Kiara Vilma Cazorla Cispedes y Otros.
Expediente 875/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 875/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Kiara Vilma Cazorla Cispedes y Otros.
Actuaciones
- Principal
... Vistos; el recurso de queja no fue interpuesto en contra del auto de desechamiento y no presentada de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós; por ende, causó estado. Al no haber materia para ejecución este asunto está concluido; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese; háganse las anotaciones respectivas VALORACION DOCUMENTAL Ésta se realiza en términos del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden a ese cuerpo normativo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 se determina: Relevancia documental El cuaderno principal carece de ésta al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15. Juicio principal ES DEPURABLE de conformidad con el diverso 18 fracción I, inciso a), del acuerdo general citado porque se concedió la suspensión de oficio o de plano, por tanto, procede conservarse durante un plazo de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación de la suspensión y una vez hecho lo anterior, deberá transferirse dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. CARATULA En conformidad con lo establecido en el artículo 35 háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este cuaderno y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. SIN OPOSICIÓN DE DATOS Por otra parte, se hace constar que la parte quejosa no ejerció su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la determinación dictada en el presente juicio de amparo.
- Principal
... Vista la certificación asentada por la secretaria de este Juzgado de Distrito, de la cual se advierte que el plazo otorgado a la parte inconforme Walter Peña Vázquez, así como Esperanza Vázquez Galarraga por sí y en representación de su menor hijo Kenny Gilberto García Fonseca, para cumplir con la prevención formulada por auto de seis de agosto de la anualidad en curso, ha transcurrido sin que haya hecho manifestación alguna a pesar de encontrarse notificado para tal efecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le previno en dicho auto y, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo respecto de los quejosos Walter Peña Vázquez, así como Esperanza Vázquez Galarraga por sí y en representación de su menor hijo Kenny Gilberto García Fonseca. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte la actualización de motivos manifiestos e indudables de improcedencia; lo que a consideración del suscrito hace innecesaria la continuación del presente juicio de amparo en términos del artículo 113 de la ley de la materia. Para ello, debe precisarse en primer término que la demanda de amparo fue interpuesta por Dayron Yael Bautista Hernández, en representación de: 1.- Yensy Liset Peres Rizo; 2.- Kiara Vilma Cazorla Cispedes; 3.- Yenisleidy Hernández Sánchez y Maikel Presno Sosa y sus menos hijos E.P.H. y M.A.P.H; 4.- Esperanza Vázquez Galarraga y sus menores hijos K.G.G.F y W.P.V; 5.- Yudisleidis Zaldivar y su menor hijo A. A. Z.; 6.- Maikel Celada Cabrera; 7.- Lidiana Calderon Primelles; 8.- M. A. M. C. menor de edad; 9.- Y.G.L. menor de edad; y, 10.- Rosidalia Quiñones Moscardon al reclamar al Subdirector de la Estancia Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración Puebla, y otras autoridades, lo siguiente: 1.- La orden de detención, aseguramiento, alojamiento y su prolongación. 2.- Violación de su derecho humano a una vida digna como resultado del alojamiento injustificado. 3.- La orden de deportación y retorno asistido. 4.- La orden de traslado. 5.- La incomunicación. 6.- Omisión de brindar los mecanismos para solicitar su calidad de refugiado en el país. ORDEN DE DEPORTACIÓN, RETORNO ASISTIDO Y LA ORDEN DE TRASLADO. Por cuestión de método, se analizará en primer término el acto reclamado consistente en la orden de deportación y retorno asistido, así como la orden de traslado, el cual resulta inexistente ya que las autoridades responsables manifestaron que no existían dichos actos, habida cuenta que el seis de agosto se dejó en inmediata libertad a los aquí quejosos bajo la figura de oficio de salida y que ya se habían realizado los trámites para conducción rumbo a la frontera más cercana de Tapachula, Chiapas, para que abandonen voluntariamente el territorio nacional en un periodo de veinte días naturales, por lo que gozaban de su libertad, lo que se corrobora con las copias certificadas del expediente migratorio E.A/Is.9/ORP/EM/2577/2022 y oficio INM/SEM/1590/2022, que remitieron las autoridades migratorias no se advierte que se haya