Kheren Esther Juárez Guardado
Expediente 271/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 271/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Kheren Esther Juárez Guardado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
IV- Agréguese al presente juicio de amparo el oficio de cuenta, enviado a la cuenta de correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional, signado por el encargado del despacho de la Delegación Quintana Roo del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado por acuerdo de dos de junio de este año, manifiesta que designó a la licenciada Gloria del Rosario Galaz Cetina, asesora jurídica federal adscrita a la referida delegación, a fin de que funja como representante especial de la niña quejosa y que la protesta de ley se realice por medios electrónicos. Circunstancia de la que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
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IV- Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
IV- Agréguese el oficio de cuenta, mediante el cual, rinde su informe justificado la autoridad responsable siguiente: N°AutoridadSENTIDO1 Magistrada Titular de la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad. En contestación al oficio 8015/2022. (Autoridad Responsable). cierto En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe de la autoridad responsable señalada, para ser tomado en consideración en su oportunidad como en derecho proceda; con su contenido y anexos dese vista a las partes, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, atendiendo a que la autoridad responsable para apoyar su informe justificado anexó copia autorizada del audio y video de la audiencia relativa a la resolución emitida el veintidós de marzo de dos mil veintidós, en la carpeta de apelación 14/2022 de su índice, así como copia certificada del carpeta antes mencionada y del expediente 112/2017 en tres tomos. Por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas de mérito, para que sean relacionadas y tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. Es aplicable la tesis jurisprudencial número 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece, con el rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." De igual forma, se ordena el resguardo del disco compacto remitido por la autoridad oficiante de mérito, en la Secretaría de este Juzgado Federal, a disposición de las partes y dado el volumen de las documentales exhibidas se ordena formar con las mismas cuatro tomos de prueba como anexos, para mejor manejo del presente expediente. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que de conformidad al artículo 5, fracción III, inciso b), le recae el carácter de tercero interesado a Daniel López Piana, al ser contraparte de la quejosa en el juicio de donde emana el acto reclamado. En consecuencia, con apoyo en los numerales 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordena al actuario judicial adscrito a este Juzgado, emplazar a este juicio a Daniel López Piana, en el domicilio que se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsables, que lo es el ubicado en la avenida San Salvador número cuatrocientos veintiuno, colonia Aserradero, de esta ciudad, debiendo entregarle copia de la demanda, del auto admisorio y del presente acuerdo, para que se imponga de su contenido y manifieste lo que a su interés convenga; señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones en el presente asunto, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se le harán por medio de la lista de estrados que se publica en este Juzgado Federal, en términos de lo previsto en la fracción II, del artículo 27 de la Ley de Amparo. Del mismo modo, en razón de que en el presente asunto existe conflicto de intereses en relación con la niña quejosa, gírese atento oficio al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con sede en Cancún, Quintana Roo, para el efecto de que se sirva nombrar asesor Jurídico, con la finalidad de establecer que la referido niña cuente con un representante especializado en derecho que lo represente en el juicio constitucional, a efecto de hacer efectiva su tutela y que se provea un patrocinio judicial adecuado para ella, quien con dicho carácter quedará autorizado desde el momento de su designación, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, para intervenir en el presente juicio constitucional en representación de la niña quejosa. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Noveno Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014. Tomo III, Décima Época, Materia Constitucional, Común, Tesis: XIX.1°.P.T.1 CS (10ª), página 2448, de rubro y texto que se citan a continuación: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EN ARAS DE HACER EFECTIVA SU TUTELA EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE UN NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE FUNJA COMO PARTE O LA MATERIA DE DEBATE LO CONSTITUYAN SUS DERECHOS, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A VERIFICAR QUE TIENE UNA REPRESENTACIÓN ADECUADA Y, EN CASO DE NO ESTAR GARANTIZADA, ASIGNARLE UN ASESOR JURÍDICO DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA. El artículo 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instituye el concepto de interés superior del niño. Por su parte, los artículos 3 