Kristhell Alejandra Contreras Palacio

Expediente 130/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
130/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
07/07/2022

Partes del expediente

  • Kristhell Alejandra Contreras Palacio
  • Magistrados de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista: la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que Kristell Alejandra Conteras Palacio, por conducto de su abogado patrono Ricardo Vázquez Morales, hubiera recurrido la sentencia dictada el quince de junio de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se le negó el amparo y la protección de la Justicia Federal; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días hábiles, a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Empero para la devolución del documento, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que, la parte promovente o cualquiera de sus autorizados, deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que haya generado su cita, en el entendido que de no recoger los documentos en el plazo señalado en líneas que antecede, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el párrafo que precede. Ahora, hágase del conocimiento que de conformidad con el artículo primero del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reforma el Similar 21/2020, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, en Relación con el Periodo de Vigencia y anexo 1, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de ocho horas con treinta minutos a dieciséis horas con treinta minutos. Sin embargo, la atención al público de manera presencial según "Agenda OJ", es hasta las quince horas. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. ARCHIVO DE LOS INCIDENTES Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvanse al Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y al Juez Segundo Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco, las copias certificadas del incidente de impugnación de falsedad de firma 11/2020-II, y el recurso de queja 11/2020-II, que remitieron como apoyo a su informe justificado, los cuales se manejaron por cuerdas separadas. Notifíquese.

  2. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Décimo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 130/2022-7, promovido por ***********, a través de su abogado patrono Ricardo Vázquez Morales, contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 4, 14, 16, 17, 94, párrafo segundo y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por escrito recibido el uno de febrero de dos mil veintidós a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en la Oficina de Correspondencia Común el dos de febrero siguiente y turnado a éste órgano jurisdiccional el tres del mismo mes y año, Kristell Alejandra Contreras Palacio, a través de su abogado patrono Ricardo Vázquez Morales promovió amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridades que a continuación se puntualizan: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORA Magistrados de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Juez Segundo Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco. ACTO RECLAMADO "Los considerandos VIII y IX relacionados con los puntos resolutivos segundo, tercero, cuarto y quinto de la resolución emitida por la sala civil responsable el siete de diciembre de dos mil veintiuno dentro del incidente de impugnación de falsedad de firma del escrito de queja y la consecuente nulidad de actuaciones I/2020-II derivado del recurso de queja II/2020-II promovido por Kristell Alejandra Contreras Palacio en contra de auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve dictado en el incidente de cancelación de pensión alimenticia derivado del expediente 31/1997, del índice del juzgado responsable." SEGUNDO. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de cuatro de febrero de dos mil veintidós, se radicó la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 130/2022-7, y se mandó a prevenir a fin de que la parte promovente dentro del término de cinco días, contado a partir de la legal notificación del citado proveído, precisara si reclamaba íntegramente el contenido de la resolución de la cual se duele y señalara en número toca en el cual se emitió y en su caso, realizara una relación sucinta, clara y cronológica de los hechos relativos a la citada resolución, bajo apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo requerido dentro del término legal concedido para tal efecto, se tendría por no presentada la referida demanda. Siendo notificada personalmente la parte quejosa el nueve de febrero del presente año, por lo que el término de cinco días transcurrió del once al diecisiete del citado mes y año. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se tuvo al promovente dando cumplimiento a la prevención que se le hizo en auto de cuatro del citado mes y año; por tanto, se admitió la demanda de que se trata, se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Guillermo Contreras Ricalde, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. Al respecto el veintiocho de febrero de dos mil veintidós el Actuario adscrito a este juzgado realizó el emplazamiento del tercero interesado Guillermo Contreras Ricalde. QUINTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Al respecto, la audiencia constitucional tuvo verificativo en términos del acta que antecede celebrada el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda y del escrito aclaratorio se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: Los considerandos VIII y IX relacionados con los puntos resolutivos segundo, tercero, cuarto y quinto de la resolución emitida por la sala civil responsable el siete de diciembre de dos mil veintiuno dentro del incidente de impugnación de falsedad de firma del escrito de queja y la consecuente nulidad de actuaciones I/2020-II derivado del recurso de queja II/2020-II promovido por Kristell Alejandra Contreras Palacio en contra de auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve dictado en el incidente de cancelación de pensión alimenticia derivado del expediente 31/1997, del índice del juzgado responsable. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y el Juez Segundo Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco, residentes en esta ciudad, al rendir informe justificado admiten la existencia del acto que se les reclama; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con la constancia que adjuntaron a sus referidos informes consistentes en copia certificada del incidente de impugnación de falsedad de firma I/2020-II, copia certificada del recurso de reconsideración VI/2020-II, copia certificada del recurso de queja II/2020-II, copia certificada del cuadernillo formado con motivo del incidente de la cancelación de pensión alimenticia promovido por Guillermo Contreras Ricalde, copia certificada del incidente de impugnación de falsedad de firma I/2020-I, copia certificada del recurso de queja II/2020-II, los cuáles obran por cuerda separada, respectivamente, a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Documentos que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para una mejor comprensión del presente asunto, conviene relatar, en lo que interesa, los antecedentes del acto que se reclama en esta vía, a saber: En el cuadernillo relativo al incidente de cancelación de pensión alimenticia promovido por Guillermo Contreras Ricalde dentro del juicio 31/1997, del índice del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco, obran las siguientes constancias: 1. Mediante escrito de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, Guillermo Contreras Ricalde promovió la cancelación de pensión alimenticia en contra de Kristell Alejandra Contreras Palacio, respecto de la pensión que le fue otorgada en sentencia definitiva dictada el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete dentro del juicio sumario civil de pensión alimenticia 031/1997 del índice del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco, la cual fue confirmada mediante resolución de veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y siete, dictada en el toca civil 927/1997 del índice de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 2. En auto de seis de marzo de dos mil diecisiete, el Juzgado responsable admitió a trámite el incidente planteado por lo que ordenó correr traslado a la incidentada Kristell Alejandra Contreras Palacio, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la notificación del citado acuerdo manifestara lo que a su interés legal conviniere y en su caso, ofreciera pruebas. 4. El veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, el juzgado responsable la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Nacajuca Tabasco, en auxilio del juzgado responsable notificó y emplazo a la incidentada Kristell Alejandra Contreras Palacio. 5. En auto de seis de febrero de dos mil dieciocho, el juzgado responsable a petición del incidentista Guillermo Contreras Ricalde, ordenó la girar oficio a la Jefatura de los Servicios Jurídicos y/o Jefatura de los Servicios de Desarrollo de Personal y/o Apoderado Legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tabasco, para que continuara efectuando el descuento en el salario del referido incidentado consistente en el 20% (veinte por ciento) de su salario y demás prestaciones; sin embargo, debía abstenerse de hacer entrega de dicho porcentaje a Reyna Crhistel Palacio Díaz y/o Kristell Alejandra Contreras Palacio, hasta que esa autoridad determinara lo conducente. 6. En proveído de quince de marzo de dos mil dieciocho, la juez responsable citó a las partes para oír sentencia; asimismo, en cumplimiento a la suspensión definitiva del acto reclamado decretado en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 401/2018-VIII-I, ordenó girar oficio a la Jefatura de los Servicios Jurídicos y/o Jefatura de los Servicios de Desarrollo de Personal y/o Apoderado Legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tabasco, para que continuara efectuando el descuento en el salario del referido incidentado consistente en el 20% (veinte por ciento) de su salario y demás prestaciones; y hacerse entrega de dicho numerario a Kristell Alejandra Contreras Palacio. 7. En proveído de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, la juez responsable en cumplimiento a la suspensión definitiva del acto reclamado decretado en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 401/2018-VIII-I, ordenó la girar oficio a la Jefatura de los Servicios Jurídicos y/o Jefatura de los Servicios de Desarrollo de Personal y/o Apoderado Legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tabasco, para que continuara efectuando el descuento en el salario del referido incidentado consistente en el 20% (veinte por ciento) de su salario y demás prestaciones; y hacerse entrega de dicho numerario a Kristell Alejandra Contreras Palacio, quedando retenida la cantidad de $73,845.90 (setenta y tres mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 90/100 moneda nacional). 8. El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, la juez responsable resolvió el incidente de cancelación de pensión alimenticia en los siguientes términos: "PRIMERO. Ha procedido la vía y este juzgado es competente para conocer y resolver el presente asunto. SEGUNDO. El actor GUILLERMO CONTRERAS RICALDE, probó los hechos constitutivos de su acción de cancelación de pensión alimenticia, que instauró en contra de KRISTELL ALEJANDRA CONTRERAS PALACIO, quien compareció al procedimiento. TERCERO. En consecuencia, resulta procedente cancelar la pensión alimenticia que otorga el incidentista GUILLERMO CONTRERAS RICALDE, a la incidentada KRISTELL ALEJANDRA CONTRERAS PALACIO, decretada mediante sentencia definitiva dictada el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete, deducida del expediente 31/997, relativo al Juicio Sumario Civil de Pensión Alimenticia, promovido por REINA CRHISTEL PALACIO DÍAZ, en contra de GUILLERMO CONTRERAS RICALDE, del índice de este Juzgado, consistente en el 20% (veinte por ciento) sobre el salario y demás prestaciones que percibe el incidentista GUILLERMO CONTRERAS RICALDE, como empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tabasco. CUARTO. En su oportunidad, una vez que cause ejecutoria esta resolución gírese atento oficio a la Jefatura de los Servicios Jurídicos y/o Jefatura de los Servicios de Desarrollo de Personal y/o Apoderado Legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tabasco, con domicilio en avenida César Augusto Sandino número 102, colonia Primero de Mayo, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco; para efectos de que ordene a quien corresponda haga efectiva de manera definitiva la CANCELACIÓN del 20% (veinte por ciento) fijada a favor de la incidentada KRISTELL ALEJANDRA CONTRERAS PALACIO, mediante sentencia definitiva dictada el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete, deducida del expediente 31/997, relativo al Juicio Sumario Civil de Pensión Alimenticia, promovido por REINA CRHISTEL PALACIO DÍAZ, en contra de GUILLERMO CONTRERAS RICALDE, del índice de este Juzgado. En el entendido que la cantidad de $73,845.90 (setenta y tres mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 90/100) que corresponde al veinte por ciento de las prestaciones que se descontó al deudor alimentario por concepto de pensión alimenticia, en virtud del convenio celebrado por el ciudadano GUILLERMO CONTRERAS RICALDE y el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el juicio que correspondió conocer a la Junta Especial número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que ordenó retener por auto de seis de febrero del presente año, y que fue comunicada a la patronal del deudor por oficio número 1126, de la misma fecha, deberá ser entregado al ciudadano GUILLERMO CONTRERAS RICALDE. 9. En proveído de cinco de junio de dos mil dieciocho, la juez responsable tuvo a la incidentada Kristelll Alejandra Contreras Palacio, promoviendo recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria emitida el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho; asimismo, tuvo al incidentista Guillermo Contreras Ricalde, solicitando la ejecución de la sentencia; por lo que la responsable atendiendo a que la incidentada Kristell Alejandra Contreras Palacio, interpuso recurso de apelación en contra de la referida resolución determinó que a fin de dar trámite a la ejecución solicitada debía depositar la cantidad de $34,398.48 (treinta y cuatro mil trescientos noventa y ocho pesos 48/100 moneda nacional), en efectivo, hipoteca, prenda, fianza o cualquier otro medio de garantía patrimonial reconocido por la ley, para garantizar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la referida incidentada. 10. En proveído de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se tuvo al incidentista Guillermo Contreras Ricalde, garantizando la ejecución de la sentencia por lo que ordenó girar oficio ordenado en el punto cuarto resolutivo de la sentencia interlocutoria de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. 11. En proveído de dos de julio de dos mil dieciocho, la juez responsable tuvo a la incidentada Kristell Alejandra Contreras Palacio, interponiendo recurso de apelación en contra del párrafo segundo del punto séptimo del auto de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, el cual desechó de plano por improcedente. Por otra parte, tuvo a la incidentada Kristell Alejandra Contreras Palacio, interponiendo recurso de queja en contra del punto octavo del auto de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, el cual desechó de plano por improcedente. 12. En resolución de once de octubre de dos mil dieciocho, emitida en el Toca Civil 576/2018-I, la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la incidentada Kristell Alejandra Contreras Palacio, en contra de la sentencia interlocutoria emitida el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho por la Juez Segundo Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco, en los siguientes términos: "PRIMERO. Esta Primera Sala Civil, es competente para conocer y fallar el presente recurso de apelación. SEGUNDO. Resultó fundados los motivos de inconformidad, expresados por Kristell Alejandra Conteras Palacio. TERCERO. En rezón de lo expuesto en el considerando V de este fallo, se revoca la sentencia interlocutoria de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, dictada por la Juez Segundo de lo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, Centro, Tabasco, en el cuadernillo original formado con motivo del Incidente de Cancelación de Pensión Alimenticia, promovido por Guillermo Contreras Ricalde, en contra de Kristell Alejandra Contreras Palacio, deducido del expediente original 31/1997, relativo al Juicio Sumario Civil de Pensión Alimenticia, promovido por Reyna Crhistel Palacio Díaz, por su propio derecho y en representación de su menor hija Kristell Alejandra Contreras Palacio, actualmente mayor de edad, en contra de Guillermo Contreras Ricalde, para quedar en los siguientes términos: "PRIMERO. Ha procedido la vía. SEGUNDO. El incidentista, no probó los elementos de su acción, y la incidentada compareció a juicio y justificó sus defensas de continuar necesitando de los alimentos. TERCERO. Por las razones expuestas en este fallo, se condiciona a la incidentada Kristell Alejandra Contreras Palacio, a exhibir el original de la constancia de estudios en el que acreditar estar realizando los trámites de incorporación o haber incorporado a sus estudios universitarios en la licenciatura en mercadotecnia internacional, para ello se le concede un mes contados a partir del día siguiente en que se justifique en autos que se le esté otorgando de nuevo la pensión alimenticia que venía gozando en los términos de la sentencia recaída en el expediente 31/97, así también deberá exhibir las constancias de estudios correspondientes en forma periódica con las que acredite los avances de sus estudios profesionales, por lo que deberá acreditar su aprovechamiento real, continuo y permanente de manera importante, la obtención de calificaciones aprobatorias, de tal manera que justifique el beneficio de seguir recibiendo los recursos económicos otorgados por el obligado, apercibido que de no cumplir con ello, en los momentos antes precisados, cesará su derecho alimentario, el cual será decretado mediante una determinación judicial inmediata (auto), sin necesidad de nuevo juicio o incidente al respecto. Asimismo se le hace saber a la acreedora que, una vez concluida y realizado sus trámites para la obtención del título profesional, cesará los alimentos de automático, así como para el caso que se actualizara cualquier otro supuesto para la cancelación o cesación de su derecho alimentario, deberá ser promovida en la vía y forma que corresponda. CUARTO. Consecuentemente, se absuelve a la incidentada, de la prestación que le fue reclamada en esta instancia. QUINTO. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y legalmente concluido." CUARTO. Notifíquese personalmente la presente resolución." 13. En auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve, la juez responsable tuvo por recibido el oficio signado por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, mediante el cual le remitió los autos del incidente y declaró que la resolución emitida por la sala civil que revocó la sentencia interlocutoria de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Asimismo, en el punto sexto del citado acuerdo la juez responsable en relación a la petición de incidente de ejecución forzosa y cumplimiento de sentencia solicitado por la incidentada Kristell Alejandra Contreras Palacio, con el fin de que se le retribuyera la cantidad de $73,845.90 (setenta y tres mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 907100 moneda nacional); al respecto determinó que no ha lugar a acordar favorable su petición en virtud de que la referida suma fue pagada al incidentista Guillermo Contreras Ricalde, al haber garantizado la ejecución de sentencia, de ahí que su petición era improcedente. 14. En auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, la juez responsable tuvo a la incidentada interponiendo recurso de queja en contra del punto sexto del auto de ocho de octubre de ese mismo año. 15. En acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veinte, la sala responsable tuvo a la a quo remitiendo cuadernillo original de queja; asimismo, advirtió que el incidentista al contestar agravios de la incidentada impugnó de falsa la firma que calza en el escrito de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, signado por Kristell Alejandra Contreras Palacio mediante el cual interpuso recurso de queja en contra del auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve; en consecuencia, ordenó suspender el procedimiento de la segunda instancia en cuanto a la tramitación del recurso de queja; asimismo, se ordenó tramitar la referida inconformidad en la vía incidental, por cuerda separada. 16. En resolución de siete de diciembre de dos mil veintiuno la sala responsable resolvió el incidente de impugnación de falsedad de firma del escrito de apelación número I/2020-II, y al respecto resolvió: "R E S U E L V E PRIMERO.- Ha procedido la vía incidental. SEGUNDO.- Resultaron fundados los motivos de inconformidad hechos valer por el incidentista Guillermo Contreras Ricalde. TERCERO.- Se declara falsa la firma asentada a nombre de Kristell Alejandra Contreras Palacio, en el escrito de queja de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, visible a fojas de la cuatro a la veinticuatro del Recurso de Queja número II/2020-II. CUARTO.- Por lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, se deja sin efecto el auto de fecha veinticuatro de enero de dos mil veinte, dictado por esta Sala Civil en el Recurso de queja número II/2020-II, promovido por Kristell Alejandra Contreras Palacio, en contra del auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve, específicamente el punto sexto, que desechó el Incidente de Ejecución Forzosa y Cumplimiento de Sentencia, por la Jueza Segundo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, Centro, Tabasco, en el Incidente de Cancelación de Pensión Alimenticia, promovido por Guillermo Contreras Ricalde, en contra de Kristell Alejandra Contreras Palacios, derivado del expediente original número 31/1997, relativo al Juicio Sumario Civil de Pensión Alimenticia, promovido por Reyna Crhistel Palacio Díaz por su propio derecho y en representación de su menor hija Kristell Alejandra Contreras Palacio, actualmente mayor de edad, en contra de Guillermo Contreras Ricalde, y consecuentemente las actuaciones derivadas del mismo. QUINTO.- Así, ante las razones expuestas se ordena dictar otro auto en el que se deseche el recurso planteado por quien firmó a nombre de Kristell Alejandra Contreras Palacio, por falta de legitimación e interés jurídico y consecuentemente la nulidad de las actuaciones derivadas del mismo. SEXTO.- Notifíquese personalmente esta resolución y hecho lo anterior, agréguese copia certificada de la misma al Recurso de Queja número II/2020-II; para los efectos legales conducentes, y archívese este asunto como totalmente concluido. Cúmplase." [.] La anterior sentencia interlocutoria constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. SEXTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Al no advertirse causal de improcedencia cuyo estudio es de orden público lo aleguen o no las partes, por lo cual de conformidad con lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo, se impone entrar al estudio sobre el fondo del asunto, para lo cual se tiene por transcrito en este apartado, el concepto de violación expresado por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlo textualmente pues no existe precepto legal que obligue a la Juzgadora a ello. