Kevin Gustavo Ledezma Sanchez

Expediente 1060/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1060/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Kevin Gustavo Ledezma Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de diez de octubre de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Asunto concluido. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante sólo Acuerdo General-; el presente expediente constituye un asunto concluido. Valoración documental. Con base en la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12, del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 20, fracción IV, del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes cuya devolución sea necesaria (originales irremplazables), se deja de proveer al respecto. Incidente de suspensión original. No ha lugar a emitir pronunciamiento alguno, pues como la demanda de amparo se desechó, no se abrió dicho incidente. Carátula del juicio de amparo. Se instruye al secretario encargado de la conclusión de este expediente que, a través de sus oficiales judiciales, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. 1Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la declaración de que causó estado el auto dictado y al archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo. Aunado a que, si deseará conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte desea conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido.

  2. Principal

    Puebla,Puebla, diezde octubre de dos mil veintitrés. Radicación. Se recibe la demanda de amparo presentada de manera electrónica por * (sin firma electrónica) a favor de *, contra actos del Secretario de Gobernación del Gobierno de la República y otras autoridades. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Demanda en línea Debido a que la demanda de amparo fue presentada de manera electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, resulta innecesario ordenar su digitalización en virtud de que la misma ya obra en el expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional-constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de manera física, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo,1 establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. * Del análisis integral3 de la demanda de amparo se advierte que en el caso se actualiza en forma manifiesta e indudable una causa de improcedencia del juicio de protección de derechos fundamentales, respecto de todos los actos reclamados, los cuales consisten en: * Lo cual conduce a desechar de plano la demanda, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, a consideración de la suscrita se surte la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 3º, 6º y 15 (aplicados en sentido contrario), todos de la Ley de Amparo. Esto es así, porque los actos que se reclaman carecen del carácter urgente previsto en el diverso 15 de la ley de la materia, lo que implica que la demanda de amparo debió firmarse electrónicamente por el directo quejoso, pero esta última (además de que se presentó por un diverso promovente) carece de firma electrónica. Para demostrarlo, se hace notar que la demanda de amparo fue presentada por la vía electrónica, aparentemente por * (sin evidencia criptográfica) a favor de *, contra actos del Secretario de Gobernación del Gobierno de la República y otras autoridades * Dicha modalidad (la electrónica), obliga a considerar el artículo 3º de la Ley de Amparo4 , el cual dispone que podrán presentarse escritos en forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, es decir, utilizando la "firma electrónica" y cumpliendo los lineamientos que para su regulación emita el Consejo de la Judicatura Federal. Además, el mencionado precepto legal, señala que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como vía para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Luego, es necesario que las personas interesadas en promover por esa vía, tengan firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; máxime que el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal, y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Así, cada documento electrónico que se reciba, debe contener en la parte final, una evidencia criptográfica de la firma electrónica que, entre otros aspectos, mostrará el nombre del titular de la firma electrónica. Tales datos habrán de examinarlos tanto los juzgados de distrito como los tribunales de circuito, para acordar lo correspondiente * Entonces, se colige que las personas físicas pueden instaurar el juicio de amparo vía electrónica, con el uso de su firma electrónica. Misma situación acontece en el presente caso, pues el juicio se pretende promovente (Hilario Ledezma Ramírez) en representación de diversa persona (quejoso directo *), empero, dicho promovente previamente debió tener reconocida capacidad procesal para tal fin, esto es, un supuesto que actualice la hipótesis jurídica de personalidad, para que el promovente pueda presentar promoción electrónica a favor de diversa persona. O bien, debió tratarse de alguno de los supuestos de casos urgentes que prevé el artículo 15, primer párrafo5 , de la Ley de Amparo, por los cuales se permitiría que una tercera persona promoviera a favor de un quejoso y dada la urgencia se dispensaría a aquélla de presentar la evidencia criptográfica si se presentara la demanda en la vía electrónica. En el caso concreto, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en la disposición legal transcrita, pues respecto a los actos reclamados no controvierten actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, ni tampoco se encuentran previstos como alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la de la constitución federal, ni tampoco versan sobre la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Así es, como se ha visto, quien promueve la demanda de amparo, es decir, Hilario Ledezma Ramírez, no lo hace por derecho propio, sino a favor de *. Bajo ese contexto, * insta este medio de control constitucional a favor de persona diversa, empero no lo hace como defensor de *, ni tampoco se ostenta como su apoderado o representante legal. Lo anterior descarta la hipótesis contenida en el artículo 6º de la Ley de Amparo, antes transcrito, pues la demanda no fue promovida en