Kipana Celeste Madrigal Garcia
Expediente 628/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 628/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 30/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Kipana Celeste Madrigal Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio signado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo de las constancias remitidas para la substanciación del recurso de revisión interpuesto e informa que el veintiséis de octubre pasado, se admitió a trámite dicho medio de impugnación.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, mediante el cual interpone RECURSO DE REVISIÓN en términos de los agravios que adjunta, en contra de la resolución dictada el dos de octubre del presente año; por tanto, SE TIENE POR INTERPUESTO dicho medio de impugnación, distribúyanse entre las partes copias de los agravios respectivos y, una vez que esté debidamente integrado el presente asunto, remítase a la superioridad, dentro de los TRES DÍAS siguientes, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer, enviándose al efecto el original y réplica del escrito de expresión de agravios. Notifíquese.
- Principal
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por - respecto de los actos atribuidos a las autoridades señaladas como responsables, por las razones indicadas en el considerando segundo y tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de la presente sentencia, una vez que cause ejecutoria la misma, de actualizarse la hipótesis prevista por el artículo 6 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se proveerá lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la citada Ley.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por la quejosa -, a través del cual aclara su escrito de ampliación de demanda de garantías, al indicar que el acto que reclama a -lo es el vínculo señalado por la autoridad responsable Instituto de la Juventud Michoacana, en las constancias que adjuntó como complemento a su informe justificado que rindió, donde asentó que dicho Instituto no se involucró en la preselección femenil y varonil por los que se rige la selección de jugadores que serán representantes de Michoacán en el Torneo Nacional de Street Soccer México, toda vez que es una atribución exclusiva de los representantes de Street Soccer México, Fundación Telmex-Telcel y sus entrenadores, toda vez que dicha responsable no es parte de la organización de cualquier torneo posterior al estatal, pues solamente le correspondió realizar la convocatoria en el Estado de Michoacán y ser facilitador para llevar a cabo la realización del Décimo Torneo Estatal de -, por lo que dicho Instituto no se involucró en la organización y selección de jugadores para la etapa nacional. En atención a lo anterior, visto el escrito aclaratorio de cuenta, así como la ampliación de demanda de amparo promovida por la quejosa, se advierte que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5 fracción II, de la Ley de Amparo. El numeral 61, fracción XXIII, de la citada Ley, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley" Por su parte, los artículos 1, fracción I, 5, fracción II de la Ley de Amparo, disponen: "ARTÍCULO 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "ARTICULO 5°. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" De la anterior transcripción, se desprende que las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo, no son limitativas, si no enunciativas, puesto que no se limitan a las veintidós hipótesis referidas en el precepto 61 de la Ley en comento, dado que la fracción vigésima tercera de ese numeral no solo dimanan de la Ley, sino que también surgen a la vez de la Constitución Federal y de la Jurisprudencia. Ahora bien, previo a exponer las razones de la decisión que se adopta, es necesario precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Lo anterior es así, ya que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, también procede excepcionalmente, en contra de particulares, siempre y cuando, éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Además, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Apoya lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y nueve, Tomo XIV, correspondiente al mes de noviembre de dos mil uno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Además de lo anterior, con relación a lo que debe entenderse por autoridad responsable, cabe destacar que tal calidad no únicamente le asiste a los entes que dentro de sus facultades se encuentra la del imperio, es decir de hacer respetar por medio de la fuerza pública sus propias determinaciones, sino que comprende también a todas aquellas que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio del particular y de una manera imperativa. