Kevin Isaí González Covarrubias
Expediente 186/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 186/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Kevin Isaí González Covarrubias
- María Bertha Covarrubias Arreguín y Otros.
Actuaciones
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de Irapuato, mediante el cual acusa recibo el oficio 3633 del índice de este Juzgado, con el que se le remitió la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho y como representante de sus menores hijos ********** y **********, ambos de apellidos **********, asimismo informa que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto. En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado y archívese el presente cuaderno como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la destrucción del presente cuaderno de antecedentes en el plazo a que alude dicho acuerdo.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS: Vista la demanda de amparo promovida por María Bertha Covarrubias Arreguín, por su propio derecho y como representante de sus menores hijos Daniel y Kevin Isaí, ambos de apellidos González Covarrubias, contra actos del Juez Quinto Familiar con residencia en Cuautitlán, Estado de México, y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 186/2016-IV. En ese sentido, dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de la demanda de cuenta. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se pretende la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Así las cosas, en cuanto a la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo es indispensable determinar, en principio, si el acto reclamado requiere ejecución material o no, hecho lo cual, resultará aplicable alguna de las tres hipótesis competenciales referidas en el artículo 37 de la ley de la materia. En relación con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer que impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico; mientras que el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. En la especie, debe decirse que la promovente del amparo reclama: - Del Juez Quinto Familiar con residencia en Cuautitlán, Estado de México la resolución de uno de diciembre de dos mil quince, dictada en el juicio familiar de divorcio 1874/2015 de su índice que declaró disuelto en vínculo matrimonial que la unía con Adán González Suárez; así como todos y cada uno de los actos emanados del citado controvertido. - Del Oficial del Registro Civil de la comunidad de Charco de Pantoja, municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, el registro en los libros y actas de nacimiento y las anotaciones marginales de la sentencia de divorcio dictada en el juicio mencionado en el inciso precedente. En ese contexto, se advierte que los actos reclamados son de carácter positivo, dado que la resolución de uno de diciembre de dos mil quince tuvo por objeto disolver el vínculo matrimonial así como todo lo actuado en el procedimiento de origen y, como consecuencia, las anotaciones marginales en los libros y actas respectivos ante el Oficial del Registro Civil de la comunidad de Charco de Pantoja municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, constituyen actuaciones que conllevan ejecución dada su naturaleza. En este orden de ideas, el siguiente paso consiste en determinar el lugar de ejecución de los actos reclamados. Al respecto, cabe señalar que la parte quejosa en su escrito de demanda indica que Adán González Suárez promovió juicio familiar de divorcio, radicándose bajo el número 1874/2015 del índice del Juzgado Quinto Familiar con residencia en Cuautitlán, Estado de México, en donde por resolución de uno de diciembre de dos mil quince, declaró disuelto en vínculo matrimonial que los unía. Aunado a lo anterior, señala como autoridad responsable al Oficial del Registro Civil de la comunidad de Charco de Pantoja municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, toda vez que es la encargada de registrar e insertar la sentencia de divorcio, así como llevar a cabo las anotaciones marginales en los libros y actas correspondientes. Por tanto, es factible aseverar que los actos reclamados conllevan ejecución tanto en el lugar en el que se tramitó el juicio de divorcio (Cuautitlán, Estado de México), como en aquél en el que se llevaron a cabo las anotaciones derivadas de la sentencia dictada en el controvertido natural (Charco de Pantoja municipio de Valle de Santiago, Guanajuato). De lo anterior se colige que los actos reclamados no tienen ejecución dentro del territorio en el que este órgano ejerce jurisdicción y por ende, que al suscrito no le corresponde el conocimiento del asunto. Ahora bien, para determinar qué órgano jurisdiccional le corresponde conocer, esto es si al Juez de Distrito en turno con residencia en el Estado de México o al diverso con residencia en el Estado de Guanajuato, cabe precisar que la aquí quejosa anexa al libelo actio constancia de residencia expedida por el secretario del Ayuntamiento de Valle de Santiago, Guanajuato, de la que se desprende que su domicilio se ubica en la calle Francisco I. Madero número 52, de la comunidad de Charco de Pantoja, perteneciente a ese municipio. Así, si los actos reclamados tienen ejecución tanto en el Estado de México, como en esta entidad federativa; empero, la promovente del amparo acudió ante los Juzgados de Distrito del Estado de Guanajuato por ser éstos más cercanos al lugar de su residencia, se considera que el Juez de Distrito Competente para conocer de la demanda de cuenta es el que reside en este último; ello atendiendo a que sería más fácil para la petecionaria tener acceso a la justicia. En ese sentido, se considera que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en Irapuato, Guanajuato. Consecuentemente, ante las consideraciones expuestas, se ordena: a. Remitir el presente asunto, así como las copias de la demanda, al Juez de Distrito en turno en Irapuato, Guanajuato, para lo que a bien tenga ordenar. b. Solicitar comedidamente remita el acuse de recibo correspondiente. c. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y un tanto más en original del presente proveído; y, d. Realizar las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente. Téngase a la gestionante autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Héctor Gonzalo Silva Guerrero, Martín Filiberto García Medina, Alejandro Banjamín Sánchez Arredondo y Enrique Ramírez Trejo, en virtud de obrar sus cedulas profesionales números 7229913, 4799567, 2198564 y 2222494, respectivamente registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral a Ángeles Mayola Díaz Rendón por no encontrarse en ese supuesto. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, como en los cuadernos incidentales derivados del mismo, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; asimismo, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará presumir su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, las sentencias ejecutoriadas y las demás resoluciones públicas dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el juzgador. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del Word SISE.
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