L. F. S. A, en representación Adel Arrazola Ovando

Expediente 1301/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1301/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
04/09/2023

Partes del expediente

  • L. F. S. A, en representación Adel Arrazola Ovando
  • L. F. S. A, en representación Adel Arrazola Ovando y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de queja contra del proveído mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, inciso II), Título Segundo, Capitulo Sexto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; además de que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los artículos 21, 22, 23 y 24, todos del capítulo Octavo y 35, del capítulo Décimo Tercero, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de control físicos y electrónicos respectivos; y, una vez que transcurran tres años, destrúyase el expediente, debiéndose remitir el acta correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Glósese a los autos el oficio de cuenta signado por la Procuradora de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento al proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, comunica que queda enterado de la suspensión de plano concedida al directo quejoso ********************. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que cita. Al efecto, agréguese sin hacer mayor pronunciamiento al respecto, tomando en cuenta que en auto de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo por no presentada la demanda de amparo. CÚMPLASE.

  3. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA: Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable; por tanto, resulta procedente que este Juzgado Federal se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia dictada en autos en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. ... Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. ... Con lo anterior, dese vista a las partes, para los efectos del artículo 201 de la Ley de Amparo; y, en su oportunidad, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, ordénese el archivo del expediente, como asunto concluido.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda, presentada por ********************, en favor de ******************** mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Fiscalía del Ministerio Público en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Unidad de Investigación y Judicialización de Delitos Contra la Salud Familia 02, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Con fundamento en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 20, 107, 108, 109 y 126, de la Ley de Amparo, se tiene por presentada la misma y se reserva proveer respecto a su admisión, hasta en tanto se reciba la diligencia de ratificación que deba hacer el directamente la promovente del amparo ********************; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1301/2023-VIII. Por otra parte, tomando en consideración que el acto reclamado de lo que se adolece el quejoso, se hace consistir, en la desaparición forzada, detención, retención, incomunicación y puesta en peligro de la vida; por lo que, pudiese estar siendo objeto de cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 15 de la ley de Amparo; en consecuencia, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO de los actos reclamados, conforme a lo establecido por el arábigo 126 de la Ley de Amparo, esto es, para que cesen de inmediato los actos indicados. Conviene aclarar que si el directo peticionario de amparo se encuentra a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención alguna en su contra, -salvo el caso de la detención por caso urgente-, los efectos de la suspensión son para que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Si se encuentra a disposición del Ministerio Público por haber sido detenido en flagrancia o caso urgente, el plazo contará a partir de que sea puesto a disposición. Si el caso no encuadra en los anteriores supuestos, así como en tratándose de la detención por caso urgente, y que el Ministerio Público restrinja la libertad del agraviado, la suspensión se concederá para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Requiérase a las autoridades responsables, para que informen dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de aquél en que surta efecto la notificación correspondiente, acerca de la forma y términos en que dé cumplimiento a esta suspensión, agregando en su caso las constancias que acrediten tales extremos; haciendo del conocimiento de las responsables que el término concedido corre de momento a momento, según lo establece el artículo 22 de la Ley de Amparo. En la inteligencia que se podrán rendir la información conducente por vía correo electrónico (email) a 5jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx; apercibidas que de no cumplir con lo ordenado, se les impondrá multa de Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos, 74/100 moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100 moneda nacional), de conformidad con los dispuesto en los artículos 237 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otra parte, del escrito de demanda, se desprende que se desconoce el paradero del directo quejoso ******************** en consecuencia se comisiona a los Actuarios Judiciales adscritos, a fin que se constituyan en hospitales públicos y privados, centros de atención psiquiátricos, servicios médicos forenses (semefo), instalaciones policiales y de detención de la Fiscalía General de la Republica, Policía Federal, de la Fiscalía