Keyla Sheila Espinosa Reyes

Expediente 1718/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1718/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Keyla Sheila Espinosa Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación y Registro Vista la demanda promovida por *************, por propio derecho; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1718/2023-III. Desechamiento parcial De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, del análisis íntegro del escrito de demanda, se obtiene que la parte quejosa señala como autoridades responsables a las siguientes: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; y Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. De quienes sustancialmente reclama: La omisión de dar contestación al escrito de aceptación de pensión que presentó ante la Unidad de Atención al Derechohabiente el ********************; y como consecuencia de ello, la falta de pago de pensión por fallecimiento del pensionado. Sentado lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo citado de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, el suscrito advierte la actualización de la contendida en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5°, fracción ll (aplicado a contrario sentido), ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (...)" La disposición prevista en la fracción XXIII transcrita, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que se relaciona con las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional que derivan de la Carta Magna y de la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el propio artículo 61, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo ordenado en el artículo 5°, fracción II, de la citada legislación de la materia. Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoquen los derechos humanos de éstos. En este punto cabe destacar que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; esto es, únicamente se mencionan las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, pero no especificaron las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución, establecieron diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo, en términos de la legislación de amparo abrogada, los cuales se invocan por analogía. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la legislación de amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados, según se corrobora del texto de la tesis PXXVII/97 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "Autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo son aquellos funcionarios de organismos públicos que con fundamento en la ley emiten actos unilaterales por los que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "autoridades para efectos del juicio de amparo. El término "autoridades" para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De lo anterior se tiene que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. En este orden de ideas, es importante señalar que dada la naturaleza del acto reclamado (omisión de dar contestación al escrito de aceptación de pensión que presentó ante la Unidad de Atención al Derechohabiente el ********************; y como consecuencia de ello, la falta de pago de pensión por fallecimiento del pensionado), no son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, su Director General, Consejo Directivo ni el Comité de Pensiones, pues carecen de facultades para dar contestación al escrito de aceptación de pensión que solicita la parte quejosa; ya que, en términos del Manual General de Organización del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, publicado en el periódico oficial "Gaceta de Gobierno" el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, solo el Departamento de Pensiones tiene las facultades para dar contestación respecto al pago de los derechos que han sido reconocidos en los dictámenes de pensión correspondientes, emitidos por el Comité de ese Instituto, siempre y cuando acrediten reunir los requisitos legalmente establecidos, conforme a lo dispuesto en el ordenamiento legal en cita y demás legislaciones aplicables. En ese sentido, dado que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, su Director General, Consejo Directivo ni el Comité de Pensiones, no cuentan con las facultades para atender la petición de la parte quejosa; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción ll, ambos de la ley de la materia, el último aplicado a contrario sentido, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha parcialmente la demanda de amparo respecto de dichas autoridades. Admisión Con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, admítase la demanda de amparo únicamente respecto de la autoridad responsable: Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Incidente de Suspensión Al no haberse solicitado, no se tramita el incidente de suspensión. Ministerio Público Federal Por otra parte, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en los términos del artículo 5°, fracción IV, de la ley reglamentaria, por lo que se deja a disposición copia de la demanda en la sección de actuaría. Audiencia Constitucional Se fijan las nueve horas con treinta y ocho minutos del doce de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De igual forma, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional, se le notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este Juzgador la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán de hacerse del conocimiento de la responsable mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. Requerimiento a la Autoridad Responsable Con fundamento en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, contados a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. En el entendido de que podrá rendir el citado informe y anexos en un plazo menor al señalado, lo cual contribuirá en una pronta impartición de justicia en favor del justiciable, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 constitucional, con el apercibimiento que de ser omisa, se impondrá una multa a su titular de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otra parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 64 de la ley de la materia, de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato; asimismo, se solicita que haga saber la existencia de amparos promovidos previamente por la parte quejosa, para lo cual deberá precisar el estado procesal de los mismos y el juzgado del conocimiento; en caso de no hacerlo, se hará acreedora a una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 251, del ordenamiento invocado. Pruebas Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las pruebas que refiere la parte quejosa en su escrito de demanda, debiendo dar cuenta con ellas en la audiencia constitucional. Empero, respecto a las constancias relativas al expediente formado con motivo de su solicitud de pensión, se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto la responsable rinda su informe justificado o transcurra el plazo concedido para tal efecto. Domicilio Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Acceso Expediente Electrónico Asimismo, se autoriza la consulta del expediente en su versión electrónica a través del usuario "********************", por encontrarse registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se comisiona al oficial judicial "A", para que actualice los campos respectivos a fin de que la citada parte procesal pueda acceder al expediente electrónico. Exhorto a la parte quejosa para señalar usuario para oír y recibir notificaciones De conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales, se exhorta a la parte quejosa para que designe el usuario que precisó en el proemio de su demanda, para efecto de oír y recibir notificaciones. Autorizados En relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciada o licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. Exhorto a las partes Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, se hace del conocimiento que el suscrito es consciente que el paro de labores de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación generó un impacto en la administración de justicia; por lo que, atento a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género, que rigen la carrera judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 100, en relación con el 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tomarán las medidas correspondientes, a fin de subsanar el retraso ocasionado. