la regla prevista en el artículo 156, fracción XIII, del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que dispone: "Articulo 156. Es Juez competente: .. XIII. En los juicios de alimentos, el domicilio del actor o del demandado a elección del primero." La lectura del precepto y fracción transcritas permite establecer que la parte actora, en una controversia de alimentos, que podrá elegir al juez que le satisfaga para promover el juicio respectivo, de ahí que puede escoger al órgano en el cual se encuentre el domicilio del demandado y el conflicto competencial surgido en el caso tendría que decidirse conforme a la regla establecida en el precepto referido, pues se da la potestad igual a esta última, en el sentido de que como acreedora podrá pedir al Juez del lugar en donde pueda localizarse al deudor con mayor facilidad para que lo obligue a que le ministre los alimentos. ." Así las cosas, es evidente que el acto reclamado no vulneró los derechos fundamentales del quejoso, pues la regla prevista en la porción normativa transcrita, permite que los acreedores elijan el órgano jurisdiccional ante quien demandarán el pago de los alimentos, de ahí que si se atiende a la celeridad en la que se pueda compeler al obligado, ello privilegia la acción intentada en beneficio de los acreedores y no desatiende el interés superior de los menores. Lo anterior es así, pues la parte actora para ejercitar un derecho -el pago de alimentos-, atendió al hecho de que el domicilio laboral del deudor alimentario -hoy quejoso- se localizó en esta ciudad -Alcaldía Gustavo A. Madero-, lo que actualizó la hipótesis contenida en el numeral citado entre comillas y los hechos que ponderó la Sala responsable. Por otro lado, ante la presencia de una acción privilegiada, como lo son los alimentos y la premura en su atención, se otorgan para proteger la subsistencia de los acreedores alimentarios, al tener esta una calidad de urgente y perentoria, que protege la subsistencia en el caso en particular de los menores acreedores, por encima de una competencia jurisdiccional, máxime que la norma permite al acreedor instar al órgano que estime podrá agilizar la entrega de los alimentos. Lo anterior, se insiste en virtud de que el domicilio laboral del deudor alimentario -hoy quejoso- se localiza en esta ciudad, Alcaldía Gustavo A. Madero. Aunado a lo anterior, la determinación realizada por la Sala responsable, al contrario de lo expresado por el hoy quejoso, resulta protectora para sus menores hijos, habida cuenta que la legislación aplicada tutela los derechos que para ellos consagra el artículo 4º Constitucional que consagra el interés superior del menor como derecho fundamental; de modo que la acción especial y privilegiada de alimentos a favor de los menores, dado que la parte actora o acreedora alimentaria es quien elige al juez que debe conocer del asunto; afirmar lo contrario o sujetarlo a una serie de formalidades, provocaría perjuicio a los menores que ejercen su derecho a los alimentos por medio de la parte actora, porque se trata de una competencia por territorio en la que debe atenderse a la situación especial del menor, en acatamiento al artículo 4° de la Constitución Federal y a la Convención Sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional aprobado por la Asamblea General de la Organización de las "Naciones Unidas, el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, ratificado por los Estados Unidos Mexicanos y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno. Máxime que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en sus tres últimos párrafos: "ARTÍCULO 4.- Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. - - - Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. - - - El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. - - - El Estado otorgará facilidades a los particulares para que se coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez." Conforme a dicho precepto, los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, y queda a los ascendientes, tutores y custodios el deber de preservar ese derecho, lo que en el caso concreto acontece. Asimismo, el Estado queda obligado a cumplir con ese encargo constitucional, que se traduce en una prestación de hacer, esto es, proveer lo necesario para propiciar el ejercicio pleno de los derechos de la niñez, así como otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de tales derechos; lo que se traduce en la obligación estatal de actuar para asegurar los derechos de los infantes, la corresponsabilidad de los ascendientes y tutores, y el cumplimiento de los pactos internacionales suscritos por el Estado mexicano, textos jurídicos de inferior jerarquía normativa que, por disposición de la propia ley fundamental, son de observancia obligatoria, como la Convención Sobre los Derechos del Niño, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el ámbito federal y la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, de ámbito local. Finalmente, no asiste razón al quejoso respecto de su alegato vertido en el sentido de que no se ponderaron escritos presentados por su contraparte en el juicio natural en el sentido de que su domicilio se localiza en Ecatepec, Estado de México y que la competencia para conocer de la controversia es del Juez Familiar con residencia en esa localidad, de conformidad con el numeral 1.42 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Lo anterior es así, pues de acuerdo con lo resuelto por la Sala responsable, se reitera, la facultad para acudir a la instancia judicial es de la parte actora y como se apuntó se colmaron los requisitos del numeral 156, fracción XIII del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, por lo que esa regla que establece el artículo de la codificación procesal civil del Estado de México, aun y cuando no se hubiere atendido a dicho dispositivo, no le irroga perjuicio por lo que su planteamiento es infundado. De ahí que se considere que la resolución reclamada se encuentra ajustada a derecho, y no existió violación de derechos fundamentales. IX. DECISIÓN En las condiciones apuntadas, el acto reclamado no vulneró los derechos fundamentales referidos por la parte quejosa, por lo que procede negar el amparo. La negativa se hace extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen al Juez Cuadragésimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, al no reclamarse por vicios propios sino en vía de consecuencia. Por lo anteriormente fundado .", SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no AMPARA ni PROTEGE a Ladislao Salazar Alonso, contra los actos que reclamó de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y del Juez Cuadragésimo Primero de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México. Notifíquese por lista al quejoso y a la tercera interesada, personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación, y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    agréguense a sus autos el oficio de cuenta enviado vía electrónica mediante la plataforma virtual del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) firmado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por virtud del cual devuelve diligenciado, el exhorto 142/2020-III (número de orden 144/2020-III) del índice de este juzgado federal, por los motivos que indica. Comunicación oficial que se ordena dar de baja del libro de Gobierno. En tales condiciones, téngase por emplazada a la tercera interesada Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte, que aún no se encuentra emplazada la emplazada la tercera interesada por lo que no es posible llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy. En esas condiciones, la audiencia constitucional señala para esta fecha se difiere y se fijan las diez horas con diez minutos del catorce de diciembre de dos mil veinte, para su verificativo. Ahora, por cuanto hace a las autoridades responsables, de la interpretación integral del artículo 26 de la Ley de Amparo, se desprende que a éstas se les deberá notificar forzosamente por oficio el auto de admisión, salvo al particular señalado como responsable a quien se le notificará de manera personal (fracción II, inciso a), sin que haya disposición expresa respecto de la forma en que deban notificárseles el resto de los acuerdos, por lo que si durante la secuela del procedimiento surgen un universo de proveídos de trámite de menor trascendencia, se considera que éstos deben notificarse a través de lista en términos de lo previsto en la fracción III del citado precepto, con inclusión del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que por su trascendencia se considere necesario realizar la notificación por oficio, lo que en el caso no ocurre. conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Por otra parte, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa, mediante el cual formula alegatos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, con las citadas manifestaciones que hace el promovente en vía de alegatos, dése nueva cuenta en la audiencia constitucional. Notifíquese por lista en el portal del internet del Poder Judicial de la Federación.

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