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En sus conceptos de violación la parte quejosa argumenta que la sala responsable en el acto reclamado violó en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales al declarar la falsedad de la firma del escrito de queja de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, relativo al Recurso de Queja II/2020-II, y en consecuencia, se ordenó dictar otro auto en el que se deseche el recurso de queja planteado por Kristell Alejandra Contreras Palacio, por falta de legitimación e interés jurídico y consecuentemente la nulidad de las actuaciones derivadas del mismo; lo cual considera incorrecto, en virtud de que viola en su perjuicio los principios de seguridad jurídica, la debida fundamentación y motivación el determinar fundados los motivos de inconformidad hechos valer por el incidentista ahora tercero interesado. Alega que el acto reclamado no se emitió con perspectiva de género el cual se encuentra salvaguardado por el derecho constitucional, los instrumentos internacionales y las leyes locales. Que no se suplió la deficiencia de la queja en su favor conforme a lo establecido en los artículos 487, 488 y 489, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. Aduce que bajo la más amplia perspectiva de género, suplencia de la queja, analogía y homonimia aplicable en su favor debió observarse las disposiciones contenidas en los artículos 204, 210, 211, 212 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. Alega que en caso de que hubiera existido alguna irregularidad en su escrito de queja se le hubiera mandado a prevenir lo cual no aconteció. Alega que la prueba pericial en caligrafía, grafometría y grafoscopía a cargo de Marco Antonio Hernández Cutiño anunciada por la parte incidentista no cumplió con los requisitos establecido en los artículos 244, 245, 246, 275,276, 372, 373, 374, 375 del Código Procesal de la Materia, por lo que debió desecharse. Son infundados unos e inoperantes otros de los conceptos de violación, mismos que se analizan en conjunto, por su estrecha vinculación, sin que se advierta motivo alguno que obligue a suplir la queja deficiente en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes. Asimismo, se precisa que la parte quejosa en su escrito de demanda se concretó a señalar como garantías constitucionales violadas los contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; al considerar violados en su perjuicio sus garantías de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, legalidad tutela jurisdiccional y la debida fundamentación y motivación al haber declarado fundados los motivos de inconformidad hechos valer por el incidentista Guillermo Contreras Ricalde, y en consecuencia, haya declarado falsa la firma asentada a nombre de Kristell Alejandra Contreras Palacio, en el escrito de queja de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, que dio origen al auto de inicio de veinticuatro de enero de dos mil veinte, dictado por la sala responsable en el Recurso de Queja II/2020-II; de su índice, y en consecuencia, haya dejado sin efecto el auto antes referido y consecuentemente las actuaciones derivadas del mismo, y finalmente, haya ordenado dictar otro auto en el que se deseche el recurso planteado por quien firmó a nombre de Kristell Alejandra Contreras Palacio. Ahora, para corroborar la anterior postura -a priori- resulta pertinente tener en cuenta que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." De tal disposición constitucional se infiere la garantía de legalidad que obliga a las autoridades -entre otras cosas- a fundar y motivar los actos por ellas emitidos, lo que implica: 1. Citar los preceptos normativos en que apoyan su actuar; y 2. Indicar las consideraciones que las llevaron a resolver en un determinado sentido. Tales exigencias tienen como finalidad que los gobernados puedan atacar esos fundamentos y motivos si no son correctos, o bien, si no fueron acordes con la motivación citada; en otras palabras, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios. Bajo esta perspectiva, para que un acto de autoridad cumpla con los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el numeral constitucional, en él se deben citar los preceptos legales aplicables al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en cuenta para su emisión; y, además, debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Por tanto, las autoridades, sea cual fuere su naturaleza, pero principalmente las jurisdiccionales, están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundadas y motivadas; es decir, deben precisar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que hayan tomado en cuenta para la emisión del acto reclamado, ya que sin la formalidad descrita resultan ilegales. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 162, Tomo XXII, correspondiente al mes de diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Por su parte, el numeral 324 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, establece: "ARTICULO 324.- Congruencia. Las sentencias deberán ser congruentes con las acciones y excepciones deducidas oportunamente en el proceso y resolverán todos los puntos que hayan sido objeto del debate. Cuando sean varios los puntos litigiosos, se hará la debida separación de cada uno de ellos." En el precepto legal transcrito está contenido el principio de congruencia que debe regir a toda sentencia o resolución que emita el Juez o Tribunal en su caso; principio que radica, esencialmente, en que el fallo sea congruente no sólo consigo mismo sino también con la demanda y contestación y las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito; lo cual implica, por una parte, que no contenga consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos y, por otra, que al resolverse una controversia dentro de un procedimiento civil se haga atendiendo a lo planteado por las partes en la demanda y su contestación o, en su caso, en el recurso y su correspondiente contestación, pero sin omitir ni añadir cuestiones no hechas valer, esto es, debe existir una relación de concordancia entre lo solicitado y lo resuelto. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia I.1o.A. J/9, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 764, Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos." En el caso, la sala responsable en la resolución de siete de diciembre de dos mil veintiuno, que resolvió el incidente de impugnación de falsedad de firma del escrito de queja y la consecuente nulidad de actuaciones promovido por el ahora tercero interesado Guillermo Contreras Ricalde, derivado del Recurso de queja número II/2020-II, promovido por Kristell Alejandra Contreras Palacio, en contra del auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve, dictado por la juez responsable en el incidente de cancelación de pensión alimenticia derivado el expediente 31/997, específicamente el punto sexto, mediante el cual la a quo desechó el Incidente de Ejecución Forzosa y Cumplimiento de Sentencia, que promovió la referida quejosa; determinó declarar fundados los motivos de inconformidad hechos valer por el incidentista Guillermo Contreras Ricalde, en consecuencia, declaró falsa la firma asentada a nombre de Kristell Alejandra Contreras Palacio, en el escrito de queja de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve; por tanto, dejó sin efecto el auto de veinticuatro de enero de dos mil veinte, dictado en el recurso de queja II/2020-II, y ordenó emitir otro auto en el que se deseche el recurso planteado por quien firmo en nombre de Kristell Alejandra Contreras Palacio, por falta de legitimación e interés jurídico y consecuentemente la nulidad de las actuaciones derivadas del mismo; ello bajo los argumentos siguientes: I. En el considerando cuarto de la resolución impugnada la sala responsable trascribe lo manifestado por el incidentista Guillermo Contreras Ricalde. II. En el considerando quinto la sala responsable expuso que el incidentista Guillermo Contreras Ricalde, ofreció prueba, admitida mediante proveído de dos de marzo de dos mil veinte, por lo que procedió la valoración de las mismas, en los siguientes términos: Respecto a la pericial en materia de grafoscopía, a cargo del licenciado Marco Antonio Hernández Cutiño, la sala precisó que dicha pericial tuvo como materia de análisis la firma que obra en el escrito de queja de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, presentado por Kristell Alejandra Contreras Palacio, "señalada como dubitable"; y la firma que obra en la cédula de notificación de fecha diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, visible a foja dieciséis del expediente 31/1997, dictamen que obra a fojas de la ciento noventa a la doscientos ocho del aludido incidente, el cual el perito refirió fue emitido en base al método científico, el cual para su aplicación se debe cumplir generalmente con la sucesión de cinco pasos fundamentales: La observación, el problema, la hipótesis, la experimentación, la teoría ley o principio. Explica la sala que el perito refirió que el método científico es necesario para toda la investigación sin importar la materia, la aplicación de este método le da veracidad a cada uno de los procedimientos utilizados durante el desarrollo del presente dictamen. Es decir, para la elaboración de ese dictamen tuvo que utilizar los cinco pasos fundamentales que forman parte el método científico, para así poder llegar a una conclusión auténtica basada en los diversos principios y teoría que sirven como dogmas en la materia de grafoscopía, grafometría, documentoscopía y dactiloscopia. De igual forma, la sala responsable citó que el perito expuso que en la elaboración de su dictamen lo realizó en base al método inductivo, el cual es el razonamiento que parte de los fenómenos particulares y se eleva a conocimientos generales, para llegar al establecimiento de un juicio universal, se cumple con tres pasos fundamentales que son: Observación, Hipótesis y Experimentación. Refirió el perito que la utilización de este método, consistió en generar un análisis particular e individual de cada característica, morfología, rasgo y/o particularidad que forma parte de cada uno de los documentos tomados como base de cotejo, de esta manera se tuvo un examen individual de cada una de las características de cada documento tanto indubitable como cuestionado, de esta manera se puede generar un juicio universal. De igual forma, la sala tuvo al perito manifestando que en su dictamen se apoyó del uso del método deductivo, el cual desempeña el papel primordial de aplicar los principios universales, descubiertos inductivamente a los casos particulares que se estudian o investigan. Es decir, reconoce fenómenos desconocidos partiendo de principios conocidos. Este método es un tipo de razonamiento usado para aplicar leyes o teorías a casos particulares, es decir, este método se aplica en partir del problema en general, de los documentos cuestionados, e indubitables, analizándolos como un todo. Así en su dictamen se basó en teorías y técnicas que son comprobables, que coadyuvan para predecir fenómenos observables por medio de hipótesis y posteriormente resultados que pueden ser demostrados. De igual manera se apoyó del método grafoscópico de comparación formal, que consiste en observaciones reiteradas y comparación de las características que individualizan cada grafía, teniendo más valor aquellos elementos que son inimitables e indisimulables, que la forma de la letra en sí. Este método lo utilizó para realizar la deducción comparativa de la morfología u forma de las grafías. Si predominaban las semejanzas entre las escrituras, entonces corresponden al mismo autor, de lo contrario tendría un origen adverso o distinto. Refirió que este método lo aplicó para comparar y analizar los documentos indubitables con los cuestionados, de esta manera identificó cada una de las características y rasgos, lo cual en sí mismo generó un estudio individual de cada documento tomado como base de cotejo. De igual manera, el perito expuso que en su dictamen utilizó el método analítico y explicó que consiste en el estudio de la escritura a través de su descomposición en partes, con distinción de sus elementos constitutivos, y estructurales, entre otros; que ese método lo aplicó junto con los anteriores mencionados, ya que para analizar cada documento en particular, es necesario descomponerlo por partes y así hacer un examen exhaustivo de cada una de las características, rasgos y/o particularidades que tienen los documentos tomados como base de cotejo, expresó el perito que el método analítico es sumamente útil en la elaboración de un dictamen pericial, ya que se trata de procesos y estudios de tipo descriptivo, dado que emplea herramientas que revelan relaciones esenciales y características fundamentales en los documentos indubitables y cuestionados. De igual forma, la sala responsable preciso que el perito expuso que en la emisión de su dictamen se basó en los métodos descriptivos y signaléticos, de los cuales, los primeros permiten detallar situaciones y eventos, es decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca especificar propiedades importantes de cualquier fenómeno que sea sometido a análisis. Explicó que esos dos métodos eran importantes para hacer la comparación gráfica de los documentos tomados como base de cotejo, es decir, el método descriptivo lo utiliza como su nombre lo dice para describir cada una de las partes, características, rasgos y/o particularidades que componen los documentos indubitables y cuestionados, una vez que tiene descrito lo antes mencionado es necesario poder ejemplificarlo o demostrarlo de una manera gráfica y entendible para que el lector, ya sean las partes u otras personas, puedan interpretar el presente dictamen con facilidad. Lo anterior, con el auxilio del material y equipo utilizado como: equipo de cómputo marca Gateway, procesador Intel (R) CPU B940, Software procesador de texto Word, Marca Mircrosoft Edición 2013, Cámara fotográfica digital marca CANON POWER SHOT, modelo SX50, con macro adaptado, cámara del celular marca Huawei, P 10, lámpara de Luz Blanca; Reglillas milimétricas, Plantillas Grafométricas, Lupa cuenta hilos marca Sirchie. Así como el uso de cuatro técnicas como la observación, descripción general y escrita, fijaciones fotográficas y observación Macroscópica. Asimismo, la sala responsable indicó que el perito expuso que del análisis basado en la observación directa de los documentos tomados como base de cotejo, así como de las fotografías tomadas directamente a los originales de los mismos, con el apoyo del equipo técnico correspondiente, por los métodos de comparación formal, lógico deductivo, demostrativo, analítico y con el auxilio del material técnico de Grafoscopía, procedió a realizar un exhaustivo cotejo, entre las firmas ilegibles indubitables a nombre de Kristell Alejandra Contreras Palacio, antes descritos en los puntos del 1 al 6 del apartado II del referido incidente, con la firma semi legible cuestionada a nombre de la referida incidentada que obran en las documentales objetadas, base de esta acción, consistente en un escrito de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, antes descrito en el punto 7 del apartado II, del presente; lo anterior, con el fin de identificar tanto sus características estructurales, como particulares en la impresión de las mismas, al igual que los puntos característicos de orden general y morfológico y así poder contar con mayor y plena objetividad en el resultado del estudio técnico pericial correspondiente, pudiéndose observar en dicho cotejo, una serie de puntos y elementos "discrepantes", tanto en sus características de orden general, como en sus características de orden morfológico y demás descritas. Po lo anterior, la sala responsable, consideró que al analizar el contenido y no únicamente sus conclusiones, al dictamen pericial realizado por el licenciado Marco Antonio Hernández Coutiño, perito designado por el incidentista Guillermo Contreras Ricalde, creaba convicción a esa sala, al ser claro y detallar pormenorizadamente las características existentes entre las firmas indubitables y la debitada, como lo apreciaba en los siguientes cuadros comparativos. CARACTERÍSTICAS DE ORDEN GENERAL: FIRMAS INDUBITABLES CUESTIONADAS Presión muscular Alterna fuerte Inclinación Mixta Vertical Dirección Ligero ascendente Horizontal Punto de inicio: Cortada Filiforme Terminación Filiforme Cortada Velocidad Media Lenta Pulsación Firme, fluida Pausada Asimismo, la sala responsable expuso que observó que respecto a sus características de Orden Morfológico y particularidad a nombre de Kristel Alejandra Contreras Palacio, estas diferencias se manifiestan en todos y cada uno de sus trazos y secuencias, principalmente en sus rebasantes, así como en sus enlaces medios, trazo envolvente, y estructura en general, que conforman el cuerpo de las firmas tanto indubitables, como cuestionada; en razón a que respecto a las firmas indubitables, presentan una elaboración regular, uniforme en cuanto a su desarrollo gráfico, inclinada a la derecha, con su trazo de inicio curva alargada, con su parte superior y media derecha angulada, observándose que dicha letra "K", se encuentra dentro del trazo envolvente, no siendo así en la firma cuestionada, al poderse observar que ésta presenta una elaboración, irregular, de forma vertical, con su trazo inicial de menor tamaño y proporción, semi circular, con su parte superior y medio derecho curvo redondeado, en cuanto a su desarrollo gráfico, es decir, discrepancias claras y notorias, en la impresión de las mismas. Asimismo, la sala precisó que con relación a la caja signatural y/o enlaces medios, en las firmas indubitables, el perito determinó que presenta una elaboración regular, uniforme, literalmente en forma de "u", de forma horizontal, con sus cúspides en forma de gaza abierta y/o con luz virtual, misma que presenta rebasantes superiores con gaza y luz virtual alargados verticales e inferior en forma de palote alargado vertical, no siendo así, en la firma cuestionada, al apreciar dicha caja signatural y/o enlaces medios de forma irregular, parcialmente en forma de "u", de forma escalonada, con sus cúspides en forma de gaza cerrada y/o sin luz virtual, con un rebasante superior corto vertical, con pequeña gaza y luz virtual y rebasante superior corto vertical, discrepantes en la impresión de las mismas. De igual manera, el perito explicó que las firmas indubitables, presentan su trazo envolvente de forma alargada y/o elíptica horizontal, misma que encierra en su totalidad la grafía capital y/o letra "K", así como la caja signatural y/o enlaces medios, incluyendo sus rebasantes superiores, no obstante que éstos últimos son alargados verticales, no siendo así, en la firma cuestionada en la cual observó que carece de trazo envolvente amplio, apreciándose únicamente trazo envolvente de forma irregular, misma que no logra cubrir en su totalidad los enlaces medios y/o caja signatural, es decir, parcialmente la parte final de la caja signatural y/o enlaces medios, discrepantes, en la impresión de dichas firmas que nos ocupan. Igualmente, la sala precisó que el perito expuso que se pueden apreciar claras y notables diferencias grafométricas entre dichas firmas indubitables y cuestionada, al observarse que en las firmas indubitables, se aprecian con una medida longitudinal de 2.6 hasta 3.0 centímetros, no siendo así, en la firma cuestionada (dubitada), al observarse una medida longitudinal de 4.0 centímetros, diferencias que corroboran y confirman un distinto origen gráfico, para con respecto a las firmas indubitables, a nombre de Kristell Alejandra Contreras Palacio. De igual forma, la sala expuso que el perito explicó que la conjunción o suma de elementos personales, ajena casi siempre a las formas externas de las letras, firmas o rúbricas, es lo que da a la escritura falsa un aspecto que indica la existencia de una falsificación, ya que a pesar de que jamás una persona escribe o firma dos veces exactamente igual una a otra, jamás una persona puede reproducir exacta o fielmente el conjunto de factores y elementos que caracterizan la escritura de otra persona, tal y como lo ocurría en el caso concreto. Así también, con relación al desarrollo gráfico del cuerpo de las firmas, el perito expuso que se podía constatar y observar que no obstante los puntos y elementos descritos y señalados en el cuerpo del presente, igualmente se aprecian características peculiares, delatoras y/o discrepantes, presentando dichas firmas (dubitada) (cuestionada), entre otros puntos que: No se reproducen los trazos vaivén o de ida y vuelta, así como los gestos gráficos; deficiente interpretación en la involución de los trazos curvos; imprecisiones en la dirección y/o alineamiento básico; denota diferente fluidez y dinamismo; variación de los espacios gráficos; imprecisiones en la conformación y variedades de presión. De los análisis extrínsecos, la sala responsable precisó que el perito expuso que se pudo observar en el estudio técnico llevado a efecto y en el análisis de las características extrínsecas de las firmas tanto indubitables, como cuestionadas a nombre de Kristel Alejandra Contreras Palacio, estas presentan diferencias en relación a la disposición y distribución gráfica estructural, correspondiente a la grafía capital, caja signatural, pasantes y demás elementos estructurales que conforman el cuerpo de las mismas, consistentes en: "Su Ritmo de Escritura: En las firmas indubitables, presentan un presionado alterno, de mayor a menor intensidad del elemento escritor, con un grosor de trazo de tipo mediano, no siendo así con las firmas cuestionadas, al presentar un presionado de tipo fuerte del elemento escritor, discrepantes, entre dichas firmas, en comento. Orientación: En las firmas indubitables, presentan una dirección de tipo ligero ascendente; no siendo así, en la firma cuestionada al presentar una dirección de tipo horizontal, escalonado, discrepantes, en la impresión de las mismas. Inclinación de sus ejes: En las firmas indubitables, presentan una inclinación de tipo mixta, ligera a la derecha vertical parcialmente, no siendo así en la firma cuestionada, al presentar inclinación vertical totalmente, discrepantes, en la impresión de las mismas. Irradiación: En las firmas indubitables, presenta trazos alargados verticales en cuanto a sus Rebasantes superiores, así como medianamente corto vertical y movimientos medianamente amplios, expansivos horizontales, en relación a sus enlaces medios, no siendo así en la firma cuestionada, al observarse movimientos y Rebasantes medianamente cortos verticales, así como, medianamente largos verticales y medianamente expansivo horizontal, en relación a sus enlaces medios del cuerpo de la firma, discrepantes en la impresión, de las mismas." Así también la sala responsable precisó que en cuanto al análisis en cuanto a sus características intrínseca, tanto a las firmas indubitables a nombre de Kristel Alejandra Contreras Palacio, como a las firmas cuestionadas a nombre de esta misma persona, el perito observó claras y notorias discrepantes, entre dichas firmas, específicamente en cuanto a los pequeños detalles de construcción que han sido trazados inconscientemente por el titular, que permiten evidenciar signos peculiares y sobresalientes, consistentes en: "Espontaneidad: Discrepantes, con relación a su presencia y espontaneidad. Trazo Inicial: En las firmas indubitables, en forma de recta, no siendo así en la firma cuestionada, al presentar dicho trazo en forma ganchosa. Rasgo Inicial: En las firmas indubitables, de pido masa, no siendo así, en la firma cuestionada de tipo filiforme. Trazo final: En las indubitables, en forma de recta, en las firmas cuestionadas de tipo recta. Rasgo final: En las firmas indubitables, de tipo cortada, no siendo así, en la firma cuestionada al presentarlo de tipo filiforme. Morfología: En la firma indubitable, presenta una conformación semi enlazada, con desarrollo gráfico regular, uniforme, no siendo así en las firmas cuestionadas, al observarse los enlaces medios, con desarrollo gráfico irregular, discrepantes, en la impresión de las mismas." Por otro lado, la sala indicó que el respecto al análisis de tangentes y/o limitantes gráficas, el perito determinó que se podía observar discrepancias entre las firmas analizadas, en cuanto a las características correspondientes a las Tangentes y/o Limitantes Gráficas, con relación a su Proporcionalidad y disposición gráfica dentro del espacio escritural, mismas que se ponen de manifiesto en: "I.