Korina Paulina Pérez Estrada

Expediente 1043/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1043/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
20/10/2016

Partes del expediente

  • Korina Paulina Pérez Estrada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    VII. Toluca, Estado de México; veinte de octubre de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que las partes, dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrieron la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, que sobreseyó en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha quedado firme. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso segundo, inciso XXI). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya Garcia, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    VII) V I S T O para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1043/2016-VII, promovido por KORINA PAULINA PÉREZ ESTRADA, contra actos del COORDINADOR ESTATAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda Mediante escrito presentado el siete de julio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Toluca, y turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, KORINA PAULINA PÉREZ ESTRADA, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y el acto siguiente: "III.-AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES.- El M. en C. Jorge Alejandro Neyra González, Coordinador Estatal del Servicio Profesional Docente, de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de México." IV.- LA NORMA GENERAL, ACTOS U OMISIONES QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: 1.-El oficio de fecha 18 de marzo de 2016, expediente número 16/2016, signado por el M. en C. Jorge Alejandro Neyra González, Coordinador Estatal del Servicio Profesional Docente, de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de Estado de México, mediante el cual se me citó a garantía de audiencia respecto de la supuesta omisión de presentar la evaluación para la permanencia, en el cual se afirma que fui notificada el 20 de junio de 2016, por medio de correo electrónico, para realizarse el 15 de julio de 2015. 2.-La resolución de fecha 05 de abril de 2016, signada por el M. en C. Jorge Alejandro Neyra González, Coordinador Estatal del Servicio Profesional Docente, de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de Estado de México, mediante la cual determinó dar por terminados los efectos de mi nombramiento. 3.-La resolución de fecha 8 de junio de 2016, emitida por el C. Jorge Alejandro Neyra González, Coordinador Estatal del Servicio Profesional Docente, de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de Estado de México." SEGUNDO. Derechos Humanos vulnerados La parte quejosa estimó violados en su perjuicio el derechos previsto en los artículos 1, 14, 16, 17, 123, apartado "B" fracción IV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda Por acuerdo de cinco de agosto de dos mil dieciséis, se admitió parcialmente a trámite la demanda de garantías presentada por KORINA PAULINA PÉREZ ESTRADA, por cuanto hace a los actos reclamados referidos en los inciso "1 y 3", desechándose por extemporáneo el señalado en el inciso "2"; registrándose en el Libro de Gobierno con el estadístico 1043/2016-VII, se solicitó el informe justificado a la responsable, se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para efectos del último párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el diverso 52, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues los actos reclamados provienen de autoridad administrativa con residencia oficial dentro del ámbito de competencia territorial de este juzgado de distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado Ante todo, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente y a fin de estar en aptitud de resolver la cuestión planteada, debe precisarse que de la lectura de la demanda de garantías el acto reclamado consiste en: El oficio de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, mediante el cual se citó a la quejosa a su garantía de audiencia respecto de la supuesta omisión de presentar la evaluación para la permanencia como docente; y, La resolución de ocho de junio del presente año, que resuelve el recurso de revisión hecho valer por la quejosa en contra de la determinación que da por terminados los efectos de su nombramiento como docente de la escuela primaria Doctor Salvador Allende, turno matutino, C.C.T 15DST15251. TERCERO. Certeza o inexistencia del acto reclamado El Coordinador Estatal del Servicio Profesional Docente del Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó los actos que se le reclaman (fojas 61 a 65). CUARTO. Causas de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia son una cuestión de orden público que deben estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia, haría innecesario el examen de la litis constitucional planteada. En tales condiciones, este juzgado de distrito considera que respecto a los actos reclamados debe sobreseerse el juicio en términos del artículo 63, fracción V, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o, fracción I, y 5o, fracción II, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (...)" En la especie, la peticionario de amparo reclama el oficio