decretado orden alguna de deportación, retorno asistido o traslado de la parte impetrante de amparo. Sino que mediante resoluciones de seis de agosto del año en curso, las autoridades responsables resolvieron la situación jurídica de la parte quejosa, decretando oficio de salida en conformidad con lo establecido en el artículo 137 de la Ley de Migración. De ahí que resulte inexistente la referida orden de deportación, retorno asistido o traslado. Por tanto, al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 63 fracción IV de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento. LA ORDEN DE DETENCIÓN, ASEGURAMIENTO, ALOJAMIENTO Y SU PROLONGACIÓN. VIOLACIÓN DE SU DERECHO HUMANO A UNA VIDA DIGNA COMO RESULTADO DEL ALOJAMIENTO INJUSTIFICADO, LA INCOMUNICACIÓN Y LA OMISIÓN DE BRINDAR LOS MECANISMOS PARA SOLICITAR SU CALIDAD DE REFUGIADO EN EL PAÍS. Por otra parte, en relación a los actos reclamados consistentes el aseguramiento, alojamiento y su prolongación; violación de su derecho humano a una vida digna como resultado del alojamiento injustificado; y la omisión de brindar los mecanismos para solicitar su calidad de refugiado en el país, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia, mismo que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En relación con la causal de improcedencia que se invoca, es preciso advertir que el juicio de amparo indirecto tiene como finalidad, en caso de prosperar la acción correspondiente, el anular una actuación autoritaria si ésta resulta ilegal y como consecuencia de ello, restablecer las cosas al estado que tenían con anterioridad a la violación. De esta manera, la improcedencia en cuestión no se actualiza cuando el acto de autoridad sujeto a estudio en el juicio de amparo, se encuentra validado por sus efectos y eficacia, esto es, si se encuentra incólume lo determinado en dicho acto y, por ende, se encuentra dotado de plena vigencia en tanto no sea modificado o revocado. En ese contexto, si el acto pierde vigencia o desaparece de hecho o de derecho, dicha particularidad tiene como resultado que no haya materia de estudio, lo que hace procedente decretar el sobreseimiento de la instancia constitucional, ello siempre y cuando todos sus efectos queden destruidos como si se hubiera otorgado la protección de la justicia federal a la parte quejosa, pues la subsistencia de un mínimo efecto sobre la esfera jurídica de la quejosa, impide la actualización de esa causal de improcedencia. En el caso, se actualiza la hipótesis legal en comento, pues los quejosos se duelen en esta instancia constitucional que derivado de una revisión migratoria, fueron asegurados, alojados prolongadamente, omitiendo brindar los mecanismos para solicitar su calidad de refugiado en el país, todos estos actos en la Estación Migratoria del Estado de Puebla, ello ocurrido en data anterior a la presentación de la demanda de amparo (cuatro de agosto de dos mil veintidós) Sin embargo, de las constancias que remitió la responsable se advierte que por resolución de seis de agosto de dos mil veintidós, permitió el egreso de los quejosos Dayron Yael Bautista Hernández, en representación de: 1.- Yensy Liset Peres Rizo; 2.- Kiara Vilma Cazorla Cispedes; 3.- Yenisleidy Hernández Sánchez y Maikel Presno Sosa y sus menos hijos E.P.H. y M.A.P.H; 4.- Yudisleidis Zaldivar y su menor hijo A. A. Z.; 5.- Maikel Celada Cabrera; 6.- Lidiana Calderon Primelles; 7.- M. A. M. C. menor de edad; 8.- Y.G.L. menor de edad; y, 9.- Rosidalia Quiñones Moscardon, en la denominación de oficio de salida por veinte días por la frontera más cercana a la circunscripción territorial de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, esto en data posterior a la presentación de la demanda de amparo; y por ende, es evidente que los efectos del acto reclamado, es decir, la orden de aseguramiento, alojamiento y su prolongación; violación de su derecho humano a una vida digna como resultado del alojamiento injustificado; y la omisión de brindar los mecanismos para solicitar su calidad de refugiado en el país, ha cesado. Ello es así, dado que la autoridad responsable al haber permitido el egreso de los quejosos de la estación migratoria para que puedan salir voluntariamente del territorio nacional hizo que los efectos de los actos reclamados hayan desaparecido. Por tanto, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, pues su vida jurídica cesó con la actuación de la autoridad migratoria responsable. Cobra aplicación, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sobre los actos de incomunicación y detención se actualiza la diversa causal prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, porque sus efectos se consumaron de