General de esta entidad, Zonas Militares, en donde existan separos o celdas, así como en centros carcelarios que se encuentren en las localidades en que ejercen jurisdicción, instancias gubernamentales (autoridades federales, estatales y municipales) y organizaciones formadas por la sociedad civil (Cruz Roja, centros de reclusión o atención); y, en el caso que no se encuentre en alguno de esos lugares, preguntar si estuvo, la causa, fecha y motivo de egreso de los directos quejosos; no obstante, al no tener la certeza de su paradero, en atención y ceñimiento a lo establecido por el artículo 15 de la Ley de Amparo, así como a los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que forman parte de la Ley Suprema de la Unión, conforme a los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 21 de la Ley General de Víctimas, requiérase a las autoridades responsables, para que de inmediato realicen las gestiones necesarias para investigar y localizar el paradero del directo quejoso ********************; y el resultado de la búsqueda lo deberán comunicar a este juzgado dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de la legal notificación del presente acuerdo; apercibidas que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos, 74/100 moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100 moneda nacional), según lo estatuido por los numerales 238, primera parte, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Ahora, el artículo 15, último párrafo, de la Ley de Amparo, establece que cuando, por las circunstancias del caso se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez deberá dictar la suspensión de los actos reclamados y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima, por lo que, bajo ese supuesto, ninguna autoridad podrá negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. Sin que se soslaye, que para requerir la información antes precisada, este órgano de control constitucional, no se haya pronunciado sobre la admisión de la demanda; tomando en consideración, que esa circunstancia sea un impedimento, a efecto de conocer el curso de las investigaciones respecto a la denuncia de desaparición forzada de ********************. Lo anterior, sin invadir las facultades concedidas al órgano persecutor ni sustituirlo en sus funciones, por la potestad del amparo, pues acorde con el mandato constitucional previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el ámbito de su competencia, el juzgador de amparo tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento la protección más amplia de las personas frente a los actos de autoridad que puedan violentar derechos humanos, y toda vez que tratándose de este delito el legislador enfatizó que se requerirá a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de las víctimas, no se requiere de una ley adjetiva para investigar violaciones graves a derechos humanos tratándose de desaparición forzada de personas, pues basta que el órgano de control constitucional asuma su posición de garante de los derechos fundamentales y prevea las medidas conducentes para que las autoridades señaladas como responsables se avoquen a la búsqueda y localización de las víctimas e identificar a los responsables. Son aplicables, la tesis, del rubro y texto siguientes: "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. EL HECHO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ADMITA LA DEMANDA DE AMPARO, NO ES OBSTÁCULO PARA QUE LOS FAMILIARES DE LOS DESAPARECIDOS EJERZAN SU DERECHO A SABER LA VERDAD Y EL RUMBO DE LAS INVESTIGACIONES, MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE LAS COPIAS DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA CORRESPONDIENTE. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que en casos que involucran la desaparición forzada de personas, es posible entender que la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de la víctima es la consecuencia directa de un severo sufrimiento que se acrecienta, entre otros factores, por la constante negativa de las autoridades estatales de proporcionar información acerca del paradero del desaparecido o de iniciar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de los hechos; por ello, acorde con los artículos 1, numeral 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los familiares de las víctimas tienen el derecho y los Estados la obligación, de conocer la verdad de lo sucedido, a saber cuál fue el destino de aquéllas y, en su caso, dónde se encuentran sus restos. En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 168/2011, señaló que el derecho a la información pública, no es absoluto, sino que mantiene como excepción, en el caso de las averiguaciones previas, lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ya que el interés público en mantener la reserva de las investigaciones en aquellos casos extremos sobre graves violaciones a derechos humanos y delitos o crímenes de lesa humanidad, se ve superado por el interés de la sociedad en su conjunto, de conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los responsables; de modo que el acceso a la información que conste en dichas averiguaciones previas no sólo afecta directamente a las víctimas y ofendidos por los hechos antijurídicos, sino que ofende a toda la sociedad, por su gravedad y las repercusiones que implican. En virtud de lo anterior, el hecho de que el Juez de Distrito no admita la demanda, no niega legitimación a los familiares de los desaparecidos para obtener copias de la averiguación previa correspondiente, pues ello