Keyla del Socorro Balan
Expediente 968/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 968/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Keyla del Socorro Balan
- Titular del Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia En Yucatán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA II.- Visto la cuenta que antecede, SE ACUERDA: glósense a los presentes autos únicamente para que obren como legalmente correspondan, los documentos recibidos vía electrónica, consistentes en imagen de la parte trasera de una credencial de elector a nombre de ******* e impresión de la constancia de la Clave Unica de Registro de Población, a nombre de *******, toda vez que en auto de veintiséis de julio del año en curso, causó estado el acuerdo en el que se desechó la demanda de amparo. NOTIFIQUESE.
- Principal
MESA II.- CAUSA ESTADO: Visto la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo de trece de julio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo, no interpuso el recurso de queja; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, al ser un juicio de amparo que se desechó la demanda de garantías en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN". NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA II.- Vista la cuenta que antecede, se ACUERDA: toda vez que la peticionaria de amparo indirecto ..., no cumplió con la prevención que se le hiciera en proveídos de siete y catorce de junio del año en curso, y que ha transcurrido el término que se le concedió sin que a la fecha haya dado cabal cumplimiento; por lo que se procederá al análisis del escrito de demanda. Ahora, previo a estar en aptitud de pronunciarse sobre la admisión, desechamiento o incompetencia de la demanda de amparo, es menester puntualizar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 19, publicada en la página 17, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, con el rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS", ha sustentado el criterio que el libelo de amparo debe considerarse un todo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En este tenor, es claro que el órgano de control constitucional puede desechar la demanda, cuando de su contexto, se adviertan los siguientes elementos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; Que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Entendiéndose por tales extremos, que el motivo es patente y absolutamente claro del contexto de la demanda; y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno, durante la secuela del juicio. Improcedencia de la demanda de amparo Así, en el caso, la suscrita juzgadora federal estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 5°, ambos de la Ley de Amparo, así como el diverso 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primero de los numerales prevé una causa genérica de improcedencia del juicio de amparo, que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 5° de la Ley de Amparo prevé que el amparo únicamente puede promoverse por la parte que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de ese ordenamiento y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, dice que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esa Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De esos preceptos se desprende que uno de los principios que rige el juicio de amparo es el de instancia de parte agraviada, que consiste en que el procedimiento constitucional se seguirá únicamente a instancia de la parte a quien le perjudique o le cause agravio el acto o ley que reclame y puede seguirse únicamente por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, por sí, por su representante legal, por su apoderado o por cualquier otra persona en los casos previstos en la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, para cumplir el citado principio y como una de las formalidades indispensables para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la demanda de amparo contenga la firma autógrafa o electrónica de quien promueve o bien de quien promueva a nombre de una diversa persona, al constituir el signo gráfico o criptográfico con el que externa la voluntad de instar la vía del amparo, de conformidad con el artículo 3 de la ley de la materia, en relación con los ordinales 2°, fracción XVI, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. En el presente asunto, del análisis de la demanda de amparo que nos ocupa, se desprende que la misma, fue enviada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y remitida a este Órgano Jurisdiccional de forma electrónica, por lo que, es evidente que no es susceptible de estampar una firma autógrafa; sin embargo, tampoco fue firmada electrónicamente mediante el uso de la FIREL o e.firma por la parte promovente; por consiguiente, tal situación se considera como la ausencia de manifestación de voluntad de instar el juicio constitucional, lo que hace improcedente el mismo, ya que tal deficiencia (falta de firma electrónica) no puede corregirse mediante prevención, pues no es una de las irregularidades descritas en el numeral 114 de la precitada ley en la materia, ni tampoco se trata de la omisión de alguno de los requisitos referidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo. Además, los actos reclamados en el presente juicio, contrario a lo alegado por la quejosa, no se encuentran en alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en cuyo caso sería innecesaria la firma autógrafa o electrónica. En efecto, si bien de conformidad con los artículos 42, 43 y 44 del referido ACUERDO General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, cuenta con una opción para presentar demandas de amparo electrónicas en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, lo cierto es que en el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, no se aprecia que los actos reclamados encuadren en dichos supuestos, esto es, no se trata de un caso urgente, que amerite su tramitación de esa manera. Es así, pues el acto reclamado lo constituye en esencia la omisión de contestar la solicitud de que se le otorgue un programa denominado deudo Covid. Las anteriores circunstancias, revelan por sí mismas que no se está en presencia de un acto u omisión reclamado de carácter urgente, ya que las omisiones atribuidas a la autoridad responsable no importan peligro de privación de la vida como alega la quejosa, ni tampoco ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Desechamiento de demanda. En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 5° de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia. Sin que lo anterior implique una negativa de acceso a la justicia para la quejosa en términos del artículo 17 Constitucional, puesto que el desechamiento de la demanda obedece a la ausencia de un requisitos de procedibilidad como lo es la expresión de la voluntad de la promovente, la cual puede subsanarse en cualquier momento mediante la presentación de una nueva demanda de amparo subsanando esa irregularidad, incluso con su firma autógrafa en caso de no contar con la firma electrónica. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA VII. Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, de la que se desprende que ha fenecido el término de quince días, para interponer el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, en contra de la determinación de doce de mayo de dos mil veintiuno, que declaró cumplida la sentencia que concedió el amparo, sin que las partes hubieran interpuesto el aludido recurso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto y 214 "a contrario sensu" de la Ley de Amparo vigente, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE EXPEDIENTE. ACUERDO DE DEPURACIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso b) del artículo 18 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, al ser un juicio cuya sentencia concedió el amparo. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de garantías. Por lo que, hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACION EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACION DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCION".
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