Krestopher Jonathan Silva Téllez

Expediente 509/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
509/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
03/06/2022

Partes del expediente

  • Krestopher Jonathan Silva Téllez

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 509/2021 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de junio de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en proveído de veintitrés de junio de dos mil veintiuno se ordenó el destino y la destrucción de este expediente; sin embargo, se omitió el archivo del mismo; en consecuencia, se provee: 2. Archivo del cuaderno de antecedentes. Como en este expediente y en la caja de valores de este Juzgado no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; con fundamento en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se ordena el archivo de este cuaderno de antecedentes. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a su destrucción y destino, pues ello, ya se ordenó en auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.509/2021.MESA-4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Admite conflicto competencia. Agréguese el oficio 2393/2021, recibido en línea, con firma electrónica del actuario del Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato, mediante el cual, comunica que dicho tribunal admitió a trámite el conflicto competencial planteado por Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, mismo que registró con el número 18/2021; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 509/2021 MESA 4° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Insiste en declinar competencia. Agréguese el oficio 5438, recibido en línea, con firma electrónica del juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, mediante el cual comunica que: 1) No comparte la determinación adoptada por este Juzgado el doce de mayo de dos mil veintiuno e insiste en declinar competencia a favor de este órgano jurisdiccional, por las consideraciones que vierte en el oficio de cuenta. 2) Por tanto, al estimar que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por *** remitió los autos del juicio de amparo 283/2021-III, de su índice, al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Decimosexto Circuito, con residencia en la Ciudad de Guanajuato, a efecto de resolver el conflicto de competencia presentado con este Juzgado. Lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 509/2021 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de mayo de dos mil veintiuno. 1. Juicio de amparo remitido por incompetencia. Por recibido el oficio número 4391, del juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, al que acompaña, por razón de incompetencia, el juicio de amparo 283/2021, promovido por ***, contra actos del magistrado propietario que Integra la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y de otra autoridad; fórmese expediente impreso y electrónico respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 509/2021. Ahora, vistos los autos de ese juicio de amparo, se advierte que mediante proveído de treinta de abril de dos mil veintiuno, el juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, estimó carecer de competencia legal para seguir conociendo del juicio de amparo de que se trata y declinó competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en turno, con residencia en este municipio, a fin de que se conozca del mismo. 2. Incompetencia legal declinada. 2.1. Antecedentes y argumentos en los que se basa la incompetencia legal declinada. Según constancias existentes (demanda de amparo y acuerdo dictado el treinta de abril del año en curso) en el juicio de amparo 283/2021, que se remite por incompetencia, los antecedentes del asunto son: El quejoso solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, esencialmente, contra: - La resolución dictada en el toca de apelación 16/2021-O, emitida por el magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra la determinación, en la que el juez de Oralidad en Materia Penal de Guanajuato negó la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso en la causa penal IP-06-0618-365, por el delito de homicidio calificado. Por acuerdo de treinta de abril de dos mil veintiuno el juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, determinó carecer de competencia legal, por considerar que las consecuencias derivadas de la determinación que reclama la parte quejosa, surtirán efectos en el lugar en el que el quejoso actualmente se encuentra recluido, esto es, en el Centro Federal de Readaptación Social CPS No. 13 Oaxaca, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción del Juzgado declinante. Por lo anterior, con fundamento en el punto cuatro del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se determinó que la competencia para conocer del juicio de amparo promovido por Krestopher Jhonathan Silva Téllez surte a favor del juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en turno, ya que este último ejerce jurisdicción territorial en el distrito judicial en el que surte efectos las consecuencias derivadas de la determinación reclamada. 3. Análisis de la propuesta planteada. Vistos los motivos expuestos, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, respetuosamente, no comparte el criterio del juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, pues dicho Juzgado es el que debe seguir conociendo de la demanda de amparo, en atención a las siguientes consideraciones: 3.1. Reglas previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Es importante precisar que el artículo 37, de la Ley de Amparo establece: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". En el caso, el juez declinante considera actualizada la primera hipótesis del citado numeral, toda vez que la jurisdicción del domicilio del centro penitenciario en donde se encuentra recluido el ahora quejoso se ubica en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; lugar en el que ejercerse este órgano jurisdiccional. A efecto de dilucidar el criterio de este órgano jurisdiccional, es conviene precisar que el citado artículo 37 de la Ley de Amparo distingue tres reglas para determinar la competencia para conocer de una demanda de amparo, a saber: 1) El juez competente es aquel que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado se ejecute, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; asimismo, 2) Cuando el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y 3) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el juez de Distrito competente será aquél ante quien se haya presentado la demanda. Como se ve, el