- Por lo que hace a su Tangente o Alineamiento Superior, que se conforme por la línea imaginaria que cruza o hace contacto con las cúspides de los trazos sobresalientes y ascendentes, denominado pasantes superiores, presentan discrepancias en su elaboración conformado por Tres pasantes en su extrema derecha, con gaza y luz virtual alargadas verticales, no así en la firma cuestionada, al presentar únicamente un rebasante superior medianamente corto vertical, con escaza gaza y luz virtual, discrepantes en la impresión de dichas firmas indubitables, para con la firma cuestionada. II.- En cuanto a su Tangente Interior o Alineamiento Media Superior, que se conforma por la línea imaginaria auxiliar, que limita las letras o los trazos cortos cabe mencionar que estas permiten reconocer las cúspides y advierten ciertas características particulares, presentan discrepancias en su elaboración conformado por cúspides con gaza y luz virtual, no así en la firma cuestionada, al carecer de gaza y luz virtual, discrepantes en la impresión de dichas firmas indubitables, para con la firma cuestionada. III.- En cuanto a su Tangente Basilar o Alineamiento Medio Inferior, misma que se conforma por una línea imaginaria auxiliar que sirve de base o apoyo a las letras o trazos cortos o de menor dimensión, estas tangentes o limitantes gráficas permiten reconocer las bases de los trazos derivados del ángulo y de la curva, cabe mencionar que estas advierten ciertas características particulares, presentan discrepancias en su elaboración con su base redondeado, regular, uniforme ligero ascendente en su desarrollo gráfico, no así en la firma cuestionada, al presentar un desarrollo gráfico irregular, escalonada en su desarrollo gráfico, discrepancias, en la impresión de las firmas, indubitables, para con la firma cuestionada, que nos ocupan. IV.- Por lo que hace a su tangente o Alineamiento Inferior, que se conforma por la línea imaginaria que cruza o hace contacto con la extremidad de los trazos que descienden sobresalientes hacia abajo, denominado pasantes inferiores, presentando las firmas indubitables trazo en forma de arpón, no así en la firma cuestionadas." Del mismo modo, la sala responsable expuso que el perito en su dictamen mencionó que con relación a las características relevantes que presentan dichas firmas, tanto indubitables, como cuestionada, dichas discrepancias, se ponen de manifiesto en: "1.- En las firmas indubitables, la Grafía capital y/o letra "K", con su trazo superior y medio derecho angulado, no así en la firma cuestionada, al presentar dicha letra "K", se encuentra con su parte superior y media derecha de forma curva redondeada. 2.- En las firmas indubitables, los enlaces medios, presentan un desarrollo gráfico regular, uniforme, con sus cúspides en forma de gaza abierta, con luz virtual, no siendo así, en la firma cuestionada, al observarse sus enlaces medios, de forma irregular, escalonada, con sus cúspides en forma cerrada, sin luz virtual. 3.- En las firmas indubitables, se observa doble trazo envolvente, de forma alargada y/o elíptica horizontal, regular, no así en la firma cuestionada, al observarse pequeño trazo envolvente de forma irregular." Por tanto, de lo anterior el perito consideró que la firma sujeta a estudio, base de esa acción a nombre de Kristel Alejandra Contreras Palacio, procede de un Distinto Origen Gráfico y por consiguiente del punto y letra de distinta persona. Asimismo, en cuanto a las cuestiones planteadas por el incidentista, la sala responsable estimó que estas fueron contestadas de manera concisa y congruente por el perito en mención, las cuales fueron: "1.- Que determine, si la firma que obra en el escrito de fecha 16 de Octubre de 2019, es la misma que obra en la cédula de notificación de fecha 17 de octubre del actual, y que si fue estampada por la incidentada KRISTELL ALEJANDRA CONTRERAS PALACIO, al momento de recibir dicha cédula. R.- No, la firma que calza la documental objetada, a nombre de la C. KRISTEL ALEJANDRA CONTRERAS PALACIO, antes descrito en el punto 7 del apartado II, del presente no corresponde a la firma que obra en la cédula de notificación de fecha 17 de Octubre del 2019, antes descrito en el punto 1 del apartado II del presente y por consiguiente no procede del puño, ni letra de dicha actora C. KRISTEL ALEJANDRA CONTRERAS PALACIO, tal y como se indica y describe en el cuerpo del presente." Asimismo, la sala responsable resaltó que al perito se le dio acceso en el juzgado responsable para que realizara la toma de muestras de la firma indubitable original de Kristell Alejandra Contreras Palacio, que obra en la cédula de notificación recibida el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, de la diligencia de emplazamiento voluntario de la misma fecha, en el incidente de cancelación de pensión alimenticia, obteniendo las muestras necesarias para emitir su dictamen. Por tanto, la sala consideró que estas consideraciones ilustrativas, fundadas en estudios técnicos especializados obtenidos de manera directa por el perito, dan certeza legal al advertirse lógico y congruente el estudio de cada uno de los elementos de la firma que ilustran el dictamen, siendo que esos datos se encuentran fundados al haber anexado los documentos consistente en las fijaciones fotográficas, señalando los cortes, enlaces, signos accesorios, los tiempos, las grafías, así como inicio y terminación de la firma, documento el cual se valió para fundar y justificar su dictamen, así como también dio contestación a la pregunta planteada por el incidentista, de forma clara y precisa, existiendo una relación sucinta entre la pregunta y respuesta; aunado que el solo dictamen presenta una fluidez dinámica en la redacción que lo hace comprensible a simple vista; además de que el perito fundó su dictamen con fijaciones fotográficas, ilustrándolo, de conformidad con el artículo 284 del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado de Tabasco. Por lo anterior, la sala responsable, con fundamento en lo establecido en el artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado de Tabasco, le otorgó valor probatorio al dictamen pericial rendido por el licenciado Marco Antonio Hernández Cutiño, perito designado por el incidentista Guillermo Contreras Ricalde. Apoyó lo anterior con las tesis aisladas de rubros: "PERITOS. ESENCIA DE SU FUNCION." "PRUEBA PERICIAL, VALOR DE LA." Así como la Jurisprudencia bajo el rubro: "PERITAJES, VALOR PROBATORIO DE LOS. ES FACULTAD DISCRECIONAL DEL JUZGADOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)." III. En el considerando sexto la sala responsable la sala responsable analizó las manifestaciones de la ahora quejosa Kristell Alejandra Contreras Palacio, al dar contestación al incidente en cuestión las cuales trascribió de la manera siguiente: ".1.- Del presente artículo anteriormente transcrito, (artículo 204 del Código de Procedimientos Civiles en vigor), se advierte, que la ley no impone el requisito de firma en las demandas, solo el nombre y en ese contexto mi recurso de queja esta dentro de los parámetros exigidos en la Ley en comento, basado en la máxima jurídica de interpretación del derecho, que a la letra reza: DONDE EL LEGISLADOR NO DISTINGUIÓ, EL JUZGADOR ESTA IMPEDIDO PARA HACERLO. (Transcribe los artículos 210, 211 y 212 del Código de Procedimientos Civiles en vigor). 2.- Ahora bien, en lo tocante a la facultad de la autoridad jurisdiccional de prevenir al promovente para que se presente a ratificar la firma que calza el escrito que se prevenga tiene como única finalidad que el juzgador tenga la certeza de que quien plasmó dicho grafismo efectivamente fue el quejoso, máxime si ésta discrepa con alguna de las firmas que obran en autos. "Sin embargo dicha potestad no engendra a dicho juzgador un poder unilateral de investigación respecto de la autenticidad o falsedad de la firma que calza la en las demandas o escritos presentados en un juicio o derivado de estos, habida cuenta que dentro de las facultades que la ley le otorga, no se encuentra la de indagar sobre la veracidad de la rúbrica que estampa por la promovente de la acción intentada, cando ésta ya ha sido ratificada ante su presencia, en atención al requerimiento que para ese efecto así se haya ordenado, lo cual no sucedió por parte de esta autoridad, ni de la inferior. "Ahora bien, la facultad de la autoridad jurisdiccional de prevenir al promovente para que se presente a ratificar la firma que calza el escrito de la queja o de cualquier otro, tiene como única finalidad que el juzgador tenga la certeza de quien plasmó dicho grafismo efectivamente fue la suscrita, máxime si esta autoridad o la inferior, hubiese considerado que la misma discrepa con alguna de las firmas que obran en autos. "Sin embargo, dicha potestad no engendra a dicho juzgador un poder unilateral de investigación respecto de la autenticidad o falsedad de la firma que calza en los escritos presentados ante ellas, habida cuenta que dentro de las facultades que la ley le otorga, no se encuentra la de indagar sobre la veracidad de la rúbrica que estampa el promovente de la queja, cuando ésta debió ser ratificada ante su presencia, si así lo hubiese prevenido, en atención al requerimiento que para ese efecto así se hubiese ordenado. Ahora, en adición a lo anterior, dado que en la Ley adjetiva civil del estado solamente se menciona el término reconocimiento" y sus derivados, resulta de suma importancia explicitar las razones por las que puede concluirse que también contempla la figura del ratificación de de firmas; y, con tal propósito, debe realizarse la siguiente precisión conceptual: Significado común de la palabra "ratificación" El diccionario de la Lengua Española la define como "Acción y efecto de ratificar"; y, a su vez, define este último vocablo como "Aprobar o confirmar actos, palabras o escritos dándolos por valederos o ciertos." Significado jurídico de la palabra "ratificación" El Diccionario para juristas, de Juan Palomar de Miguel, la define como "Acción y efecto de ratificar ."; y, a su vez, entiende por este último término el "Aprobar o confirmar actos, palabras o escritos dándolos por ciertos y valederos", así como el "Convalidar un acto nulo, cuando la causa de la nulidad consiste en la falta de legitimación o de capacidad de la persona que lo ejecutó." El Diccionario Jurídico, de José Alberto Garrone, la define como ".acto jurídico unilateral por el cual una persona toma a su cargo, tanto en lo concerniente a los derechos como a las obligaciones, una operación jurídica hecha en su nombre y para ella por alguien a quien no había conferido poder." El Diccionario de Derecho Procesal Civil, de Eduardo Pallares, la define como ".un acto jurídico que convalida un acto nulo, cuando la causa de la nulidad consiste en la falta de legitimación o de capacidad de la persona que lo ejecutó" y estipula que ".se lleva a cabo por la persona que debió ejecutar o autorizar el acto nulo." El Diccionario Jurídico Temático de Derecho Civil, de Edgar Baqueiro Rojas, la define como ".aprobación de un acto afectado de nulidad para otorgarle plena valides .en los casos de falsa suplantación, el representado puede ratificarlos con las mismas formalidades que para el acto exige la ley y antes de que la otra parte se haya retractado" y establece que su efecto ". es retroactivo al momento de la celebración del acto nulo." El Diccionario de Derecho, de Rafael de Pina, la define como "Manifestación de la voluntad mediante la cual se aprueba un acto jurídico celebrado en otro momento o se confirma una declaración formulada con anterioridad." Significado común de la palabra "reconocimiento" El diccionario de la Lengua Española la define como "Acción y efecto de reconocer o reconocerse"; y define la palabra "reconocer" como "Admitir o aceptar algo como legítimo [o bien] que alguien o algo tiene determinada cualidad o condición." Significado jurídico de la palabra "reconocimiento" El Diccionario para Juristas, de Juan Palomar de Miguel,(17) la define como "Acción y efecto de reconocer."; a su vez, define la palabra mencionada, en último término, en lo que atañe al presente asunto, como "Aceptar uno por suya, confesar que es legítima, una obligación en que suena su nombre, como firma ." El Diccionario Jurídico, de José Alberto Garrone,(18) la define como el ".acto jurídico por el cual alguien admite la existencia de una obligación a su cargo [y] produce efectos comprobatorio e interruptivo de la prescripción pendiente." También establece que existen diversas corrientes en torno a dicha figura jurídica en las legislaciones francesa, alemana y franco-italiana: en la primera, se concibe como un "instrumento o título de deuda [que] debe ser completado con una prueba de la preexistencia de una obligación" e interrumpe la prescripción; en la segunda, como un "título o instrumento constitutivo de la deuda"; y, en la tercera, como "medio de prueba de la obligación."(19) El Diccionario de Derecho, de Rafael de Pina,(20) la define como la "Manifestación de la voluntad destinada a reconocer la autenticidad de un documento ."; y, más adelante, especifica que se trata de la "Afirmación de la autenticidad de un documento o escritura formulada por la persona requerida al efecto por autoridad o funcionario competente." El Diccionario de Derecho Procesal Civil, de Eduardo Pallares,(21) la define como ".aceptación expresa o tácita de una obligación o del derecho que compete al colitigante, y también de la autenticidad de un documento o de algún hecho litigioso." Las definiciones expuestas, que constituyen una muestra de los significados convencionalmente aceptados en relación con dichos términos (tanto en su acepción común como en su acepción jurídica), evidencian un conjunto de elementos coincidentes en todas ellas, en cuya ausencia no tendría sentido aplicar el vocablo de que se trate al acto correspondiente. De lo antes evidenciado, se puede advertir, que en caso de que hubiese habido un irregularidad en reescrito del recurso de queja, se hubiese prevenido, lo cual no sucedió, y por ende, fue que se le dio entrada a la queja del que deriva el presente incidente, además que cabe destacar, que si de verdad esta autoridad pretendiera, actuar con el rigor que para el caso de la suscrita no me exige la ley, habría que revisar y dejar el precedente, del por qué, éste colegiado, no advierte las firmas en faximil, que realiza la juzgadora de origen en los oficios que ha enviado a las instituciones públicas, tal y como lo demuestro, con el original que me permito anexar al presente ocurso, en el entendido que a las autoridades si se les impone, las firmas en original en sus actuaciones como autoridad, de acorde a lo previsto verdaderamente en el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 Constitucional." (Transcribe los artículos 244, 245, 246, 275, 276, 372, 373, 374, 375 del Código de Procedimientos Civiles en vigor). 3.- De una correcta interpretación, de los cuerpos legislativos referidos últimamente en líneas que anteceden, bajo ninguna óptica jurídica puede decirse; que la prueba pericial consistente en: Pericial en Caligrafía, Grafométrica y Grafoscospica, a cargo del ingeniero Marco Antonio Hernández Coutiño, la cual fue enunciada solamente por el hoy incidentista, la misma no cumple en su ofrecimiento, con los requisitos que impone los numerarios antes invocados, y por ende la misma debe de ser inadmisible y por ende desechada, dado que de una interpretación sistemática, genérica y lógica jurídica del Título quinto relativo los incidentes a que hacen a lución los numerarios 372, 374, 375 del Código Adjetivo Civil en vigor en el estado de tabasco, el hecho que se tramite esta vía incidental, no exime a las partes de cumplir con los lineamientos que impone la ley en el caso que nos ocupa, razones más que suficientes no solo para desechar la prueba pericial en referencia, lo cual conlleva que por una inercia lógica se desestime por improcedente el incidente en el que se actúa, dada la falta de elementos de convicción que no permiten su procedencia. 4.- Sumado a lo anterior, debo decir; que el juicio de donde se originan los presentes autos, de acorde al sustento legal establecido en los artículos 487, 488, 489 fracción II , del Código de Procedimientos Civiles en Tabasco, concordantes con los diversos 4, 5, 6, 7 de la CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE OBLIGACIONES ALIMENTARIAS. 8º., NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA RELATIVA, ES CONCORDANTE CON LAS DE AUDIENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 CONSTITUCIONALES, concordantes con los diversos del Pacto Internacional de los Derechos Civiles Y Políticos 1.1., 1.2, |.3, incisos a), b), c), 8.1, 24 y 25 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, es de orden público y de interés social, al igual que el derecho a los alimentos es irrenunciable, con la excepciones propias que el marco jurídico Nacional e Internacional prevé, y por tanto niego liso y llanamente, lo que firma el incidentista, al referir que el escrito materia de objeción no corresponde a la voluntad de la suscrita, relativo de la firma que objeta, Y por tal razón, según el incidentista no tiene la certeza jurídica de que haya sido firmado por la redactante, razón por la cual, me estoy a los presupuestos procesales contenidos en el numerario 272 del Código de Adjetivo Civil en vigor en nuestra Entidad Federativa, sin que se óbice solicitar a ésta autoridad analice las hipótesis relativas a los ordinales 273 y 274 del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado de Tabasco, en consecuencia, me permito ofrecer las siguientes: ." Asimismo, la sala expuso que para robustecer su dicho la incidentada ofreció como pruebas la ratificación del contenido y firma realizada por la incidentada Kristell Alejandra Contreras Palacio, en cuanto a su contenido, firma, autenticidad y valor del escrito de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, que contiene el recurso de queja, recibido en la mesa receptora de términos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, el cual fue turnado a la Oficialía de Partes del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, el diecisiete del mes y año aludido, mismo que fue remitido a la oficialía de partes de esa sala, el veintiuno de enero de dos mil veinte, visible a foja de la cuatro a la veinticuatro del recurso de queja número II/2020-II, interpuesto en contra del punto sexto del auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve, dictado por la Jueza Segundo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco. Al respecto, la sala expuso que no pasaba por desapercibido que en el asunto en estudio se cuestionaba la firma de Kristell Alejandra Contreras Palacio, en el escrito de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, es por ello que para saber si su firma era falsa o auténtica debía resolverse por el comparativo entre las firmas dubitables e indubitables, en la prueba pericial en grafoscopía; por tanto, en los considerandos subsecuentes se analizaría tal acreditación. Asimismo, concedió valor probatorio a la referida prueba en términos del artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado. De la misma manera a la prueba instrumental de actuaciones, ofertada por la incidentada, la sala responsable consideró que por tratarse de actuaciones judiciales les otorgó valor probatorio en términos de los artículos 269 fracción VIII y 319 del código adjetivo civil. Por otra parte, en cuanto a la presuncional legal y humana que ofreció, la sala determinó que las mismas serían tomadas en cuenta en caso de surgir al resolver el fondo de la controversia planteada, de conformidad y en apego a lo dispuesto en los diversos 304 y 305 del código procesal civil. Del mismo modo, en cuanto a las pruebas pericial en caligrafía, grafómetrica y grafóscopica, confesional y declaración de parte a cargo del incidentado, la sala declaró que éstas no se desahogaron por causas imputables a la oferente y las supervenientes ofrecidas, no surgieron durante el procedimiento. IV. En el considerando séptimo la sala responsable precisó que en veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por perdido el derecho a la incidentada Kristell Alejandra Contreras Palacio, para alegar, así también se tuvo al incidentista Guillermo Contreras Ricalde, formulando alegatos. V. En el considerando octavo, la sala responsable determinó que las defensas de la incidentada Kristell Alejandra Contreras Palacio eran improcedentes, en relación a la tramitación del incidente, toda vez que si bien es cierto, la legislación procesal civil vigente no señala con precisión la vía adecuada para dirimir el incidente de impugnación de falsedad de firma de escrito de apelación y la consecuente nulidad de actuaciones, en segunda instancia, no menos cierto era que ello no era un impedimento jurídico para que el incidentista hiciera valer tal argumento, pues de lo contrario se estaría violentando la obligación judicial de atender el principio de petición consagrado en el artículo 8º constitucional y 57 del Código de Procedimientos Civiles en vigor; máxime, que los diversos 13 y 324 del ordenamiento adjetivo civil, establecen armónicamente que la norma oscura en ningún caso significará un obstáculo técnico o formal para la impartición de justicia, estando la autoridad judicial obligada a resolver todos los puntos litigiosos objeto del debate; por lo que al ser una cuestión accesoria del recurso de apelación, era correcto dilucidarlo en la vía incidental, no pasando por desapercibido que el incidentista la interpuso oportunamente. Lo anterior, toda vez que el legislador reservó a la autoridad judicial para resolver las cuestiones accesorias surgidas en un proceso principal, que no tuviesen señalado en la ley un procedimiento propio; por lo que la sala responsable consideró jurídicamente correcto utilizar esa misma vía incidental para analizar y resolver los argumentos planteados por la parte