Krissa Yosibeth López Luna

Expediente 234/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
234/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
02/03/2023

Partes del expediente

  • Krissa Yosibeth López Luna
  • Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, Ciudad

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, dos de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, y el contenido de la certificación secretarial asentada en la razón de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que Arturo Omar Gamboa Barrera, quien promovió demanda de amparo a favor de Krissa Yosibeth López Luna, Deysi Marisol Ramírez Delgado, Yuri Jaime Morales Carbajal, Gilma Yaneth García Girón, Luis Alfredo García Flores, María Idalia o Lidia Ángel Ayala, Migdalia Rebeca González Urbina y Evelin Yamilet Estrada Andino, interpusiera recurso de queja contra el proveído de uno de febrero de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada tal demanda, por tanto, con fundamento en los artículos 2o., 97, fracción I, inciso a), 98, párrafo primero y 99 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en materia de amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo 15 del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez cumplidos tres años de haberse dictado este proveído, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Finalmente, se destaca que no obran glosados documentos originales importantes o de valor, y no se abrió cuaderno de incidente de suspensión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Luz Soledad Zamudio Rangel, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. L´LSZR/Laag**

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, uno de febrero de dos mil veintitrés. Vista la constancia actuarial de veintitrés de enero del año en curso, se desprende que ********************y********************, no fueron localizadas en las Estaciones Migratorias del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, según informe proporcionado por ********************, Agente Federal de Migración. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito firmado por los quejosos ********************, así como por el promovente ********************, en el que hacen del conocimiento que dichos impetrantes ya fueron puestos en libertad, allegan los oficios de salida de la estación migratoria para que den cumplimiento a la resolución de salida del país, de treinta de enero de dos mil veintitrés, y solicitan se deseche la demanda. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por NO PRESENTADA la demanda de derechos fundamentales promovida por ********************, a favor de Krissa Yosibeth López Luna, Gilma Yaneth García Giron, Deysi Marisol Ramírez Delgado, Yuri Jaime Morales Carbajal, Luis Alfredo García Flores, María Lidia Ángel Ayala, ********************y********************, y quedan sin efecto las providencias decretadas en auto de veintisiete de enero del presente año. Hágase las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y dése noticia en la estadística. Notifíquese.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta; téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Arturo Omar Gamboa Barrera, a favor de *****************************, ********************y ********************, contra actos del Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 243/2023-6-M, que por razón de turno le corresponde, y fórmese expediente. De la demanda se advierte que los quejosos se encuentran en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta localidad, y como actos reclamados la privación ilegal de la libertad, incomunicación, emisión e intento de ejecución de orden de deportación, expulsión o retorno asistido o voluntario, omisión de la obligación de garantizar el derecho a la defensa efectiva de los directos agraviados, y ausencias de garantía de representación legal oportuna y adecuada, de otorgamiento de permiso de acuerdo a lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Migración, y notificación consular, solicitando el otorgamiento de la suspensión de plano. Ante ello, se precisa que solo se tendrá como responsable al Representante Local de la dependencia antes señalada, por ser hecho notorio que es la encargada del alojamiento de migrantes en esta localidad, sin perjuicio de que los interesados insistan en incluir más autoridades como parte en este asunto. Ahora bien, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para el efecto que de no existir causa legal que lo impida, la autoridad migratoria se abstenga de privar ilegalmente de la libertad, incomunicar, deportar, expulsar o retornar a los directos quejosos a su país de origen, y garantice la representación legal oportuna y adecuada. En cambio, deberá instruirse la inmediata libertad de *****************************, ********************y ********************, hasta en tanto se resuelva en definitiva su situación o trámite migratorio, mediante la satisfacción ante la autoridad responsable de los supuestos siguientes: a) Deberán establecer domicilio o lugar en el que permanecerán, del que no deberán ausentarse sin autorización. b) Comparecer ante la autoridad migratoria cuantas veces sean requeridos para la continuación del procedimiento administrativo de migración. c) Sin que se le requiera garantía alguna, dada la calidad de migrantes. Ello no implica que los quejosos puedan circular libremente por todo el territorio nacional, pues de permitirse esa circunstancia, se contravendría una disposición de orden público, como es el artículo 102 de la Ley de Migración, que dispone que el extranjero sometido a un procedimiento administrativo, con el propósito de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; luego, la medida cautelar únicamente permite a los agraviados circular en esta localidad. También debe mencionarse que la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de tenerlos si los quejosos no acreditan que iniciaron el trámite respectivo para regularizar su estancia migratoria en el país, dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación de este acuerdo, lapso durante el cual no podrán ser detenidos por cuestiones administrativas relacionadas con ese tema. Tampoco surtirá efectos dicha suspensión, si los