Kleber Fabian Ayala Yugsi

Expediente 36/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
36/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
20/01/2023

Partes del expediente

  • Kleber Fabian Ayala Yugsi
  • Thalia del Pilar Oto Vizcaino

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de enero de dos mil veintitrés.********************Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de once de enero de dos mil veintitrés, en el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo haya hecho valer. ********************Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes.********************En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido.********************Al estar este expediente completamente concluido, de conformidad con los artículos 15 y 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, y es susceptible de destrucción después de transcurridos tres años; sin que sea necesario requerir al promovente la devolución de documentos originales al no obrar en autos.********************Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General.********************Notifíquese electrónicamente a la parte promovente.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de enero de dos mil veintitrés. Radicación.Visto lo de cuenta; fórmese expediente y regístrese la demanda de cuenta con el número 36/2023 que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo indirecto que se lleva en este Juzgado. Cuestiones preliminares.En ese tenor, de la demanda de cuenta se advierte que **, a favor y en nombre de ********, reclama:(El aseguramiento, alojamiento, detención y/o privación ilegal de la libertad de los directos quejosos; así como su deportación, expulsión o repatriación y su ejecución fuera de procedimiento en relación con la garantía o derecho de audiencia.Desechamiento de la demanda. El suscrito juzgador Federal advierte que respecto de la demanda de amparo promovida por ****, a favor y en nombre de ******, en la que se reclamó al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Puebla, el aseguramiento, alojamiento, detención y/o privación ilegal de la libertad de los directos quejosos; así como su deportación, expulsión o repatriación y su ejecución fuera de procedimiento en relación con la garantía o derecho de audiencia, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6 y 15, interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, por lo que, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo.Se explica.Los citados preceptos disponen:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. .. Artículo 15. ... (.) " De los preceptos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo: Únicamente puede promoverse por parte de la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado; Se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal; y, Puede promoverse por cualquier persona, incluso, por un menor de edad, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo.Conforme al contenido de las anteriores hipótesis normativas, se aprecia que la legislación reguló en el artículo 6 de la Ley de Amparo, tanto la legitimación activa en la causa, como la legitimación activa en el proceso, e incluso la personalidad.La legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de en el proceso y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud de hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquellos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción.En tanto, que la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho substantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide el órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo.Cobra aplicación la siguiente tesis:"LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. ....De lo antes señalado, se advierte que, la legitimación en el proceso, es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. En este orden de ideas, la hipótesis normativa prevista en el artículo 6° de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, adopta el concepto de la legitimación procesal activa, pues como se dijo, esta última consiste en una potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio; y en el juicio de amparo, tal potestad legal corresponde desde luego a la parte directamente afectada, a los representantes legales del quejoso, al defensor cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal, y a cualquier persona en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo.Entonces, la propia interpretación literal del citado numeral, permite establecer que el juicio de amparo indirecto no puede promoverse por persona distinta de aquella a quien perjudique el acto reclamado, o que no sea su representante legal o su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal o que no se ubique en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo.En efecto, el referido artículo 15, establece la posibilidad de que cualquier persona, aunque sea menor de edad, promueva el amparo a nombre de la persona física afectada por la norma general o el acto reclamado, sin embargo, dicha hipótesis requiere necesariamente dos requisitos, a saber:1). Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y,2). Que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover directamente el amparo.Sentado lo anterior, en primer lugar conviene señalar que de la totalidad de la demanda de amparo no se advierte que los directos quejosos *****, se encuentren incomunicados o impedidos para presentar la demanda de amparo, pues si bien es cierto el promovente aduce que se encuentran privados de su libertad fuera de procedimiento, eso no significa que los quejosos estuvieron o estén impedidos para signar la demanda de amparo. Entonces, si bien se reclama el aseguramiento, alojamiento, detención y/o privación ilegal de la libertad de los directos quejosos; así como su deportación, expulsión o repatriación y su ejecución fuera de procedimiento en relación con la garantía o derecho de audiencia de los directos quejosos, actos que se encuentran previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, y por ende, se puede tener por cumplido el primer requisito -antes señalado- para que cualquier persona promueva