Kevin Virgilio Coello Salgado
Expediente 184/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 184/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Kevin Virgilio Coello Salgado y Otros.
- Kevin Virgilio Coello Salgado
Actuaciones
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término que refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de veintitrés de febrero del año en curso, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. Consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación que antecede, de la cual se desprende que en proveído de dieciséis de febrero del año en curso, se previno a los quejosos 1). Kevin Virgilio Coello Salgado, 2). Estefani Michelle Hernández Romero, y los menores de iniciales 3). K.J.C.H. y 4).A.M.C.H., para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído comparecieran ante este órgano jurisdiccional a ratificar el contenido y firma de su escrito de demanda; el cual transcurrió del dieciocho al veintidós del presente mes y año, sin que hayan ejercido ese derecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto en cita; por tanto, con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; el escrito de demanda mediante el cual Eduardo Alejandro López Hernández, en representación de los directos quejosos 1). Kevin Virgilio Coello Salgado, 2). Estefani Michelle Hernández Romero, y los menores de iniciales 3). K.J.C.H. y 4). A.M.C.H., solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclaman del Delegado Federal en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, que estiman violatorios de los artículos 1, 11, 14, 16 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 184/2022-7. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Del análisis integral de la demanda, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, es obligación de este Juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamados. De tal suerte que, al analizar el libelo constitucional, los juzgadores de amparo deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, con atención preferente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las expresiones que generen oscuridad o confusión; es decir, al fijar el acto reclamado, se deberá atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo que habrá de resolverse. Sustentan lo considerado, la jurisprudencia de la Novena Época, con registro 192097, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000, materia común, tesis P./J. 40/2000, página 32, de título y texto: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Por lo que, del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que el promovente impugna a favor de los directos quejosos lo siguiente: Incomunicación. Deportación o expulsión para ser devueltos a Guatemala, a pesar de ser personas reconocidas como refugiadas en México. Privación de la libertad dentro de la Estación Migratoria por más de 36 horas. La omisión de prevenir la tortura psicológica o física. La promulgación del artículo 111 de la Ley de Migración. En esa medida, tomando que los actos identificados con los incisos a), b), c) y d), se tratan de los contemplados en los artículos 15 y 22 de la Ley de Amparo, por lo que se debe proveer sobre la procedencia de la suspensión de plano de los mismos, conforme lo señala el dispositivo 126 de la Ley de Amparo. Por su parte, se proveerá sobre su admisión de los citados actos, junto con el identificado en el inciso e), más delante de este acuerdo. SUSPENSIÓN DE PLANO. Ahora, toda vez que de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama los actos consistentes en a) incomunicación; b) deportación o expulsión para ser devueltos a Guatemala, a pesar de ser personas reconocidas como refugiadas en México; c) Privación de la libertad dentro de la Estación Migratoria por más de 36 horas; y d) la omisión de prevenir la tortura psicológica o física, cuando arriben al territorio mexicano. Sin embargo, a criterio de esta Juzgadora, se considera que es improcedente la suspensión de plano contra dichos actos, porque constituyen actos futuros de realización incierta. Se dice lo anterior, porque los efectos de la suspensión solicitada es para que los quejosos ingresen al territorio mexicano (que a su decir cuenta con la documentación respectiva) y no sean sujetos de aplicación de los actos antes citados por autoridades nacionales. Sin embargo, del análisis integral de la demanda, se desprende que los quejosos no se encuentran físicamente en este país, porque según afirman éstos se encuentran en el punto fronterizo el Ceibo, frontera entre México y Guatemala. Bajo ese contexto, para conceder o negar la suspensión deben considerarse los supuestos para concederla de oficio y de plano, lo cual no puede desvincularse de la naturaleza de los actos reclamados. De esa forma, acorde con los dispositivos citados, se advierte que