de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, mediante el cual se le citó a su garantía de audiencia por no haber presentado la evaluación para la permanencia como docente; y, la resolución de ocho de junio del presente año, que resuelve el recurso de revisión hecho valer por la quejosa en contra de la determinación que da por terminados los efectos de su nombramiento. Ahora bien, es importante traer a colación el contenido del artículo 83 Ley General del Servicio Profesional Docente, que señala: "Artículo 83. Las relaciones de trabajo del personal a que se refiere esta ley con las autoridades educativas y organismos descentralizados se regirán por la legislación laboral aplicable, salvo por lo dispuesto en esta ley. El personal que sea separado de su encargo con motivo de la aplicación de esta ley podrá impugnar la resolución respectiva ante los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral." De la interpretación de dicho precepto se puede advertir que las relaciones entre el personal a que se refiere la Ley General del Servicio Profesional Docente con las autoridades administrativas y organismos descentralizados, se regirán con la legislación aplicable cuando los docentes sean separados de su encargo con motivo de la aplicación de dicha ley, debiendo impugnar las determinaciones relativas a su separación ante los órganos jurisdiccionales competente en materia laboral. Por tanto, los actos reclamados no revisten las características de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que lo reclamado por el quejoso, en última instancia, es la separación definitiva de su plaza como docente, lo que deja ver que la relación que existe entre la promovente y la pretendida autoridad responsable, es meramente de carácter laboral, misma que tiene su origen en un vínculo obrero-patrón y no gobierno-gobernado, en la que se entabla una relación entre particulares actuando en un mismo plano, es decir, en igualdad. Luego entonces, el juicio de amparo no es el medio para impugnar tal acto, pues en tal caso, la peticionaria tiene a su alcance la vía procesal ordinaria, ante las autoridades del trabajo competentes para hacerlo valer, en la cual podrá exponer cualquier acto que haya traído consigo la separación definitiva de su encargo, pues como se estableció, el vínculo que existe entre la ahora quejosa y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, es de naturaleza obrero patronal, revistiendo en tales circunstancias actos meramente de particulares, por lo que, en el caso, las autoridades referidas como responsables no actúan con potestad de imperio en los actos que reclama la parte recurrente; de ahí que la demanda deba desecharse en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. Criterio que se robustece con la jurisprudencia : P./J. 32/2015 (10a.), emita por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 6, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO DE AUDIENCIA. Los artículos citados, al establecer los supuestos de cesación o readscripción de los docentes que hayan obtenido por tercera vez un resultado desfavorable en la evaluación, no vulneran su derecho de audiencia, toda vez que de la lectura integral de la Ley General del Servicio Profesional Docente se advierte que si algún docente estima que no se le aplicó correctamente el proceso de evaluación tiene a su alcance el recurso de revisión previsto en los artículos 80, 81 y 82 de la propia ley, o bien, el juicio en sede contenciosa administrativa, en el entendido de que si lo que impugna es la separación del servicio, ésta sólo será reclamable a través del juicio ante las autoridades jurisdiccionales en materia laboral." Ahora bien, no obstante que los particulares pueden tener el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, tal como lo establece el numeral 5o., fracción II, segundo párrafo, de la ley de la materia, ello no implica que la vía constitucional intente sustituir la jurisdicción ordinaria o el agotamiento de los elementos procesales respectivos, pues lo que el legislador expone, es que el reconocimiento de los actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por el quejoso, y la posibilidad de evaluar el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales; y, por tanto, deberá hacerlos valer por la vía ordinaria ante la autoridad correspondiente. En apoyo de lo expuesto, resulta aplicable, en su esencia, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, en la tesis P. XXVII/97, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 118, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." No resulta necesario el estudio de las causales de improcedencia hechas valer por la autoridad señalada como responsable, en virtud de que basta una que traiga consigo el sobreseimiento del asunto. Sin que obste a la consideración anterior, la jurisprudencia invocada por la quejosa, emitida por contradicción de tesis por Plenos de Circuito con rubro "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LA CITACIÓN Y SU NOTIFICACIÓN DERIVADA DE LA ORDEN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ POR LA QUE EL PLANTEL EDUCATIVO CORRESPONDIENTE CONVOCA A UN MAESTRO AL INICIO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN OBLIGATORIA DE DESEMPEÑO DOCENTE, CONFORME