Kevin Noé Pascual Sánchez

Expediente 692/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 56 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
692/2021
Año
2021
Actuaciones
56
Última actuación
04/10/2022

Partes del expediente

  • Kevin Noé Pascual Sánchez
  • Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región de Zamora, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 56.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra el auto de veintitrés de agosto del año en curso, en que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósese el original del incidente de suspensión. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el computo a las demás partes para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la ley de la materia, en atención a que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, dicho proveído no les irroga perjuicio alguno. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente juicio de amparo es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Del mismo modo, como en los autos del incidente de suspensión se concedieron las suspensiones provisional y definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción por ubicarse en la hipótesis prevista en el 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo que procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse archivado el asunto. Por otra parte, en relación con el billete de depósito número... expedido por el Banco del Bienestar, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo, valioso por la cantidad de $..., mismo que exhibió la parte quejosa para garantizar la suspensión definitiva del acto reclamado que le fue concedida; por el momento no ha lugar a dejarlo a disposición del depositante en virtud, que de conformidad con el artículo 156 de la Ley de Amparo, se concede a los terceros interesados el término de seis meses contado a partir de que se notifique el presente proveído, para que promuevan el incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión; en consecuencia, una vez que transcurra dicho término, se estará en condiciones de proveer lo referente a dejarlo a disposición del depositante, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Tesorería. Ahora bien, toda vez que la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, remitió un disco en formato DVD de la causa penal 798/2020, para la substanciación del presente juicio de amparo y a la fecha se encuentra concluido; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejoso y autorizado, el acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala Morelia, Michoacán, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra el auto de veintitrés de agosto del año en curso, en que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósese el original del incidente de suspensión. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el computo a las demás partes para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la ley de la materia, en atención a que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, dicho proveído no les irroga perjuicio alguno. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente juicio de amparo es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Del mismo modo, como en los autos del incidente de suspensión se concedieron las suspensiones provisional y definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción por ubicarse en la hipótesis prevista en el 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo que procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse archivado el asunto. Por otra parte, en relación con el billete de depósito número... expedido por el Banco del Bienestar, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo, valioso por la cantidad de $..., mismo que exhibió la parte quejosa para garantizar la suspensión definitiva del acto reclamado que le fue concedida; por el momento no ha lugar a dejarlo a disposición del depositante en virtud, que de conformidad con el artículo 156 de la Ley de Amparo, se concede a los terceros interesados el término de seis meses contado a partir de que se notifique el presente proveído, para que promuevan el incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión; en consecuencia, una vez que transcurra dicho término, se estará en condiciones de proveer lo referente a dejarlo a disposición del depositante, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Tesorería. Ahora bien, toda vez que la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, remitió un disco en formato DVD de la causa penal 798/2020, para la substanciación del presente juicio de amparo y a la fecha se encuentra concluido; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el correo electrónico remitido por el Agente de la Policía de Investigación, Zacapu, Michoacán, por medio del cual manifiesta que no puede acusar recibo del comunicado 19948/2022, a través del cual se le notificó el proveído de veintitrés de agosto del año en curso, consistente en el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, toda vez que su denominación correcta es con la que se ostenta y no "Comandante de la Policía Ministerial en Zacapu, Michoacán"; sin embargo, toda vez que del correo electrónico de cuenta se aprecia que ya tuvo conocimiento del citado oficio, en términos de los artículos 28, fracción I y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase por hecha la notificación del mismo. Asimismo, téngase como denominación correcta a la autoridad antes menciona Agente de la Policía de Investigación, Zacapu, Michoacán, y no como " Comandante de la Policía Ministerial en Zacapu, Michoacán", lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar . En la inteligencia que el aludido correo ha sido previamente certificado por el Secretario de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio que aparece publicado en la página 245, del tomo XI, del mes de abril de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente". Notifíquese.

  4. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha veintitrés de agosto de dos mil dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que, mediante proveído de diecinueve de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por..., contra el acto del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio Oral del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, y otras autoridades, el cual se hizo consistir en: "orden de aprehensión, presentación, búsqueda y detención, así como pretender privarlo de su libertad y su ejecución." Ahora, en el caso concreto, se actualiza la causa considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que cesaron los efectos del acto reclamado. A fin de explicar la referida causal de improcedencia conviene traer a colación el contenido del citado artículo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" En ese sentido, la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien por una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener efectos jurídicos. De tal manera que la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso; y, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J.9/98, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, página 210; que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Criterio aplicable en tanto que no se oponen a la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, por lo que continúa su vigencia, conforme al artículo sexto transitorio de la citada ley. De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la conclusión de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, crea una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de perjudicar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser restituida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia en estudio se encuentra orientada por la imposibilidad de hacer efectivo el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En ese sentido, es patente que de la interpretación de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal, que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, página 38; del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Ahora, en la especie, se actualiza la referida causa de improcedencia, en virtud de que la quejosa acudió a la instancia constitucional a reclamar la orden de aprehensión dictada en su contra dentro de la causa penal 798/2020, así como su ejecución; sin embargo, con posterioridad, se advierte que en audiencia de siete de julio de dos mil veintidós, el Juez responsable canceló la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso, en razón que compareció a la audiencia de imputación (foja 116). Además, por voluntad de las partes se remitió la causa penal al área de mediación en el Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa de Zacapu, Michoacán, por lo que suspendió la causa penal. En consecuencia, al haber cancelado la orden de aprehensión, motivo del acto reclamado en el escrito inicial de demanda, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que alegó por esta vía el hoy quejoso; motivo por el cual, cesaron los efectos del acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión dictada en su contra en la causa penal 798/2020, así como su ejecución. Sobreseimiento que se hace extensivo en cuanto al acto reclamado a las autoridades ejecutoras, toda vez que sus actos no se reclaman por vicios propios, sino como consecuencia del acto reclamado a la ordenadora. En mérito de lo anterior, es indudable que, como ya se dijo, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia Constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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