manera irreparable. En el numeral citado se establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos consumados de un modo irreparable, entendiéndose aquellos respecto de los cuales el órgano de control constitucional se encuentra imposibilitado para abordar su legalidad, en atención a que aun y cuando pudiera llegar a concederse la protección constitucional, la sentencia pronunciada perdería eficacia, ante la imposibilidad jurídica de restituir al peticionario en el goce del derecho violado. Del contenido del artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se observa que el juicio constitucional persigue una finalidad práctica; lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad que la sentencia pueda producir la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho violado, ya sea volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la conculcación, tratándose de actos de carácter positivo, o bien, cuando se está en presencia de actos negativos obligando a la autoridad a respetar el derecho que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Es decir, actos consumados son aquellos que han producido todos sus efectos de manera tal, que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho violado, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. Entonces, como se explicó, los actos que trascendieron a los derechos de los quejosos son únicamente su detención y resguardo ante la autoridad migratoria; máxime que no se advierte otra determinación de índole migratoria que se haya pronunciado en su contra, previamente a la promoción del juicio de amparo en su nombre. Sin embargo, como se destacó, de las constancias de autos se observa que en resolución de seis de agosto del año en curso, se emitió en favor de los quejosos oficio de salida del país para que abandonen territorio nacional en un término de veinte días naturales por la frontera más cercana, por lo cual los efectos que produjeron tales actos se consumaron de manera irreparable, al no poder restituir a los quejosos en el goce del derecho que estiman violado. Ello, porque no es factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de su detención y resguardo, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir a los quejosos en el goce de su derecho humano de libertad personal, al ser físicamente imposible reintegrarles la libertad de que dejaron de gozar con motivo de tales actos. Consideración que se hace extensiva a la incomunicación que reclamaron; pues de igual manera, de haber existido esta, como manifestaron en la demanda de amparo, se habría consumado irreparablemente en su perjuicio, al ser imposible resarcirles en el goce de tal derecho por el lapso que duró su detención y resguardo. En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en las fracciones XVI y XXI del artículo 61, en relación con el artículo 63 fracción IV y artículo 113, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda que dio origen al expediente de amparo. Háganse del conocimiento a las partes el contenido del presente proveído, anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese en el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese por lista y electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
... Agréguese a los autos el oficio signado por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con un anexo mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado por auto de ocho de agosto del año en curso, remite las constancias en donde la autoridad responsable dio cumplimiento a la suspensión de plano de los actos reclamados dictados en el juicio de ampro 1434/2022 de su índice. El oficio registrado con el número 18888, mediante el cual el Instituto Nacional de Migración remitió copia certificada de las resoluciones de cuatro y seis de agosto de dos mil veintidós, relativas al procedimiento que se lleva a cabo en contra de los quejosos. Copia certificada del acuerdo de siete de agosto de dos mil veintidós. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
