Kevin López Ventura

Expediente 273/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
273/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
31/10/2018

Partes del expediente

  • Kevin López Ventura
  • Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa para hacer las manifestaciones que estimara convenientes en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo informado por la autoridad responsable; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si con las constancias que obran en autos se encuentra o no cumplida. La parte quejosa solicitó el amparo contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con residencia en San Luis Acatlán, Guerrerom de quien reclamó la omisión de dictar sentencia definitiva en el expediente 183/2016 de su índice. En la ejecutoria materia de esta resolución, se concedió el amparo para los siguientes efectos: ". que el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, tan pronto cause firmeza la presente resolución, emita la sentencia definitiva que corresponda en el juicio de divorcio incausado 183/2016, o en su caso, precise cuáles son las pruebas o actuaciones que deban realizarse y tome las medidas necesarias para su desahogo..." En cumplimiento a esa sentencia, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, remitió copia certificada de la sentencia definitiva de diez de agosto del año en curso, dictada en el expediente 183/2016 de su índice; documental pública que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En esas condiciones, si la responsable se pronunció en los términos a que le obligaba la ejecutoria de amparo, se considera que la parte quejosa ha sido restituida en el goce del derecho vulnerado y por tanto, procede declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin excesos ni defectos. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero, tres de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, residente en San Luis Acatlán, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia de amparo anexando la constancia con lo que lo acredita; por tanto, con lo anterior, dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no manifestar algo al respecto dentro del término de tres días, a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, con lo informado por dicha autoridad y demás constancias que integren este expediente este juzgado federal resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; once de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se observa que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), de la ley de la materia, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que ampara y protege a la parte quejosa, ha causado ejecutoria. Ahora bien, en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con residencia en San Luis Acatlán, Guerrero: ".tan pronto cause firmeza la presente resolución, emita la sentencia definitiva que corresponda en el juicio de divorcio incausado 183/2016, o en su caso, precise cuáles son las pruebas o actuaciones que deban realizarse y tome las medidas necesarias para su desahogo." Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase al juez responsable, para que dentro del plazo de tres días informe el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, lapso en el que se considera que la sentencia deberá quedar cumplida, ya que no se estima que en ejercicio de la facultad contenida en el último párrafo del citado numeral, así como por la dificultad y complejidad del asunto, este juzgador deba ampliar dicho término. En la inteligencia que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258 de la Ley de Amparo vigente y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  4. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo número 273/2018; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia oficial en esta ciudad, remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, KEVIN LÓPEZ VENTURA, promovió demanda de amparo contra la autoridad y por el acto que enseguida se mencionan: AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ALTAMIRANO, CON RESIDENCIA EN SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO. ACTO RECLAMADO: "La inactividad procesal, para no emitir la sentencia definitiva dentro del juicio de divorcio incausado número 182/2016." SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante acuerdo de veinte de marzo de dos mil dieciocho, se registró la demanda en el libro de gobierno respectivo con el número 273/2018 y se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, con motivo de la aclaración respecto al número correcto del expediente del que deriva el acto reclamado (183/2016 y no 182/2016); por auto de treinta de mayo pasado se requirió nuevamente el informe justificado a la responsable con base en dicha precisión; mientras que la audiencia constitucional, luego de diversos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama una omisión suscitada dentro de un juicio del orden familiar que se tramita ante una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que Kevin López Ventura, como parte actora en el expediente 183/2016, relativo al juicio de divorcio incausado, reclama de la autoridad responsable la omisión de dictar la sentencia definitiva que corresponda. