Kevin Reinoso Abreu

Expediente 755/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
755/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • Kevin Reinoso Abreu
  • KEVIN REINOSO ABREU y Otros.
  • LEYANET PEREZ PADRON y Otros.
  • Leyanet Perez Padron

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Asuntos Legales y Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, con sede en Mexicali, Baja California, por medio del cual anexa los oficios originales 25415/2022 de fecha diez de octubre de dos mil veintidós y el diverso oficio 27584/2022 de fecha nueve de noviembre de dos mil veintidós, en virtud de haberlos recibido por error en la Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California, siendo diversa autoridad Secretaría de Gobernación la destinataria del mismo. Atento a lo anterior, en obvio de mayores dilaciones procesales, reexpídase vía estafeta lo oficios 25415/2022 y 27584/2022 a la autoridad Secretaría de Gobernación, con sede en Ciudad de México, a fin de que se imponga de su contenido. Por último, sólo para su conocimiento, se hace saber a las partes que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, a partir del día dieciséis de enero del presente año, este Juzgado cambia su denominación a Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y conserva su actual jurisdicción territorial pero con competencia mixta, conforme al artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo de referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano solicitada, no obstante de que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, por tanto encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, en relación con el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano", del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos la constancia actuarial suscrita por el actuario de la adscripción de la que se advierte la imposibilidad de localizar a los directos quejosos 1) Kevin Reinoso Abreu, 2) Yusel Alberto Hernández Martínez, 3) Leyanet Pérez Padrón, 4) Nesthali Cuenca Vilches, y 5) Yeniffer Gutiérrez Fernández, para lo cual adjunta copia de los oficios de salida expedidos por el Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad a nombre de las antes mencionadas. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, de la certificación secretarial de cuenta y de las actuaciones que obran en el presente juicio, quien suscribe estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la transcripción del numeral antes mencionado se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, es necesario que la autoridad responsable destruya todas las consecuencias del citado acto de manera total e incondicional. Desde el punto de vista jurídico, este último concepto implica que tal privación de efectos sea definitiva; es decir, no sujeta a la presentación de un acontecimiento posterior con capacidad para hacerlos resurgir. Ahora bien, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que en su escrito de demanda los quejosos hicieron consistir el acto reclamado en: "Ataques de la libertad personal fuera de procedimiento en contra de los aquí quejosos. Aseguramiento, alojamiento y detención administrativa de los quejosos en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, de esta ciudad, por más de treinta y seis horas. La incomunicación para recibir asistencia jurídica. La orden de deportación y traslado a otra ciudad." Luego, de la razón actuarial suscrita por el fedatario de la adscripción se advierte la imposibilidad de localizar a los directos quejosos 1) Kevin Reinoso Abreu, 2) Yusel Alberto Hernández Martínez, 3) Leyanet Pérez Padrón, 4) Nesthali Cuenca Vilches, y 5) Yeniffer Gutiérrez Fernández, para lo cual adjuntó copia de los oficios de salida ORBC/EMTIJ/3652/2022, ORBC/EMTIJ/3650/2022, ORBC/EMTIJ/4220/2022, ORBC/EMTIJ/3651/2022 y ORBC/EMTIJ/3652/2022, expedidos por el Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad a nombre de las antes mencionadas, de los que se advierte que los aquí quejosos fueron liberados en uno y cinco de octubre del año en curso, al haber cumplido con los requisitos de la Ley de Migración. Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo que es evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados, toda vez que si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -veintitrés de septiembre de dos mil veintidós-, subsistían los actos reclamados que guardan relación directa con el aseguramiento, alojamiento y detención administrativa, de los quejosos 1) Kevin Reinoso Abreu, 2) Yusel Alberto Hernández Martínez, 3) Leyanet Pérez Padrón, 4) Nesthali Cuenca Vilches, y 5) Yeniffer Gutiérrez Fernández, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración; cierto es también, que con posterioridad; es decir, el uno y cinco de septiembre de dos mil veintidós, los aquí quejosos fueron puestos en libertad, lo que quedó corroborado con los oficios ORBC/EMTIJ/3652/2022, ORBC/EMTIJ/3650/2022, ORBC/EMTIJ/4220/2022, ORBC/EMTIJ/3651/2022 y ORBC/EMTIJ/3652/2022, expedidos por el Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad a nombre de los antes mencionados, al haber cumplido con los requisitos de la Ley de Migración. De ahí que -como se anticipó-, cesaron los efectos de los actos que en esta instancia