... Contra los actos del Subdirector de la Estancia Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración Puebla, y otras autoridades; ello en virtud de que carece de competencia legal para conocer de los actos reclamados, al ser estos de naturaleza penal. Acúsese el recibo correspondiente al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 875/2022. SE ACEPTA COMPETENCIA Ahora bien, visto el acuerdo de seis y siete de agosto de dos mil veintidós, dictado en el expediente de amparo 1434/2022, en el que el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, declaró que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo por razón de la materia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla se declara legalmente competente para conocer de la demanda de amparo de que se trata, respecto de los actos y autoridades precisadas en el capítulo correspondiente de la misma. SE SOLICITAN CONSTANCIAS Ahora, tomando en consideración que se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados, solicítese a la autoridad oficiante remita el oficio por el que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la misma, así como al diverso auto de siete de agosto del año en curso dictado en el juicio de amparo 1434/2022 de su índice. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Con independencia de lo anterior, requiérase a las autoridades responsables informen a este juzgado acerca de la forma y términos en que dio cumplimiento a la suspensión de plano concedida, otorgando un término de dieciocho horas contadas a partir de la notificación del presente proveído, para ello. Así mismo, para que en el mismo plazo remitan copia certificada de la resolución a través de la cual se autorizó el traslado de 1.- Yensy Liset Peres Rizo, 2.- Kiara Vilma Cazorla Cispedes, 3.- Yenisleidy Hernández Sánchez y Maikel Presno Sosa y sus menos hijos E.P.H. y M.A.P.H, 5.- Yudisleidis Zaldivar y su menor hijo A. A. Z., 6.- Maikel Celada Cabrera, 7.- Lidiana Calderon Primelles y su menor hijo M. A. M. C. menor de edad, 8.- Yunieski Gamez Leyva y 9.- Rosidalia Quiñones Moscardon a la Estación Migratoria de la Frontera Sur, con residencia en Tapachula Chiapas, para recibir su salida por oficio de veinte días, a la que se hizo mención al actuario judicial adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, al desahogar la diligencia de siete de agosto del año en curso ordenada en el citado juicio de amparo 1434/2022 de su índice. Apercíbase a las autoridades responsables que en caso contrario, esto es de omitir informar el cumplimiento a esta suspensión otorgada se le impondrá una multa equivalente a CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído; lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, aunado al hecho de que la violación a este mandato traerá como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo y 215 del Código Penal Federal. Se informa al fedatario judicial que en caso de que la autoridad responsable se niegue a recibir el oficio que le es enviado, deberá proceder en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, haciendo saber al encargado de la oficina que se tendrá por hecha la notificación si insiste en negarse a recibir, y que en términos del artículo 245 de la ley citada se le impondrá al encargado así como a la autoridad responsable una multa de MIL VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente auto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; todo de lo cual el fedatario asentará razón en autos. Se estima procedente el apercibimiento por el máximo de mil días a que se refiere el artículo 245, porque la notificación de este acuerdo es urgente al contener medidas cautelares de ejecución inmediata que tratan de salvaguardar los derechos fundamentales del quejoso, de manera que cualquier obstaculización se estima gravemente dolosa y, por ende, sancionable con la máxima prevista en la ley. A fin de dar una comunicación efectiva, en términos del artículo 126, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena notificar de manera inmediata el contenido de este acuerdo a las autoridades responsables mediante oficio ordinario, vía fax o correo electrónico. Información que deberá remitir por vía electrónica, a fin de dar continuidad e integrar en esa forma el presente expediente, lo anterior conforme a lo previsto en el artículo 28 del referido Acuerdo General 21/2020. Se hace de su conocimiento que el secretario autorizado para recibir fuera del horario de labores de la Oficialía de Partes del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, así como en días inhábiles es Jose Doger Amador, con número de teléfono 22 27 09 66 14 y que podrán remitir su correspondiente informe vía fax o correo electrónico a las direcciones y número siguientes: Correo electrónico oficial: ( jose.doger.amador@correo.cjf.gob.mx Debiendo confirmar su recepción. En la inteligencia que en el supuesto excepcional de que no puedan remitirse electrónicamente, la recepción física se hará en la Oficialía de Partes para este juzgado, instalada en calle 23 Poniente # 2509, colonia Los Volcanes, Puebla, Puebla, C.P. 72410, en días hábiles de lunes a viernes en horario de nueve a catorce horas. SE RESERVA ACORDAR RAZÓN Respecto a la razón del actuario judicial adscrito al Juzgado declinante, a través de la cual Esperanza Vázquez Galarraga y su menor