A LA LEY GENERAL RELATIVA, CONSTITUYEN UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", toda vez que la ejecutoria refiere que será autoridad para efectos del amparo aquella que cite a una persona que forme parte del servicio profesional docente a efecto de ser convocada al inicio del proceso de evaluación obligatorio de su desempeño, en el que tiene como características: - La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. - Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. - Que emita actos unilaterales en virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. - Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Como puede advertirse de lo anterior, será autoridad responsable para efectos del amparo, siempre y cuanto el acto destacado se enmarque dentro del procedimiento de separación, no así cuando lo reclamado sea la separación misma, lo cual, como se dijo, es un acto laboral que no implica el imperio de una autoridad. Finalmente, es de mencionar que no procede ocuparse del análisis de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa en cuanto al acto de autoridad que reclama, en razón de que estos aspectos corresponden al estudio de fondo, lo que no es dable verificar, si se resuelve sobreseer en el presente juicio de amparo, como en la especie sucedió, porque con ello se impide juzgar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de tal acto. Sustenta lo anterior la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página: 57, Materia(s): Común, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 70, Octubre de 1993, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, 79 y 155 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por KORINA PAULINA PÉREZ ESTRADA, en contra de los actos y autoridad mencionados en el considerando segundo y tercero, en términos del considerando cuarto de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México Breyman Labastida Martínez, quien actúa con la Secretario Carolina Denysee Villagrán Salinas, que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; dos de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta de la cual se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista a las diez horas con cuarenta y cinco minutos de hoy, tal como se precisó en auto de cinco de agosto del año en curso (fojas 53 a 57); sin embargo, se encuentra transcurriendo el plazo de tres días concedido a la autoridad responsable Coordinador Estatal de Servicio Profesional Docente del Estado de México, en auto de treinta y uno de agosto pasado, para remitir copias certificadas del procedimiento administrativo 16/2016. En tales condiciones, a fin de que se cumplimente lo anterior e integrar debidamente el sumario constitucional en que se actúa y no violar las reglas rectoras del juicio de amparo, la audiencia constitucional prevista para esta fecha se difiere y, en su lugar, se fijan las once horas con veinticinco minutos del veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida MArtínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas, que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. En términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes manifiesten lo que a su derecho e interés convenga, agréguese a los autos el oficio signado por el Coordinador Estatal de Servicio Profesional Docente del Estado de México, por medio del cual rinde su justificado. Con él hágase nueva relación en la audiencia constitucional. Con apoyo en lo previsto en el artículo 9 del ordenamiento jurídico invocado, se tienen como delegados de la autoridad oficiante a las personas que nombra y con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones, siempre y cuando coincida con el de su oficina principal. Ahora, del informe de cuenta se advierte que existe un procedimiento administrativo instaurado a la quejosa, marcado con el número 16/2016, el cual no adjunta la oficiante; de conformidad con el párrafo tercero del numeral 75 de la Ley de Amparo, el cual prevé la facultad que se confiere a los jueces de Distrito para recabar de oficio el documento que contenga el acto combatido y lo que prevé el artículo 117 de dicho ordenamiento, se requiere al Coordinador Estatal de Servicio Profesional Docente del Estado de México, por el plazo de tres días, inserto en la fracción II del numeral 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera de las legislaciones invocadas, para que remita copia certificada de la totalidad de las constancias que integra el procedimiento administrativo instaurado a la quejosa, marcado con el número 16/2016. Se estima aplicable, la tesis publicada con el número 1. 2o. A. J/11, en la página 643, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1988, Octava Época, cuyo rubro es: "ACTO RECLAMADO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA RECABAR DE OFICIO EL DOCUMENTO QUE LO CONTENGA, ATENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 78, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO." Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento al anterior requerimiento, se le hará efectivo el apercibimiento decretado en auto admisorio de cinco de agosto del año en curso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.

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