Krisbel Beltran Valencia

Expediente 422/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 27 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
422/2023
Año
2023
Actuaciones
27
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Krisbel Beltran Valencia
  • Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con treinta minutos de esta fecha, para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente asunto (foja 163 vuelta); asimismo, que aún no se encuentra transcurriendo el plazo de tres días, concedido en proveído de veinticuatro de noviembre del año en curso (foja 197), con el objeto de que las partes se impongan del contenido de las constancias remitidas por el Director Médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del expediente clínico de ********************, y puedan estar en aptitud de manifestar lo que a su interés legal convenga. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y en su lugar se señalan las once horas del doce de diciembre dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por el Director Médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en esta ciudad, a través del cual atiende el requerimiento realizado en proveído de dieciséis de noviembre del año en curso (fojas 176 a 179), y remite copia certificada de la totalidad del expediente del expediente clínico de ********************. Por tanto, téngase por cumplido el requerimiento de que se trata, dejándose sin efectos el apercibimiento decretado en el mismo. Con apoyo en el numeral 119 de la Ley de la materia, se tiene a la citada autoridad ofreciendo como pruebas de su intención las documentales que anexa a su oficio, mismas que serán relacionadas al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, dese vista a las partes para que se impongan de dichas constancias por el término genérico de tres días a que alude el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito signado por ********************, autorizado de la quejosa ********************, por medio del cual, ofrece pruebas. Por cuanto hace a la documental señalada en el punto 5 del escrito de cuenta, consistente en oficio DAL-1074 de veintitrés de octubre del año en curso, suscrito por Álvaro Gilberto Espíndola Ángeles, Director de Asuntos Laborales de la Agencia Nacional de Aduanas de México, dirigido a la quejosa, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la legislación de la materia, se admite y se tiene por desahogada desde este momento dada su propia y especial naturaleza; ello sin perjuicio de que sea relacionada en la audiencia constitucional que se celebre. Luego, respecto a las diversas probanzas precisadas en los puntos 1, 2 y 3 del escrito que se acuerda, consistentes en informes de autoridad a cargo de los doctores Ernesto Escamilla López, Carlos A. Cáceres Santos y Amparo Lepe Galindo, deben desecharse, por los motivos que enseguida se exponen. En principio, se deja establecido que los médicos nombrados en primer y segundo término, no les reviste el carácter de autoridad con base en lo siguiente: El artículo 5, fracción II, refiere lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]". En efecto, de la interpretación del precepto transcrito, se desprende que en el caso los informes de autoridad que ofrece la quejosa respecto de los doctores precitados, se trata de entes que, no tienen el carácter de autoridad para efectos de la vía constitucional. En ese respecto, se debe precisar que es criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas entre el gobernador y el ente emisor, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que dicho ente señalado como autoridad, actúe en un plano superior al particular. Así, para que una autoridad tenga el carácter de responsable para los efectos del juicio de amparo debe de dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese orden, si bien es cierto los aludidos profesionistas realizan funciones de acuerdo a su profesión, los cual hacen constar en documentos privados, tales como hacer certificados médicos, también lo es que, no lo hace realizando una función de autoridad estatal, por ello, no le asiste la calidad responsables para efectos del amparo. Por tanto, se estima que no se actualiza ninguno de los principios señalados para efectos de ser considerados como actos de autoridad para el juicio de amparo, citados en párrafos que anteceden, como es dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Actuaciones en las cuales los citados profesionistas no actúan en calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino como médicos particulares. Lo anterior, es así, toda vez que de las constancias de autos se advierte, que el doctor Ernesto Escamilla López, se desempeña como Patólogo en el Laboratorio de Análisis Clínicos Especializados del Norte en esta ciudad; y, el médico cirujano Carlos A. Cáceres Santos, labora en la clínica MED-CLINIC, en esta localidad. Por otra parte, tocante a la doctora Amparo Lepe Galindo, la misma se desempeña como médico ginecólogo en la Clínica Hospital "Agosto 12" del ISSSTE en esta población; por lo cual, es la única que tiene el carácter de autoridad. Por lo que, respecto a esta última, es de mencionar que el artículo 121 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 121. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquellos les hubieren solicitado. Si no lo hacen, la parte interesada una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera la audiencia, lo que se acordará siempre que la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. El órgano jurisdiccional hará el requerimiento de que se le envíen directamente los documentos o copias dentro de un plazo que no exceda de diez días. Si a pesar del requerimiento no se le envían oportunamente los documentos o copias, el órgano jurisdiccional, a petición de parte, podrá diferir la audiencia hasta en tanto se envíen; hará uso de los medios de apremio y agotados éstos, si persiste el incumplimiento denunciará los hechos al Ministerio Público de la Federación. [.]" El citado numeral contempla la obligación que tienen los servidores públicos de proporcionar las copias o documentos que las partes, que intervienen en un juicio de amparo, necesiten para