Keyla Nicole Méndez Ramírez
Expediente 493/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 493/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/06/2022
Partes del expediente
- Keyla Nicole Méndez Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, quince de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que ninguna de las partes interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el treinta y uno de junio de este año, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente juicio se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente, requiérase a las partes para que dentro del término de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, comparezcan en el local de este órgano jurisdiccional en día y hora hábil debidamente identificados, a efecto de recoger los documentos originales que en su caso hubiesen allegado a este asunto, previa constancia de recibo que se deje en autos; apercibidas que de no hacerlo en el plazo indicado éstos serán destruidos, de conformidad con el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 851/2022, signado por la Directora del Hospital General "Doctor Alfredo Pumarejo" de esta localidad, por medio del cual complementa el informe justificado recibido el diecisiete de mayo del año en curso; en tal razón, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, sin que resulte necesario ponerlo a la vista de las partes en virtud de las consideraciones que enseguida se expondrán. Visto el estado actual que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que Jesús Martín Méndez Henández, promovió demanda de amparo en favor de su menor hija de iniciales KNMR, en la que, en esencia, reclamó la falta de atención médica adecuada por parte de las autoridades que señaló como responsables. Ahora bien, a través del informe justificado recibido en la oficialía partes de este órgano jurisdiccional el diecisiete de mayo del año en curso, se tuvo a la Directora del Hospital General "Doctor Alfredo Pumarejo" de esta ciudad, negando los actos reprochados por la parte agraviada, pues aseveró que esa institución brindaba atención médica conveniente a con calidad y calidez y si bien la menor necesitaba que se le practicara un TAC craneoencefálico, el hospital a su cargo no contaba con artefacto tecnológico necesario para ello; sin embargo, ésta continuaba internada en la sala de pediatría y se le brindaba el medicamento necesario sin costo alguno. De igual manera, la nombrada Directora del Hospital General de referencia, a través del oficio 851/2022, mismo que ahora se recibe, enviado como complemento a su informe justiciado, hace del conocimiento de este órgano de control constitucional que el día diecisiete de mayo de dos mil veintidós, se dio la alta médica por mejoría de la quejosa directa de iniciales KNMR, que le fue practicado ésta el TAC craneoencefálico que necesitaba, mismo que reportó ausencia de evidencias de alteraciones a nivel encefálico, por lo que, al presentar una evolución favorable se le dio de alta médica. Asimismo, exhibió la documental consistente en el resumen clínico de la menor paciente para acreditar su dicho. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que en el presente asunto, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el que en la parte que interesa, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Para una mejor comprensión del significado de la causa de improcedencia anteriormente transcrita, es necesario observar lo que señala la tesis visible en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, en su Novena Época, la cual es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." El criterio anterior establece que para que concurra la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto reclamado por la parte quejosa, quede insubsistente y que las cosas vuelvan al estado actual que tenían antes de la violación constitucional reclamada, tal como si se hubiera otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal; de tal manera, que ese acto ya no le perjudique a la agraviada directa y pueda disfrutar del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Ello en virtud que, si originalmente la quejosa directa se dolía de la falta de atención médica adecuada por parte de las autoridades señaladas como responsables y, con posterioridad, esto es, el día diecisiete de mayo de dos mil veintidós, se le dio de alta por mejoría, se le practicó el estudio denominado TAC craneoencefálico que necesitaba, se le brindó el medicamento y, además, fue orientada a consulta externa de neuropediatría, resulta por demás obvio que han cesado los efectos del acto reclamado, actualizándose de esa manera, como ya se dijo, la causa de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que, con fundamento en lo establecido por el artículo 63, fracción V, del invocado cuerpo normativo, debe sobreseerse en el presente juicio constitucional. No es obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio de garantías sin que preceda audiencia constitucional, pues la causa de improcedencia de que se habla es notoria y el resultado del fallo sería en el mismo sentido. Robustece lo expuesto la jurisprudencia 2ª./J.10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con símbolo de búsqueda 184572 y visible en la página 386, del tomo XVII, marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional que estaba programada para las diez horas con veinte minutos del quince de junio de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el informe justificado rendido por la Directora del Hospital General Doctor Alfredo Pumarejo de esta localidad; en tal razón, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Por otra parte, en relación con las documentales que se reciben con el informe de cuenta, téngase a la autoridad de mérito cumpliendo con la exigencia que establece el párrafo quinto del numeral 117 de la ley de la materia. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la manifestación realizada por el promovente Jesús Martín Méndez Hernández, en la razón actuarial que antecede, se le tiene ratificando la demanda de amparo que promovió, en representación de la menor Keyla Nikole Méndez Ramírez, contra actos del director General del Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social, con asentamiento en esta ciudad, y otra autoridad. En consecuencia, al no advertirse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la citada demanda de derechos fundamentales. Con apoyo en el ordinal 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5º, fracción IV, de la ley de la materia, dése la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este tribunal. Por otra parte, tomando en cuenta que al promoverse el presente asunto se realizó de forma física, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este juzgado debe haber autorizado, en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente. Sin embargo, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 117 de la legislación en cita, pídase el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo y, de ser cierto el acto reclamado por la parte quejosa, remitir las constancias necesarias; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido o no remitir la copia certificada completa y legible de las citadas constancias para la solución del juicio constitucional, se hará acreedora a una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, requiérase a la parte agraviada y a las autoridades responsables, para que informen oportunamente a este tribunal, si cesaron los efectos del acto reclamado o si ocurren causas notorias de sobreseimiento como lo prevé el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con sustento en el numeral 251 de la legislación de la materia, se les impondrá una multa por la cantidad de $2,886.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos con sesenta centavos, moneda nacional), equivalente a treinta veces el valor diario de la indicada unidad de medida. Se cita a la audiencia constitucional, misma que se llevará a cabo a las diez horas con veinte minutos del quince de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales que adjunta la parte quejosa a su demanda de garantías. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, Secretario que actúa y da fe.
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