forma directa por la persona física a quien afecta el acto reclamado, esto es, *. De ahí que, además de carecer de firma electrónica el escrito de demanda, el promovente carece de legitimación porque los actos reclamados no son casos urgentes previstos en el diverso 15 de la ley de la materia, lo que actualiza. Así pues, de los numerales 61, fracción XXIII y 6º de la ley de la materia6 se desprende que (el primero) se establece la improcedencia del juicio de amparo en todos los casos en que ésta resulte de alguna disposición constitucional o de esta Ley de Amparo; asimismo, se prevé (el segundo de tales artículos) que puede promoverse el juicio de amparo por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en dicha Ley; de igual manera, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que la propia Ley lo permita. En consecuencia, la causal de improcedencia que deriva de la interpretación sistemática de los preceptos referidos, el segundo de ellos a contrario sensu, se actualiza cuando el juicio * de amparo no es promovido por quien está facultado legalmente para ello. Tal circunstancia se actualiza en el caso concreto, habida cuenta que la demanda de amparo carece de firma electrónica del promovente y éste tampoco tiene la legitimación para instar esta vía constitucional en representación del directo quejoso, pues los actos que reclaman no están catalogados como urgentes, en términos del numeral 15 de la ley de la materia. Por ende, si los actos reclamados no son alguno de los previstos en el artículo en comento, que permiten la promoción del juicio de amparo a personas diversas en nombre del quejoso, es evidente que el ahora promovente no está facultado, conforme a dicho precepto, para promover la demanda a nombre de *, pues la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas físicas directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, por sí o a través de su representante legal o apoderado. Sin que en el caso, como se dijo, se acredite alguna de las hipótesis que facultan a un tercero para promover el juicio de amparo en nombre de quien resulta directamente afectado por el acto reclamado, ya que ninguna circunstancia extraordinaria se tiene para considerar el supuesto de excepción sobre la ausencia de firma electrónica, que se actualiza cuando un quejoso reclama actos urgentes, de los prohibidos en el artículo 22 de la constitución federal, y previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo. * Sobre todo porque la demanda fue presentada vía electrónica aparentemente por * favor de *, no tiene evidencia criptográfica y, por ende, no se demuestra el envío apropiado de la demanda (con la firma electrónica del directo quejoso en mención). Ello a pesar de que el artículo 3º de la Ley de Amparo, dispone que la actuación frente a los órganos del Poder Judicial de la Federación, debe realizarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, en este caso, a través de la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Lo cual implica que el quejoso en mención, soslayó el principio de "instancia de parte agraviada", previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 de la Ley de Amparo. Es menester insistir que, de conformidad con los artículos 3, último párrafo, y 15 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 42 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, la presentación de la demanda de amparo vía electrónica puede realizarse sin necesidad de firma electrónica, únicamente cuando se reclamen actos que: importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; pero en el caso se reclaman actos distintos a los antes precisados. * Entonces, ninguna circunstancia extraordinaria se tiene para considerar el supuesto de excepción sobre la ausencia de firma electrónica, que se actualiza cuando un quejoso reclama actos urgentes, como se dijo, de los prohibidos en el artículo 22 de la constitución federal, y previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, se estima que la demanda de amparo presentada vía electrónica no cumple el principio de "instancia de parte agraviada", lo cual obliga a desechar la solicitud recibida. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada vía electrónica, cuando no tenga la firma electrónica del quejoso. Lo anterior, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el juicio de tutela constitucional, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención regulada en el artículo 114 de la Ley de Amparo, porque se trata del incumplimiento a uno de los principios rectores del juicio de amparo, que no amerita prevención * Por lo expuesto con anterioridad, y al carecer de legitimación el promovente de la demanda para ejercer la acción constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la 7 La tesis jurisprudencial citada se localiza en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 65, abril de 2019, tomo I, página 79. Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo respecto a los actos reclamados, al actualizarse en forma manifiesta e indudable de la causal de improcedencia invocada. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes. Domicilio procesal y notificaciones por lista del promovente. El promovente no señaló domicilio ni autorizado para oír y recibir notificaciones. Luego, resulta improcedente considerar al promovente como autorizado y como domicilio el centro de reclusión del directo quejoso proporcionado. Esto, pues -como se ha visto- la demanda fue presentada sólo en representación del directo quejoso, pero el promovente carece de legitimación para hacerlo, al no haberse firmado electrónicamente el ocurso inicial. Por consiguiente, de conformidad con el Código de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, las partes, en su primer escrito, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal para que se les hagan las notificaciones personales, y cuando no se cumpla tal requisito, las notificaciones personales se realizaran conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, esto es: por lista. De ahí que este acuerdo y los subsecuentes que deban notificarse de manera personal habrán de notificarse sólo por lista al promovente. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias.

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