kiryataim Pineda López y Otros.
Expediente 1141/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1141/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- kiryataim Pineda López y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio remitido electrónicamente por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, mediante el cual informa que admitió el recurso de queja 263/2023, interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, dictado por este juzgado federal; en consecuencia, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa ante el Secretario Iván Martínez González, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, mediante el cual la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, vía acuse de recibo, remite la boleta de turno correspondiente, en la que se describen los datos del juicio de amparo ******************** del índice de este juzgado federal, respecto del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa. Asimismo informa que el mismo fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativo del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, Guerrero; agréguese a los autos para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa ante el Secretario Iván Martínez González, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado por la parte quejosa Kiryataim Pineda López; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, párrafo primero y 100 de la Ley de Amparo, téngase a dicha parte por interpuesto el recurso de queja que refiere en contra del auto de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con apoyo en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase el original del juicio de amparo en que se actúa y copia del escrito de queja al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en turno, con sede en Acapulco, Guerrero y ríndase informe justificado, para lo cual se manifiesta que es cierto el acto reclamado, toda vez que mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, dictado en autos del juicio de amparo al rubro indicado, se desechó la demanda de amparo promovida por Kiryataim Pineda López, por propio derecho, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, con residencia en esta ciudad. Para justificar lo anterior, se remiten copias certificadas de las constancias relativas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa ante el Secretario Iván Martínez González, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Kiryataim Pineda López, por propio derecho, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, con jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, con residencia en esta ciudad. Registro demanda, tramitación e integración del expediente electrónico y físico. Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número 1141/2023-F, que le corresponde. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese el expediente electrónico, y en lo conducente el expediente físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone la facultad de los órganos jurisdiccionales para desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Entonces, es ineludible precisar que conforme al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, o sea, ni aun cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." En ese contexto, del análisis integro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la determinación de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, en la que se negó declarar como prueba ilícita el dictamen pericial en Ginecología emitido por la Doctora Jade Cruz Blanco, de siete de enero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal C-189/2021. En efecto, por lo que respecta al acto reclamado antes mencionado, como se dijo, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, así como los diversos numerales 113, 171 y 172, fracción V, del mismo ordenamiento legal, que en su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo." Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [...] V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad". De la lectura armonizada de los dispositivos legales transcritos, se desprende la notoria improcedencia de la demanda en estudio, en virtud de que el acto reclamado por el peticionario del amparo, consiste en la resolución en la que se negó declarar como prueba ilícita el dictamen pericial en Ginecología emitido por la Doctora Jade Cruz Blanco, de siete de enero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal C-189/2021. En ese sentido, el acto antes destacado no es de aquellos de ejecución irreparable para la procedencia del juicio de amparo biinstancial atento a la hipótesis prevista por la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, antes transcrita, en relación con el diverso artículo 107, Constitucional, fracción III, inciso b), que dice: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.-.. II.-.. III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales y administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).. b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan,..." De la interpretación sistemática y armónica de dichos normativos, se llega a la reflexión que el juicio de amparo procede ante un juez de distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; irreparabilidad que se refiere a una verdadera ejecución material que debe perdurar independientemente y a pesar del sentido del fallo final; destacándose que los actos de carácter procesal sólo tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre, como lo es, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, ya que esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente solamente con el hecho de que quien la sufra obtenga sentencia favorable en sus pretensiones en el juicio. Pues en el caso propuesto, el acto reclamado por el peticionario de amparo constituye una violación procesal cometida dentro de la secuela del proceso, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos en la determinación por la cual se negó declarar como prueba ilícita el dictamen pericial de siete de enero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal C-189/2021; toda vez que no conculca en modo alguno sus derechos fundamentales que tutela la Constitución Federal de la República a través de las garantías individuales, como lo son la libertad, integridad física, posesiones o derechos, sino la violación de derechos adjetivos que ocasionan únicamente efectos formales o intraprocesales dentro del juicio laboral de origen. Al no contraponerse al texto vigente de la Ley de Amparo, se cita en forma ilustrativa, así como por las razones que la integran, la tesis I.3o.C.82 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable con el registro 170463, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, enero de 2008, novena época, página 2812, cuyo rubro y texto son: "PRUEBAS. LAS VIOLACIONES COMETIDAS RESPECTO DE LA FORMA Y MEDIOS DE RECIBIRLAS NO SON MATERIA DE AMPARO INDIRECTO. Este Tribunal Colegiado abandona el criterio sustentado en la tesis aislada de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-2, enero a junio de 1988, página 557, de rubro "PRUEBAS, LAS VIOLACIONES COMETIDAS RESPECTO DE LA FORMA Y MEDIOS DE RECIBIRLAS SE RECLAMAN EN AMPARO.", porque de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, el amparo indi recto procede cuando el acto reclamado está dictado dentro de juicio y tiene una ejecución cuyos efectos sean de imposible reparación; por tanto si el acto reclamado consiste en la forma y medios para recibir y desahogar una prueba, salvo que afecte un derecho sustantivo, no puede desligarse de su admisión y desahogo, que en su caso afecta un derecho procesal que no surte la procedencia del amparo indirecto, porque para que éste proceda, respecto de un acto dentro de juicio es indispensable que la consecuencia directa e inmediata afecte un derecho sustantivo, o que afecte un derecho procesal de carácter predominante o superior." Ahora bien, las determinaciones en que se admiten medios de prueba -en este caso a la representación social-, así como su posterior inclusión en el auto de apertura a juicio; no son de aquellos actos que violen derechos sustantivos, dado que, en la sentencia que se dicte en el proceso penal, eventualmente y atendiendo a lo que haga valer el quejoso en la etapa de juicio, cuando los medios de prueba admitidos trastoquen derechos fundamentales, puede existir una declaratoria de ilegalidad o ilicitud de los mismos, caso en el cual, las violaciones que alega no dejarían ninguna afectación a su esfera jurídica; de ahí que, sea improcedente el juicio de amparo indirecto contra los actos que en esta vía se reclaman. Es aplicable la jurisprudencia PC.XVII. J/29 P (10a.), registrada con el número 2022565, visible el Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 1154, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 1154, que dice: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, CONSISTENTES EN LA ACEPTACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR ALGUNA DE LAS PARTES, EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. Hechos. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si es procedente el juicio de amparo indirecto contra la determinación del Juez de Control en la etapa intermedia, de admitir medios de prueba, arribando a conclusiones distintas, pues uno consideró que, por regla general, es procedente por afectar en forma preponderante y superior los derechos sustantivos de acceso a la justicia y defensa adecuada y los restantes concluyeron que no es impugnable a través de ese medio de control constitucional, porque no implica un acto de ejecución irreparable. Criterio jurídico: Las determinaciones del Juez de Control, relativas a la aceptación de los medios de prueba ofrecidos por alguna de las partes -o a la forma en que se pretendan recibir o desahogar-, por regla general, constituyen actos de naturaleza intraprocesal que no son susceptibles de impugnarse en el amparo indirecto. Justificación: Lo anterior es así, ya que con esas actuaciones normalmente no se violan derechos sustantivos contenidos en la Constitución General, sino sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, los cuales no generan la afectación extrema que obligue a efectuar un inmediato análisis de la constitucionalidad de los actos procesales en cuestión; por tanto, no se ubican dentro de los actos de imposible reparación que como categoría excepcional del juicio de amparo prevén los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Ello pues una de las principales funciones del Juez de Control durante esta etapa, consiste en asegurarse de que durante la investigación no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado y, en su caso, garantizar que las consecuencias de éstas no se trasladen a la etapa de juicio oral, por lo que esta etapa resulta el momento procesal idóneo para que éste haga valer sus inconformidades. De ahí que al momento de desahogar la prueba ante el Juez o tribunal de enjuiciamiento, dada la naturaleza híbrida del acuerdo de apertura a juicio oral, se reconoce la relación ineludible entre los aspectos vinculados con la motivación aplicada para admitir la prueba y aquellos que puedan derivar del debate para su desahogo; en consecuencia, estos últimos pueden ser valorados en la Justificación: Lo anterior es así, ya que con esas actuaciones normalmente no se violan derechos sustantivos contenidos en la Constitución General, sino sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, los cuales no generan la afectación extrema que obligue a efectuar un inmediato análisis de la constitucionalidad de los actos procesales en cuestión; por tanto, no se ubican dentro de los actos de imposible reparación que como categoría excepcional del juicio de amparo prevén los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Ello pues una de las principales funciones del Juez de Control durante esta etapa, consiste en asegurarse de que durante la investigación no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado y, en su caso, garantizar que las consecuencias de éstas no se trasladen a la etapa de juicio oral, por lo que esta etapa resulta el momento procesal idóneo para que éste haga valer sus inconformidades. De ahí que al momento de desahogar la prueba ante el Juez o tribunal de enjuiciamiento, dada la naturaleza híbrida del acuerdo de apertura a juicio oral, se reconoce la relación ineludible entre los aspectos vinculados con la motivación aplicada para admitir la prueba y aquellos que puedan derivar del debate para su desahogo; en consecuencia, estos últimos pueden ser valorados en la sentencia, dando lugar a una eventual declaratoria de ilegalidad o ilicitud, cuando trastoquen derechos fundamentales". Criterio que, en esencia, establece que tratándose de la admisión probatoria en la etapa intermedia del proceso penal de corte adversarial, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, en virtud que tiene una ejecución de imposible reparación, es decir, no afecta de manera directa derechos sustantivos. Además, no debe soslayarse que violaciones procesales, que sólo produzcan una afectación de esa naturaleza, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, no pueden ser sujetas al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. Máxime que, como ya se dijo, el acto que reclama no afecta sus derechos sustantivos, toda vez que deviene de una violación procesal acaecida en el procedimiento, lo cual podrá hacer valer a través del amparo directo en su momento procesal oportuno. Lo anterior se determina así, en virtud de que tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal a través del amparo directo, que al efecto promueve contra la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto por los numerales 171 y 172, fracciones V y XII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. En mérito de lo expuesto, se desecha la demanda de amparo propuesta, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio y Autorizados. Téngase como domicilio el que señala en su escrito de demanda y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ismael Adrián Gomezcaña Sánchez, Asucena Candia Bruno y Nevio Ángel Luna, en virtud de tener registrada cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que indica, por no contar con cédula registrada y por así haberlo solicitado expresamente. Se autoriza el usuario para consulta electrónica del expediente. Como lo solicita el promovente, y toda vez que proporciona el usuario: "IAGOMEZCANA", se autoriza la consulta del expediente electrónico, en relación con el presente juicio constitucional (por ende, la presentación de ocursos por ese medio), mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), de conformidad con el artículo 35, sección tercera, del acceso y consulta al expediente electrónico del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por tanto, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes relativo a este Juzgado Federal, con los nombres de usuarios que proporciona. Juicio en línea. Conforme lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, además, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Consulta del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Protección de datos personales. Se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18 y 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. Transparencia y datos personales. El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Se informa a las partes que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrán consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Bianca Sayuri Mora Peralta, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho por periodo vacacional de la Titular de este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", autorizada en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/4018/2023, ante el Secretario Jonny Reyes Infante, que autoriza y da fe.
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