incidentista en segunda instancia, a través de los cuales pretende desvirtuar la firma asentada en el escrito de queja y la vía adecuada para lograr el desahogo de las pruebas que ofreció para esos efectos. De igual forma, la sala responsable expuso que conforme a lo establecido en el artículo 372 del código adjetivo de la materia, toda cuestión accesoria que surja como cuestión de un proceso principal no teniendo señalado en la ley un procedimiento propio, deberá tramitarse en la vía incidental, forma que no se encuentra prevista exclusivamente para el procedimiento en primera instancia, ya que se refiere al proceso principal y no a la instancia en la cual se encuentre; por tanto, al manifestar el inconforme su objeción a la admisión del recurso, al no existir en el código procesal un procedimiento propio, pues, de la lectura al escrito de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, se advierte claramente que trata de la impugnación de documento falso, en consecuencia, no existía impedimento legal alguno para admitir a trámite la inconformidad planteada en vía incidental. Por tanto en el considerando noveno, la sala responsable determinó que con base en las pruebas desahogadas y valoradas en referido incidente, llegó a la firme convicción que la firma contenida al calce del escrito de queja de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, visible a fojas de la cuatro a la veinticuatro, del recurso de queja número II/2020-II, no fue plasmada por la incidentada Kristell Alejandra Contreras Palacio; al no coincidir ésta con la firma plasmada en los documentos señalados como firmas indubitables que obran agregados al expediente principal tomadas como indubitadas para el cotejo, ya que así lo robustece el dictamen pericial emitido por el licenciado Marco Antonio Hernández Cutiño, perito designado por el incidentista, al cual le concedió pleno valor probatorio con fundamento en el diverso 318 del código adjetivo aplicable, sin que le beneficiara en el caso la ratificación efectuada por la incidentada Kristell Alejandra Contreras Palacio, toda vez que resultaba de explorado derecho que solo puede ratificar una firma, quien la plasmó, y en el caso se entendía que reconoció el contenido del escrito; sin embargo, la litis se centra en la falsedad de la firma por no haberla puesto de su puño y letra. En consecuencia, la sala consideró que el incidentista Guillermo Contreras Ricalde, probó la falsedad de la firma que calza el escrito de queja de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, de la incidentada Kristell Alejandra Contreras Palacio, quien tiene la titularidad para interponer el recurso, al haber sido la firma que obra en el escrito de queja, desacreditada en el dictamen pericial en materias de Grafoscopía, Grafometría y Caligrafía, realizado por el licenciado Marco Antonio Hernández Cutiño, perito designado por el incidentista. Por lo tanto, la sala consideró que no existe correspondencia de identidad entre quien hizo valer el recurso de queja y quien tiene el derecho a hacerlo valer, violándose, el contenido de los artículos 2° y 55 del código adjetivo civil, por analogía, los cuales establecen, la iniciativa del proceso está reservada a las partes, y sólo podrá iniciar un proceso o un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés jurídico en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena y quien tenga el interés contrario. De ahí que la sala responsable declaró la falsedad de la firma del escrito de queja de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, que dio motivo al auto de inicio de veinticuatro de enero de dos mil veinte, dictado por esta Sala Civil en el Recurso de Queja número II/2020-II, interpuesto por la incidentada Kristell Alejandra Contreras Palacio; por lo que dejó sin efecto el auto de veinticuatro de enero de dos mil veinte, y consecuentemente las actuaciones derivadas del mismo, y se ordenó dictar otro auto en el que se deseche el recurso planteado por quien firmó a nombre de Kristell Alejandra Contreras Palacio, de conformidad con el artículo 108 del código procesal civil, el cual dispone que los escritos deberán ir firmados por las partes o por sus representantes o patronos debidamente acreditados. Luego, del análisis comparativo de las consideraciones que rigen el sentido del acto reclamado, se observa que en la resolución sujeta a estudio se respetó el principio de congruencia que contempla el artículo 324 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco en vigor, pues se resolvió con base en lo solicitado en autos. De igual forma, de la lectura de la resolución reclamada se advierte que la Sala responsable citó los preceptos que estimó aplicables; además, de que expuso los razonamientos adecuados para llegar a la determinación de declarar fundados los motivos de inconformidad hechos valer por el incidentista ahora tercero interesado, la cual además, es clara y está fundada, por lo que se insiste son infundadas las manifestaciones referentes a que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación y que violan el principio de legalidad. Además de lo anterior, se advierte que en el presente juicio de amparo no se formularon los razonamientos lógico jurídicos tendentes a desvirtuar las consideraciones expuestas por la autoridad responsable que le llevaron a declarar la falsedad de la firma del escrito de queja de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, relativo al Recurso de Queja II/2020-II, y en consecuencia, se ordenó dictar otro auto en el que se deseche el recurso de queja planteado por Kristell Alejandra Contreras Palacio, por falta de legitimación e interés jurídico y consecuentemente la nulidad de las actuaciones derivadas del mismo; por lo que, deben subsistir las consideraciones de la sentencia reclamada. Sirve de apoyo la Jurisprudencia I.4o.A. J/48, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, XXV, Enero de 2007, página 2121, bajo el rubro y literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez.". Por otra parte, se reitera que resultan infundados los argumentos expuestos por la parte quejosa en sus conceptos de violación identificados en los incisos a) y c), referentes a que la sala responsable no resolvió el asunto bajo una perspectiva de género en cuanto a que la aquí quejosa Kristell Alejandra Contreras Palacio, se encuentra en una situación de vulnerabilidad por ser mujer. Lo anterior, no obstante que en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención de Belém do Pará", adoptada en la ciudad de Belém do Pará, Brasil, el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro, ratificada por México el doce de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, cuya publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación ocurrió el diecinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, reconoce el respeto irrestricto a los derechos humanos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; asimismo, establece que la violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades, lo cual revela la preocupación del conglomerado de organismos internacionales, porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. De esta manera, la adopción de la convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, constituye una positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas. Al respecto, el numeral 2° del aludido instrumento internacional, establece que la violencia contra la mujer incluye la denigración física, sexual y psicológica a que generalmente son sometidas en diversos ámbitos, entre ellos incluso en las relaciones con el Poder Estatal. En congruencia con ello, el precepto 4° de la instrumentación internacional en consulta, establece el derecho de las mujeres al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos, entre ellos el derecho a la libertad y a la seguridad personales, el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia, y el derecho de igualdad de protección ante la ley y de la ley, así como el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos. Asimismo, jurisprudencialmente se ha sostenido que el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, que constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad. Así, la obligación de impartir justicia con perspectiva de género debe operar como regla general, y enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante grupos de especial vulnerabilidad, como las mujeres, por lo que el juzgador debe determinar la operabilidad del derecho conforme a los preceptos fundamentales consagrados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, procurando en todo momento que los paradigmas imperantes de discriminación por razón de género no tengan una injerencia negativa en la impartición de justicia; por el contrario, atendiendo precisamente a tales prejuicios o estereotipos, el juzgador debe considerar las situaciones de desventaja que tienen las mujeres, sobre todo cuando es factible que existan factores que potencialicen su discriminación. De ahí que del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Así fue sostenido en la tesis P. XX/2015 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 235, Libro 22, septiembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro electrónico 2009998, que lleva por rubro y texto: "IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA. El reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, que constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad. De ahí que los juzgadores deben cuestionar los estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de uno u otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación, toda vez que el Estado debe velar por que en toda controversia jurisdiccional, donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta se tome en cuenta, a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria. Así, la obligación de impartir justicia con perspectiva de género debe operar como regla general, y enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante grupos de especial vulnerabilidad, como mujeres y niñas indígenas, por lo que el juzgador debe determinar la operabilidad del derecho conforme a los preceptos fundamentales consagrados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, procurando en todo momento que los paradigmas imperantes de discriminación por razón de género no tengan una injerencia negativa en la impartición de justicia; por el contrario, atendiendo precisamente a tales prejuicios o estereotipos, el juzgador debe considerar las situaciones de desventaja que tienen las mujeres, sobre todo cuando es factible que existan factores que potencialicen su discriminación, como lo pueden ser las condiciones de pobreza y barreras culturales y lingüísticas." Así como en la jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 836, Libro 29, abril de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro electrónico 2011430, de rubro y texto: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Sin embargo, la sola circunstancia de que la ahora quejosa sea mujer, no implicó en casos como el estudiado, que la autoridad responsable tuviera que dictar en su favor una resolución favorable a sus intereses, bajo el único argumento de que debe juzgársele con perspectiva de género. Lo anterior porque, como ya se expuso, el juzgar con perspectiva de género está encaminado en todo momento a que los paradigmas imperantes de discriminación por razón de género no tengan una injerencia negativa en la impartición de justicia; y por el contrario, atendiendo precisamente a tales prejuicios o estereotipos, el juzgador debe considerar las situaciones de desventaja que tienen las mujeres, sobre todo cuando es factible que existan factores que potencialicen su discriminación, todo lo cual necesariamente tiene que ser advertido del contexto concreto y particular de cada caso. Por otra parte, es infundado el concepto de violación identificado en el inciso b), en el cual la parte quejosa se duele que la autoridad responsable no haya suplido la deficiencia de la queja conforme a lo establecido en los artículos 487, 488 y 489, fracción II, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco. Lo anterior, resulta infundado en virtud de que contrariamente a lo argumentado por la quejosa puesto que en principio, el contenido en los preceptos legales que invoca establece que todos los problemas inherentes a la familia se considerarán de orden público por constituir ésta la base de la integración de la sociedad y que tratándose de menores y de obligaciones alimentarias, entre otros, el juez está obligado a suplir la deficiencia de la queja en los planteamientos de hecho, de derecho, y demás aspectos de la demanda y de otras promociones legales. En este orden de ideas, si bien la sala responsable no explicitó el haber aplicado suplencia alguna a favor de la ahora quejosa en su carácter de acreedora alimentaria, lo cierto es que la referida suplencia opera en ambas partes contendientes, al involucrarse derechos alimenticios, opera en favor tanto para la parte acreedora de alimentos, como para la parte deudora de los mismos, de ahí que atendiendo al principio de legalidad, no se advierte que haya suplencia que suplir en favor de la quejosa, aunado a que la ahora quejosa tampoco se duele de alguna violación en particular respecto a los planteamientos de hecho o de derecho que la sala responsable haya omitido suplir. Es aplicable a lo anterior, establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia 1a./J. 24/2020 (10a.), que se cita por analogía y que es consultable en la página 316, Libro 78, Tomo I, de Septiembre de 2020, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2022087, de título, subtítulo y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. Los órganos de amparo contendientes examinaron la aplicación de la suplencia de la queja deficiente en favor del deudor alimentario cuando en el juicio de amparo se reclama una determinación en esa materia, con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su hipótesis relativa a los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia, y arribaron a conclusiones contrarias. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que esa hipótesis de suplencia de la queja en el juicio de amparo se actualiza tanto para el acreedor como para el deudor alimentarios. Ello, porque dicho supuesto tiene como finalidad proteger a la familia en su conjunto, como grupo, en los casos en que se puedan ver trastocadas las relaciones familiares o cuando estén involucradas instituciones de orden público, respecto de las relaciones existentes entre sus miembros y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Sobre esa base, los alimentos están reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una institución de orden público e interés social, así como un derecho humano, pues con ellos se garantizan las necesidades básicas de subsistencia de las personas, con un nivel de vida digno y adecuado. De manera que respecto de esa institución jurídica prevalece el deber del Estado, a través de la intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores mediante la aplicación de la suplencia de la queja, a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento en los casos concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal que lo rigen. Por otra parte, dado que la obligación alimentaria tiene su origen primario en relaciones de familia, las decisiones en la materia no están exentas de afectar el desarrollo de dichas relaciones, por lo que si bien tienen un contenido económico, sus implicaciones no son exclusivamente patrimoniales. Por último, no debe estimarse un obstáculo para que opere dicha suplencia a favor del deudor, que con ella coexista también una obligación de suplencia de queja para el acreedor, ya sea con base en el supuesto de minoría de edad, de ser persona con discapacidad, o por la misma protección al orden y desarrollo de la familia, pues el carácter de orden público de los alimentos y su incidencia en el desenvolvimiento de las relaciones familiares, permite que se empalmen esas diversas hipótesis de suplencia para hacer prevalecer la legalidad y la justicia en las decisiones relativas." De igual manera, se advierte que son inoperantes los conceptos de violación identificados en los incisos d) y e), en los cuales la quejosa se manifiesta que si hubiera existido alguna irregularidad en su escrito de queja se le debió mandar a prevenir lo cual no aconteció; asimismo, que la prueba pericial en caligrafía, grafometría y grafoscopía a cargo del ingeniero Marco Antonio Hernández Cutiño anunciada por la parte incidentista no cumplió con los requisitos establecido en los artículos 244, 245, 246, 275,276, 372, 373, 374, 375 del Código Procesal de la Materia, por lo que debió desecharse. Los motivos de inconformidad anteriormente relatados devienen inoperantes, en atención a que constituyen una repetición casi idéntica de los agravios formulados ante el tribunal de alzada, con motivo del incidente de falsedad de firma interpuesto por el ahora tercero interesado en contra del escrito de queja de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, que dio motivo al auto de inicio de veinticuatro de enero de dos mil veinte, dictado por esta Sala Civil en el Recurso de Queja número II/2020-II, interpuesto por la incidentada Kristell Alejandra Contreras Palacio, siendo que dicho agravios no controvierten las consideraciones en que la Sala responsable sustenta la resolución, que constituye lo reclamado en este juicio de garantías, motivo por el que este órgano de control constitucional no puede analizar el fallo de que se trata de manera oficiosa. En efecto, la inconforme en los motivos de disenso que se examinan realiza una reproducción de lo que propuso en contestación a la vista que la sala le dio respecto al incidente de falsedad de firma planteado por el ahora tercero interesado, sin que se haya referido a los razonamientos legales en que se apoya la resolución que constituye el acto reclamado, ni a los fundamentos que le sirvieron al tribunal de alzada responsable para declarar fundados los motivos de inconformidad hechos valer por el incidentista Guillermo Contreras Ricalde, y en consecuencia, declaró falsa la firma asentada a nombre de Kristell Alejandra Contreras Palacio, en el escrito de queja de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, que dio motivo al auto de inicio de veinticuatro de enero de dos mil veinte, dictado por esta Sala Civil en el Recurso de Queja número II/2020-II; por lo que dejó sin efecto el auto de veinticuatro de enero de dos mil veinte, y consecuentemente las actuaciones derivadas del mismo, y se ordenó dictar otro auto en el que se deseche el recurso planteado por quien firmó a nombre de Kristell Alejandra Contreras Palacio; por lo que, no es dable pronunciarse acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de argumentos no impugnados que se mantienen vivos para continuar rigiendo la resolución que se atacó en este medio de control constitucional. Apoya lo considerado, la jurisprudencia II.2°.C. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 845 del Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violación son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el amparo directo civil". Así también, apoya las consideraciones que anteceden, la Jurisprudencia publicada en la página 621, Tomo XII- Julio de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada". Del mismo modo, sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2 Página 731, Décima Época, Materia(s): Común, de rubro y texto siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo." En ese contexto, las consideraciones de la Sala en las que sustentó su decisión, deben continuar rigiendo el sentido de ese fallo. Así las cosas, en la resolución impugnada no se transgredieron en perjuicio de la parte quejosa los derechos fundamentales y garantías previstas por los artículos 14 y 16 Constitucionales. Consecuentemente, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada el siete de diciembre de dos mil veintiuno por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado del Tabasco, en la que declaró la falsedad de la firma del escrito de queja de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, que dio motivo al auto de inicio de veinticuatro de enero de dos mil veinte, dictado por esta Sala Civil en el Recurso de Queja número II/2020-II, interpuesto por la incidentada Kristell Alejandra Contreras Palacio; por lo que dejó sin efecto el auto de veinticuatro de enero de dos mil veinte, y consecuentemente las actuaciones derivadas del mismo, y se ordenó dictar otro auto en el que se deseche el recurso planteado por quien firmó a nombre de Kristell Alejandra Contreras Palacio; esta última ahora quejosa en el presente juicio de amparo; procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados de la Jueza Segundo Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco, al no reclamarse por vicios propios. Cabe señalar que no pasan por desapercibidas las disposiciones legales y tesis en las que se apoya la quejosa en su demanda de amparo, de rubros: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONFORME A LA CONSTITUCIÓN" "TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN EN RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS, DEBEN UBICAR SER A NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN". "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MAS FAVORABLE A LA PERSONA. PRESUPUESTOS PARA SU APLICACIÓN." "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. NO ES UNA CUESTIÓN DE SUBSIDIARIEDAD, POR LO QUE DEBE LLEVARSE A CABO AUN CUANDO EL DERECHO HUMANO DE QUE SE TRATE ESTÉ CONTENIDO EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." "DERECHO ALA EDUCACIÓN. OBLIGACIONES DEL ESTADO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN PARA GARANTIZAR SU EFECTIVIDAD." "DERECHOS HUMANOS RCONOCIDOS TANTO POR LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. PARA DETERMINAR SU CONTENIDO Y ARCANCE DEBE ACUDIRSE A AMBAS FUENTES, FAVORECIENDO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÀS AMPLIA." "SOFT LAW". LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES DESARROLLADOS POR ÓRGANOS INTERNACIONALES ENCARGADOS DE LA PEROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES SON ÚTILES PARA QUE LOS ESTADOS, EN LO INDIVIDUAL, GUÍEN LA PRÁCTICA Y MEJORAMIENTO DE SUS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE VIGILAR, PROMOVER Y GARANTIZAR EL APEGO IRRESTRICTO A LOS DERECHOS HUMANOS." "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÀMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÈLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL." "JURISPRUDENCIA. LA OBLIGATORIEDAD CONSTITUCIONAL DE LA SUSTENTADA POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EXIGE DE LOS JUZGADORES ANÀLISIS Y SEGUIMIENTO PERMANENTES DE LOS MEDIOS INFORMATIVOS QUE LA DIFUNDEN." "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. ES UNA OBLIGACIÓN INELUDIBLE DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL EJERCERLO, AUN DE OFICIO, CUYO INCUMPLIMIENTO VULNERA EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO MEXICANO EN SU CONJUNTO." "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD". " PARÀMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE PREVENIR LOS RELACIONADOS CON EL FONDO DEL ASUNTO A LOS FORMALES, O BIEN, ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO." "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE PREFERIR LOS RELACIONADOS CON EL FONDO DEL ASUNTO A LOS FORMALES, O BIEN, ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO." Sin embargo, las mismas no resultan aplicables al caso, en virtud de que en este fallo, ya se determinó que la resolución impugnada está debidamente fundada y motivada. En ese orden de ideas, es evidente que las disposiciones legales y tesis en las que se apoya la quejosa en su demanda de amparo, no se contraponen con los argumentos que se expusieron al resolver el presente juicio. