Kevin Yampier Talavera Curiel

Expediente 2445/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2445/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
24/09/2019

Partes del expediente

  • Kevin Yampier Talavera Curiel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el siete de marzo de este año (fojas 90 a 92), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento al fallo protector. Además, que por oficio y anexo recibidos por acuerdo de veintisiete de junio de este año (fojas 104 a 106), se tuvo a la delegada aludida, aclarando las operaciones aritméticas realizadas al efectuar el cálculo de la cantidad a devolver a la parte quejosa; ello, en atención al requerimiento formulado en auto de diecinueve de junio del año actual, por parte de este juzgado para que reintegrara al quejoso el déficit faltante (fojas 97 a 101). En relación con lo anterior, por acuerdo de veintisiete de junio del año actual (foja 106), se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que se hubiera realizado manifestaciones al respecto. Luego, con fundamento en el precepto 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: **Así pues, mediante resolución de ocho de enero de dos mil diecinueve (fojas 45 a 61), por una parte, se sobreseyó, y por otra, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó al Congreso del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad y otras autoridades, para que hicieran lo siguiente: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva al quejoso la cantidad de $10,096.43 pesos por concepto de inscripción de documento público o privado, préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, cantidad pagada por el justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó. De igual forma, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por cada uno de los derechos que se establecieron en el recibo de pago, y que fueron motivo de estudio en el presente asunto, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de las fracción I, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. En la inteligencia de que el recibo de pago es por la suma de $10,096.43 pesos; sin embargo, no será objeto de devolución la cantidad de $595.00 pesos por el concepto "por el registro de poderes de cualquier clase", dado que la misma no forma parte de los pagos derivados de las disposiciones legales reclamadas. (.) De igual forma, el Recaudador de Rentas deberá devolver los montos relativos a Fom. Educación, Asist. Social, U.A.N., únicamente en la parte proporcional en que se haya causado respecto del impuesto por inscripción de documento público o privado e inscripción préstamo hipotecario, respecto de los cuales se otorgó la protección constitucional. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Resolución que por auto de trece de febrero de dos mil diecinueve, causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que en el término de diez días la acatara y remitiera las constancias que acreditaran dicho cumplimiento. Asimismo, el requerimiento precisado en el párrafo que antecede se hizo extensivo al Titular de la Secretaría aludida, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable citada (fojas 73 a 74). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar los entes aludidos para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A).- Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el ordinal 21, fracciones I y XVIII, así como 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito; B).- Devolverle a la parte quejosa la cantidad de $10,096.43 pesos por concepto de inscripción de documento público o privado, préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por cada uno de los derechos que se establecieron en el recibo de pago; además, sin considerar la diversa suma de $595.00 (quinientos noventa y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), que pagó por el concepto "por el registro de poderes de cualquier clase", de dado que ésta no forma parte de los pagos derivados de las disposiciones reclamadas; y, C).- Devolver los montos relativos a Fom. Educación, Asist. Social y U.A.N., únicamente en la parte proporcional en que se haya causado respecto del impuesto por inscripción de documento público o privado e inscripción préstamo hipotecario, respecto de los cuales se otorgó la protección constitucional; cantidades que debían ser actualizadas en términos de la ejecutoria de que se trata. Luego, mediante oficio y anexos recibidos en este órgano jurisdiccional el siete de marzo de este año (fojas 90 a 92), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, informó que generó y entregó a la parte quejosa un cheque por la cantidad de $8, 819.44 (ocho mil ochocientos diecinueve pesos 44/100 moneda nacional), lo cual acreditó con la copia inserta del cheque 0001154, de veinte de febrero del año en curso, por suerte principal y concepto de actualización correspondiente, mismo que en su oportunidad recibió personalmente. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues se desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y se le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la parte quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la cantidad de $10, 096.43 (diez mil noventa y seis pesos 43/100 moneda nacional), menos $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por cada uno de los derechos que se establecieron en el recibo de pago; además, sin considerar la diversa suma de $904.40 (novecientos cuatro pesos 40/100 moneda nacional), que se integran por el concepto "por el registro de poderes de cualquier clase", así como la parte proporcional de los impuestos adicionales causados, cuyo total es $1,464.40 (un mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 40/100 moneda nacional), ya que ésta no forma parte de los pagos derivados de las disposiciones reclamadas, se tiene un total de $8,632.03 (ocho mil seiscientos treinta y dos pesos 03/100 Moneda Nacional). Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable devolvió la obligación tributaria principal. Ello, porque como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el siete de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 10 a 11), y la responsable generó y entregó a la parte aquí quejosa, un cheque por la cantidad de $8, 819.44 (ocho mil ochocientos diecinueve pesos 44100 moneda nacional), lo cual acreditó con la copia inserta del cheque 0001154, de veinte de febrero del año en curso (foja 91), por concepto de cantidad principal y la actualización correspondiente. Así, el periodo de ajustes fiscal comprende del mes de noviembre de dos mil dieciocho a febrero de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de octubre de dos mil dieciocho a enero de este año (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de dos mil dieciocho fue de 101.440; y para el mes de enero del año actual 103.108 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.01644. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuesto en comento, a saber: $8,632.03 (ocho mil seiscientos treinta y dos pesos 03/100 moneda nacional), de donde se obtiene que el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $8,773.94 (ocho mil setecientos setenta y tres pesos 94/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $141.91 (ciento cuarenta y un pesos 91/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que las responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, el Recaudador de Rentas responsable, restituyó a la parte quejosa la cantidad de $8, 819.44 (ocho mil ochocientos diecinueve pesos 44/100 moneda nacional) por concepto de la devolución de los derechos e impuestos materia del presente juicio y su actualización. No pasa inadvertido que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $8,773.94 (ocho mil setecientos setenta y tres pesos 94/100 moneda nacional); sin embargo, ésta reintegró la diversa de $8, 819.44 (ocho mil ochocientos diecinueve pesos 44/100 moneda nacional), es decir, existe un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de $45.50 (cuarenta y cinco pesos 50/100 moneda nacional), lo cual no es materia de este asunto dado que la concesión del amparo era para que le devolviera al peticionario de garantías la cantidad que solicitó y si está es mayor a la peticionada es responsabilidad de la responsable; además, dicho ente debe de agotar los medios necesarios para gestionar dicha devolución. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente sumario constitucional, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este juzgado federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio constitucional, por una parte se sobreseyó, y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. **

  2. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el siete de marzo de este año (fojas 90 a 92), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento al fallo protector. Además, que por oficio y anexo recibidos por acuerdo de veintisiete de junio de este año (fojas 104 a 106), se tuvo a la delegada aludida, aclarando las operaciones aritméticas realizadas al efectuar el cálculo de la cantidad a devolver a la parte quejosa; ello, en atención al requerimiento formulado en auto de diecinueve de junio del año actual, por parte de este juzgado para que reintegrara al quejoso el déficit faltante (fojas 97 a 101). En relación con lo anterior, por acuerdo de veintisiete de junio del año actual (foja 106), se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que se hubiera realizado manifestaciones al respecto. Luego, con fundamento en el precepto 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número **. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente sumario constitucional, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este juzgado federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio constitucional, por una parte se sobreseyó, y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. **

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta presentados por ** en calidad de delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas, con sede en esta ciudad, mediante los cuales realiza aclaraciones respecto al cumplimiento dado al fallo protector; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, con la comunicación oficial y anexo dése vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. **

  4. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta presentados por ** en calidad de delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas, con sede en esta ciudad, mediante los cuales realiza aclaraciones respecto al cumplimiento dado al fallo protector; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, con la comunicación oficial y anexo dése vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. **

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