Kurbanov Jamshed Sobirovich
Expediente 1012/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1012/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/08/2023
Partes del expediente
- Kurbanov Jamshed Sobirovich
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado y anexo de cuenta, que rinde la autoridad señalada como responsable Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo; asimismo, se tiene a la autoridad responsable, anunciando como pruebas de su parte las documentales que anexa, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno en términos del artículo 119 de la Ley de la materia. De igual forma, se le tiene designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 del ordenamiento legal en cita, a quienes menciona, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos se obtiene que Marco Polo Barragán Urbalejo, promovió juicio de amparo en favor de ********************, contra actos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, de la que se desprende que se reclama -esencialmente- la prolongación del alojamiento en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración y como consecuencia la deportación o expulsión del país. Luego, de la constancia de cuenta, remitida por la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con residencia en esta ciudad, consistentes en copia certificada del Documento Provisional del Instituto Nacional de Migración con oficio de su índice, instruido al aquí quejoso ********************, a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202, 207 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que en dicho procedimiento, se emitió documento provisional respecto a la salida del aquí quejoso, concluyendo que a la fecha se encuentra en libertad. Por tanto, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia, contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado sus efectos, por las consideraciones siguientes. En principio, es pertinente destacar que -como lo reconoció el Máximo Tribunal del País al analizar la Ley de Amparo abrogada- de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la ley de la materia, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia invocada se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Esto es así, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, registro 193758, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Ahora bien, en el caso concreto, como se anticipó, el quejoso ******************** reclama la prolongación del alojamiento en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración y como consecuencia la posible deportación (en cualquiera de sus modalidades). No obstante, de las constancias que obran en autos y que fue previamente valoradas, se desprende que la autoridad responsable emitió el Documento Provisional del Instituto Nacional de Migración, de su índice, instruido al aquí quejoso ********************, a través del cual fue puesto en libertad concluyendo en esa fecha el alojamiento en la instancia migratoria, por lo que como se dijo han cesado en sus efectos los actos reclamados. Por tanto, si -como se anticipó- el reclamo del promovente consiste en la detención en la estación migratoria y la posible orden de deportación, a la fecha, se determinó su salida de la estación migratoria, en atención su solicitud dentro del procedimiento migratorio, del cual emanaban los actos reclamados y, como consecuencia se permitió al quejoso ******************** abandonar las instalaciones de la autoridad responsable, debe concluirse que han cesado los efectos de los actos reclamados y sus consecuencias pues se han destruido todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. De conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que queda sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las, comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y hágase la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo. Finalmente, se aprecia que el directamente quejoso no señaló domicilio procesal para oír y recibir notificaciones; así como la parte promovente no proporciono domicilio del quejoso para tal efecto. En razón de lo anterior, se ordena notificarle por lista en los estrados de este Juzgado el proveído de referencia, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo Notifíquese personalmente al quejoso por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal y cúmplase.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.AMC/VMMF/jrcm
- Principal
treinta de agosto de dos mil veintitrés, quien suscribe licenciado Rufino Salgado Ramírez, actuario adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, hago constar; que como esta ordenado en autos, notifiqué por medio de lista que se fijó en los estrados de este Tribunal Federal, el contenido del acuerdo dictado(s) en veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, a la parte agraviada Kurbanov Jamshed Sobirovich, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo, y se tiene por legalmente hecha la notificación del referido acuerdo, mismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado y anexo de cuenta, que rinde la autoridad señalada como responsable Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo; asimismo, se tiene a la autoridad responsable, anunciando como pruebas de su parte las documentales que anexa, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno en términos del artículo 119 de la Ley de la materia. De igual forma, se le tiene designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 del ordenamiento legal en cita, a quienes menciona, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos se obtiene que Marco Polo Barragán Urbalejo, promovió juicio de amparo en favor de ********************, contra actos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, de la que se desprende que se reclama -esencialmente- la prolongación del alojamiento en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración y como consecuencia la deportación o expulsión del país. Luego, de la constancia de cuenta, remitida por la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con residencia en esta ciudad, consistentes en copia certificada del Documento Provisional del Instituto Nacional de Migración con oficio de su índice, instruido al aquí quejoso ********************, a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202, 207 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que en dicho procedimiento, se emitió documento provisional respecto a la salida del aquí quejoso, concluyendo que a la fecha se encuentra en libertad. Por tanto, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia, contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado sus efectos, por las consideraciones siguientes. En principio, es pertinente destacar que -como lo reconoció el Máximo Tribunal del País al analizar la Ley de Amparo abrogada- de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la ley de la materia, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia invocada se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Esto es así, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, registro 193758, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Ahora bien, en el caso concreto, como se anticipó, el quejoso ******************** reclama la prolongación del alojamiento en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración y como consecuencia la posible deportación (en cualquiera de sus modalidades). No obstante, de las constancias que obran en autos y que fue previamente valoradas, se desprende que la autoridad responsable emitió el Documento Provisional del Instituto Nacional de Migración, de su índice, instruido al aquí quejoso ********************, a través del cual fue puesto en libertad concluyendo en esa fecha el alojamiento en la instancia migratoria, por lo que como se dijo han cesado en sus efectos los actos reclamados. Por tanto, si -como se anticipó- el reclamo del promovente consiste en la detención en la estación migratoria y la posible orden de deportación, a la fecha, se determinó su salida de la estación migratoria, en atención su solicitud dentro del procedimiento migratorio, del cual emanaban los actos reclamados y, como consecuencia se permitió al quejoso ******************** abandonar las instalaciones de la autoridad responsable, debe concluirse que han cesado los efectos de los actos reclamados y sus consecuencias pues se han destruido todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. De conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que queda sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las, comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y hágase la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo. Finalmente, se aprecia que el directamente quejoso no señaló domicilio procesal para oír y recibir notificaciones; así como la parte promovente no proporciono domicilio del quejoso para tal efecto. En razón de lo anterior, se ordena notificarle por lista en los estrados de este Juzgado el proveído de referencia, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la constancia de cuenta, se advierte que los directamente agraviados Kurbanov Jamshed Sobirovich, ratificó la demanda promovida a su favor; en consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. Se señalan las doce horas del dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Sin que resulte necesario tramitar el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, ya que mediante proveído de esta misma fecha se decretó la suspensión de plano del acto reclamado. Pídase informe justificado a las autoridades responsables quienes deberá rendirlos dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se les solicitan, manifestando categóricamente si son o no ciertos los actos reclamados y adjuntando las constancias que estime pertinentes, las que deberán estar debidamente selladas, foliadas y legibles, haciéndoles saber que los informes deberán estar agregados a los autos ocho días anteriores a la celebración de la audiencia constitucional; apercibidas que de no hacerlo, de rendirlo fuera del término o de no acompañar, en su caso, copias certificadas de las constancias correspondientes, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. Por otra parte, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que conforme lo dispone el artículo 28 de la Ley de la materia, está obligada a recibir los oficios que se le dirijan, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa. La notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina; y si se negaren a recibir dichos oficios, se tendrán por hechas las notificaciones, serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga y podrán hacerse acreedoras a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, que establece el artículo 245 de la Ley de la materia. Asimismo, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables y de aquellas autoridades que tengan el carácter de tercero interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en la residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, la que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por los delegados o autorizados. En ese sentido, se requiere a las autoridades responsables para que al momento de rendir sus informes justificados indiquen cuál es su denominación correcta, o bien, las razones por las que la autoridad a quien se encuentra dirigida la comunicación es inexistente; asimismo, en el supuesto de que dicho informe se rinda en representación de la autoridad señalada como responsable, deberán hacer constar tal circunstancia en el oficio correspondiente. Por tanto, se hace del conocimiento de la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, se le tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con ellas, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, es una obligación a su cargo señalar con precisión a las autoridades responsables; en la inteligencia de que de existir prueba en contrario o en la hipótesis de que se corrija el señalamiento de la denominación de la autoridad, se tomará en consideración en su oportunidad. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le corresponde, con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 5 de la Ley de Amparo. Ahora, de la constancia actuarial de cuenta se aprecia que el directamente agraviado nombra al promovente como autorizado y solicita el acceso al expediente electrónico así como las notificaciones por esa vía; por tanto, se le tiene por autorizado a********************, en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que cuentan con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho. Por otro lado, vista la certificación de cuenta, se advierte que, de la revisión del módulo de consulta de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro de coincidencia del usuario "********************", correspondiente a********************, en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, se acuerda favorablemente la consulta del expediente electrónico. En consecuencia, como lo solicita el quejoso, con fundamento en los artículos 3º y 30 de la Ley de Amparo, se autoriza que las subsecuentes notificaciones que se ordenen en este juicio de amparo, se le practiquen electrónicamente, en el entendido de que queda obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III, del artículo 31 de la Ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir del envío que haga este órgano jurisdiccional, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas; con el apercibimiento que de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrá por hecha la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 30 ya citado. En virtud de lo anterior, se instruye al Oficial Judicial "A" encargado de la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la adscripción que lleve a cabo las gestiones necesarias para conceder el permiso de práctica de notificaciones electrónicas. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.AMC/VMMF/jrcm
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 9,923 expedientes
- Khalimov Anvarjon Alisherovich1417/2023
- Khasanjon Fazliddinovich Vakhidov822/2023
- Khisrav Khurshedovich Khamrokulov673/2023
- KLEBER PUCUNA ALCOSER y Otros.1204/2023
- Kobin Daniel Castro Ramos1300/2018
- Krasovsky-Asociados, S.C.1156/2015
- Kyra Nicole Hernández Thunert1303/2018
- L. Dean Rasmussen1188/2016
- L' Kaihal Mansour900/2023
- Ladislao Svoboda Hauseman675/2015
- Lady Guiselle Sabando Morán1452/2023
- Lamberto Chávez Aquino286/2016