Kim Stephanie Montserrath Preciado Sánchez

Expediente 1418/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1418/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
26/12/2022

Partes del expediente

  • Kim Stephanie Montserrath Preciado Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual, remite testimonio de la resolución dictada en el conflicto competencial 51/2022; sin que sea necesario acusar de recibo por así solicitarlo expresamente el Tribunal de Alzada. ... ARCHIVESE. NOTIFIQUESE.

  2. Principal

    Ciudad de México, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese; cúmplase en sus términos. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Director General de Administración Financiera de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante el cual informa que tiene como atribuciones planear y autorizar el programa de pagos de las cuentas por liquidar certificadas del recurso fiscal, las cuales son autorizadas por las Unidades Responsables del Gasto; sin embargo, por el momento hasta el veinte de octubre de este año, no localizó solicitud de pago a favor de la quejosa, para que proceda a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tal virtud, se tiene a la oficiante en vías de cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo, reiterándole el contenido del proveído de catorce de octubre del año en curso. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos los escritos firmados por la parte quejosa, por medio de los cuales desahoga los requerimientos formulados en proveído de tres de octubre de dos mil veintidós. Incompetencia. Una vez analizada en su integridad la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente por cuestión de materia para conocer del presente juicio. En primer término debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose este dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por materia. Sobre dicho criterio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sostuvo que el legislador tomó como base dos criterios: i) la naturaleza del acto reclamado y ii) la naturaleza de la autoridad responsable. Por lo que solo deben tomarse en cuenta esos elementos, sin acudir a los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS." Precisado lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: La orden de obstrucción para concluir el curso de Especialización en Psiquiatría en una Institución distinta al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, por la no autorización del cambio de sede. Lo anterior pone de manifiesto que, en el caso, la relación del "residente" con la unidad médica en la que participe tenga naturaleza laboral, con ciertas características especiales, y aunque tenga como fin su adiestramiento para lograr una especialidad, lo que en cierta forma le da el carácter de "alumno", ello no puede disolver el vínculo que tiene como trabajador. De ahí que la baja de un médico residente no es un acto que se circunscriba al ámbito académico, sino al laboral, es decir, su relación con la unidad médica en que está adscrito es de naturaleza exclusivamente laboral, ya que los actos de la unidad médica en la que realiza la residencia quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier patrón ejecuta, pues en esas relaciones el Estado queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XV.5°.3. K(10ª.) de rubro siguiente: "MÉDICO RESIDENTE DE UNA ESPECIALIDAD. SU BAJA ORDENADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD MÉDICA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La actividad de los médicos residentes encuentra su fundamento en el Título Sexto, denominado "Trabajos especiales", Capítulo XVI, intitulado "Trabajos de Médicos Residentes en Periodo de Adiestramiento en una Especialidad", de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, del texto de la ley y de su exposición de motivos se advierte que la intención del legislador, en todo momento, fue que la relación del "residente" con la unidad médica en la que participe tenga naturaleza laboral, con ciertas características especiales, y aunque tenga como fin su adiestramiento para lograr una especialidad, lo que en cierta forma le da el carácter de "alumno", ello no puede disolver el vínculo que tiene como trabajador, pues la residencia es consecuencia de su contratación con ese fin específico. Además, entre las partes existe el elemento esencial que identifica las relaciones de trabajo, esto es, la subordinación en la prestación del servicio, pues los médicos residentes tienen una jornada, un salario, así como la obligación de acatar órdenes y cumplir con los deberes que les son impuestos, tanto laborales como académicos. De ahí que la baja de un médico residente no es un acto que se circunscriba al ámbito académico, sino al laboral, es decir, su relación con la unidad médica en que está adscrito es de naturaleza exclusivamente laboral, ya que los actos de la unidad médica en la que realiza la residencia quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier patrón ejecuta, pues en esas relaciones el Estado queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. Es más, cuando se trata de competencia por materia, debe atenderse a la naturaleza de la acción, lo cual puede ser determinado mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, por lo que debe obviarse el estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes. En ese sentido, si el acto reclamado no es de la especialización de este juzgado, sino del Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, el que debe conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, ya que éste goza de la formación, especialidad y dominio de la materia laboral, necesarios para resolver de manera más autorizada y con mayor prontitud la cuestión sometida a su jurisdicción. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo por lo que se ordena que las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa se remitan al Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, a quien se estima competente para conocerla, por los motivos antes expuestos, solicitando atentamente acuse recibo e informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Fórmese cuaderno de antecedentes, el cual deberá estar conformado por las constancias mínimas indispensables. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese en espera de la determinación que adopte el Juez al que se le declina competencia. Solicítese de la manera más atenta al Juez de Distrito que reciba la demanda, acuse el recibo correspondiente, e informe si acepta o no la competencia planteada. Notifíquese, electrónicamente a la parte quejosa.

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