quejosos, una vez liberados, en lugar de optar por regularizar su situación migratoria en el país, se comprometen a abandonarlo por la frontera sur, por sus propios medios y dentro del término de los treinta días, y la autoridad migratoria demuestra con documento fehaciente que incumplieron con dicha condición, ya sea porque transcurrió dicho lapso sin haber abandonado territorio nacional, o porque posteriormente fueron sorprendidos intentando ingresar a los Estados Unidos de América o luego de ser deportados por autoridades migratorias de ese país. Cabe precisar, que si los quejosos fueron privados de la libertad por la comisión de delito, la suspensión de plano decretada, será para el efecto de que sean puestos en inmediata libertad, siempre y cuando no hubiese existido flagrancia o urgencia u orden de autoridad judicial en la detención de estos. Y, en caso de existir flagrancia o urgencia, el efecto de esta suspensión será para que sin exceder de cuarenta y ocho o noventa y seis horas, según sea el caso, a partir del momento en que los justiciables fueron puesto a su disposición, se ordene su libertad o sean puestos a disposición de las autoridades competentes. En la hipótesis de que la detención no esté ordenada por la autoridad competente, ni se trate de flagrancia o urgencia, o bien de alguna medida cautelar de apremio o sanción administrativa emitida por autoridad competente, la autoridad responsable deberá ordenar la libertad inmediata, sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación correspondiente, lo cual deberá informar en el término de veinticuatro horas precisando la fecha y hora exactas de la detención y libertad o puesta a disposición ante la autoridad competente; lo anterior, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Amparo. Por ello, la autoridad responsable deberá informar a este Juzgado de Distrito inmediatamente, el cumplimiento que haya dado o esté dando a la suspensión de plano otorgada, lo que podrá hacer por correo electrónico a la dirección electrónica institucional 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx, y confirmar su recepción al número 899 926 5163, de lo contrario, se le requerirá por conducto de su superior jerárquico; para tal efecto, envíese copia simple de la demanda a la misma. Apoya lo citado, la tesis I.20o.A.19 A (10a.), del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3551, del rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO." Se previene a la autoridad, que la violación a este mandato judicial equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar; debiendo además, hacer del conocimiento de los quejosos, el derecho que tienen de comunicarse de inmediato con quien estimen conveniente, y se les permita usar el teléfono o cualquier otro medio de comunicación. En ese tenor, mediante oficio que se gire a la autoridad responsable, notifíquesele la anterior determinación para su conocimiento y estricto cumplimiento. Se instruye al Actuario adscrito a constituirse en la Estación Migratoria ubicada en esta ciudad, o en lugar de albergue de extranjeros, para verificar la estancia de los directos agraviados, a fin de notificarles personalmente el presente proveído, con asistencia de traductor en caso necesario, certificando el estado físico en que se encuentren, debiendo levantar acta de ello. Asimismo, los requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días legalmente computado en el caso de no estar ahí, se presenten al local de este órgano de control constitucional y manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias decretadas, conforme a lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de Amparo. Igual determinación se adoptará, en el supuesto de que los directos quejosos no sean localizados como recluidos o albergados en alguno de los lugares que la autoridad responsable destina para tal efecto. En el caso de que los quejosos hubiesen sido puestos a disposición de una autoridad distinta a la responsable, el Actuario deberá acudir al diverso sitio en que se encuentren, para hacerles saber la suspensión concedida en su favor; debiendo requerirlos si es su deseo señalar como responsable a la nueva autoridad a cuya disposición se encuentren, y en tal supuesto, proceder a notificar este acuerdo a la diversa autoridad, para que lo acate en sus términos. Desde ahora, con base en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios de este órgano constitucional para que actúen en horas y días inhábiles si fuere necesario; asimismo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo. De conformidad con la Circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, se autoriza a las partes el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se previene al promovente que en el supuesto de que la parte quejosa no ratifique la demanda por estimar que se presentó sin su autorización o de sus familiares o porque quien promueve o alguien más presentó otra demanda en su nombre, se podrá hacer acreedor, según sea el caso, a multa equivalente a treinta o cincuenta días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente a la fecha, con apoyo en el numeral 240, en relación con el 11, y 259, en relación con el 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Como lo solicita el promovente, se tiene como domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones, así como autorizado en los términos que señala, a los citados en la demanda de amparo. Para la debida integración de la litis, se instruye a los Actuarios adscritos a verificar la denominación correcta de las autoridades que deban ser vinculadas a este asunto, levantando razón para dar vista a la parte quejosa. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado a firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la parte quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese sin demora a la autoridad señalada como responsable para su inmediato cumplimiento, y personalmente a los quejosos. Así lo proveyó y firma Iris Ileana de León Martínez, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos del párrafo primero del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Luz Soledad Zamudio Rangel, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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