los actos motivo de suspensión de oficio y plano, revisten una connotación que implica una grave transgresión de derechos al atentar contra la vida, la libertad y la integridad física de la persona, pues el perjuicio que representan por su sola naturaleza es de tal magnitud, que el Poder Constituyente estableció su suspensión inmediata y, en otros, determinó además su prohibición de modo terminante, proscribiéndolos del orden jurídico nacional. Por lo que se colige que los actos precisados en los ordenamientos referidos, indiscutiblemente son susceptibles de suspensión sin demora alguna y sin dar cabida a un cálculo preventivo de presupuestos probables para su concesión. En el caso es por demás claro que los quejosos no se encuentran en el país, pues reiteran que solicitan la suspensión para efectos de no ser rechazados y permita su ingreso al territorio nacional, por lo que no están siendo sujetos a cualquiera de los actos previstos en los artículos 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo. A manera de ejemplo, se precisa en que consiste la deportación que es uno de los actos reclamados, por lo tanto, es necesario atender el artículo 13 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, que establece lo siguiente: Artículo 13. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en el presente pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas." Asimismo, en la contradicción de tesis 1/2006-PL, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció lo siguiente: De lo que hasta aquí se ha expuesto se puede concluir que la ley secundaria, a través de sus reformas, le ha dado a la deportación y a la expulsión el mismo sentido, lo que significa que para los efectos de esta resolución, es decir, visto el acto desde la Ley de Amparo, y en específico desde el capítulo referido a la suspensión, la deportación y la expulsión por autoridad administrativa, son actos equivalentes, análogos, con los mismos efectos, ya que por medio de ambas instituciones, sea deportación o expulsión, la ley secundaria faculta a la autoridad administrativa para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en México. Finalmente, hay que notar que no existe una manera homogénea en el uso de los términos en el derecho comparado, en el cual se utilizan de manera indistinta términos como: rechazo, remoción, expulsión, deportación o cancelación de la permanencia. Si bien en algunos Estados se diferencian los términos dependiendo del procedimiento que se lleve a cabo: administrativo o judicial, o de la conducta que se sanciona, en nuestro país, a nivel legal, solamente se contempla la posibilidad de expulsión por autoridad administrativa. De lo anterior, se aprecia que el extranjero puede ser objeto de deportación o expulsión (previa garantía de audiencia), siempre y cuando se encuentre dentro del territorio nacional, lo cual no sucede con los aquí quejosos. Por lo tanto, los actos que se reclaman constituyen actos futuros e inciertos, en virtud de que su realización no es segura, ya que ello depende de lo que determinen las autoridades migratorias o cualquier otra autoridad mexicana y que los quejosos cumplan con los requisitos establecidos legalmente para su ingreso al país. Por las razones que la informan, es cita el precedente jurisprudencial 2a./J. 14/2010, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Febrero de 2010, página 141, registro digital 165133, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA EJECUCIÓN DEL APERCIBIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE UNA MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE UN LAUDO LABORAL, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO. Conforme al criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por regla general sólo los actos futuros de inminente realización y no los futuros e inciertos son susceptibles de suspenderse, entendiéndose por los primeros los que derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de modo que pueda asegurarse que se ejecutarán en breve, y por los segundos, aquellos cuya realización es remota, ya que su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones. En ese tenor, resulta improcedente conceder la suspensión contra la ejecución del apercibimiento al quejoso con la imposición de una multa en caso de no cumplir con un laudo laboral, pues constituye un acto futuro e incierto, en virtud de que su realización no es segura, por depender de la conducta que aquél asuma en relación con ese mandato judicial. Ahora, es necesario precisar que el Instituto Nacional de Migración (órgano administrativo desconcentrado de la Administración Pública Federal, dependiente de la Secretaría de Gobernación), es una institución gubernamental que, conforme a la Ley de Migración, tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas migratorias y, en específico, en materia de