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, estatuyen el derecho fundamental del menor de ser escuchado y de manifestarse libremente en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, ya sea directamente o a través de un representante u órgano apropiado y la obligación de los tribunales de atender el interés superior del niño, en todas las resoluciones que emitan. En consonancia con lo anterior, los artículos 38, 39, 48 y 49, inciso B, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establecen el derecho de los niños a la libertad de expresión, el cual incluye el de ser informados y su libertad de opinión, es decir, que se les tome su parecer en todos los asuntos que les afecten y el contenido de las resoluciones que les conciernen. Ahora bien, de una interpretación conforme de esos numerales que favorezca a los menores la protección más amplia, se concluye que en los juicios de amparo, en que un niño, niña o adolescente funja como parte o la materia de debate lo constituyan sus derechos, el Juez de Distrito está obligado a verificar que tiene una representación adecuada y, en caso de no estar garantizada, asignarle un asesor jurídico del Instituto de la Defensoría Pública, en aras de hacer efectiva su tutela. Esto es así, porque es obligación de los Jueces para concretar la igualdad en el acceso a la justicia, constatar en los juicios de amparo que ante ellos se tramitan, que exista un patrocinio apropiado del menor y, en caso de no estar asegurado, suplirlo con la designación de un abogado especializado que auxiliará al niño a lo largo del proceso; máxime que esta interpretación se ha recogido en el "Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Niños, Niñas y Adolescentes", editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual es orientador para el juzgador, en el que se retoman tanto los derechos contenidos en tratados vinculantes para los Estados que los han ratificado, como su interpretación en documentos de diferente naturaleza jurídica". Por tanto, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, toda vez que es un hecho notorio para este Juzgado, que el encargado del despacho de la Delegación Estatal del Instituto Federal de la Defensoría Pública en Quintana Roo, con sede en Cancún, tiene como correo electrónico oficial raleyva@cjf.gob.mx; proceda el actuario de este juzgado enviar al citado correo electrónico el oficio que deriva de este auto, debiendo dejar constancia del envío en autos y solicitar el acuse de recibido. Atento a lo anterior, se dispone diferir la audiencia constitucional señalada para tener verificativo a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de mayo del presente año, y tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional se señala como nueva fecha para su desahogo las diez horas con diez minutos del dieciséis de junio del dos mil veintidós. Ello es así, toda vez que el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento se traduce en que aún se encuentran realizando los trámites pertinentes a fin de que obre correcta y completamente integrado el juicio, y así poder resolver el fondo del asunto, lo que es acorde con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional; de ahí que a nada práctico conduciría esperar a la fecha de celebración de la audiencia constitucional para determinar su diferimiento, si en el caso es evidente que la misma en el corto plazo que existe entre la presente y aquélla, sería imposible materialmente que se cumpliera la anteriormente ordenada. Sustenta lo anterior, por analogía jurídica, la tesis de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU DIFERIMIENTO ANTICIPADO OFICIOSAMENTE NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN PERJUICIO DE LAS PARTES. Si con motivo de diversas constancias enviadas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, el Juez de Distrito, oficiosamente y antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, dejó sin efectos dicho señalamiento y fijó nuevas fecha y hora para esos fines, tal proceder es legal si con ello se concede otra vez el término de ocho días previsto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias remitidas por la autoridad responsable y, por ello, cuentan con la oportunidad suficiente, en términos del artículo 151 del mismo ordenamiento, para ofrecer las pruebas que estimen pertinentes para desvirtuar el informe justificado y las constancias correspondientes. Por ello, el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento se traduce en que éstas cuenten con todo el término y la oportunidad de rendir sus pruebas, de manera que sería inútil esperar los días faltantes para la celebración de la primera audiencia, si el juzgador de Distrito ya observó que a la llegada de ese día deberá marcar nueva hora y día para la respectiva celebración. De esa manera, con tal proceder el Juez Federal impide una probable reposición del procedimiento y genera un mayor beneficio al reiniciar el tiempo en que las partes pueden conocer los términos del informe justificado, preparar y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes; lo cual es acorde con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, y con los fines del artículo 157 de la Ley de Amparo, el cual prevé que los Jueces de Distrito cuidarán que los juicios respectivos no queden paralizados.". Notifíquese y personalmente al tercero interesado.
