Killer Humberto López Gaxiola

Expediente 201/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
201/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
03/03/2023

Partes del expediente

  • Killer Humberto López Gaxiola
  • Ana Yaraldine López Gaxiola

Actuaciones

  1. Principal

    En Culiacán, Sinaloa, a tres de marzo de dos mil veintitrés. Recibido el oficio vía electrónica proveniente del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis, de la que se desprende que ese Órgano Jurisdiccional aceptó la competencia declinada y el conocimiento del asunto. En mérito de lo anterior, como se adujo en proveído de dos de los actuales, remítase al Juzgado Oficiante las documentales allegadas por la parte quejosa, se solita comedidamente el acuse de recibo correspondiente. En esas condiciones, dado que en este asunto no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuito, este expediente es susceptible de destrucción, en el término de seis meses, computados a partir de este proveído. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no es de valor jurídico ni de relevancia documental. Notifíquese.En Culiacán, Sinaloa, a tres de marzo de dos mil veintitrés. Recibido el oficio vía electrónica proveniente del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis, de la que se desprende que ese Órgano Jurisdiccional aceptó la competencia declinada y el conocimiento del asunto. En mérito de lo anterior, como se adujo en proveído de dos de los actuales, remítase al Juzgado Oficiante las documentales allegadas por la parte quejosa, se solita comedidamente el acuse de recibo correspondiente. En esas condiciones, dado que en este asunto no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuito, este expediente es susceptible de destrucción, en el término de seis meses, computados a partir de este proveído. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no es de valor jurídico ni de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Culiacán, Sinaloa, dos de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de José Luis Becerra Ramírez, al que acompaña diversas documentales; asimismo, solicita se provea en torno a la suspensión del acto reclamado y la notificación de la aceptación del conocimiento del asunto por diverso órgano jurisdiccional con sede en Los Mochis, Sinaloa. En ese sentido, dado que en proveído de veinticuatro de febrero pasado se declinó competencia al Juzgado de Distrito en Turno en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis; por tanto, una vez que se tenga noticia a que Juzgado correspondió conocer del asunto remítase el escrito y anexos de cuenta. Respecto que este Juzgado de Distrito provea sobre la suspensión del acto reclamado no es posible acordar favorable, en consideración que por disposición del artículo 48 de la Ley de Amparo, el Juzgado declinante únicamente deberá de resolver en torno a la suspensión cuando se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, lo que en el caso no acontece, por lo que será el Juzgado que corresponda conocer de la demanda el que provea en torno al particular. Notifíquese.

  3. Principal

    Culiacán, ********************, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. I. Parte quejosa. ********************ambos por propio derecho y el primero quien se ostenta como representante de la moral ********************. II. Formación del expediente. Visto el escrito de demanda; fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno; de igual forma, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo apertúrese el expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado deberá asegurar la integridad del expediente electrónico, procurando que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. En el caso en que un asunto se inicie y tramite a través de documentos físicos, los órganos jurisdiccionales deberán digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. La firma electrónica FIREL, e.firma dará certeza y validez jurídica de la integridad del expediente electrónico. III. Competencia. En la demanda de amparo los quejosos señalan como acto reclamado entre otros, la orden de remate, inscripción y embargo de diversos bienes inmuebles, ubicados en el municipio de ********************, ********************. Respecto de lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal en razón de territorio para conocer de la demanda en estudio, ya que aun cuando en la demanda de amparo se señale una autoridad con sede en esta ciudad, la ejecución de la orden de remate, inscripción y embargo, tendrá su ejecución en el municipio de ********************, lugar donde se encuentran ubicados los inmuebles que en esta oportunidad procesal defienden los quejosos y donde se ubica el Juzgado de origen, cuya jurisdicción está a cargo de los Juzgados de Distrito de esta entidad federativa, con residencia en Los Mochis, pues es en aquélla ciudad donde el acto reclamado surtirá sus efectos y consecuencias, ya que es en esa Jurisdicción donde se trata de privar a los accionantes de amparo de derecho de propiedad de los inmuebles allá localizados; para evidenciarlo, conviene citar el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De la interpretación del numeral trascrito, se desprenden tres reglas generales respecto de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de los juicios de amparo que se promuevan ante su potestad, a saber: Cuando el acto reclamado requiere ejecución material, será competente para conocer del asunto, el juez en cuya jurisdicción deba ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado dicho acto. Tratándose de actos que puedan tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, Si el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese contexto, se colige que el punto toral para determinar la competencia de los Juzgados de Distrito, en el caso en que el acto reclamado sea de naturaleza positiva, es decir, implique un hacer de la autoridad responsable, o bien que surta sus efectos en un distrito judicial determinado; esto es, ante un acto positivo que tiene por efecto producir alguna alteración al mundo fáctico, es el lugar donde tenga verificativo su ejecución o sus consecuencias. Relacionado con lo anterior, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dispone: XII. DECIMOSEGUNDO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de ********************, con residencia en Culiacán, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Culiacán y Navolato. Los juzgados de Distrito en el Estado de ********************, con residencia en Los Mochis, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Ahome, Angostura, Badiraguato, Choix, El Fuerte, Guasave, Mocorito, ******************** y ********************. Establecido lo anterior, como la parte quejosa reclama en esencia, la orden de remate, inscripción y embargo de diversos bienes inmuebles, ubicados en el municipio de ********************, ********************, este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, ya que la ejecución material de lo reclamado tendrá su realización en la citada población, la cual pertenece a la jurisdicción de los Juzgados de Distrito de esta entidad federativa, con residencia en Los Mochis, pues es en esa jurisdicción donde se localizan los inmuebles que la parte quejosa defiende. Por tanto, se estima que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo formulada en contra del acto reclamado, por lo que resulta aplicable la regla contenida en el párrafo primero del artículo 37 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que estatuye que el juez competente para conocer de la demanda de garantías es aquel en que tenga ejecución o se haya ejecutado el acto reclamado. Sirve de apoyo por identidad jurídica la jurisprudencia 1a./J. 25/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 145, Libro XI, agosto de 2012, Tomo I Décima Época, de cuyo rubro y texto los siguientes: AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional declara que legalmente carece de competencia para conocer del presente juicio de amparo. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, y remítase la demanda y sus anexos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de ********************, con residencia en Los Mochis, para el debido turno. Solicítese de la manera más atenta el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

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