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Subadministrador Desconcentrado de Recaudación, adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de México "1", mediante el cual en cumplimiento al requerimiento contenido en el auto de siete del mes y año en curso, refiere que la aquí quejosa no ha dado cumplimiento a la requerido en el oficio ********************, puesto que no ha manifestado cual es el cincuenta por ciento, que le corresponde como copropietaria de los bienes embargados a Bernardo Leovigildo Hernández Cuevas. De lo anterior, este órgano de control constitucional toma conocimiento y procede a proveer el mismo. VALORACIÓN Conforme a lo expuesto por la oficiante y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, se procede a calificar el cumplimiento al fallo protector aducido por la responsable. En principio, conviene establecer que mediante sentencia autorizada el cinco de agosto de dos mil veintidós, este juzgado de Distrito determinó otorgar el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa para efecto de que la autoridad responsable efectuara lo siguiente: "(.) Respeten el derecho de copropiedad de la parte quejosa, respecto de los inmuebles consistentes en 1. Lote de terreno número dos, que se subdividió del que originalmente era lote Veinte "B", resultante de la subdivisión del inmueble denominado Rancho Santa Elena, San Lorenzo Tepaltitlán, Municipio de Toluca, Estado de México; inscrito en el Instituto de la Función Registral con Folio Real Electrónico 00247169; y, 2. Lote de terreno número Veinte, que resulto de la subdivisión autorizada del predio denominado "Rancho Santa Elena", San Lorenzo Tepaltitlán, Municipio de Toluca Estado de México; inscrito en el Instituto de la Función Registral con folio real electrónico 000042109, donde la quejosa es copropietaria del 50% (cincuenta por ciento) que pertenece a la sociedad conyugal que tiene con el deudor fiscal (.)". Inconforme con dicho fallo, la Administración y Subadministración Concentrada de Recaudación de México "1", así como la parte quejosa, interpusieron recurso de revisión, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que lo registró bajo el número 630/2022, de su índice, mismo que resolvió en sesión de trece de julio de dos mil veintitrés, en los términos siguientes: "PRIMERO. Se DESECHA el recurso de revisión adhesiva interpuesto por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, en términos del considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se MODIFICA la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARO Y PROTEGE a Ana María Arzate Ordaz, contra los actos y autoridades precisadas en el considerando octavo de la sentencia recurrida, y para los efectos establecidos en el considerando décimo cuarto del presente fallo. CUARTO. Se declara SIN MATERIA el recurso de revisión adhesiva interpuesto por Ana María Arzate Ordaz." Por tanto, a través del auto de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, se requirió a las responsables para que realizaran lo siguiente: "(.)1) Dejen insubsistente el embargo trabado sobre los bienes inmuebles descritos en las "Actas de ampliación de Embargo" de treinta de marzo de dos mil veintidós, únicamente respecto del cincuenta por ciento (50%) que le corresponde a la quejosa Ana María Arzate Ordaz. 2) Se llame dentro del procedimiento administrativo de ejecución a la quejosa, para que oponga sus derechos como copropietaria dentro de la fase de remate de la parte alícuota que pertenece al deudor fiscal, y solo para oponer derechos en esa fase.(.)". En atención a lo anterior, mediante oficio 400 36 00 05 01 2023-10882, al que adjunto los diversos ******************** y ********************, por los cuales da cumplimiento al punto uno de la ejecutoria dictada por el tribunal de alzada. Posteriormente, a través de diversos oficios la responsable informó las gestiones que se encontraba efectuando para dar cumplimiento al fallo protector, el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés se recibió el oficio 400 36 00 05 01 2023-12499, a través del cual el Subadministrador Desconcentrado de Recaudación adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación México "1", informó que la quejosa había sido notificada de manera personal del derecho que le asistía para acudir al procedimiento administrativo de ejecución a oponer los derechos que le asisten como copropietaria de los bienes de Bernardo Leovigildo Hernández Cuevas, como se advierte de la copia certificada del oficio ********************, de trece de septiembre de dos mil trece, notificado a la parte quejosa el veinticinco siguiente. Por tanto, del examen de dichas constancias, mismas que de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su numeral 2°, tienen valor probatorio pleno; se observa que se atendieron los efectos del fallo protector, dado que la autoridad responsable mediante oficios ******************** y ********************, dejó insubsistente el embargo trabado sobre los bienes, únicamente respecto del cincuenta por ciento que le corresponde a la quejosa y mediante misiva ********************, llamó al procedimiento administrativo de ejecución a la promovente del amparo. Cumplida Sobre esas circunstancias, se considera que las responsables acataron los lineamientos esenciales de la ejecutoria de amparo, a través de los cuales se restituyó al solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. Consecuentemente, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgador tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos. Manifestaciones No pasan inadvertidas las manifestaciones vertidas por la parte quejosa por medio de las cuales, expresó que le fue indicado que dicho procedimiento administrativo de ejecución aún no da inicio, toda vez que no se ha llevado a cabo el avaluó de los inmuebles. Sin embargo, tal circunstancia no formó parte de los lineamientos establecidos en la sentencia amparadora, sino que ésta únicamente ordena que se deje insubsistente el embargo y se le llama dentro del procedimiento administrativo de ejecución a la parte quejosa. De ahí, el sentido de la determinación que emite este órgano jurisdiccional; empero, comuníquese a la parte quejosa que tiene a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía y forma que estime pertinentes.

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