en nombre del directo quejoso, lo cierto es que el segundo requisito no se tiene colmado, ya que éstos debieron encontrarse imposibilitados para promover directamente el amparo.Por lo que, si bien los quejosos directos *********, se encuentran privados de su libertad, ello no quiere decir que estuvieran o estén incomunicados o tengan impedimento alguno para firmar la demanda de amparo que se analiza, ya que alguna persona o abogado pudo acceder a las instalaciones de detención o alojamiento y recabar las firmas, ya que no hay motivo para determinar, como ya se dijo, que se encontraban o encuentran incomunicados.Lo anterior evidencia, que no se acredita el segundo requisito previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que permite que cualquier persona, inclusive un menor de edad, pueda promover la demanda de amparo a nombre de otro, toda vez que la legitimación en la causa, para promover el juicio de amparo indirecto, en términos del citado precepto legal, requiere, como se dijo, que se cumplan dos requisitos esenciales, primero, que se reclamen actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y, segundo, que el afectado esté imposibilitado para hacerlo directamente (lo que no ocurre en el presente caso).Así las cosas, se advierte que no existió legitimación procesal para instaurar la presente demanda de amparo en favor de los quejosos directos **********, porque no estuvieron imposibilitados para ejercer la acción constitucional; por ende, no existió razón que les impidiera promover personalmente en lo individual o por conducto de representante legal. En consecuencia, procede desechar de plano la demanda de amparo respecto de los quejosos directos ********* por la manifiesta e indudable improcedencia de la demanda de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Orienta esta determinación, la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Abril de 2006, página 1051, novena época, con número de registro 175298, la cual no ha sido superada, que dice:"LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN EL AMPARO. NO DEBE PREVENIRSE AL PROMOVENTE SI NO ES TITULAR DEL DERECHO VIOLADO O DESCONOCIDO CUYA TUTELA PRETENDE A TRAVÉS DEL JUICIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que al tenor de la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, página 48, si el juzgador federal advierte que la representación con que se ostenta el promovente del juicio de amparo no está debidamente justificada, debe prevenirlo para que satisfaga el requisito omitido; también lo es que tal obligación no se actualiza cuando quien pide amparo no tiene legitimación en la causa, por no ser titular del derecho violado o desconocido cuya tutela pretende a través del juicio de control constitucional, esto en virtud de que, aun cuando se trata de un presupuesto procesal, no es de aquellos que puedan enmendarse o satisfacerse durante el procedimiento, dado que si la ley no otorga al sujeto el derecho de ser parte quejosa, por más que se le previniera para que demostrara tener tal carácter, tarde o temprano tendría que sobreseerse de conformidad con los artículos 73, fracción XVIII y 4o. de la Ley de Amparo¨.AutorizadosSe tienen como autorizados de la parte promovente, con facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a *********ya que cuentan con cédulas profesionales de licenciados en Derecho emitidas por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, según se advierte de la página de internet Domicilio (Notificaciones electrónicas).Como lo solicita el promovente, en atención a que de una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se advierte que sus autorizados ************, son titulares de los usuarios: "***********", los cuales se encuentran vigentes; con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 del AG12/2020, se otorga a la parte promovente el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.Por otra parte, con base en lo dispuesto por los artículos 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo, así como en lo preceptuado en los numerales 34 a 41 y 55 a 67 del referido AG12/2020, realícense las notificaciones que le correspondan al promovente mediante los usuarios: "***********", los cuales se encuentran vigentes y de los cuales sus autorizados son titulares.Signifíquese a la parte interesada que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 13 y 64 del acuerdo aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo.Asimismo, deberá tomar en cuenta que el trámite que se dará a su aviso de falla, se seguirá según el procedimiento previsto en los últimos dos preceptos referidos del acuerdo general.Hágase del conocimiento del Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este juzgado, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes.Autorización de uso de medios electrónicos.Por otra parte, en cuanto a su solicitud de tomar fotografías del presente expediente; al respecto, se acuerda procedente dicha solicitud, atendiendo a las siguientes consideraciones:Hágase de su conocimiento que deberán ajustarse a lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, respecto a la asistencia de personas mediante el programa para la generación de citas, al que se refiere en el capítulo II y, una vez que se acuda a la cita asignada, se podrá hacer uso de cualquier medio electrónico para la toma de las fotografías que solicita, a través de las personas autorizadas para tal efecto.De conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad.Asimismo, debe indicarse a dicha parte procesal, que para la hipótesis de que se solicite copiar a través de los medios citados, sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a las demás partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga.Cobran aplicación las siguientes tesis de rubros:"REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.""ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL)."Se habilitan días y horas inhábiles.Atento a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento.Autorización zona conurbada. ...Transparencia y acceso a la información pública...Notifíquese electrónicamente al promovente.

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