hijo K.G.G.F, así como Walter Peña Vazquez se reservaron su derecho a ratificar la demanda de amparo, se reserva proveer lo conducente hasta en tanto les fenezca el término de tres días otorgado en auto de seis de agosto de dos mil veintidós en el juicio de amparo 1434/2022 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ahora 875/2022 del índice de este juzgado federal. AUTORIZADOS Se tiene por autorizado a la profesionista Yamel Gonzalez Santana que indica, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien tiene registrada su cédula profesional respectivamente en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, lo cual se constató por este juzgado; y a Dayron Yael Hernández Bautista y Pamela Ortiz Medel, únicamente serán por autorizado para oír y recibir notificaciones, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del diverso 24 de la Ley en comento, por no encontrarse registro de su cédula profesional, así como no proporcionar el número que lo acredite como licenciado en derecho. AUTORIZACIÓN DE CONSULTA NOTIFICACIÓN Y CONSULTA ELECTRÓNICA Como lo solicita la promovente, y con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza que las notificaciones que se generen con la tramitación del presente juicio de amparo y la consulta del expediente de manera electrónica, se realicen a través del usuario castelly840403; por tanto, con fundamento en los artículo 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este Juzgado Federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. COMUNICACIONES PROCESALES Respecto al señalamiento de los teléfonos y correo electrónico castelly_claudia@live.com.mx, que proporciona en su escrito de demanda; en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene únicamente señalado para realizar comunicaciones no procesales, no así para que se realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. FORMA DE NOTIFICACIÓN En atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Se habilita al actuario judicial para que notifique de manera electrónica los oficios derivados del presente asunto a través de correo electrónico institucional o interconexión, levantando la razón de confirmación correspondiente; y, para el caso de existir imposibilidad para ello, sin mayor acuerdo, proceda a notificarlos de manera física o, en su caso, realice la remisión vía telegráfica o por correo certificado (tratándose de autoridades foráneas), según corresponda. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. PRECISIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES Con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, que establece como obligaciones del quejoso, entre otras, la de señalar con precisión las autoridades responsables -tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia-, se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes en este juicio, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o bien, corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, a instancia de la parte quejosa, tomando en consideración que le corresponde a la misma estar al pendiente de la tramitación de su asunto. INVITACIÓN A LAS PARTES Conforme a lo dispuesto en el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, SE INVITA A LAS PARTES para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, para lo cual, se hace de su conocimiento que para seguir el trámite del "juicio en línea", es necesario que mediante una promoción electrónica soliciten a este juzgado la autorización para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, para lo cual deberán aportar el "nombre de usuario" que se genera en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por ello, se invita a las partes para que, de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada "Firel" del Poder Judicial de la Federación ante el Portal de Servicios en Línea del propio Poder Judicial de la Federación; para mayor información puede seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx/ Incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataforma "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. SOLICITUD DE BOLETA Finalmente, mediante oficio que al efecto se gire requiérase al encargado de la Oficina Común de Correspondencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, para que a la brevedad posible remita la papeleta que por razón de turno le corresponda al presente juicio de amparo, adjuntando al oficio en mención copia de la demanda de amparo que nos ocupa, ello en atención a que fue recibida directamente en este órgano jurisdiccional por el secretario de guardia, y forma parte de la carga de trabajo del mismo.
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