Krasus, Sociedad Civil

Expediente 4364/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
4364/2014
Año
2014
Actuaciones
6
Última actuación
04/04/2019

Partes del expediente

  • Krasus, Sociedad Civil

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad de México, cuatro de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ************, autorizado de la parte quejosa, por el que solicita copia certificada de la resolución emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en el amparo en revisión 1131/2017; atento a su contenido, dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveído de nueve de agosto de la anualidad pasada, en el que se le autorizó la expedición de las copias que solicita. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Por lista Autoridad responsable Por lista Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Por lista

  2. Principal

    Ciudad de México, nueve de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por Javier Estrada Guadarrama, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2, pónganse a disposición del promovente los autos en los que se actúa, para que pueda obtener a su costa la reproducción material de las constancias que señala, previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos para constancia legal y por conducto de las personas autorizadas para tal efecto. Sin que pase inadvertido que el promovente refiere como número del amparo en revisión 292/2017, siendo éste el que corresponde al Tribunal de origen ya que el número correcto del Tribunal Auxiliar que dictó la ejecutoria es el 1131/2017; precisión que se hace para los efectos legales a que haya lugar. No es óbice a la determinación anterior, el hecho de que ante peticiones similares este juzgador haya ordenado la expedición de copias certificadas citando la jurisprudencia P./J. 37/2008, la cual establece: "COPIAS CERTIFICADAS PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. ESTÁ PROHIBIDO EL COBRO DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE SU EXPEDICIÓN. El derecho fundamental de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comprende, entre otros, los subprincipios de acceso a la tutela jurisdiccional y de la abolición de las costas judiciales y la gratuidad de la justicia, los cuales consisten en la obligación del Estado mexicano de garantizar que todas las personas que lo requieran puedan someter sus conflictos ante los tribunales en condiciones de equidad, y en que el gobernado no debe pagar por la administración de justicia, pues dicho servicio es gratuito. Ahora bien, los indicados principios cobran plena aplicación respecto de la expedición de copias certificadas a cargo de las autoridades, necesarias para la sustanciación del juicio de garantías, en razón de que el artículo 3o. de la Ley de Amparo establece una condición genérica de gratuidad, que no solamente implica la abolición de las costas, sino que se amplía como una prohibición del cobro por la expedición de las copias referidas, incluso por concepto de los materiales necesarios para su reproducción, a condición, desde luego, de que efectivamente sean trascendentes en el amparo respectivo; por tanto, la expedición de las indicadas copias certificadas por parte de las autoridades debe ser completamente gratuita." Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema lleva a considerar que la referida jurisprudencia no es aplicable a los casos en los que -como en el presente- se solicitan copias certificadas de las constancias que obran en el expediente de amparo, toda vez que el criterio jurisprudencial citado fue emitido por el Tribunal Pleno en el supuesto de que el interesado solicite a diversas autoridades copias certificadas para ser exhibidas dentro de un juicio de amparo. Efectivamente, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 35/2005-PL del índice del Tribunal Pleno, de la que derivó la citada jurisprudencia P./J. 37/2008, se razonó que de la interpretación de los artículos 3 y 152 de la abrogada Ley de Amparo, a la luz del principio de efectividad constitucional, la expedición de las copias que son necesarias para la sustanciación del juicio de amparo se rige por la condición genérica de gratuidad, lo que implica la abolición y el cobro de las costas, con el propósito de evitar que quienes acudan a él y no cuenten con recursos económicos suficientes para sufragar las copias que llegaran a necesitar, no vieran truncada esa posibilidad de defensa de sus prerrogativas federales. Incluso, en la fijación del punto de contradicción el Tribunal Pleno señaló que la temática consistía en dilucidar si las autoridades podían o no exigir el pago del costo que implica la expedición de copias certificadas que se solicitan para la substanciación de un juicio de amparo. Es decir, el Máximo Tribunal abordó el estudio respectivo sobre la premisa de que las copias referidas fueron solicitadas a autoridades distintas de la que conocía del juicio de amparo. Por ende, este juzgador considera que la multicitada jurisprudencia P./J. 37/2008, que establece la prohibición de cobro de cualquier contribución por concepto de expedición de copias certificadas, no resulta aplicable cuando se solicitan respecto de las constancias que obran en el expediente de amparo y que se expiden para los fines particulares del promovente -como acontece en la especie-, toda vez que el artículo 3 tanto de la abrogada como de la Ley de Amparo vigente hace alusión a las copias que se piden con el propósito de ser exhibidas para la substanciación de un juicio constitucional. Por las razones anteriores, el suscrito se aparta del criterio que hasta ahora había sostenido en peticiones similares, consistente en que la expedición de copias certificadas de las constancias que obran en autos es gratuita de conformidad con la jurisprudencia P./J. 37/2008; lo que, dicho sea de paso, no genera una contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que prohíbe las costas judiciales, toda vez que la erogación respectiva no se realiza a los servidores públicos a quienes se encomienda la impartición de justicia, sino a los particulares que se encargan de la reproducción material de las constancias del sumario constitucional. Finalmente, una vez que suceda lo anterior, devuélvase el juicio de amparo en que se actúa al archivo del juzgado para su debido resguardo en virtud de tratarse de un asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, nueve de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede y considerando que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de nueve de marzo de dos mil dieciocho, dictada en este expediente; en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la citada ley de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2, se declara que dicha sentencia en la que se sobreseyó y negó el amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Por otra parte, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de depuración, conservándose la demanda y sentencias respectivas, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del mencionado Acuerdo General Conjunto, así como la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en el amparo en revisión; y a juicio del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido acuerdo. Ahora bien, respecto a los cuadernos relativos al incidente de suspensión respectivo manténganse por cuerda separada en términos de lo establecido en el manual señalado en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo, del acuerdo aludido en el párrafo que antecede, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, toda vez que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en los puntos Segundo fracción XV y Vigésimo Primero fracción III, primer párrafo, del Acuerdo General Conjunto en cita, se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se concedió la medida cautelar, debiéndose conservar la determinación o determinaciones correspondientes. Ahora, no obstante que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en el presente asunto no obran documentos originales exhibidos por las partes; sin embargo, toda vez que se exhibieron diversos documentos consistentes en impresiones y/o copias certificadas y/o simples, hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá acudir al local que ocupa este Juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Finalmente, atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente de que se trate. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    ... Por lo expuesto y fundado se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio respecto de los actos y autoridades relacionados en el considerando tercero; los actos que se atribuyen al Secretario de Gobernación y al Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación; así como respecto del artículo Cuadragésimo Tercero Transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014; las reglas I.2.8.6, I.2.8.7 y I.2.8.8, de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, así como su Anexo 24, apartados A y B; el artículo Tercero de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014; las reglas I.2.8.1.6, I.2.8.1.7 y I.2.8.1.8, y resolutivo Décimo Cuarto de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014; las reglas I.2.8.1.6, I.2.8.1.7, I.2.8.1.8, y resolutivos Tercero y Cuarto de la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, así como su Anexo 24; las reglas 2.8.1.4, 2.8.1.5, 2.8.1.9, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 y los resolutivos Cuarto y Décimo de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, especificadas en el considerando quinto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***********************, respecto de los artículos 28, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece y artículos 33 y 34, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil catorce, acorde a los razonamientos expresados en el último considerando. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.

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