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En otro orden, toda vez que aun cuando por auto de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 63, 73, 74, 75, 76, 77 y, demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO: La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, contra el acto que reclamó de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por los motivos referidos en el considerando sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DE QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTID´+OS. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 130/2022-7, promovido por ***********, a través de su abogado patrono Ricardo Vázquez Morales, contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 4, 14, 16, 17, 94, párrafo segundo y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por escrito recibido el uno de febrero de dos mil veintidós a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en la Oficina de Correspondencia Común el dos de febrero siguiente y turnado a éste órgano jurisdiccional el tres del mismo mes y año, Kristell Alejandra Contreras Palacio, a través de su abogado patrono Ricardo Vázquez Morales promovió amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridades que a continuación se puntualizan: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORA Magistrados de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Juez Segundo Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco. ACTO RECLAMADO "Los considerandos VIII y IX relacionados con los puntos resolutivos segundo, tercero, cuarto y quinto de la resolución emitida por la sala civil responsable el siete de diciembre de dos mil veintiuno dentro del incidente de impugnación de falsedad de firma del escrito de queja y la consecuente nulidad de actuaciones I/2020-II derivado del recurso de queja II/2020-II promovido por Kristell Alejandra Contreras Palacio en contra de auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve dictado en el incidente de cancelación de pensión alimenticia derivado del expediente 31/1997, del índice del juzgado responsable." SEGUNDO. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de cuatro de febrero de dos mil veintidós, se radicó la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 130/2022-7, y se mandó a prevenir a fin de que la parte promovente dentro del término de cinco días, contado a partir de la legal notificación del citado proveído, precisara si reclamaba íntegramente el contenido de la resolución de la cual se duele y señalara en número toca en el cual se emitió y en su caso, realizara una relación sucinta, clara y cronológica de los hechos relativos a la citada resolución, bajo apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo requerido dentro del término legal concedido para tal efecto, se tendría por no presentada la referida demanda. Siendo notificada personalmente la parte quejosa el nueve de febrero del presente año, por lo que el término de cinco días transcurrió del once al diecisiete del citado mes y año. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se tuvo al promovente dando cumplimiento a la prevención que se le hizo en auto de cuatro del citado mes y año; por tanto, se admitió la demanda de que se trata, se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Guillermo Contreras Ricalde, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. Al respecto el veintiocho de febrero de dos mil veintidós el Actuario adscrito a este juzgado realizó el emplazamiento del tercero interesado Guillermo Contreras Ricalde. QUINTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Al respecto, la audiencia constitucional tuvo verificativo en términos del acta que antecede celebrada el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda y del escrito aclaratorio se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: Los considerandos VIII y IX relacionados con los puntos resolutivos segundo, tercero, cuarto y quinto de la resolución emitida por la sala civil responsable el siete de diciembre de dos mil veintiuno dentro del incidente de impugnación de falsedad de firma del escrito de queja y la consecuente nulidad de actuaciones I/2020-II derivado del recurso de queja II/2020-II promovido por Kristell Alejandra Contreras Palacio en contra de auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve dictado en el incidente de cancelación de pensión alimenticia derivado del expediente 31/1997, del índice del juzgado responsable. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y el Juez Segundo Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco, residentes en esta ciudad, al rendir informe justificado admiten la existencia del acto que se les reclama; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con la constancia que adjuntaron a sus referidos informes consistentes en copia certificada del incidente de impugnación de falsedad de firma I/2020-II, copia certificada del recurso de reconsideración VI/2020-II, copia certificada del recurso de queja II/2020-II, copia certificada del cuadernillo formado con motivo del incidente de la cancelación de pensión alimenticia promovido por Guillermo Contreras Ricalde, copia certificada del incidente de impugnación de falsedad de firma I/2020-I, copia certificada del recurso de queja II/2020-II, los cuáles obran por cuerda separada, respectivamente, a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Documentos que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para una mejor comprensión del presente asunto, conviene relatar, en lo que interesa, los antecedentes del acto que se reclama en esta vía, a saber: En el cuadernillo relativo al incidente de cancelación de pensión alimenticia promovido por Guillermo Contreras Ricalde dentro del juicio 31/1997, del índice del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco, obran las siguientes constancias: 1. Mediante escrito de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, Guillermo Contreras Ricalde promovió la cancelación de pensión alimenticia en contra de Kristell Alejandra Contreras Palacio, respecto de la pensión que le fue otorgada en sentencia definitiva dictada el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete dentro del juicio sumario civil de pensión alimenticia 031/1997 del índice del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco, la cual fue confirmada mediante resolución de veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y siete, dictada en el toca civil 927/1997 del índice de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 2. En auto de seis de marzo de dos mil diecisiete, el Juzgado responsable admitió a trámite el incidente planteado por lo que ordenó correr traslado a la incidentada Kristell Alejandra Contreras Palacio, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la notificación del citado acuerdo manifestara lo que a su interés legal conviniere y en su caso, ofreciera pruebas. 4. El veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, el juzgado responsable la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Nacajuca Tabasco, en auxilio del juzgado responsable notificó y emplazo a la incidentada Kristell Alejandra Contreras Palacio. 5. En auto de seis de febrero de dos mil dieciocho, el juzgado responsable a petición del incidentista Guillermo Contreras Ricalde, ordenó la girar oficio a la Jefatura de los Servicios Jurídicos y/o Jefatura de los Servicios de Desarrollo de Personal y/o Apoderado Legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tabasco, para que continuara efectuando el descuento en el salario del referido incidentado consistente en el 20% (veinte por ciento) de su salario y demás prestaciones; sin embargo, debía abstenerse de hacer entrega de dicho porcentaje a Reyna Crhistel Palacio Díaz y/o Kristell Alejandra Contreras Palacio, hasta que esa autoridad determinara lo conducente. 6. En proveído de quince de marzo de dos mil dieciocho, la juez responsable citó a las partes para oír sentencia; asimismo, en cumplimiento a la suspensión definitiva del acto reclamado decretado en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 401/2018-VIII-I, ordenó girar oficio a la Jefatura de los Servicios Jurídicos y/o Jefatura de los Servicios de Desarrollo de Personal y/o Apoderado Legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tabasco, para que continuara efectuando el descuento en el salario del referido incidentado consistente en el 20% (veinte por ciento) de su salario y demás prestaciones; y hacerse entrega de dicho numerario a Kristell Alejandra Contreras Palacio. 7. En proveído de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, la juez responsable en cumplimiento a la suspensión definitiva del acto reclamado decretado en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 401/2018-VIII-I, ordenó la girar oficio a la Jefatura de los Servicios Jurídicos y/o Jefatura de los Servicios de Desarrollo de Personal y/o Apoderado Legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tabasco, para que continuara efectuando el descuento en el salario del referido incidentado consistente en el 20% (veinte por ciento) de su salario y demás prestaciones; y hacerse entrega de dicho numerario a Kristell Alejandra Contreras Palacio, quedando retenida la cantidad de $73,845.90 (setenta y tres mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 90/100 moneda nacional). 8. El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, la juez responsable resolvió el incidente de cancelación de pensión alimenticia en los siguientes términos: "PRIMERO. Ha procedido la vía y este juzgado es competente para conocer y resolver el presente asunto. SEGUNDO. El actor GUILLERMO CONTRERAS RICALDE, probó los hechos constitutivos de su acción de cancelación de pensión alimenticia, que instauró en contra de KRISTELL ALEJANDRA CONTRERAS PALACIO, quien compareció al procedimiento. TERCERO. En consecuencia, resulta procedente cancelar la pensión alimenticia que otorga el incidentista GUILLERMO CONTRERAS RICALDE, a la incidentada KRISTELL ALEJANDRA CONTRERAS PALACIO, decretada mediante sentencia definitiva dictada el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete, deducida del expediente 31/997, relativo al Juicio Sumario Civil de Pensión Alimenticia, promovido por REINA CRHISTEL PALACIO DÍAZ, en contra de GUILLERMO CONTRERAS RICALDE, del índice de este Juzgado, consistente en el 20% (veinte por ciento) sobre el salario y demás prestaciones que percibe el incidentista GUILLERMO CONTRERAS RICALDE, como empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tabasco. CUARTO. En su oportunidad, una vez que cause ejecutoria esta resolución gírese atento oficio a la Jefatura de los Servicios Jurídicos y/o Jefatura de los Servicios de Desarrollo de Personal y/o Apoderado Legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tabasco, con domicilio en avenida César Augusto Sandino número 102, colonia Primero de Mayo, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco; para efectos de que ordene a quien corresponda haga efectiva de manera definitiva la CANCELACIÓN del 20% (veinte por ciento) fijada a favor de la incidentada KRISTELL ALEJANDRA CONTRERAS PALACIO, mediante sentencia definitiva dictada el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete, deducida del expediente 31/997, relativo al Juicio Sumario Civil de Pensión Alimenticia, promovido por REINA CRHISTEL PALACIO DÍAZ, en contra de GUILLERMO CONTRERAS RICALDE, del índice de este Juzgado. En el entendido que la cantidad de $73,845.90 (setenta y tres mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 90/100) que corresponde al veinte por ciento de las prestaciones que se descontó al deudor alimentario por concepto de pensión alimenticia, en virtud del convenio celebrado por el ciudadano GUILLERMO CONTRERAS RICALDE y el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el juicio que correspondió conocer a la Junta Especial número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que ordenó retener por auto de seis de febrero del presente año, y que fue comunicada a la patronal del deudor por oficio número 1126, de la misma fecha, deberá ser entregado al ciudadano GUILLERMO CONTRERAS RICALDE. 9. En proveído de cinco de junio de dos mil dieciocho, la juez responsable tuvo a la incidentada Kristelll Alejandra Contreras Palacio, promoviendo recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria emitida el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho; asimismo, tuvo al incidentista Guillermo Contreras Ricalde, solicitando la ejecución de la sentencia; por lo que la responsable atendiendo a que la incidentada Kristell Alejandra Contreras Palacio, interpuso recurso de apelación en contra de la referida resolución determinó que a fin de dar trámite a la ejecución solicitada debía depositar la cantidad de $34,398.48 (treinta y cuatro mil trescientos noventa y ocho pesos 48/100 moneda nacional), en efectivo, hipoteca, prenda, fianza o cualquier otro medio de garantía patrimonial reconocido por la ley, para garantizar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la referida incidentada. 10. En proveído de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se tuvo al incidentista Guillermo Contreras Ricalde, garantizando la ejecución de la sentencia por lo que ordenó girar oficio ordenado en el punto cuarto resolutivo de la sentencia interlocutoria de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. 11. En proveído de dos de julio de dos mil dieciocho, la juez responsable tuvo a la incidentada Kristell Alejandra Contreras Palacio, interponiendo recurso de apelación en contra del párrafo segundo del punto séptimo del auto de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, el cual desechó de plano por improcedente. Por otra parte, tuvo a la incidentada Kristell Alejandra Contreras Palacio, interponiendo recurso de queja en contra del punto octavo del auto de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, el cual desechó de plano por improcedente. 12. En resolución de once de octubre de dos mil dieciocho, emitida en el Toca Civil 576/2018-I, la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la incidentada Kristell Alejandra Contreras Palacio, en contra de la sentencia interlocutoria emitida el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho por la Juez Segundo Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco, en los siguientes términos: "PRIMERO. Esta Primera Sala Civil, es competente para conocer y fallar el presente recurso de apelación. SEGUNDO. Resultó fundados los motivos de inconformidad, expresados por Kristell Alejandra Conteras Palacio. TERCERO. En rezón de lo expuesto en el considerando V de este fallo, se revoca la sentencia interlocutoria de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, dictada por la Juez Segundo de lo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, Centro, Tabasco, en el cuadernillo original formado con motivo del Incidente de Cancelación de Pensión Alimenticia, promovido por Guillermo Contreras Ricalde, en contra de Kristell Alejandra Contreras Palacio, deducido del expediente original 31/1997, relativo al Juicio Sumario Civil de Pensión Alimenticia, promovido por Reyna Crhistel Palacio Díaz, por su propio derecho y en representación de su menor hija Kristell Alejandra Contreras Palacio, actualmente mayor de edad, en contra de Guillermo Contreras Ricalde, para quedar en los siguientes términos: "PRIMERO. Ha procedido la vía. SEGUNDO. El incidentista, no probó los elementos de su acción, y la incidentada compareció a juicio y justificó sus defensas de continuar necesitando de los alimentos. TERCERO. Por las razones expuestas en este fallo, se condiciona a la incidentada Kristell Alejandra Contreras Palacio, a exhibir el original de la constancia de estudios en el que acreditar estar realizando los trámites de incorporación o haber incorporado a sus estudios universitarios en la licenciatura en mercadotecnia internacional, para ello se le concede un mes contados a partir del día siguiente en que se justifique en autos que se le esté otorgando de nuevo la pensión alimenticia que venía gozando en los términos de la sentencia recaída en el expediente 31/97, así también deberá exhibir las constancias de estudios correspondientes en forma periódica con las que acredite los avances de sus estudios profesionales, por lo que deberá acreditar su aprovechamiento real, continuo y permanente de manera importante, la obtención de calificaciones aprobatorias, de tal manera que justifique el beneficio de seguir recibiendo los recursos económicos otorgados por el obligado, apercibido que de no cumplir con ello, en los momentos antes precisados, cesará su derecho alimentario, el cual será decretado mediante una determinación judicial inmediata (auto), sin necesidad de nuevo juicio o incidente al respecto. Asimismo se le hace saber a la acreedora que, una vez concluida y realizado sus trámites para la obtención del título profesional, cesará los alimentos de automático, así como para el caso que se actualizara cualquier otro supuesto para la cancelación o cesación de su derecho alimentario, deberá ser promovida en la vía y forma que corresponda. CUARTO. Consecuentemente, se absuelve a la incidentada, de la prestación que le fue reclamada en esta instancia. QUINTO. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y legalmente concluido." CUARTO. Notifíquese personalmente la presente resolución." 13. En auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve, la juez responsable tuvo por recibido el oficio signado por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, mediante el cual le remitió los autos del incidente y declaró que la resolución emitida por la sala civil que revocó la sentencia interlocutoria de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Asimismo, en el punto sexto del citado acuerdo la juez responsable en relación a la petición de incidente de ejecución forzosa y cumplimiento de sentencia solicitado por la incidentada Kristell Alejandra Contreras Palacio, con el fin de que se le retribuyera la cantidad de $73,845.90 (setenta y tres mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 907100 moneda nacional); al respecto determinó que no ha lugar a acordar favorable su petición en virtud de que la referida suma fue pagada al incidentista Guillermo Contreras Ricalde, al haber garantizado la ejecución de sentencia, de ahí que su petición era improcedente. 14. En auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, la juez responsable tuvo a la incidentada interponiendo recurso de queja en contra del punto sexto del auto de ocho de octubre de ese mismo año. 15. En acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veinte, la sala responsable tuvo a la a quo remitiendo cuadernillo original de queja; asimismo, advirtió que el incidentista al contestar agravios de la incidentada impugnó de falsa la firma que calza en el escrito de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, signado por Kristell Alejandra Contreras Palacio mediante el cual interpuso recurso de queja en contra del auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve; en consecuencia, ordenó suspender el procedimiento de la segunda instancia en cuanto a la tramitación del recurso de queja; asimismo, se ordenó tramitar la referida inconformidad en la vía incidental, por cuerda separada. 16. En resolución de siete de diciembre de dos mil veintiuno la sala responsable resolvió el incidente de impugnación de falsedad de firma del escrito de apelación número I/2020-II, y al respecto resolvió: "R E S U E L V E PRIMERO.- Ha procedido la vía incidental. SEGUNDO.- Resultaron fundados los motivos de inconformidad hechos valer por el incidentista Guillermo Contreras Ricalde. TERCERO.- Se declara falsa la firma asentada a nombre de Kristell Alejandra Contreras Palacio, en el escrito de queja de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, visible a fojas de la cuatro a la veinticuatro del Recurso de Queja número II/2020-II. CUARTO.- Por lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, se deja sin efecto el auto de fecha veinticuatro de enero de dos mil veinte, dictado por esta Sala Civil en el Recurso de queja número II/2020-II, promovido por Kristell Alejandra Contreras Palacio, en contra del auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve, específicamente el punto sexto, que desechó el Incidente de Ejecución Forzosa y Cumplimiento de Sentencia, por la Jueza Segundo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, Centro, Tabasco, en el Incidente de Cancelación de Pensión Alimenticia, promovido por Guillermo Contreras Ricalde, en contra de Kristell Alejandra Contreras Palacios, derivado del expediente original número 31/1997, relativo al Juicio Sumario Civil de Pensión Alimenticia, promovido por Reyna Crhistel Palacio Díaz por su propio derecho y en representación de su menor hija Kristell Alejandra Contreras Palacio, actualmente mayor de edad, en contra de Guillermo Contreras Ricalde, y consecuentemente las actuaciones derivadas del mismo. QUINTO.- Así, ante las razones expuestas se ordena dictar otro auto en el que se deseche el recurso planteado por quien firmó a nombre de Kristell Alejandra Contreras Palacio, por falta de legitimación e interés jurídico y consecuentemente la nulidad de las actuaciones derivadas del mismo. SEXTO.- Notifíquese personalmente esta resolución y hecho lo anterior, agréguese copia certificada de la misma al Recurso de Queja número II/2020-II; para los efectos legales conducentes, y archívese este asunto como totalmente concluido. Cúmplase." [.] La anterior sentencia interlocutoria constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. SEXTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Al no advertirse causal de improcedencia cuyo estudio es de orden público lo aleguen o no las partes, por lo cual de conformidad con lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo, se impone entrar al estudio sobre el fondo del asunto, para lo cual se tiene por transcrito en este apartado, el concepto de violación expresado por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlo textualmente pues no existe precepto legal que obligue a la Juzgadora a ello. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En sus conceptos de violación la parte quejosa argumenta que la sala responsable en el acto reclamado violó en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales al declarar la falsedad de la firma del escrito de queja de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, relativo al Recurso de Queja II/2020-II, y en consecuencia, se ordenó dictar otro auto en el que se deseche el recurso de queja planteado por Kristell Alejandra Contreras Palacio, por falta de legitimación e interés jurídico y consecuentemente la nulidad de las actuaciones derivadas del mismo; lo cual considera incorrecto, en virtud de que viola en su perjuicio los principios de seguridad jurídica, la debida fundamentación y motivación el determinar fundados los motivos de inconformidad hechos valer por el incidentista ahora tercero interesado. Alega que el acto reclamado no se emitió con perspectiva de género el cual se encuentra salvaguardado por el derecho constitucional, los instrumentos internacionales y las leyes locales. Que no se suplió la deficiencia de la queja en su favor conforme a lo establecido en los artículos 487, 488 y 489, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. Aduce que bajo la más amplia perspectiva de género, suplencia de la queja, analogía y homonimia aplicable en su favor debió observarse las disposiciones contenidas en los artículos 204, 210, 211, 212 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. Alega que en caso de que hubiera existido alguna irregularidad en su escrito de queja se le hubiera mandado a prevenir lo cual no aconteció. Alega que la prueba pericial en caligrafía, grafometría y grafoscopía a cargo de Marco Antonio Hernández Cutiño anunciada por la parte incidentista no cumplió con los requisitos establecido en los artículos 244, 245, 246, 275,276, 372, 373, 374, 375 del Código Procesal de la Materia, por lo que debió desecharse. Son infundados unos e inoperantes otros de los conceptos de violación, mismos que se analizan en conjunto, por su estrecha vinculación, sin que se advierta motivo alguno que obligue a suplir la queja deficiente en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes. Asimismo, se precisa que la parte quejosa en su escrito de demanda se concretó a señalar como garantías constitucionales violadas los contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; al considerar violados en su perjuicio sus garantías de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, legalidad tutela jurisdiccional y la debida fundamentación y motivación al haber declarado fundados los motivos de inconformidad hechos valer por el incidentista Guillermo Contreras Ricalde, y en consecuencia, haya declarado falsa la firma asentada a nombre de Kristell Alejandra Contreras Palacio, en el escrito de queja de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, que dio origen al auto de inicio de veinticuatro de enero de dos mil veinte, dictado por la sala responsable en el Recurso de Queja II/2020-II; de su índice, y en consecuencia, haya dejado sin efecto el auto antes referido y consecuentemente las actuaciones derivadas del mismo, y finalmente, haya ordenado dictar otro auto en el que se deseche el recurso planteado por quien firmó a nombre de Kristell Alejandra Contreras Palacio. Ahora, para corroborar la anterior postura -a priori- resulta pertinente tener en cuenta que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." De tal disposición constitucional se infiere la garantía de legalidad que obliga a las autoridades -entre otras cosas- a fundar y motivar los actos por ellas emitidos, lo que implica: 1. Citar los preceptos normativos en que apoyan su actuar; y 2. Indicar las consideraciones que las llevaron a resolver en un determinado sentido. Tales exigencias tienen como finalidad que los gobernados puedan atacar esos fundamentos y motivos si no son correctos, o bien, si no fueron acordes con la motivación citada; en otras palabras, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios. Bajo esta perspectiva, para que un acto de autoridad cumpla con los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el numeral constitucional, en él se deben citar los preceptos legales aplicables al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en cuenta para su emisión; y, además, debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Por tanto, las autoridades, sea cual fuere su naturaleza, pero principalmente las jurisdiccionales, están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundadas y motivadas; es decir, deben precisar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que hayan tomado en cuenta para la emisión del acto reclamado, ya que sin la formalidad descrita resultan ilegales. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 162, Tomo XXII, correspondiente al mes de diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Por su parte, el numeral 324 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, establece: "ARTICULO 324.- Congruencia. Las sentencias deberán ser congruentes con las acciones y excepciones deducidas oportunamente en el proceso y resolverán todos los puntos que hayan sido objeto del debate. Cuando sean varios los puntos litigiosos, se hará la debida separación de cada uno de ellos." En el precepto legal transcrito está contenido el principio de congruencia que debe regir a toda sentencia o resolución que emita el Juez o Tribunal en su caso; principio que radica, esencialmente, en que el fallo sea congruente no sólo consigo mismo sino también con la demanda y contestación y las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito; lo cual implica, por una parte, que no contenga consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos y, por otra, que al resolverse una controversia dentro de un procedimiento civil se haga atendiendo a lo planteado por las partes en la demanda y su contestación o, en su caso, en el recurso y su correspondiente contestación, pero sin omitir ni añadir cuestiones no hechas valer, esto es, debe existir una relación de concordancia entre lo solicitado y lo resuelto. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia I.1o.A. J/9, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 764, Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos." En el caso, la sala responsable en la resolución de siete de diciembre de dos mil veintiuno, que resolvió el incidente de impugnación de falsedad de firma del escrito de queja y la consecuente nulidad de actuaciones promovido por el ahora tercero interesado Guillermo Contreras Ricalde, derivado del Recurso de queja número II/2020-II, promovido por Kristell Alejandra Contreras Palacio, en contra del auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve, dictado por la juez responsable en el incidente de cancelación de pensión alimenticia derivado el expediente 31/997, específicamente el punto sexto, mediante el cual la a quo desechó el Incidente de Ejecución Forzosa y Cumplimiento de Sentencia, que promovió la referida quejosa; determinó declarar fundados los motivos de inconformidad hechos valer por el incidentista Guillermo Contreras Ricalde, en consecuencia, declaró falsa la firma asentada a nombre de Kristell Alejandra Contreras Palacio, en el escrito de queja de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve; por tanto, dejó sin efecto el auto de veinticuatro de enero de dos mil veinte, dictado en el recurso de queja II/2020-II, y ordenó emitir otro auto en el que se deseche el recurso planteado por quien firmo en nombre de Kristell Alejandra Contreras Palacio, por falta de legitimación e interés jurídico y consecuentemente la nulidad de las actuaciones derivadas del mismo; ello bajo los argumentos siguientes: I. En el considerando cuarto de la resolución impugnada la sala responsable trascribe lo manifestado por el incidentista Guillermo Contreras Ricalde. II. En el considerando quinto la sala responsable expuso que el incidentista Guillermo Contreras Ricalde, ofreció prueba, admitida mediante proveído de dos de marzo de dos mil veinte, por lo que procedió la valoración de las mismas, en los siguientes términos: Respecto a la pericial en materia de grafoscopía, a cargo del licenciado Marco Antonio Hernández Cutiño, la sala precisó que dicha pericial tuvo como materia de análisis la firma que obra en el escrito de queja de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, presentado por Kristell Alejandra Contreras Palacio, "señalada como dubitable"; y la firma que obra en la cédula de notificación de fecha diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, visible a foja dieciséis del expediente 31/1997, dictamen que obra a fojas de la ciento noventa a la doscientos ocho del aludido incidente, el cual el perito refirió fue emitido en base al método científico, el cual para su aplicación se debe cumplir generalmente con la sucesión de cinco pasos fundamentales: La observación, el problema, la hipótesis, la experimentación, la teoría ley o principio. Explica la sala que el perito refirió que el método científico es necesario para toda la investigación sin importar la materia, la aplicación de este método le da veracidad a cada uno de los procedimientos utilizados durante el desarrollo del presente dictamen. Es decir, para la elaboración de ese dictamen tuvo que utilizar los cinco pasos fundamentales que forman parte el método científico, para así poder llegar a una conclusión auténtica basada en los diversos principios y teoría que sirven como dogmas en la materia de grafoscopía, grafometría, documentoscopía y dactiloscopia. De igual forma, la sala responsable citó que el perito expuso que en la elaboración de su dictamen lo realizó en base al método inductivo, el cual es el razonamiento que parte de los fenómenos particulares y se eleva a conocimientos generales, para llegar al establecimiento de un juicio universal, se cumple con tres pasos fundamentales que son: Observación, Hipótesis y Experimentación. Refirió el perito que la utilización de este método, consistió en generar un análisis particular e individual de cada característica, morfología, rasgo y/o particularidad que forma parte de cada uno de los documentos tomados como base de cotejo, de esta manera se tuvo un examen individual de cada una de las características de cada documento tanto indubitable como cuestionado, de esta manera se puede generar un juicio universal. De igual forma, la sala tuvo al perito manifestando que en su dictamen se apoyó del uso del método deductivo, el cual desempeña el papel primordial de aplicar los principios universales, descubiertos inductivamente a los casos particulares que se estudian o investigan. Es decir, reconoce fenómenos desconocidos partiendo de principios conocidos. Este método es un tipo de razonamiento usado para aplicar leyes o teorías a casos particulares, es decir, este método se aplica en partir del problema en general, de los documentos cuestionados, e indubitables, analizándolos como un todo. Así en su dictamen se basó en teorías y técnicas que son comprobables, que coadyuvan para predecir fenómenos observables por medio de hipótesis y posteriormente resultados que pueden ser demostrados. De igual manera se apoyó del método grafoscópico de comparación formal, que consiste en observaciones reiteradas y comparación de las características que individualizan cada grafía, teniendo más valor aquellos elementos que son inimitables e indisimulables, que la forma de la letra en sí. Este método lo utilizó para realizar la deducción comparativa de la morfología u forma de las grafías. Si predominaban las semejanzas entre las escrituras, entonces corresponden al mismo autor, de lo contrario tendría un origen adverso o distinto. Refirió que este método lo aplicó para comparar y analizar los documentos indubitables con los cuestionados, de esta manera identificó cada una de las características y rasgos, lo cual en sí mismo generó un estudio individual de cada documento tomado como base de cotejo. De igual manera, el perito expuso que en su dictamen utilizó el método analítico y explicó que consiste en el estudio de la escritura a través de su descomposición en partes, con distinción de sus elementos constitutivos, y estructurales, entre otros; que ese método lo aplicó junto con los anteriores mencionados, ya que para analizar cada documento en particular, es necesario descomponerlo por partes y así hacer un examen exhaustivo de cada una de las características, rasgos y/o particularidades que tienen los documentos tomados como base de cotejo, expresó el perito que el método analítico es sumamente útil en la elaboración de un dictamen pericial, ya que se trata de procesos y estudios de tipo descriptivo, dado que emplea herramientas que revelan relaciones esenciales y características fundamentales en los documentos indubitables y cuestionados. De igual forma, la sala responsable preciso que el perito expuso que en la emisión de su dictamen se basó en los métodos descriptivos y signaléticos, de los cuales, los primeros permiten detallar situaciones y eventos, es decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca especificar propiedades importantes de cualquier fenómeno que sea sometido a análisis. Explicó que esos dos métodos eran importantes para hacer la comparación gráfica de los documentos tomados como base de cotejo, es decir, el método descriptivo lo utiliza como su nombre lo dice para describir cada una de las partes, características, rasgos y/o particularidades que componen los documentos indubitables y cuestionados, una vez que tiene descrito lo antes mencionado es necesario poder ejemplificarlo o demostrarlo de una manera gráfica y entendible para que el lector, ya sean las partes u otras personas, puedan interpretar el presente dictamen con facilidad. Lo anterior, con el auxilio del material y equipo utilizado como: equipo de cómputo marca Gateway, procesador Intel (R) CPU B940, Software procesador de texto Word, Marca Mircrosoft Edición 2013, Cámara fotográfica digital marca CANON POWER SHOT, modelo SX50, con macro adaptado, cámara del celular marca Huawei, P 10, lámpara de Luz Blanca; Reglillas milimétricas, Plantillas Grafométricas, Lupa cuenta hilos marca Sirchie. Así como el uso de cuatro técnicas como la observación, descripción general y escrita, fijaciones fotográficas y observación Macroscópica. Asimismo, la sala responsable indicó que el perito expuso que del análisis basado en la observación directa de los documentos tomados como base de cotejo, así como de las fotografías tomadas directamente a los originales de los mismos, con el apoyo del equipo técnico correspondiente, por los métodos de comparación formal, lógico deductivo, demostrativo, analítico y con el auxilio del material técnico de Grafoscopía, procedió a realizar un exhaustivo cotejo, entre las firmas ilegibles indubitables a nombre de Kristell Alejandra Contreras Palacio, antes descritos en los puntos del 1 al 6 del apartado II del referido incidente, con la firma semi legible cuestionada a nombre de la referida incidentada que obran en las documentales objetadas, base de esta acción, consistente en un escrito de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, antes descrito en el punto 7 del apartado II, del presente; lo anterior, con el fin de identificar tanto sus características estructurales, como particulares en la impresión de las mismas, al igual que los puntos característicos de orden general y morfológico y así poder contar con mayor y plena objetividad en el resultado del estudio técnico pericial correspondiente, pudiéndose observar en dicho cotejo, una serie de puntos y elementos "discrepantes", tanto en sus características de orden general, como en sus características de orden morfológico y demás descritas. Po lo anterior, la sala responsable, consideró que al analizar el contenido y no únicamente sus conclusiones, al dictamen pericial realizado por el licenciado Marco Antonio Hernández Coutiño, perito designado por el incidentista Guillermo Contreras Ricalde, creaba convicción a esa sala, al ser claro y detallar pormenorizadamente las características existentes entre las firmas indubitables y la debitada, como lo apreciaba en los siguientes cuadros comparativos. CARACTERÍSTICAS DE ORDEN GENERAL: FIRMAS INDUBITABLES CUESTIONADAS Presión muscular Alterna fuerte Inclinación Mixta Vertical Dirección Ligero ascendente Horizontal Punto de inicio: Cortada Filiforme Terminación Filiforme Cortada Velocidad Media Lenta Pulsación Firme, fluida Pausada Asimismo, la sala responsable expuso que observó que respecto a sus características de Orden Morfológico y particularidad a nombre de Kristel Alejandra Contreras Palacio, estas diferencias se manifiestan en todos y cada uno de sus trazos y secuencias, principalmente en sus rebasantes, así como en sus enlaces medios, trazo envolvente, y estructura en general, que conforman el cuerpo de las firmas tanto indubitables, como cuestionada; en razón a que respecto a las firmas indubitables, presentan una elaboración regular, uniforme en cuanto a su desarrollo gráfico, inclinada a la derecha, con su trazo de inicio curva alargada, con su parte superior y media derecha angulada, observándose que dicha letra "K", se encuentra dentro del trazo envolvente, no siendo así en la firma cuestionada, al poderse observar que ésta presenta una elaboración, irregular, de forma vertical, con su trazo inicial de menor tamaño y proporción, semi circular, con su parte superior y medio derecho curvo redondeado, en cuanto a su desarrollo gráfico, es decir, discrepancias claras y notorias, en la impresión de las mismas. Asimismo, la sala precisó que con relación a la caja signatural y/o enlaces medios, en las firmas indubitables, el perito determinó que presenta una elaboración regular, uniforme, literalmente en forma de "u", de forma horizontal, con sus cúspides en forma de gaza abierta y/o con luz virtual, misma que presenta rebasantes superiores con gaza y luz virtual alargados verticales e inferior en forma de palote alargado vertical, no siendo así, en la firma cuestionada, al apreciar dicha caja signatural y/o enlaces medios de forma irregular, parcialmente en forma de "u", de forma escalonada, con sus cúspides en forma de gaza cerrada y/o sin luz virtual, con un rebasante superior corto vertical, con pequeña gaza y luz virtual y rebasante superior corto vertical, discrepantes en la impresión de las mismas. De igual manera, el perito explicó que las firmas indubitables, presentan su trazo envolvente de forma alargada y/o elíptica horizontal, misma que encierra en su totalidad la grafía capital y/o letra "K", así como la caja signatural y/o enlaces medios, incluyendo sus rebasantes superiores, no obstante que éstos últimos son alargados verticales, no siendo así, en la firma cuestionada en la cual observó que carece de trazo envolvente amplio, apreciándose únicamente trazo envolvente de forma irregular, misma que no logra cubrir en su totalidad los enlaces medios y/o caja signatural, es decir, parcialmente la parte final de la caja signatural y/o enlaces medios, discrepantes, en la impresión de dichas firmas que nos ocupan. Igualmente, la sala precisó que el perito expuso que se pueden apreciar claras y notables diferencias grafométricas entre dichas firmas indubitables y cuestionada, al observarse que en las firmas indubitables, se aprecian con una medida longitudinal de 2.6 hasta 3.0 centímetros, no siendo así, en la firma cuestionada (dubitada), al observarse una medida longitudinal de 4.0 centímetros, diferencias que corroboran y confirman un distinto origen gráfico, para con respecto a las firmas indubitables, a nombre de Kristell Alejandra Contreras Palacio. De igual forma, la sala expuso que el perito explicó que la conjunción o suma de elementos personales, ajena casi siempre a las formas externas de las letras, firmas o rúbricas, es lo que da a la escritura falsa un aspecto que indica la existencia de una falsificación, ya que a pesar de que jamás una persona escribe o firma dos veces exactamente igual una a otra, jamás una persona puede reproducir exacta o fielmente el conjunto de factores y elementos que caracterizan la escritura de otra persona, tal y como lo ocurría en el caso concreto. Así también, con relación al desarrollo gráfico del cuerpo de las firmas, el perito expuso que se podía constatar y observar que no obstante los puntos y elementos descritos y señalados en el cuerpo del presente, igualmente se aprecian características peculiares, delatoras y/o discrepantes, presentando dichas firmas (dubitada) (cuestionada), entre otros puntos que: No se reproducen los trazos vaivén o de ida y vuelta, así como los gestos gráficos; deficiente interpretación en la involución de los trazos curvos; imprecisiones en la dirección y/o alineamiento básico; denota diferente fluidez y dinamismo; variación de los espacios gráficos; imprecisiones en la conformación y variedades de presión. De los análisis extrínsecos, la sala responsable precisó que el perito expuso que se pudo observar en el estudio técnico llevado a efecto y en el análisis de las características extrínsecas de las firmas tanto indubitables, como cuestionadas a nombre de Kristel Alejandra Contreras Palacio, estas presentan diferencias en relación a la disposición y distribución gráfica estructural, correspondiente a la grafía capital, caja signatural, pasantes y demás elementos estructurales que conforman el cuerpo de las mismas, consistentes en: "Su Ritmo de Escritura: En las firmas indubitables, presentan un presionado alterno, de mayor a menor intensidad del elemento escritor, con un grosor de trazo de tipo mediano, no siendo así con las firmas cuestionadas, al presentar un presionado de tipo fuerte del elemento escritor, discrepantes, entre dichas firmas, en comento. Orientación: En las firmas indubitables, presentan una dirección de tipo ligero ascendente; no siendo así, en la firma cuestionada al presentar una dirección de tipo horizontal, escalonado, discrepantes, en la impresión de las mismas. Inclinación de sus ejes: En las firmas indubitables, presentan una inclinación de tipo mixta, ligera a la derecha vertical parcialmente, no siendo así en la firma cuestionada, al presentar inclinación vertical totalmente, discrepantes, en la impresión de las mismas. Irradiación: En las firmas indubitables, presenta trazos alargados verticales en cuanto a sus Rebasantes superiores, así como medianamente corto vertical y movimientos medianamente amplios, expansivos horizontales, en relación a sus enlaces medios, no siendo así en la firma cuestionada, al observarse movimientos y Rebasantes medianamente cortos verticales, así como, medianamente largos verticales y medianamente expansivo horizontal, en relación a sus enlaces medios del cuerpo de la firma, discrepantes en la impresión, de las mismas." Así también la sala responsable precisó que en cuanto al análisis en cuanto a sus características intrínseca, tanto a las firmas indubitables a nombre de Kristel Alejandra Contreras Palacio, como a las firmas cuestionadas a nombre de esta misma persona, el perito observó claras y notorias discrepantes, entre dichas firmas, específicamente en cuanto a los pequeños detalles de construcción que han sido trazados inconscientemente por el titular, que permiten evidenciar signos peculiares y sobresalientes, consistentes en: "Espontaneidad: Discrepantes, con relación a su presencia y espontaneidad. Trazo Inicial: En las firmas indubitables, en forma de recta, no siendo así en la firma cuestionada, al presentar dicho trazo en forma ganchosa. Rasgo Inicial: En las firmas indubitables, de pido masa, no siendo así, en la firma cuestionada de tipo filiforme. Trazo final: En las indubitables, en forma de recta, en las firmas cuestionadas de tipo recta. Rasgo final: En las firmas indubitables, de tipo cortada, no siendo así, en la firma cuestionada al presentarlo de tipo filiforme. Morfología: En la firma indubitable, presenta una conformación semi enlazada, con desarrollo gráfico regular, uniforme, no siendo así en las firmas cuestionadas, al observarse los enlaces medios, con desarrollo gráfico irregular, discrepantes, en la impresión de las mismas." Por otro lado, la sala indicó que el respecto al análisis de tangentes y/o limitantes gráficas, el perito determinó que se podía observar discrepancias entre las firmas analizadas, en cuanto a las características correspondientes a las Tangentes y/o Limitantes Gráficas, con relación a su Proporcionalidad y disposición gráfica dentro del espacio escritural, mismas que se ponen de manifiesto en: "I.