constitucional se reclaman, como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la justicia federal, es decir, como si éstos no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, puesto que el acto reclamado, dejó de existir. Sirve de apoyo a lo antes resuelto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (No. Registro: 193,758, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Junio de 1999, Tesis: 2a./J. 59/99, Página: 38) De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior por los motivos que la integran la tesis P. CL/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 197367 de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así como la tesis I.3o.C.769 C sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro digital 165869 de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia de la acción constitucional referida, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de Amparo en relación con la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal, por lo que quedan sin efectos las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional para las once horas con cuarenta minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintidós, comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo. Notifíquese personalmente; y por lista a los quejosos 1) Kevin Reinoso Abreu, 2) Yusel Alberto Hernández Martínez, 3) Leyanet Pérez Padrón, 4) Nesthali Cuenca Vilches, y 5) Yeniffer Gutiérrez Fernández.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de octubre de dos mil veintidós. Vista la constancia secretarial que antecede, se advierte que en proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, se requirió a las autoridades responsables Titular de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración y Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos, ambos de esta ciudad, informe de suspensión plano sin que a la fecha hayan dado cumplimiento a lo anterior, no obstante estar debidamente notificadas para ello. En consecuencia, requiérase nuevamente a las autoridades responsables para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, legalmente computado, informen el cumplimiento a la suspensión de plano decretada en veintitrés de septiembre del año en curso, respecto de los quejosos 1) Kevin Reinoso Abreu, 2) Yusel Alberto Hernández Martínez, 3) Leyanet Pérez Padrón, 4) Nesthali Cuenca Vilchis, y 5) Yeniffer Gutiérrez Fernández. Apercibidas que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo; que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual manera se les hace del conocimiento a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente auto, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 209 y 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo y se dará vista a la agente del Ministerio Público de la Federación. Resulta aplicable a lo antes decretado, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 25, diciembre de 2015, tomo II, página 1245, materia común, con número de registro 2010702, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: Se comisiona al actuario. Con independencia de lo anterior, en obvio de mayores dilaciones procesales, se requiere a las autoridades responsables migratorias, realicen las gestiones necesarias a efecto de que brinden apoyo a los Actuarios de la adscripción para que éstos puedan realizar las siguiente encomiendas: - Acceder a la Estación Migratoria de esta ciudad, al área de alojamiento, con el propósito de que puedan vocear a los directamente agraviados 1) Kevin Reinoso Abreu, 2) Yusel Alberto Hernández Martínez, 3) Leyanet Pérez Padrón, 4) Nesthali Cuenca Vilchis, y 5) Yeniffer Gutiérrez Fernández, a efecto de que tales fedatarios puedan verificar que a la fecha aquéllos ya no se encuentran alojados en dicha estancia. - Tener a la vista el documento o en su caso el archivo que en sistema obre del cual se pueda advertir el motivo del egreso de los impetrantes mencionados, así como en su caso la toma de fotografías y copias de tales archivos o documentos. En consecuencia, se comisiona a cualquiera de los Actuarios de la adscripción a efecto de que se traslade a la Estación Migratoria de esta ciudad y con copia del acuse de recibo del oficio mediante el cual se notifica a las autoridades responsables el presente proveído, solicite el apoyo solicitado del personal que en su caso se haya comisionado para tal efecto. Asimismo, se encomienda al actuario respectivo que en el caso que con motivo de la carga laboral de las autoridades responsables no pueda dar cumplimiento a lo anterior en su primera búsqueda, entonces se coordine con dicho personal, a efecto de que a la brevedad se pueda realizar lo antes precisado o bien informen el impedimento legal que se tenga para ello, a efecto de que este Órgano Jurisdiccional pueda proveer lo conducente. Apercibida la autoridad responsable, que de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259 ambos de la Ley de Amparo, se harán acreedores -en lo particular-, a una multa de 50 (cincuenta) Unidades de Medida y Actualización. Finalmente, el Actuario de la adscripción deberá elaborar acta circunstanciada de las gestiones realizadas a fin de lograr la encomienda planteada. Notifíquese.

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