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación tomo tres, segunda parte, página trece, materia común que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. CUALES DEBEN CONSIDERARSE COMO TALES. La autoridad responsable en el juicio de amparo es el órgano estatal de facto o jure, investido con facultades o poderes de decisión o ejecución, cuyo ejercicio crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas de hecho o jurídicas, con trascendencia particular y determinada de una manera imperativa; en otros términos, señala el artículo 11 de la Ley de Amparo, que es autoridad responsable la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Por tanto, se considera que un Juez de Distrito, por el hecho de haber concedido la libertad bajo fianza al inculpado, dentro del incidente de suspensión del juicio indirecto que promovió en contra de la sentencia que confirmó el auto de formal prisión decretado en su contra, no debe ser considerado como autoridad responsable en el juicio de amparo directo, pues no cae en su ámbito competencial la ejecución de la sentencia reclamada y, por tanto, el juicio con respecto a dicha autoridad es improcedente y debe ser sobreseído con fundamento en los artículos 166, fracción III, 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo". En el caso, y por las razones que se expondrán a continuación, los entes morales señalados en la ampliación de demanda, no se encuentran en un plano de supra subordinación respecto de la quejosa, de donde se colige que no tienen el carácter de responsable para efectos del juicio de amparo. Se dice lo anterior, porque la parte quejosa impugna en esta vía constitucional, el actuar de las autoridades por las que amplía su demanda de garantías y que pretende sean llamadas a juicio, con motivo de la manifestación hecha por la diversa responsable Instituto de la Juventud Michoacana, en las constancias que adjuntó como complemento a su informe justificado, donde al dar respuesta al escrito presentado por la quejosa con fecha dieciséis de julio pasado, lo cual constituye el acto reclamado, indicó que no se involucró en la preselección femenil y varonil por los que se rige la selección de jugadores que serán representantes de Michoacán en el Torneo Nacional de Street Soccer México, toda vez que es una atribución exclusiva de los representantes de Street Soccer México, Fundación Telmex-Telcel y sus entrenadores, ya que ésta no es parte de la organización de cualquier torneo posterior al estatal y sólo le correspondió realizar la convocatoria en el Estado de Michoacán, es decir ser facilitador para llevar a cabo la realización del Décimo Torneo Estatal de la - sin que el Instituto de mérito fuera partícipe en la organización y selección de jugadores para la etapa nacional, lo cual únicamente pone de manifiesto que la quejosa compitió en una etapa de un torneo deportivo patrocinado por Street Soccer México y Fundación Telmex-Telcel, en cuya organización en el Estado, participó el Instituto de la Juventud Michoacana, no así que exista una relación directa por parte de la quejosa en cuanto competidora y los organizadores de la contienda deportiva en cita, menos aún que del vínculo que pudiera resultar, se conforme una relación que otorgue a éstos las características que para efectos del juicio de amparo pudieran situarlos como autoridades responsables. Por tanto, el presente juicio de amparo resulta ser improcedente respecto de Street Soccer México y Fundación Telmex-Telcel, debido a que éste sólo procede contra actos de autoridades, y en el caso concreto las personas morales citadas, se vincularon con la quejosa en un plano de coordinación y no de supra a subordinación, es decir aquella que surge entre gobernante y gobernado; de ahí, la improcedencia del juicio de amparo que nos ocupa. Es aplicable a lo anterior, el criterio publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Materia Común, página 1684 Décima Época, que a la letra dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LA FEDERACIÓN MEXICANA DE FÚTBOL ASOCIACIÓN, ASOCIACIÓN CIVIL, SU COMITÉ EJECUTIVO, Y LA ASAMBLEA ORDINARIA DE CLUBES, CON RELACIÓN A TERCEROS CON QUIENES SUS AFILIADOS CELEBRAN CONTRATOS DE PATROCINIO, PRESENCIA DE IMAGEN, PUBLICIDAD Y SUMINISTRO DE SUS PRODUCTOS, A LA LUZ DE LA EMISIÓN, ELABORACIÓN, CREACIÓN Y APLICACIÓN DE UN REGLAMENTO DE COMPETENCIA EXPEDIDO POR ELLAS. Conforme a la interpretación del Máximo Tribunal del País a la reforma del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, se tiene que para considerar un acto de particular como de autoridad para efectos del juicio de amparo, debe ubicarse en un plano de supra a subordinación para con el gobernado; es decir, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; que en ese tenor afecte derechos, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas, y que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Bajo ese contexto, la emisión, elaboración, creación y aplicación de un Reglamento de Competencia emitido por la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, Asociación Civil; la Asamblea Ordinaria de Clubes de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, Asociación Civil y el Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, Asociación Civil, no puede estimarse como un acto de autoridad y, en consecuencia, a éstos como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, con relación a los terceros con quienes sus afiliados celebran contratos de patrocinio, presencia de imagen, publicidad y suministro de sus productos. Lo anterior, en tanto que no existe en ese tenor, subordinación de dichos terceros a las entidades de fútbol asociación en cita, pues ninguna relación existe entre aquellos entes y éstos, por lo que no les resulta obligatoria su normatividad y tampoco pueden estimarse afectados sus derechos con dicha expedición, más aún sus funciones no están determinadas en una norma general que les confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, pues se ubican netamente en el plano del derecho privado, en otras palabras, de particulares." Finalmente, para dar margen a que la quejosa quede debidamente notificada de lo anterior, se DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se señalan nuevamente para tal efecto las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOS DE OCTUBRE PRÓXIMO.
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