- Por lo que hace a su Tangente o Alineamiento Superior, que se conforme por la línea imaginaria que cruza o hace contacto con las cúspides de los trazos sobresalientes y ascendentes, denominado pasantes superiores, presentan discrepancias en su elaboración conformado por Tres pasantes en su extrema derecha, con gaza y luz virtual alargadas verticales, no así en la firma cuestionada, al presentar únicamente un rebasante superior medianamente corto vertical, con escaza gaza y luz virtual, discrepantes en la impresión de dichas firmas indubitables, para con la firma cuestionada. II.- En cuanto a su Tangente Interior o Alineamiento Media Superior, que se conforma por la línea imaginaria auxiliar, que limita las letras o los trazos cortos cabe mencionar que estas permiten reconocer las cúspides y advierten ciertas características particulares, presentan discrepancias en su elaboración conformado por cúspides con gaza y luz virtual, no así en la firma cuestionada, al carecer de gaza y luz virtual, discrepantes en la impresión de dichas firmas indubitables, para con la firma cuestionada. III.- En cuanto a su Tangente Basilar o Alineamiento Medio Inferior, misma que se conforma por una línea imaginaria auxiliar que sirve de base o apoyo a las letras o trazos cortos o de menor dimensión, estas tangentes o limitantes gráficas permiten reconocer las bases de los trazos derivados del ángulo y de la curva, cabe mencionar que estas advierten ciertas características particulares, presentan discrepancias en su elaboración con su base redondeado, regular, uniforme ligero ascendente en su desarrollo gráfico, no así en la firma cuestionada, al presentar un desarrollo gráfico irregular, escalonada en su desarrollo gráfico, discrepancias, en la impresión de las firmas, indubitables, para con la firma cuestionada, que nos ocupan. IV.- Por lo que hace a su tangente o Alineamiento Inferior, que se conforma por la línea imaginaria que cruza o hace contacto con la extremidad de los trazos que descienden sobresalientes hacia abajo, denominado pasantes inferiores, presentando las firmas indubitables trazo en forma de arpón, no así en la firma cuestionadas." Del mismo modo, la sala responsable expuso que el perito en su dictamen mencionó que con relación a las características relevantes que presentan dichas firmas, tanto indubitables, como cuestionada, dichas discrepancias, se ponen de manifiesto en: "1.- En las firmas indubitables, la Grafía capital y/o letra "K", con su trazo superior y medio derecho angulado, no así en la firma cuestionada, al presentar dicha letra "K", se encuentra con su parte superior y media derecha de forma curva redondeada. 2.- En las firmas indubitables, los enlaces medios, presentan un desarrollo gráfico regular, uniforme, con sus cúspides en forma de gaza abierta, con luz virtual, no siendo así, en la firma cuestionada, al observarse sus enlaces medios, de forma irregular, escalonada, con sus cúspides en forma cerrada, sin luz virtual. 3.- En las firmas indubitables, se observa doble trazo envolvente, de forma alargada y/o elíptica horizontal, regular, no así en la firma cuestionada, al observarse pequeño trazo envolvente de forma irregular." Por tanto, de lo anterior el perito consideró que la firma sujeta a estudio, base de esa acción a nombre de Kristel Alejandra Contreras Palacio, procede de un Distinto Origen Gráfico y por consiguiente del punto y letra de distinta persona. Asimismo, en cuanto a las cuestiones planteadas por el incidentista, la sala responsable estimó que estas fueron contestadas de manera concisa y congruente por el perito en mención, las cuales fueron: "1.- Que determine, si la firma que obra en el escrito de fecha 16 de Octubre de 2019, es la misma que obra en la cédula de notificación de fecha 17 de octubre del actual, y que si fue estampada por la incidentada KRISTELL ALEJANDRA CONTRERAS PALACIO, al momento de recibir dicha cédula. R.- No, la firma que calza la documental objetada, a nombre de la C. KRISTEL ALEJANDRA CONTRERAS PALACIO, antes descrito en el punto 7 del apartado II, del presente no corresponde a la firma que obra en la cédula de notificación de fecha 17 de Octubre del 2019, antes descrito en el punto 1 del apartado II del presente y por consiguiente no procede del puño, ni letra de dicha actora C. KRISTEL ALEJANDRA CONTRERAS PALACIO, tal y como se indica y describe en el cuerpo del presente." Asimismo, la sala responsable resaltó que al perito se le dio acceso en el juzgado responsable para que realizara la toma de muestras de la firma indubitable original de Kristell Alejandra Contreras Palacio, que obra en la cédula de notificación recibida el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, de la diligencia de emplazamiento voluntario de la misma fecha, en el incidente de cancelación de pensión alimenticia, obteniendo las muestras necesarias para emitir su dictamen. Por tanto, la sala consideró que estas consideraciones ilustrativas, fundadas en estudios técnicos especializados obtenidos de manera directa por el perito, dan certeza legal al advertirse lógico y congruente el estudio de cada uno de los elementos de la firma que ilustran el dictamen, siendo que esos datos se encuentran fundados al haber anexado los documentos consistente en las fijaciones fotográficas, señalando los cortes, enlaces, signos accesorios, los tiempos, las grafías, así como inicio y terminación de la firma, documento el cual se valió para fundar y justificar su dictamen, así como también dio contestación a la pregunta planteada por el incidentista, de forma clara y precisa, existiendo una relación sucinta entre la pregunta y respuesta; aunado que el solo dictamen presenta una fluidez dinámica en la redacción que lo hace comprensible a simple vista; además de que el perito fundó su dictamen con fijaciones fotográficas, ilustrándolo, de conformidad con el artículo 284 del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado de Tabasco. Por lo anterior, la sala responsable, con fundamento en lo establecido en el artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado de Tabasco, le otorgó valor probatorio al dictamen pericial rendido por el licenciado Marco Antonio Hernández Cutiño, perito designado por el incidentista Guillermo Contreras Ricalde. Apoyó lo anterior con las tesis aisladas de rubros: "PERITOS. ESENCIA DE SU FUNCION." "PRUEBA PERICIAL, VALOR DE LA." Así como la Jurisprudencia bajo el rubro: "PERITAJES, VALOR PROBATORIO DE LOS. ES FACULTAD DISCRECIONAL DEL JUZGADOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)." III. En el considerando sexto la sala responsable la sala responsable analizó las manifestaciones de la ahora quejosa Kristell Alejandra Contreras Palacio, al dar contestación al incidente en cuestión las cuales trascribió de la manera siguiente: ".1.- Del presente artículo anteriormente transcrito, (artículo 204 del Código de Procedimientos Civiles en vigor), se advierte, que la ley no impone el requisito de firma en las demandas, solo el nombre y en ese contexto mi recurso de queja esta dentro de los parámetros exigidos en la Ley en comento, basado en la máxima jurídica de interpretación del derecho, que a la letra reza: DONDE EL LEGISLADOR NO DISTINGUIÓ, EL JUZGADOR ESTA IMPEDIDO PARA HACERLO. (Transcribe los artículos 210, 211 y 212 del Código de Procedimientos Civiles en vigor). 2.- Ahora bien, en lo tocante a la facultad de la autoridad jurisdiccional de prevenir al promovente para que se presente a ratificar la firma que calza el escrito que se prevenga tiene como única finalidad que el juzgador tenga la certeza de que quien plasmó dicho grafismo efectivamente fue el quejoso, máxime si ésta discrepa con alguna de las firmas que obran en autos. "Sin embargo dicha potestad no engendra a dicho juzgador un poder unilateral de investigación respecto de la autenticidad o falsedad de la firma que calza la en las demandas o escritos presentados en un juicio o derivado de estos, habida cuenta que dentro de las facultades que la ley le otorga, no se encuentra la de indagar sobre la veracidad de la rúbrica que estampa por la promovente de la acción intentada, cando ésta ya ha sido ratificada ante su presencia, en atención al requerimiento que para ese efecto así se haya ordenado, lo cual no sucedió por parte de esta autoridad, ni de la inferior. "Ahora bien, la facultad de la autoridad jurisdiccional de prevenir al promovente para que se presente a ratificar la firma que calza el escrito de la queja o de cualquier otro, tiene como única finalidad que el juzgador tenga la certeza de quien plasmó dicho grafismo efectivamente fue la suscrita, máxime si esta autoridad o la inferior, hubiese considerado que la misma discrepa con alguna de las firmas que obran en autos. "Sin embargo, dicha potestad no engendra a dicho juzgador un poder unilateral de investigación respecto de la autenticidad o falsedad de la firma que calza en los escritos presentados ante ellas, habida cuenta que dentro de las facultades que la ley le otorga, no se encuentra la de indagar sobre la veracidad de la rúbrica que estampa el promovente de la queja, cuando ésta debió ser ratificada ante su presencia, si así lo hubiese prevenido, en atención al requerimiento que para ese efecto así se hubiese ordenado. Ahora, en adición a lo anterior, dado que en la Ley adjetiva civil del estado solamente se menciona el término reconocimiento" y sus derivados, resulta de suma importancia explicitar las razones por las que puede concluirse que también contempla la figura del ratificación de de firmas; y, con tal propósito, debe realizarse la siguiente precisión conceptual: Significado común de la palabra "ratificación" El diccionario de la Lengua Española la define como "Acción y efecto de ratificar"; y, a su vez, define este último vocablo como "Aprobar o confirmar actos, palabras o escritos dándolos por valederos o ciertos." Significado jurídico de la palabra "ratificación" El Diccionario para juristas, de Juan Palomar de Miguel, la define como "Acción y efecto de ratificar ."; y, a su vez, entiende por este último término el "Aprobar o confirmar actos, palabras o escritos dándolos por ciertos y valederos", así como el "Convalidar un acto nulo, cuando la causa de la nulidad consiste en la falta de legitimación o de capacidad de la persona que lo ejecutó." El Diccionario Jurídico, de José Alberto Garrone, la define como ".acto jurídico unilateral por el cual una persona toma a su cargo, tanto en lo concerniente a los derechos como a las obligaciones, una operación jurídica hecha en su nombre y para ella por alguien a quien no había conferido poder." El Diccionario de Derecho Procesal Civil, de Eduardo Pallares, la define como ".un acto jurídico que convalida un acto nulo, cuando la causa de la nulidad consiste en la falta de legitimación o de capacidad de la persona que lo ejecutó" y estipula que ".se lleva a cabo por la persona que debió ejecutar o autorizar el acto nulo." El Diccionario Jurídico Temático de Derecho Civil, de Edgar Baqueiro Rojas, la define como ".aprobación de un acto afectado de nulidad para otorgarle plena valides .en los casos de falsa suplantación, el representado puede ratificarlos con las mismas formalidades que para el acto exige la ley y antes de que la otra parte se haya retractado" y establece que su efecto ". es retroactivo al momento de la celebración del acto nulo." El Diccionario de Derecho, de Rafael de Pina, la define como "Manifestación de la voluntad mediante la cual se aprueba un acto jurídico celebrado en otro momento o se confirma una declaración formulada con anterioridad." Significado común de la palabra "reconocimiento" El diccionario de la Lengua Española la define como "Acción y efecto de reconocer o reconocerse"; y define la palabra "reconocer" como "Admitir o aceptar algo como legítimo [o bien] que alguien o algo tiene determinada cualidad o condición." Significado jurídico de la palabra "reconocimiento" El Diccionario para Juristas, de Juan Palomar de Miguel,(17) la define como "Acción y efecto de reconocer."; a su vez, define la palabra mencionada, en último término, en lo que atañe al presente asunto, como "Aceptar uno por suya, confesar que es legítima, una obligación en que suena su nombre, como firma ." El Diccionario Jurídico, de José Alberto Garrone,(18) la define como el ".acto jurídico por el cual alguien admite la existencia de una obligación a su cargo [y] produce efectos comprobatorio e interruptivo de la prescripción pendiente." También establece que existen diversas corrientes en torno a dicha figura jurídica en las legislaciones francesa, alemana y franco-italiana: en la primera, se concibe como un "instrumento o título de deuda [que] debe ser completado con una prueba de la preexistencia de una obligación" e interrumpe la prescripción; en la segunda, como un "título o instrumento constitutivo de la deuda"; y, en la tercera, como "medio de prueba de la obligación."(19) El Diccionario de Derecho, de Rafael de Pina,(20) la define como la "Manifestación de la voluntad destinada a reconocer la autenticidad de un documento ."; y, más adelante, especifica que se trata de la "Afirmación de la autenticidad de un documento o escritura formulada por la persona requerida al efecto por autoridad o funcionario competente." El Diccionario de Derecho Procesal Civil, de Eduardo Pallares,(21) la define como ".aceptación expresa o tácita de una obligación o del derecho que compete al colitigante, y también de la autenticidad de un documento o de algún hecho litigioso." Las definiciones expuestas, que constituyen una muestra de los significados convencionalmente aceptados en relación con dichos términos (tanto en su acepción común como en su acepción jurídica), evidencian un conjunto de elementos coincidentes en todas ellas, en cuya ausencia no tendría sentido aplicar el vocablo de que se trate al acto correspondiente. De lo antes evidenciado, se puede advertir, que en caso de que hubiese habido un irregularidad en reescrito del recurso de queja, se hubiese prevenido, lo cual no sucedió, y por ende, fue que se le dio entrada a la queja del que deriva el presente incidente, además que cabe destacar, que si de verdad esta autoridad pretendiera, actuar con el rigor que para el caso de la suscrita no me exige la ley, habría que revisar y dejar el precedente, del por qué, éste colegiado, no advierte las firmas en faximil, que realiza la juzgadora de origen en los oficios que ha enviado a las instituciones públicas, tal y como lo demuestro, con el original que me permito anexar al presente ocurso, en el entendido que a las autoridades si se les impone, las firmas en original en sus actuaciones como autoridad, de acorde a lo previsto verdaderamente en el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 Constitucional." (Transcribe los artículos 244, 245, 246, 275, 276, 372, 373, 374, 375 del Código de Procedimientos Civiles en vigor). 3.- De una correcta interpretación, de los cuerpos legislativos referidos últimamente en líneas que anteceden, bajo ninguna óptica jurídica puede decirse; que la prueba pericial consistente en: Pericial en Caligrafía, Grafométrica y Grafoscospica, a cargo del ingeniero Marco Antonio Hernández Coutiño, la cual fue enunciada solamente por el hoy incidentista, la misma no cumple en su ofrecimiento, con los requisitos que impone los numerarios antes invocados, y por ende la misma debe de ser inadmisible y por ende desechada, dado que de una interpretación sistemática, genérica y lógica jurídica del Título quinto relativo los incidentes a que hacen a lución los numerarios 372, 374, 375 del Código Adjetivo Civil en vigor en el estado de tabasco, el hecho que se tramite esta vía incidental, no exime a las partes de cumplir con los lineamientos que impone la ley en el caso que nos ocupa, razones más que suficientes no solo para desechar la prueba pericial en referencia, lo cual conlleva que por una inercia lógica se desestime por improcedente el incidente en el que se actúa, dada la falta de elementos de convicción que no permiten su procedencia. 4.- Sumado a lo anterior, debo decir; que el juicio de donde se originan los presentes autos, de acorde al sustento legal establecido en los artículos 487, 488, 489 fracción II , del Código de Procedimientos Civiles en Tabasco, concordantes con los diversos 4, 5, 6, 7 de la CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE OBLIGACIONES ALIMENTARIAS. 8º., NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA RELATIVA, ES CONCORDANTE CON LAS DE AUDIENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 CONSTITUCIONALES, concordantes con los diversos del Pacto Internacional de los Derechos Civiles Y Políticos 1.1., 1.2, |.3, incisos a), b), c), 8.1, 24 y 25 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, es de orden público y de interés social, al igual que el derecho a los alimentos es irrenunciable, con la excepciones propias que el marco jurídico Nacional e Internacional prevé, y por tanto niego liso y llanamente, lo que firma el incidentista, al referir que el escrito materia de objeción no corresponde a la voluntad de la suscrita, relativo de la firma que objeta, Y por tal razón, según el incidentista no tiene la certeza jurídica de que haya sido firmado por la redactante, razón por la cual, me estoy a los presupuestos procesales contenidos en el numerario 272 del Código de Adjetivo Civil en vigor en nuestra Entidad Federativa, sin que se óbice solicitar a ésta autoridad analice las hipótesis relativas a los ordinales 273 y 274 del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado de Tabasco, en consecuencia, me permito ofrecer las siguientes: ." Asimismo, la sala expuso que para robustecer su dicho la incidentada ofreció como pruebas la ratificación del contenido y firma realizada por la incidentada Kristell Alejandra Contreras Palacio, en cuanto a su contenido, firma, autenticidad y valor del escrito de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, que contiene el recurso de queja, recibido en la mesa receptora de términos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, el cual fue turnado a la Oficialía de Partes del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, el diecisiete del mes y año aludido, mismo que fue remitido a la oficialía de partes de esa sala, el veintiuno de enero de dos mil veinte, visible a foja de la cuatro a la veinticuatro del recurso de queja número II/2020-II, interpuesto en contra del punto sexto del auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve, dictado por la Jueza Segundo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco. Al respecto, la sala expuso que no pasaba por desapercibido que en el asunto en estudio se cuestionaba la firma de Kristell Alejandra Contreras Palacio, en el escrito de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, es por ello que para saber si su firma era falsa o auténtica debía resolverse por el comparativo entre las firmas dubitables e indubitables, en la prueba pericial en grafoscopía; por tanto, en los considerandos subsecuentes se analizaría tal acreditación. Asimismo, concedió valor probatorio a la referida prueba en términos del artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado. De la misma manera a la prueba instrumental de actuaciones, ofertada por la incidentada, la sala responsable consideró que por tratarse de actuaciones judiciales les otorgó valor probatorio en términos de los artículos 269 fracción VIII y 319 del código adjetivo civil. Por otra parte, en cuanto a la presuncional legal y humana que ofreció, la sala determinó que las mismas serían tomadas en cuenta en caso de surgir al resolver el fondo de la controversia planteada, de conformidad y en apego a lo dispuesto en los diversos 304 y 305 del código procesal civil. Del mismo modo, en cuanto a las pruebas pericial en caligrafía, grafómetrica y grafóscopica, confesional y declaración de parte a cargo del incidentado, la sala declaró que éstas no se desahogaron por causas imputables a la oferente y las supervenientes ofrecidas, no surgieron durante el procedimiento. IV. En el considerando séptimo la sala responsable precisó que en veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por perdido el derecho a la incidentada Kristell Alejandra Contreras Palacio, para alegar, así también se tuvo al incidentista Guillermo Contreras Ricalde, formulando alegatos. V. En el considerando octavo, la sala responsable determinó que las defensas de la incidentada Kristell Alejandra Contreras Palacio eran improcedentes, en relación a la tramitación del incidente, toda vez que si bien es cierto, la legislación procesal civil vigente no señala con precisión la vía adecuada para dirimir el incidente de impugnación de falsedad de firma de escrito de apelación y la consecuente nulidad de actuaciones, en segunda instancia, no menos cierto era que ello no era un impedimento jurídico para que el incidentista hiciera valer tal argumento, pues de lo contrario se estaría violentando la obligación judicial de atender el principio de petición consagrado en el artículo 8º constitucional y 57 del Código de Procedimientos Civiles en vigor; máxime, que los diversos 13 y 324 del ordenamiento adjetivo civil, establecen armónicamente que la norma oscura en ningún caso significará un obstáculo técnico o formal para la impartición de justicia, estando la autoridad judicial obligada a resolver todos los puntos litigiosos objeto del debate; por lo que al ser una cuestión accesoria del recurso de apelación, era correcto dilucidarlo en la vía incidental, no pasando por desapercibido que el incidentista la interpuso oportunamente. Lo anterior, toda vez que el legislador reservó a la autoridad judicial para resolver las cuestiones accesorias surgidas en un proceso principal, que no tuviesen señalado en la ley un procedimiento propio; por lo que la sala responsable consideró jurídicamente correcto utilizar esa misma vía incidental para analizar y resolver los argumentos planteados por la parte incidentista en segunda instancia, a través de los cuales pretende desvirtuar la firma asentada en el escrito de queja y la vía adecuada para lograr el desahogo de las pruebas que ofreció para esos efectos. De igual forma, la sala responsable expuso que conforme a lo establecido en el artículo 372 del código adjetivo de la materia, toda cuestión accesoria que surja como cuestión de un proceso principal no teniendo señalado en la ley un procedimiento propio, deberá tramitarse en la vía incidental, forma que no se encuentra prevista exclusivamente para el procedimiento en primera instancia, ya que se refiere al proceso principal y no a la instancia en la cual se encuentre; por tanto, al manifestar el inconforme su objeción a la admisión del recurso, al no existir en el código procesal un procedimiento propio, pues, de la lectura al escrito de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, se advierte claramente que trata de la impugnación de documento falso, en consecuencia, no existía impedimento legal alguno para admitir a trámite la inconformidad planteada en vía incidental. Por tanto en el