equivaldría a condicionar su derecho a saber la verdad y el rumbo de las investigaciones para determinar la suerte o paradero de las víctimas, identificar a los responsables y, en su caso, imponerles las sanciones correspondientes; lo que evidencia que el requisito de la ratificación de la demanda, en estos casos, no sea una formalidad que les impida ejercer esos derechos." "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ACORDE CON LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE TRAMITAR Y DICTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS DESAPARECIDOS, AUN SIN HABER ADMITIDO LA DEMANDA. El delito de desaparición forzada de personas, acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, al implicar al mismo tiempo, vulneraciones conexas de sus derechos a la vida, integridad personal, libertad y el reconocimiento a la personalidad jurídica. Por ello, el legislador estableció que el juzgador de amparo proveyera de inmediato acerca de la suspensión de oficio y de plano, aun sin haber admitido la demanda, pues la falta de esa formalidad no lo imposibilita a requerir a las autoridades sus informes con justificación y obtener datos de la localización o paradero de los desaparecidos, ya que la teleología de un delito de lesa humanidad -como lo es la desaparición forzada de personas-, catalogado como pluriofensivo violenta, entre otros derechos, el reconocimiento a la personalidad jurídica de la víctima, al sustraerla de la protección que le es debida, con la intención clara y deliberada de eliminar la posibilidad de que interponga las acciones legales, excluyéndola del orden jurídico e institucional; tan es así que el artículo 15 de la Ley de Amparo señala que el Juez de Distrito no puede imponer una temporalidad para que comparezcan los desaparecidos, pues su objetivo a través del habeas corpus está dirigido a obtener su localización, para lo cual, su párrafo sexto dispone que cuando advierta de la demanda de amparo la posible comisión de dicho delito, tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite, lo que evidencia que el legislador destacó que las formalidades regulares de que está previsto el juicio de amparo, en estos supuestos, adquieren un tratamiento diverso ante la violación grave y simultánea de derechos humanos, pues la persona desaparecida está imposibilitada para gozar y ejercer otros y, eventualmente todos los derechos de los cuales es titular, al sustraerla de todo ámbito del ordenamiento jurídico, dejándola en una suerte de limbo o indeterminación jurídica ante la sociedad y el Estado; situación que el sistema jurídico mexicano debe tutelar a través del juicio de amparo; sin que ello implique inobservar las formalidades del recurso judicial efectivo que constituye, pues sus reglas de admisibilidad y trámite, en supuestos de desaparición forzada de personas, le vienen impuestas al órgano de control constitucional por la propia ley; de ahí que el Juez de Distrito puede tramitar y dictar las medidas necesarias para la localización de los desaparecidos, aun sin haber admitido la demanda." Hágase saber a las autoridades que la violación a esta medida suspensional entraña la comisión de un delito, conforme a lo dispuesto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse el mismo, de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación, para los efectos a que haya lugar. En virtud que el promovente no señaló el posible lugar donde pueda encontrarse al directo quejoso como se establece en párrafos precedentes, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que, de no encontrarla en el domicilio de las autoridades señaladas como responsables, se constituya a los hospitales públicos y privados, centros de atención psiquiátricos, servicios médicos forenses (semefo), instalaciones policiales y de detención de la Fiscalía General de la Republica, Policía Federal, de la Fiscalía General de esta entidad, Zonas Militares, en donde existan separos o celdas, así como en centros carcelarios que se encuentren en las localidades en que ejercen jurisdicción, instancias gubernamentales (autoridades federales, estatales y municipales) y organizaciones formadas por la sociedad civil (Cruz Roja, centros de reclusión o atención), a fin de lograr la comparecencia del agraviado, y en caso de no encontrarla solicite información a las autoridades responsables sobre el lugar donde se pudiera encontrar, en el entendido que de llegar a obtener tal información deberá constituirse y localizarlo para requerirle en la propia diligencia o dentro del término de tres días, contados a partir que sea notificado del presente proveído, si ratifica o no la demanda de amparo promovida en su favor, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, lo anterior para que este Juzgado esté en posibilidad de acordar lo conducente. Se le previene al quejoso, para el caso que no ratifique la demanda dentro del plazo que para tal efecto se le concedió, se tendrá por no presentada, quedando sin efectos las providencias que se hubiesen dictado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Asimismo, se le requiere para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones; en el entendido que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones serán hechas por lista en términos del artículo 27, fracción III, a), de la Ley de Amparo, aun las de carácter personal. Hecho lo anterior, dése nueva cuenta para proveer lo que corresponda, en términos del citado numeral 15 del ordenamiento legal invocado..

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