Kira Carolina Alegría Domínguez y Otros.
Expediente 467/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 12 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 467/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 20/10/2021
Partes del expediente
- Kira Carolina Alegría Domínguez y Otros.
- Kira Carolina Alegría Domínguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, por el cual, remite testimonio de la resolución de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, pronunciada en el conflicto competencial *** de su índice, en la que se determinó lo siguiente: "PRIMERO. Existe conflicto competencial. SEGUNDO. El Juez Cuarto de Distrito de Amparo en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, es el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto promovida por Kira Carolina Alegría Domínguez, por propio derecho. TERCERO. Para los efectos conducentes, se ordena remitir los autos a la juez de distrito que, en términos del resolutivo que antecede, resultó legalmente competente." Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); acúsese el recibo de estilo a la superioridad; y archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el presente cuaderno de antecedentes, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 20, fracción I, inciso a, del citado Acuerdo General; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 20. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio remitido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual acusa recibo del diverso 15618/2021, del índice de este juzgado, e informa que tiene por planteado el conflicto competencial suscitado entre este Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez y el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, radicado con el número ***. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, por el cual devuelve el expediente relativo al juicio de amparo indirecto ***, del índice de este Juzgado, promovido por ***. Lo anterior, en razón que el seis de julio de dos mil veintiuno, dicho órgano jurisdiccional no aceptó la competencia planteada en sentencia de treinta de junio del año en curso. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y acúsese de recibo. En relación a lo resuelto por el homólogo, este órgano de control constitucional considera procedente plantear conflicto competencial ante la superioridad, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, habida cuenta que sostiene que no es competente para conocer del presente asunto. En efecto, este Juzgado de Distrito ratifica y reitera los argumentos planteados en resolución de treinta de junio de dos mil veintiuno, y no comparte los razonamientos expresados en proveído de seis de julio de ese mismo año, que llevaron al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, a no aceptar la competencia planteada para conocer de la demanda promovida por ***, contra actos del Gobernador del Estado de Chiapas y otras autoridades. Ello, pues en el presente juicio el acto reclamado se hace consistir en la iniciativa, discusión, aprobación, promulgación, refrendo y publicación del Decreto 173 que expide la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, publicado en el periódico oficial número 085 de dieciocho de febrero de dos mil veinte, en específico, los artículos transitorios décimo, décimo séptimo y décimo octavo, que a decir del homólogo se trata de un acto declarativo que carece de ejecución material, por lo que su estudio corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, máxime que la quejosa no señala acto de aplicación de la norma. Al respecto, debe decirse que la peticionaria combate las citadas disposiciones, que modificaron ciertos requisitos para obtener la jubilación, a saber, la edad de retiro y los años de servicio, con motivo de su sola entrada en vigor, es decir, como normas autoaplicativas. Empero, dicha circunstancia no implica que el decreto legislativo reclamado se trate de un acto de carácter declarativo, pues el hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se le identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda, ya que es evidente que una ley autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, queden automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder, por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a. 11 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS". Establecido lo anterior, del comprobante de pago con folio ***, exhibido por la quejosa ***, que ostenta la anotación ***, así como de las documentales consistentes en el Reporte del Sistema de Nóminas, y la relativa a los datos generales de la inconforme de mérito, que en copia certificada remitió el Subprocurador de Legislación y Asuntos Jurídicos, de la Procuraduría Fiscal, dependiente de la Secretaria de Hacienda, con sede en esta ciudad, se desprendió que la solicitante del amparo se trata de una trabajadora en activo del magisterio cuyo centro de trabajo se encuentra en el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, es decir, fuera del territorio en el que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. Es en dicho lugar donde el decreto reclamado tiene ejecución, pues al tratarse la quejosa de una trabajadora en activo y no de una pensionada, el nuevo régimen en materia de pensiones para los servidores públicos en transición que modificó ciertos requisitos para obtener la jubilación, como la edad de retiro y los años de servicio, sin prejuzgar acerca de la verdadera naturaleza jurídica del sistema normativo, incide directamente en la relación obrero-patronal que tiene la peticionaria con el Estado, la cual se desarrolla en la referida localidad. Por tanto, esta juzgadora sostiene que el estudio de su constitucionalidad compete al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, máxime que es dentro de la jurisdicción de ese órgano en donde la destinataria de la norma se ve obligada acatar su contenido. En consecuencia, con apoyo en artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena remitir los autos de este juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para que resuelva el conflicto competencial suscitado entre este Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, y el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas. Comuníquese la presente determinación al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, para que esté en aptitud de exponer ante el Tribunal Colegiado de Circuito, lo que estime pertinente. Notifíquese.
- Principal
Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 37 y 48, y demás aplicables de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: PRIMERO. Este juzgado es legalmente incompetente para resolver el juicio de amparo promovido por ***, en contra de los actos que atribuye al 1. Gobernador del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, en términos del considerando primero de esta sentencia SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos segundo y tercero de este fallo. Notifíquese.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
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