- Principal
IV.-Desahogo de prevención. Agréguese el escrito firmado por Kheren Esther Juárez Guardado, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado el diecinueve de abril de dos mil veintidós y precisa que promueve el presente juicio de amparo por si y a nombre de su hija, la niña de identidad reservada. En tal virtud, se tiene a la antes mencionada, promoviendo juicio de amparo, por si y a nombre de su hija, la niña de identidad reservada, contra el acto que atribuye al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo en Chetumal. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de que se trata, se ordena formar expediente, y se ordena dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrito, entregándole copia simple de la demanda de amparo. Acceso al expediente electrónico de la representación social. Por otra parte, en atención a lo solicitado por el agente del ministerio público de la federación adscrito a este órgano jurisdiccional, con el oficio 47/2022, de veinticinco de marzo de dos mi veintidós, que se acordó en el cuaderno de varios de la sección de amparo de este órgano jurisdiccional, se autoriza el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, al referido representante social. En ese sentido, toda vez que previa búsqueda en el módulo de autorizados para consultar el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advirtió que el usuario "sergio.villadadelapiedra", se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 35, 36, 39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario para consultar el presente expediente en línea. Por tanto, hágase del conocimiento al analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este juzgado, para que en términos del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes. Solicitud de informes justificados. Pídase su informe justificado a la autoridad responsable, que deberá rendirlo por escrito o por medios magnéticos dentro del término de QUINCE DÍAS, según lo señala el precepto 117 de la ley de la materia. Además, con sustento en el párrafo cuarto del numeral citado en el párrafo precedente, requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, se sirva remitir copias certificadas legibles y completas de las constancias y actuaciones que se encuentren vinculadas al mismo; apercibida que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa por la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintidós, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que es la referencia económica en pesos aplicable de conformidad con lo que establece el artículo 2° transitorio del Decreto por el que se Declara Reformadas y Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del dispositivo 260, de la Ley de Amparo, sanción económica que también les serán aplicadas en el caso de que no rindan su informe correspondiente. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los preceptos 63, fracciones IV y V, 64 y 251, del ordenamiento legal invocado, requiérasele para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado; apercibida que de no cumplir con esa obligación, se le impondrá una multa por la cantidad $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 moneda nacional), que equivale a treinta unidades de medida y actualización, a razón de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintidós, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que es la referencia económica en pesos aplicable de conformidad con lo que establece el invocado artículo 2° transitorio del Decreto por el que se Declara Reformadas y Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo. Igualmente, se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que al momento de rendir sus informes justificados, manifiesten si la parte quejosa con anterioridad a la presentación de la demanda de que se trata, promovió algún medio ordinario de defensa en contra de los actos reclamados, o bien, diverso juicio de amparo en el procedimiento de origen, en el entendido, que de no hacerlo se les hará efectivo el apercibimiento citado en el presente auto. Hora y fecha de audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, la cual, si las características del objeto del presente asunto lo permiten, conforme a los artículos 25 y 26, del referido Acuerdo General, en relación con el numeral 28 del diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se podría celebrar mediante el uso de videoconferencias. Para los efectos de lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que de ser su voluntad comparecer al desahogo de la audiencia, deberán comunicarlo a este Juzgado con tres días de anticipación a la celebración de la misma, a fin de que se tomen las medidas correspondientes para llevar a cabo su verificativo por videoconferencia a través de los medios tecnológicos correspondientes; en el entendido que de no hacer manifestación alguna al respecto se llevará a cabo la aludida audiencia sin la presencia de las partes. Por otra parte, se determina que no habrá necesidad de emitir el oficio correspondiente a la autoridad responsable, para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, en virtud de que tal determinación no tendrá la transcendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=54&Exp=2 con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Notifíquese.
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