considerando noveno, la sala responsable determinó que con base en las pruebas desahogadas y valoradas en referido incidente, llegó a la firme convicción que la firma contenida al calce del escrito de queja de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, visible a fojas de la cuatro a la veinticuatro, del recurso de queja número II/2020-II, no fue plasmada por la incidentada Kristell Alejandra Contreras Palacio; al no coincidir ésta con la firma plasmada en los documentos señalados como firmas indubitables que obran agregados al expediente principal tomadas como indubitadas para el cotejo, ya que así lo robustece el dictamen pericial emitido por el licenciado Marco Antonio Hernández Cutiño, perito designado por el incidentista, al cual le concedió pleno valor probatorio con fundamento en el diverso 318 del código adjetivo aplicable, sin que le beneficiara en el caso la ratificación efectuada por la incidentada Kristell Alejandra Contreras Palacio, toda vez que resultaba de explorado derecho que solo puede ratificar una firma, quien la plasmó, y en el caso se entendía que reconoció el contenido del escrito; sin embargo, la litis se centra en la falsedad de la firma por no haberla puesto de su puño y letra. En consecuencia, la sala consideró que el incidentista Guillermo Contreras Ricalde, probó la falsedad de la firma que calza el escrito de queja de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, de la incidentada Kristell Alejandra Contreras Palacio, quien tiene la titularidad para interponer el recurso, al haber sido la firma que obra en el escrito de queja, desacreditada en el dictamen pericial en materias de Grafoscopía, Grafometría y Caligrafía, realizado por el licenciado Marco Antonio Hernández Cutiño, perito designado por el incidentista. Por lo tanto, la sala consideró que no existe correspondencia de identidad entre quien hizo valer el recurso de queja y quien tiene el derecho a hacerlo valer, violándose, el contenido de los artículos 2° y 55 del código adjetivo civil, por analogía, los cuales establecen, la iniciativa del proceso está reservada a las partes, y sólo podrá iniciar un proceso o un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés jurídico en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena y quien tenga el interés contrario. De ahí que la sala responsable declaró la falsedad de la firma del escrito de queja de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, que dio motivo al auto de inicio de veinticuatro de enero de dos mil veinte, dictado por esta Sala Civil en el Recurso de Queja número II/2020-II, interpuesto por la incidentada Kristell Alejandra Contreras Palacio; por lo que dejó sin efecto el auto de veinticuatro de enero de dos mil veinte, y consecuentemente las actuaciones derivadas del mismo, y se ordenó dictar otro auto en el que se deseche el recurso planteado por quien firmó a nombre de Kristell Alejandra Contreras Palacio, de conformidad con el artículo 108 del código procesal civil, el cual dispone que los escritos deberán ir firmados por las partes o por sus representantes o patronos debidamente acreditados. Luego, del análisis comparativo de las consideraciones que rigen el sentido del acto reclamado, se observa que en la resolución sujeta a estudio se respetó el principio de congruencia que contempla el artículo 324 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco en vigor, pues se resolvió con base en lo solicitado en autos. De igual forma, de la lectura de la resolución reclamada se advierte que la Sala responsable citó los preceptos que estimó aplicables; además, de que expuso los razonamientos adecuados para llegar a la determinación de declarar fundados los motivos de inconformidad hechos valer por el incidentista ahora tercero interesado, la cual además, es clara y está fundada, por lo que se insiste son infundadas las manifestaciones referentes a que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación y que violan el principio de legalidad. Además de lo anterior, se advierte que en el presente juicio de amparo no se formularon los razonamientos lógico jurídicos tendentes a desvirtuar las consideraciones expuestas por la autoridad responsable que le llevaron a declarar la falsedad de la firma del escrito de queja de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, relativo al Recurso de Queja II/2020-II, y en consecuencia, se ordenó dictar otro auto en el que se deseche el recurso de queja planteado por Kristell Alejandra Contreras Palacio, por falta de legitimación e interés jurídico y consecuentemente la nulidad de las actuaciones derivadas del mismo; por lo que, deben subsistir las consideraciones de la sentencia reclamada. Sirve de apoyo la Jurisprudencia I.4o.A. J/48, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, XXV, Enero de 2007, página 2121, bajo el rubro y literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez.". Por otra parte, se reitera que resultan infundados los argumentos expuestos por la parte quejosa en sus conceptos de violación identificados en los incisos a) y c), referentes a que la sala responsable no resolvió el asunto bajo una perspectiva de género en cuanto a que la aquí quejosa Kristell Alejandra Contreras Palacio, se encuentra en una situación de vulnerabilidad por ser mujer. Lo anterior, no obstante que en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención de Belém do Pará", adoptada en la ciudad de Belém do Pará, Brasil, el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro, ratificada por México el doce de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, cuya publicación del decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación ocurrió el diecinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, reconoce el respeto irrestricto a los derechos humanos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; asimismo, establece que la violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades, lo cual revela la preocupación del conglomerado de organismos internacionales, porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. De esta manera, la adopción de la convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, constituye una positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas. Al respecto, el numeral 2° del aludido instrumento internacional, establece que la violencia contra la mujer incluye la denigración física, sexual y psicológica a que generalmente son sometidas en diversos ámbitos, entre ellos incluso en las relaciones con el Poder Estatal. En congruencia con ello, el precepto 4° de la instrumentación internacional en consulta, establece el derecho de las mujeres al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos, entre ellos el derecho a la libertad y a la seguridad personales, el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia, y el derecho de igualdad de protección ante la ley y de la ley, así como el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos. Asimismo, jurisprudencialmente se ha sostenido que el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, que constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad. Así, la obligación de impartir justicia con perspectiva de género debe operar como regla general, y enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante grupos de especial vulnerabilidad, como las mujeres, por lo que el juzgador debe determinar la operabilidad del derecho conforme a los preceptos fundamentales consagrados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, procurando en todo momento que los paradigmas imperantes de discriminación por razón de género no tengan una injerencia negativa en la impartición de justicia; por el contrario, atendiendo precisamente a tales prejuicios o estereotipos, el juzgador debe considerar las situaciones de desventaja que tienen las mujeres, sobre todo cuando es factible que existan factores que potencialicen su discriminación. De ahí que del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Así fue sostenido en la tesis P. XX/2015 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 235, Libro 22, septiembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro electrónico 2009998, que lleva por rubro y texto: "IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA. El reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, que constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad. De ahí que los juzgadores deben cuestionar los estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de uno u otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación, toda vez que el Estado debe velar por que en toda controversia jurisdiccional, donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta se tome en cuenta, a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria. Así, la obligación de impartir justicia con perspectiva de género debe operar como regla general, y enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante grupos de especial vulnerabilidad, como mujeres y niñas indígenas, por lo que el juzgador debe determinar la operabilidad del derecho conforme a los preceptos fundamentales consagrados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, procurando en todo momento que los paradigmas imperantes de discriminación por razón de género no tengan una injerencia negativa en la impartición de justicia; por el contrario, atendiendo precisamente a tales prejuicios o estereotipos, el juzgador debe considerar las situaciones de desventaja que tienen las mujeres, sobre todo cuando es factible que existan factores que potencialicen su discriminación, como lo pueden ser las condiciones de pobreza y barreras culturales y lingüísticas." Así como en la jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 836, Libro 29, abril de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro electrónico 2011430, de rubro y texto: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Sin embargo, la sola circunstancia de que la ahora quejosa sea mujer, no implicó en casos como el estudiado, que la autoridad responsable tuviera que dictar en su favor una resolución favorable a sus intereses, bajo el único argumento de que debe juzgársele con perspectiva de género. Lo anterior porque, como ya se expuso, el juzgar con perspectiva de género está encaminado en todo momento a que los paradigmas imperantes de discriminación por razón de género no tengan una injerencia negativa en la impartición de justicia; y por el contrario, atendiendo precisamente a tales prejuicios o estereotipos, el juzgador debe considerar las situaciones de desventaja que tienen las mujeres, sobre todo cuando es factible que existan factores que potencialicen su discriminación, todo lo cual necesariamente tiene que ser advertido del contexto concreto y particular de cada caso. Por otra parte, es infundado el concepto de violación identificado en el inciso b), en el cual la parte quejosa se duele que la autoridad responsable no haya suplido la deficiencia de la queja conforme a lo establecido en los artículos 487, 488 y 489, fracción II, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco. Lo anterior, resulta infundado en virtud de que contrariamente a lo argumentado por la quejosa puesto que en principio, el contenido en los preceptos legales que invoca establece que todos los problemas inherentes a la familia se considerarán de orden público por constituir ésta la base de la integración de la sociedad y que tratándose de menores y de obligaciones alimentarias, entre otros, el juez está obligado a suplir la deficiencia de la queja en los planteamientos de hecho, de derecho, y demás aspectos de la demanda y de otras promociones legales. En este orden de ideas, si bien la sala responsable no explicitó el haber aplicado suplencia alguna a favor de la ahora quejosa en su carácter de acreedora alimentaria, lo cierto es que la referida suplencia opera en ambas partes contendientes, al involucrarse derechos alimenticios, opera en favor tanto para la parte acreedora de alimentos, como para la parte deudora de los mismos, de ahí que atendiendo al principio de legalidad, no se advierte que haya suplencia que suplir en favor de la quejosa, aunado a que la ahora quejosa tampoco se duele de alguna violación en particular respecto a los planteamientos de hecho o de derecho que la sala responsable haya omitido suplir. Es aplicable a lo anterior, establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia 1a./J. 24/2020 (10a.), que se cita por analogía y que es consultable en la página 316, Libro 78, Tomo I, de Septiembre de 2020, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2022087, de título, subtítulo y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. Los órganos de amparo contendientes examinaron la aplicación de la suplencia de la queja deficiente en favor del deudor alimentario cuando en el juicio de amparo se reclama una determinación en esa materia, con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su hipótesis relativa a los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia, y arribaron a conclusiones contrarias. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que esa hipótesis de suplencia de la queja en el juicio de amparo se actualiza tanto para el acreedor como para el deudor alimentarios. Ello, porque dicho supuesto tiene como finalidad proteger a la familia en su conjunto, como grupo, en los casos en que se puedan ver trastocadas las relaciones familiares o cuando estén involucradas instituciones de orden público, respecto de las relaciones existentes entre sus miembros y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Sobre esa base, los alimentos están reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una institución de orden público e interés social, así como un derecho humano, pues con ellos se garantizan las necesidades básicas de subsistencia de las personas, con un nivel de vida digno y adecuado. De manera que respecto de esa institución jurídica prevalece el deber del Estado, a través de la intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores mediante la aplicación de la suplencia de la queja, a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento en los casos concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal que lo rigen. Por otra parte, dado que la obligación alimentaria tiene su origen primario en relaciones de familia, las decisiones en la materia no están exentas de afectar el desarrollo de dichas relaciones, por lo que si bien tienen un contenido económico, sus implicaciones no son exclusivamente patrimoniales. Por último, no debe estimarse un obstáculo para que opere dicha suplencia a favor del deudor, que con ella coexista también una obligación de suplencia de queja para el acreedor, ya sea con base en el supuesto de minoría de edad, de ser persona con discapacidad, o por la misma protección al orden y desarrollo de la familia, pues el carácter de orden público de los alimentos y su incidencia en el desenvolvimiento de las relaciones familiares, permite que se empalmen esas diversas hipótesis de suplencia para hacer prevalecer la legalidad y la justicia en las decisiones relativas." De igual manera, se advierte que son inoperantes los conceptos de violación identificados en los incisos d) y e), en los cuales la quejosa se manifiesta que si hubiera existido alguna irregularidad en su escrito de queja se le debió mandar a prevenir lo cual no aconteció; asimismo, que la prueba pericial en caligrafía, grafometría y grafoscopía a cargo del ingeniero Marco Antonio Hernández Cutiño anunciada por la parte incidentista no cumplió con los requisitos establecido en los artículos 244, 245, 246, 275,276, 372, 373, 374, 375 del Código Procesal de la Materia, por lo que debió desecharse. Los motivos de inconformidad anteriormente relatados devienen inoperantes, en atención a que constituyen una repetición casi idéntica de los agravios formulados ante el tribunal de alzada, con motivo del incidente de falsedad de firma interpuesto por el ahora tercero interesado en contra del escrito de queja de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, que dio motivo al auto de inicio de veinticuatro de enero de dos mil veinte, dictado por esta Sala Civil en el Recurso de Queja número II/2020-II, interpuesto por la incidentada Kristell Alejandra Contreras Palacio, siendo que dicho agravios no controvierten las consideraciones en que la Sala responsable sustenta la resolución, que constituye lo reclamado en este juicio de garantías, motivo por el que este órgano de control constitucional no puede analizar el fallo de que se trata de manera oficiosa. En efecto, la inconforme en los motivos de disenso que se examinan realiza una reproducción de lo que propuso en contestación a la vista que la sala le dio respecto al incidente de falsedad de firma planteado por el ahora tercero interesado, sin que se haya referido a los razonamientos legales en que se apoya la resolución que constituye el acto reclamado, ni a los fundamentos que le sirvieron al tribunal de alzada responsable para declarar fundados los motivos de inconformidad hechos valer por el incidentista Guillermo Contreras Ricalde, y en consecuencia, declaró falsa la firma asentada a nombre de Kristell Alejandra Contreras Palacio, en el escrito de queja de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, que dio motivo al auto de inicio de veinticuatro de enero de dos mil veinte, dictado por esta Sala Civil en el Recurso de Queja número II/2020-II; por lo que dejó sin efecto el auto de veinticuatro de enero de dos mil veinte, y consecuentemente las actuaciones derivadas del mismo, y se ordenó dictar otro auto en el que se deseche el recurso planteado por quien firmó a nombre de Kristell Alejandra Contreras Palacio; por lo que, no es dable pronunciarse acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de argumentos no impugnados que se mantienen vivos para continuar rigiendo la resolución que se atacó en este medio de control constitucional. Apoya lo considerado, la jurisprudencia II.2°.C. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 845 del Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violación son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el amparo directo civil". Así también, apoya las consideraciones que anteceden, la Jurisprudencia publicada en la página 621, Tomo XII- Julio de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada". Del mismo modo, sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2 Página 731, Décima Época, Materia(s): Común, de rubro y texto siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo." En ese contexto, las consideraciones de la Sala en las que sustentó su decisión, deben continuar rigiendo el sentido de ese fallo. Así las cosas, en la resolución impugnada no se transgredieron en perjuicio de la parte quejosa los derechos fundamentales y garantías previstas por los artículos 14 y 16 Constitucionales. Consecuentemente, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada el siete de diciembre de dos mil veintiuno por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado del Tabasco, en la que declaró la falsedad de la firma del escrito de queja de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, que dio motivo al auto de inicio de veinticuatro de enero de dos mil veinte, dictado por esta Sala Civil en el Recurso de Queja número II/2020-II, interpuesto por la incidentada Kristell Alejandra Contreras Palacio; por lo que dejó sin efecto el auto de veinticuatro de enero de dos mil veinte, y consecuentemente las actuaciones derivadas del mismo, y se ordenó dictar otro auto en el que se deseche el recurso planteado por quien firmó a nombre de Kristell Alejandra Contreras Palacio; esta última ahora quejosa en el presente juicio de amparo; procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados de la Jueza Segundo Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco, al no reclamarse por vicios propios. Cabe señalar que no pasan por desapercibidas las disposiciones legales y tesis en las que se apoya la quejosa en su demanda de amparo, de rubros: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONFORME A LA CONSTITUCIÓN" "TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN EN RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS, DEBEN UBICAR SER A NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN". "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MAS FAVORABLE A LA PERSONA. PRESUPUESTOS PARA SU APLICACIÓN." "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. NO ES UNA CUESTIÓN DE SUBSIDIARIEDAD, POR LO QUE DEBE LLEVARSE A CABO AUN CUANDO EL DERECHO HUMANO DE QUE SE TRATE ESTÉ CONTENIDO EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." "DERECHO ALA EDUCACIÓN. OBLIGACIONES DEL ESTADO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN PARA GARANTIZAR SU EFECTIVIDAD." "DERECHOS HUMANOS RCONOCIDOS TANTO POR LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. PARA DETERMINAR SU CONTENIDO Y ARCANCE DEBE ACUDIRSE A AMBAS FUENTES, FAVORECIENDO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÀS AMPLIA." "SOFT LAW". LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES DESARROLLADOS POR ÓRGANOS INTERNACIONALES ENCARGADOS DE LA PEROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES SON ÚTILES PARA QUE LOS ESTADOS, EN LO INDIVIDUAL, GUÍEN LA PRÁCTICA Y MEJORAMIENTO DE SUS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE VIGILAR, PROMOVER Y GARANTIZAR EL APEGO IRRESTRICTO A LOS DERECHOS HUMANOS." "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÀMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÈLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL." "JURISPRUDENCIA. LA OBLIGATORIEDAD CONSTITUCIONAL DE LA SUSTENTADA POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EXIGE DE LOS JUZGADORES ANÀLISIS Y SEGUIMIENTO PERMANENTES DE LOS MEDIOS INFORMATIVOS QUE LA DIFUNDEN." "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. ES UNA OBLIGACIÓN INELUDIBLE DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL EJERCERLO, AUN DE OFICIO, CUYO INCUMPLIMIENTO VULNERA EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO MEXICANO EN SU CONJUNTO." "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD". " PARÀMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE PREVENIR LOS RELACIONADOS CON EL FONDO DEL ASUNTO A LOS FORMALES, O BIEN, ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO." "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE PREFERIR LOS RELACIONADOS CON EL FONDO DEL ASUNTO A LOS FORMALES, O BIEN, ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO." Sin embargo, las mismas no resultan aplicables al caso, en virtud de que en este fallo, ya se determinó que la resolución impugnada está debidamente fundada y motivada. En ese orden de ideas, es evidente que las disposiciones legales y tesis en las que se apoya la quejosa en su demanda de amparo, no se contraponen con los argumentos que se expusieron al resolver el presente juicio. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En otro orden, toda vez que aun cuando por auto de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 63, 73, 74, 75, 76, 77 y, demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO: La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, contra el acto que reclamó de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por los motivos referidos en el considerando sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.

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