control y verificación de esa índole. En tal virtud, corresponde a los delegados y subdelegados federales, así como a los delegados locales dependientes del Instituto Nacional de Migración, resolver y ejecutar el rechazo de personas extranjeras al territorio nacional, de conformidad con los artículos 12, 13 y 14, apartado B, fracción III, del Acuerdo por el que se delegan atribuciones para autorizar trámites migratorios y ejercer diversas atribuciones previstas en la Ley de Migración y su Reglamento a los servidores públicos adscritos a las delegaciones federales del Instituto Nacional de Migración, publicado en el Diario oficial de la Federación el trece de noviembre de dos mil doce. Por lo que, acorde a lo dispuesto por los artículos 37, 43 y 86 de la Ley de Migración, así como los diversos 52, 55 y 57 de su reglamento, cuando el Instituto Nacional de Migración advierte que los extranjeros que solicitan el ingreso a territorio nacional en los lugares destinados al tránsito internacional de personas (aéreo, terrestre o marítimo), no cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de Migración, su reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables, debe emitir el acta de rechazo correspondiente, o en caso contrario, la resolución favorable a la solicitud. Tal procedimiento deriva de la facultad del Estado para establecer mecanismos de control migratorio en el ingreso, estancia y salida del territorio nacional, a fin de salvaguardar, entre otros intereses, la seguridad, economía y salubridad nacional. Al respecto, los numerales 2 y 81 de la Ley de Migración, disponen que la política migratoria en México es el conjunto de decisiones y acciones llevadas a cabo por el Estado Mexicano (en contraposición a los particulares) para atender de manera integral el fenómeno migratorio, conforme a los objetivos previstos en las leyes y demás normas jurídicas sobre la base del principio del respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, sin importar su situación migratoria, así como las acciones de control migratorio encaminadas para tal efecto. En ese sentido, cabe señalar que los numerales 168, 169, 171 y 172 de la Opinión Consultiva OC-18/038. Condición jurídica y de derechos de los migrantes indocumentados, en su apartado X, "Obligaciones estatales en la determinación de la políticas migratorias a la luz de los instrumentos internacionales de protección a derechos atinente a trabajadores inmigrantes", la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce que el Estado tiene la facultad de establecer políticas migratorias para el control de ingresos, permanencia o salidas de su territorio. Lo anterior, hace patente que las autoridades migratorias tienen facultades legales para revisar la documentación y determinar si un extranjero ingresa o no al territorio nacional, lo cual implica que no existe certidumbre de su realización, porque ello dependerá de la conducta de los quejosos (cumplir con la normatividad antes mencionada) y de la actividad de la autoridad. De tal manera que en esas condiciones, se estima que no es procedente la suspensión de plano, puesto que la orden de deportación o la privación de la libertad fuera de procedimiento migratorio, se hace depender de una cuestión remota, pues su existencia depende de la actuación administrativa de la autoridad migratoria, y de la conducta de los quejosos, es decir que cumplan con los requisitos migratorios establecidos legalmente en la Ley de Migración. Además, cuando se concede la suspensión de plano contra una orden de deportación, sólo tiene como efecto que no se ejecute, y en modo alguno puede tener como consecuencia que se permita el acceso a un extranjero al territorio nacional, porque eso depende de la revisión migratoria que realiza la autoridad administrativa y que el extranjero cumpla con los requisitos legales exigidos. Lo anterior, porque el artículo 160 de la Ley de Amparo, establece que cuando se reclame la orden de deportación, expulsión o extradición, la suspensión tiene por efecto que no se ejecute y el interesado quede a disposición del órgano de amparo en cuanto a su libertad se refiere. De ahí que no sea sostenible el argumento de los recurrentes, precisamente porque la medida suspensional de plano, en tratándose de deportación únicamente tiene como efecto que no se ejecute, pero en modo alguno pudiera emitirse para los efectos que señalan y menos cuando se trata de actos futuros e inciertos. Sumado, que en relación a los actos distintos a la orden de deportación, como son a) incomunicación; c) Privación de la libertad dentro de la Estación Migratoria por más de 36 horas; y d) la omisión de prevenir la tortura psicológica o física, cuando arriben al territorio mexicano, no se advierte que se estén ejecutando en contra de los quejosos por parte de autoridades nacionales, pues como ellos precisaron