Khatty Jean White Hyatt
Expediente 130/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 130/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Khatty Jean White Hyatt
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que, al actualizarse dicho supuesto en este asunto, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL DIECISEÍS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, SE PROCEDE A NOTIFICAR EL ACUERDO DE OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADA(O) POR EL TITULAR DE MI ADSCRIPCIÓN, EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA, DE NUESTRO ÍNDICE, A LA PARTE PROMOVENTE, POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN LUGAR VISIBLE EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO Número de expediente: 130/2021 Acuerdo: Cuernavaca, Morelos, a ocho de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa, mediante el cual, subsana la prevención efectuada en auto de dos de marzo del presente año, pues cumple con lo requerido; en tales condiciones, este Juzgado Federal al respecto provee: Desechamiento de la demanda. Por otra parte, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional DESECHA LA DEMANDA, toda vez que de su estudio integral se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, por las razones legales que a continuación se expondrán. Ahora bien, cabe precisar que la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados, lo siguiente: Del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, lo siguiente: El auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, emitido en el expediente *****2020-3, mediante el cual se le niega concederle la suspensión respecto de la ejecución de laudo dictado en el expediente laboral *****/14. De la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y Actuario adscrito a la misma, lo siguiente: La ejecución del laudo dictado en el expediente *****/2014. En ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en razón a que en contra del acto reclamado procede recurso de revocación, por lo que la quejosa debía agotarlo en cumplimiento al principio de definitividad. Los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución, sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan contra tal acto. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, son presupuestos distintos y autónomos que debe observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Por tanto, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. En ese tenor, respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo en aquellos casos en los cuales el particular promueve el juicio constitucional impugnando un acto emanado de dichos tribunales sin haber agotado previamente el recurso que proceda. Por tanto, el principio de definitividad respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo conlleva la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En el caso, el acto combatido en la presente vía constitucional, consistente en el auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, emitido en el expediente ****2020-3, mediante el cual se le niega conceder la suspensión respecto de la ejecución del laudo dictado en el expediente laboral ****/14. Dicho acto, no tiene el carácter de definitivo para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, toda vez que en contra de este procede el recurso de revocación previsto en los artículos 525 y 526 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, que a continuación se transcribe: "ARTICULO 525.- Procedencia de la Revocación y de la Reposición. Las sentencias no pueden ser revocadas por el Juez que las dicta. Los autos que no fueren apelables y los proveídos, pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el funcionario que lo sustituya en el conocimiento del negocio. Procede la interposición del recurso de reposición en contra de los proveídos y autos del Tribunal Superior, cuando son dictados en el toca respectivo. Son aplicables a ambos recursos las mismas reglas de substanciación. ARTICULO 526.- Trámite de la revocación y de la reposición. La revocación y la reposición se interpondrán en el acto de la notificación por escrito o verbalmente o, a más tardar dentro de los dos días siguientes de haber quedado notificado el recurrente. Deberá contener la expresión de los hechos, los fundamentos legales procedentes y los agravios que le cause la resolución impugnada. Si el recurso fuere presentado extemporáneamente o no contiene la expresión de agravios, se declarará desierto y firme el auto o proveído. No se concederá plazo de prueba para sustanciar la revocación o la reposición y sólo se tomarán en cuenta los documentos que se señalen al pedirla. La revocación y la reposición no suspenden el curso del juicio y se substanciarán con vista a la contraparte por plazo de tres días y transcurrido dicho plazo, se resolverá sin más trámite. La resolución que se dicte no admite recurso". Dicho numerales establecen que los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el funcionario que lo substituya en el conocimiento del negocio, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso, así como la tramitación de dicho recurso. En el caso, el acuerdo reclamado se encuentra dentro de los supuestos previstos en los artículos 525 y 526 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, al haber sido dictado por el juez del conocimiento, sin que la ley establezca expresamente la procedencia de otro recurso, así como su tramitación. De igual manera, tiene aplicación al caso, la tesis I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el Tomo XV, Mayo de 2002, página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que indica: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.- De interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Por tanto, es evidente que en contra del acto reclamado procedía el recurso de revocación, por lo que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues previo al juicio de amparo, la parte quejosa se encontraba obligada a agotar dicho medio de defensa (revocación), mediante el cual pudo ser revocado o nulificado el acto de autoridad en comento. Se afirma lo anterior, en virtud de que se colman las exigencias establecidas en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que: 1. El acto reclamado es una resolución proveniente de un juez. 2. El citado recurso de revocación, se encuentra previsto en la ley que rige el acto, es decir, en el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 3. Ese medio de defensa, opera dentro del procedimiento del juicio en donde se dictó el acto reclamado; y, 4. Por virtud del referido recurso de revocación, la determinación dictada por la responsable, pudo ser modificada, revocada o nulificada. Por tanto, al existir un medio de defensa idóneo por el cual pudo modificarse, revocarse o nulificarse el acto que por esta vía se reclama, es inconcuso para este Juzgador que al no haberse agotado previamente a la promoción del juicio constitucional, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Cabe hacer mención que en el caso no se está en los casos de excepción señalados por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Dicha disposición establece, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. [.] Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;. Ello, en razón de que el acto que por esta vía se reclama se trata del auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, emitido en el expediente ****/2020-3, mediante el cual se le niega conceder la suspensión respecto de la ejecución de laudo dictado en el expediente laboral ****/14, por lo que no se trata de ninguno de los actos señalados en los incisos a) y b) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y la parte quejosa no es tercero extraña en el procedimiento de origen. Aunado a que la procedencia del recurso de revocación no está sujeto a interpretación adicional, ni su fundamento legal sea insuficiente para determinar su procedencia. En consecuencia, y como ha quedado acreditado en los párrafos que anteceden, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. De igual manera, el desechamiento de la presente demanda se hace extensivo para el acto reclamado consistente en la ejecución del laudo dictado en el expediente *****2014, así como para las autoridades responsables señaladas como ejecutoras. Notifíquese personalmente.
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