Kevin Josué Savillón Arriaga
Expediente 1480/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1480/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Kevin Josué Savillón Arriaga
Actuaciones
- Principal
VIII.- HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO... ARCHIVESE EL PRESENTE JUICIO.
- Principal
VIII.- SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO, Y SE DEJAN SIN EFECTO LAS MEDIDAS ADOPTADAS...
- Principal
Villahermosa, Tabasco, a dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Radicación* Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales promovida por Diana Elizabeth Martínez Ortiz, a favor de Kevin Josué Sabillón Arriaga, contra actos del Instituto Nacional de Migración con sede en Tenosique, Tabasco. Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese con el número 1480/2021-VIII. Suspensión de plano De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente señala como acto reclamado, además de otro, la deportación del territorio mexicano. Con fundamento en los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que el quejoso no sea deportado a su país de origen, y no sea objeto de cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 17 de la Ley de Amparo; ello, sin perjuicio de que sea asegurado, permaneciendo a disposición de las autoridades administrativas para la continuación de algún procedimiento administrativo o carpeta de investigación que en su caso se le instruya, desde luego, con respeto y tutela de los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna y los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito con otros. Sin que la suspensión de plano decretada con antelación, impida la continuación de los procedimientos establecidos en la Ley de Migración, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 80/2207, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 15, Tomo XXVI, diciembre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN.- El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo". De igual manera, la medida cautelar concedida no surtirá efectos y por consiguiente, no impedirá la detención del quejoso, si se le pretende privar de su libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridad diversa de las aquí señaladas como responsables o se les haya sorprendido en la comisión de delito flagrante. Asimismo, debe precisarse que si el acto reclamado se trata realmente de una medida de aseguramiento decretada con fundamento en la Ley de Migración, la medida precautoria no surtirá efectos, en atención a que no se satisface el requisito previsto en el artículo 128 fracción II, de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión contra el posible aseguramiento de la quejosa por parte de las autoridades administrativas, pues se atentaría contra el interés de la sociedad quien está interesada en que se cumpla con toda exactitud las disposiciones de la referida ley migratoria. Lo anterior se estima apegado a lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Federal, que contiene el derecho a la libertad de tránsito dentro del territorio nacional, que incluye además otro derecho fundamental aplicable a extranjeros, que es la libertad de residencia; sin embargo, tales libertades no son absolutas, pues como se desprende de dicho precepto constitucional, están sujetas a límites y subordinadas a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración o inmigración y de los extranjeros residentes considerados perniciosos; lo que redunda en que la autoridad migratoria ejerce la vigilancia correspondiente a través de las reglas que impone la Ley de Migración, específicamente, las previstas en los artículos 7, 31, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 52, 57, 81, 92, 97, 99 y 106, así como los relativos de su reglamento; de ahí que el interés de la sociedad está por encima del interés particular. Privación ilegal de la libertad En otro aspecto, en caso de que la detención (privación de la libertad) haya sido realizada por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público (policía ministerial o judicial), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15 y 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se decreta la SUSPENSIÓN DE PLANO para que el quejoso quede a disposición de este Juzgado únicamente en cuanto a su libertad personal se refiere, y a disposición de la responsable, para que sin dilación sea puesto a disposición del Fiscal del Ministerio Público competente, para que éste determinen su libertad, retención o consignación en términos del aplicable artículo 16 Constitucional. En el supuesto de que la detención (privación de la libertad) haya sido ordenada por el Fiscal del Ministerio Público, se concede para que el quejoso Kevin Josué Sabillón Arriaga quede a disposición de este Juzgado únicamente en cuanto a su libertad personal se refiere, y a disposición de la responsable por cuanto a la continuación de la carpeta de investigación, para que sea puesto en libertad o se le consigne dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis, según sea el caso. Finalmente, en caso de que la detención (privación de la libertad) haya sido realizada por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, y NO tenga relación con la comisión de un delito, se concede para que el quejoso Kevin Josué Sabillón Arriaga sea puesto en inmediata libertad. Notificación a las autoridades responsables Para el inmediato y debido cumplimiento de la suspensión oficiosa, comuníquese de inmediato a las autoridades responsables la suspensión de plano para su debido cumplimiento; y para que en el término de VEINTICUATRO HORAS informen por oficio a este Juzgado de Distrito el cumplimiento que hayan dado a la medida cautelar, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". Requerimiento relativo al derecho de reconocimiento de la condición de refugiado* Requiérase a las autoridades responsables, para que informen si dieron cumplimiento a lo previsto en el artículo 109, fracción II, de la Ley de Migración, de manera particular, si le informaron al quejoso de su derecho para solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, y en su caso, si le otorgaron las facilidades correspondientes para el uso de dicha prerrogativa. No obstante lo anterior, con copia de la demanda de amparo, dese aviso a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en Ciudad de México, para que tenga conocimiento de este asunto e intervenga conforme a sus facultades legales. Solicitud de representante* Como lo solicita el quejoso, gírese oficio al Delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Tabasco, para que dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de la legal notificación del presente proveído, designe a un profesionista de ese instituto, para que represente en
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