párrafo primero del numeral 37 de la ley de referencia establece que es competente el órgano que tiene jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado tenga ejecución; empero, en el caso particular es innegable que la ejecución material se ha venido suscitado simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes, siendo en donde deriva la causa penal (Guanajuato) y en donde se encuentra recluido, a saber, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, (Oaxaca); entonces, para saber qué órgano jurisdiccional es legamente competente deberá atenderse a la naturaleza de la medida cautelar y conocer sus efectos. Para ello, es de precisarse que el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la finalidad de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva ya sea oficiosa o justificada, es garantizar con suficiencia: a) La comparecencia del imputado en el juicio; b) El desarrollo de la investigación, y c) La protección de la víctima, del testigo o de la comunidad. De lo anterior se desprende que la ejecución de dicha medida cautelar, en lo particular, se materializa fundamentalmente en dos aspectos: el primero, asegurar la presencia del imputado a través de su detención y, el segundo, asegurar que las etapas del proceso se cumplan en sus términos. Propósitos cuyos efectos influyen en la recta y cabal continuación del proceso penal. De hecho, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 187/2011, en sesión de cinco de octubre de dos mil once, estableció que para fijar la competencia territorial de un órgano de amparo, en los casos -como éste- en los que la ejecución del acto reclamado ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales distintos, pero uno de ellos repercute directa y principalmente en el proceso, se surten circunstancias excepcionales que exigen dar preeminencia a la colaboración entre autoridades judiciales, esto es, entre la del proceso y la que conozca del amparo, convirtiendo a aquélla en la jurisdicción rectora por sobre el lugar de reclusión del quejoso. Lo anterior, con la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichas consideraciones fueron sustentadas en la jurisprudencia J/6 P, 17, del Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, con número de registro 2020882, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE DECRETA COMO MEDIDA CAUTELAR LA PRISIÓN PREVENTIVA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL TRIBUNAL QUE CONOCE DE LA CAUSA PENAL, AUNQUE NO COINCIDA CON LA DEL LUGAR DE RECLUSIÓN DEL QUEJOSO. Cuando en un juicio de amparo se señale como acto reclamado la determinación del Juez de Control en la que decreta la medida cautelar de prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda es el que tiene jurisdicción sobre el tribunal que conoce de la causa penal, aun cuando la jurisdicción no coincida con la del lugar de reclusión del quejoso, pues los efectos de la medida se trasladan directamente al proceso, dado que la prisión preventiva busca garantizar la comparecencia del imputado al juicio, el desarrollo de la investigación y la protección a la víctima, a los testigos y a la comunidad; en tanto que la reclusión física es sólo una consecuencia. Esta interpretación, además, es acorde con el principio de justicia pronta contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal y que busca conservar la unidad del proceso.". Del referido criterio se concluye que si se reclama una determinación, en el caso particular, en segunda instancia, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra la determinación primigenia, en la que el juez de Oralidad en Materia Penal de Guanajuato negó la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta en la causa penal IP-06-0618-365; dicha determinación repercute directamente al proceso, lo cual satisface el supuesto establecido en el citado criterio; esto es, que el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo es aquel que tiene jurisdicción sobre el tribunal que conoce de la causa penal, a saber, el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, que tiene su residencia en el mismo lugar que el juez de la causa, quien instruye al quejoso dicha causa penal, en tanto que se está en presencia de un acto que tiene ejecución material, fundamentalmente, en lo concerniente a la consecución del proceso penal al que el quejoso se encuentra sujeto. 4. No se acepta competencia declinada. Razones por las cuales este órgano jurisdiccional no es legalmente competente para conocer del asunto, por no considerar actualizada la primera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, ya que existe una excepción a la regla general de competencia establecida en el citado numeral, misma que privilegia el principio de justicia pronta contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal y busca conservar la unidad del proceso; circunstancia que se hace del conocimiento del juez federal declinante, para los efectos a que se refiere el artículo 48 de la Ley de Amparo. 5. Se forma cuaderno de antecedentes. Como consecuencia, se ordena devolver el juicio de amparo 283/2021, promovido por Krestopher Jhonathan Silva Téllez, así como cinco copias de la demanda de amparo; fórmese cuaderno de antecedentes, con copia certificada de las constancias relativas; asimismo, se ordena realizar las anotaciones en el libro de gobierno. Solicitando el acuse de recibo respectivo. 6. Autorización al (la) actuario (a) judicial. En esas condiciones, se autoriza al (la) actuario (a) en turno, a fin de que, con anuencia del Consejo de la Judicatura Federal, con las medidas de seguridad debidas y previo procedimiento de autorización que realice dicho (a) fedatario (a) público (a) (envío de oficio y de lista de internos para tener acceso al mismo), se traslade y haga presente en el Centro Federal de Readaptación Social número trece, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en el día de la semana que específicamente se programe para tal fin y notifique personalmente este proveído a la parte quejosa y haga entrega de las constancias respectivas. 6.1. Notificación personal (protocolo seguridad). Se instruye al (a la) actuario (a) que al llevar a cabo la notificación de este acuerdo y los diversos que se emitan en ese expediente, deberá apegarse, de manera estricta, a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal para resguardar la integridad y salud de las partes, como lo determina el primer párrafo de la fracción I del artículo 23 del acuerdo general 21/2020 de que se trata. 7. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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