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Establecido lo anterior, procede ahora verificar la certeza del acto reclamado; en ese sentido, ES CIERTO el acto reclamado al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con sede en San Luis Acatlán; Guerrero, pues si bien al rendir su informe con justificación negó la existencia de la omisión que se le reclama bajo el argumento de que no consta petición alguna del quejoso sobre la citación a las partes para oír sentencia, lo cierto es que de las actuaciones allegadas en copia certificada relativas a las actuaciones que integran el juicio de divorcio incausado 183/2016, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del invocado código adjetivo federal, no se advierte que efectivamente a la fecha, se haya emitido la sentencia definitiva correspondiente, no obstante que en la audiencia previa y de conciliación de quince de febrero de dos mil diecisiete, estableció que una vez que obraran los informes que recibió en autos de veintinueve de mayo del año próximo pasado, estaría en posibilidad de emitir dicha sentencia. CUARTO. Análisis de los conceptos de violación. Verificada la certeza del acto reclamado, ya que no existe causal de improcedencia del juicio de amparo invocada por las partes ni se advierte que opere alguna que deba ser examinada de oficio tal y como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, en este apartado se analizará si procede o no conceder la protección federal solicitada por Kevin López Ventura. En ese sentido, se estima fundado el motivo de disenso que expone en el sentido de que la autoridad responsable transgrede en su perjuicio el derecho a la expeditez en la administración de la justicia consagrado como una garantía individual en el artículo 17 de la Constitución General de la República, que en lo conducente, establece: "Ninguna persona podrá hacerse justicia por si misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial... " Del precepto constitucional parcialmente inserto, se infiere que el derecho público subjetivo que contiene, relativo a la celeridad en la impartición de justicia, está supeditado a los términos que para ese fin señalen las leyes secundarias. Por su parte, los artículos 9º, fracciones I, y II; 12, 14, 143 y 520 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, a la letra disponen: "Artículo 9º.- Los poderes del juzgador. El juzgador tiene, sin perjuicio de las especiales que le concede la ley, las facultades siguientes: I. Dirigir el proceso de acuerdo con las disposiciones de este Código; II. Impulsar el procedimiento una vez que ha sido iniciado conforme al artículo anterior, sin perjuicio de las facultades que la ley concede a las partes (.)". "Artículo 12.- Concentración procesal. Los actos procesales deberán realizarse sin demora, tratando de abreviar los plazos cuando se faculte para ello por la ley o por acuerdo de las partes, y de concentrar en el mismo acto todas las diligencias que sea necesario realizar." "Artículo 14.- Principio de economía. Tanto el juzgador como los órganos auxiliares de la jurisdicción, tomarán las medidas necesarias para lograr la mayor economía en la realización del proceso." "Artículo 143.- Plazo para dictar resoluciones. Cuando la ley no establezca plazos distintos, las resoluciones judiciales deberán dictarse a más tardar dentro de los siguientes: I. De tres días después del último trámite o de la promoción correspondiente cuando se trate de dictar decretos; II. De tres días a partir de la fecha de que se reciba la promoción o actuación judicial, si se tratase de autos; y III. De quince días a contar de la fecha de la citación si se tratare de sentencias." "Artículo 520.- Orden público de los asuntos del orden familiar. Todos los asuntos inherentes a la familia se considerarán de orden público por constituir la base de la integración de la sociedad, estando facultado el juzgador para decretar las medidas cautelares que tiendan a preservarla y a proteger a sus miembros dentro de los lineamientos legales previstos en el Libro Segundo Título Primero Capítulos IV y VI de este Código. Por tanto, en todos los asuntos que trate este Título deberá tener intervención el Ministerio Público y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia." De la exégesis de las normas legales reproducidas se obtiene que si bien es cierto, en atención al principio dispositivo, las partes deben expresar su voluntad para que se emita con prontitud la solución del asunto, no puede soslayarse que en tratándose de juicios del orden familiar, se reconocen al juzgador facultades para investigar la verdad, incluso aun en el caso de que las partes no hayan ofrecido el medio de prueba conducente, de lo que deriva la imposición a la autoridad judicial de una actitud propositiva que dé impulso al procedimiento conforme al texto constitucional, tan es así que luego de que tuvo verificativo la audiencia previa y de conciliación (quince de febrero de dos mil diecisiete), ante la inasistencia de la demandada, el juez de la causa determinó que estaría en posibilidad de dictar sentencia tan pronto obraran los informes que solicitó a diversas dependencias, los cuales tuvo por recibidos en autos de veintinueve de mayo de ese mismo año; sin evidencia de que haya dictado tal sentencia. De ese modo, si se parte del hecho de que a pesar de que estableció cuáles eran las condiciones que debían observarse para estar en aptitud de dictar sentencia, y las mismas ya fueron colmadas desde el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, sin que el juez responsable haya emitido la sentencia que corresponda, entonces puede concluirse que el citado Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, en perjuicio del disconforme viola el derecho fundamental que tutela el artículo 17 de la Carta Magna, pues desde aquella fecha el sumario quedó paralizado. En consecuencia, al resultar lo anterior violatorio del precepto legal invocado, en razón ya que refiere que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; es decir, para que se infrinja esta garantía basta que los acuerdos o resoluciones no los emita la responsable dentro de los plazos y términos legales que al efecto establecen las leyes relativas; por tanto, lo procedente es conceder a Kevin López Ventura la protección de la justicia Federal, para el efecto de que el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, tan pronto cause firmeza la presente resolución, emita la sentencia definitiva que corresponda en el juicio de divorcio incausado 183/2016, o en su caso, precise cuáles son las pruebas o actuaciones que deban realizarse y tome las medidas necesarias para su desahogo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 77, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a KEVIN LÓPEZ VENTURA, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

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