ofrecerlos como pruebas en los juicios constitucionales; si estos se negaran, dichos documentos podrán ser solicitados por medio del órgano jurisdiccional; pero, solo cuando el servidor público las negara o, simplemente, no contestara la solicitud; sin embargo, para justificar la intervención del órgano jurisdiccional, el legislador estableció como requisito, que se comprobara que esa documentación fue solicitada con anterioridad. En ese entendido, es que resulta improcedente la solicitud de la quejosa por conducto de su autorizado, pues no se colman los requisitos establecidos en el artículo 121 de la Ley de Amparo, es decir, la oferente de la prueba no acreditó haber hecho esa petición de información directamente ante la autoridad que señaló como doctora Amparo Lepe Galindo, para que le fueran expedidas las documentales en la que conste la información correspondiente y tampoco se advierte que dicha autoridad se hubiere negado a proporcionarle lo peticionado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 79/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. A LA SOLICITUD DE COPIAS O DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO, LE SON APLICABLES LAS REGLAS DEL DIVERSO 119, TERCER Y CUARTO PÁRRAFOS, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PARA SU OFRECIMIENTO. De la interpretación de los artículos 119 y 121 de la Ley de Amparo, se advierten las reglas de los párrafos tercero y cuarto del numeral citado en primer término, que indican que las pruebas que ameritan un desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, y que este plazo no podrá ampliarse con motivo de su diferimiento, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos novedosos; de ahí que, son aplicables a la petición formulada a la autoridad jurisdiccional de requerir la expedición de copias o documentos que obren en poder de un servidor público al que se hubieren solicitado previamente, contenida en el numeral 121 aludido, pues en este caso, el desahogo de la prueba documental requiere preparación, ya que el juzgador deberá emplear los medios que tenga a su alcance para que se exhiban tales probanzas y se incorporen materialmente al juicio de amparo. Ello, porque considerar que cuando la audiencia no tiene lugar en la fecha inicialmente fijada, las partes cuentan con una nueva oportunidad para ofrecer documentales que no tienen a su disposición, contravendría los principios de economía procesal, concentración y expeditez del procedimiento, que delinean el carácter sumario del juicio de amparo indirecto. Por tanto, la solicitud de las partes al Juez de Distrito en términos del artículo 121 mencionado, para que requiera a algún servidor público una prueba documental que, pese a haberla solicitado no han obtenido, debe realizarse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional primigenia, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia." Así como la diversa tesis XXI.1o.91 K del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que refiere: "INFORME DE AUTORIDAD DISTINTA DE LA RESPONSABLE OFRECIDO COMO PRUEBA EN EL AMPARO. CONSTITUYE UN DOCUMENTO Y PUEDE SER REQUERIDO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE LA MATERIA. El informe que, para exhibirse como prueba en el juicio de garantías, se solicita a una autoridad que no tiene el carácter de responsable, respecto de determinadas constancias que obren en sus archivos, con copia de ellas, constituye propiamente un documento porque de esa manera tendrá que rendirlo para hacer constar su existencia o inexistencia y, en su caso, otorgar la copia de las que avalen el informe; en cuya virtud, si se justifica que fue solicitado oportunamente por el interesado y que la autoridad se negó a otorgarlo, procede requerirla por el Juez de Distrito, en términos del artículo 152 de la Ley de Amparo, pues tampoco se trata de una prueba contraria a la moral o al derecho." Requerimiento a autoridad médica No obstante lo anterior, al advertirse de autos que la quejosa directa ********************, fue atendida por la doctora Amparo Lepe Galindo, quien se desempeña como médico ginecólogo en la Clínica Hospital "Agosto 12" del ISSSTE en esta población, según se advierte del certificado médico de veintiuno de octubre de dos mil veintidós (foja 20), sin que obre en autos copia certificada del expediente clínico BEVK950928/20, de la parte quejosa; por ende, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Director de la Clínica Hospital "Agosto 12" del ISSSTE en esta ciudad, a fin de que en el término de tres días, contados a partir de que sea notificado del presente proveído, remita copia certificada, clara y legible del expediente clínico BEVK950928/20, de la parte quejosa ********************, o en su caso, informe el impedimento legal que tenga para ello. Apercibida la autoridad que de no cumplir con lo requerido en el plazo para ello otorgado, se le impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, lo anterior, en términos del artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo, y de conformidad con el artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Notifíquese; y personalmente a la quejosa.

  4. Incidental

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos, el oficio que remite el Director de lo Contencioso y Amparos "3", de la Dirección General Jurídica de Aduanas, de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, con sede en la Ciudad de México, por el que en cumplimiento al oficio*** (foja 240), por medio del cual se le concedió una prórroga de veinticuatro horas a fin de dar cumplimiento a la suspensión definitiva de veinticinco de septiembre del año en curso (fojas 182 a 188), informa que mediante oficio DRH-2722 de trece de septiembre de dos mil veintitrés, el Director de Recursos Humanos de la Agencia Nacional de Aduanas de México, le notificó a la parte quejosa, el oficio por el que se le informa que debe presentarse en la Aduna de Nuevo Laredo, con la finalidad de dar cumplimiento a dicha interlocutoria, para lo cual adjunta la documental a que hace referencia para acreditar su dicho. Este juzgado toma conocimiento de lo anterior. Notifíquese.

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