en su demanda de amparo, se encuentran fuera del territorio nacional. Por otra parte, si se requiere la suspensión de plano para ingresar al país, tal circunstancia no se encuentra dentro de las hipótesis específicas para conceder de plano la medida cautelar solicitada en términos de los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni 15 y 126 de la Ley de Amparo, porque los supuestos mencionados en los artículos en comento, parten de la idea de que los quejosos se encuentran a disposición de alguna autoridad, y por ello ante esa urgencia se ordena el cese o paralización del acto. Sin embargo, los quejosos no se encuentran dentro del territorio nacional, y se parte de la premisa de lo dicho en su demanda de que no sean rechazados y se permita su reingreso a territorio mexicano por ser personas refugiadas y cuando se formalice su reingreso serán objeto de a) incomunicación; b) deportación o expulsión para ser devueltos a Guatemala, a pesar de ser personas reconocidas como refugiadas en México; c) Privación de la libertad dentro de la Estación Migratoria por más de 36 horas; y d) la omisión de prevenir la tortura psicológica o física, cuando arriben al territorio mexicano, es indudable que se está en presencia de un acto futuro de realización incierta. Aunado a que no es factible jurídicamente paralizar los procedimientos administrativos que lleguen a instaurar las autoridades migratorias, pues como se dijo está dentro de sus facultades el control de ingresos, permanencia o salidas de su territorio de los extranjeros. En esas condiciones se NIEGA LA SUSPENSIÓN DE PLANO solicitada. Sirve de sustento, como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y por lo tanto, constituye prueba plena, la ejecutoria de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de queja 430/2021, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en el que declaró infundado tal recurso, promovido por la parte quejosa, por conducto de su representante, en contra del acuerdo de diez de ese mes y año, emitido en el amparo indirecto 1266/2021, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, en el que se negó la suspensión de plano al tratarse los actos reclamados futuros e inciertos, pues los quejosos se encuentran fuera de territorio nacional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia con registro 2017123, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 10, Tomo I, de Junio de 2018, Libro 55, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). REQUERIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA. Con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo anterior, se requiere a los quejosos 1). Kevin Virgilio Coello Salgado, 2). Estefani Michelle Hernández Romero, y los menores de iniciales 3). K.J.C.H. y 4). A.M.C.H., para que en el acto de la notificación o dentro de los TRES DÍAS siguientes a ésta, los dos primeros manifiesten POR SÍ Y EN REPRESENTACIÓN DE LOS MENORES DE EDAD 3). K.J.C.H. y 4). A.M.C.H., que resultan ser sus hijos, SI RATIFICAN O NO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA A SU FAVOR, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por NO PRESENTADA, acorde lo establecido en el citado numeral. COMISIÓN DE ACTUARIO Se comisiona al actuario judicial de la adscripción de este juzgado, para que se constituya en el domicilio señalado en autos y notifique la presente determinación a los referidos quejosos. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda, y como autorizado a los licenciados José Alberto Arguelles Aviles, Alejandra Macías Delgadillo, Adriana Hernández Segura, Luis Felipe Calva Arriola, Luis Miguel Hernández Andrade y María Angélica Montesinos Licona, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y en términos restringidos del citado precepto legal a Javier Ismael Castro Sánchez y Luis Enrique Morales Gómez, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSULTA ELECTRÓNICA Ahora bien, en lo que respecta a la solicitud de consulta del presente expediente en el portal http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx a los usuarios: Alex160593" "ADRIANAHER" "LF.Calva.Arreola" Se autoriza el acceso electrónico de este expediente a las cuentas mencionadas ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esto, de conformidad con lo establecido en los artículos 26,fracción IV, 30, fracción I, 31 fracciones II y III, de la Ley de Amparo, y el ordinal 36 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo. Instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído. En relación a los números telefónicos y correo electrónico que proporcionan, este juzgado toma conocimiento de los mismos, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que carecen de eficacia jurídica para tales efectos. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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