Kevin Díaz Gutierrez
Expediente 2285/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2285/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Kevin Díaz Gutierrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y apareciendo de la misma que ninguna de las partes interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, en el término que señala el artículo 86 del mismo ordenamiento, en contra del auto emitido el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés; en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por Elaine Ruiz Casellas, contra actos de la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco. Dado lo anterior, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en los libros de Gobierno y electrónico respectivo (SISE). Anotaciones Ahora bien, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1.- DEPURAR el expediente principal dentro de los noventa días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18, inciso a) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que por una parte, se concedió la suspensión de plano respecto del acto reclamado y por otra, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2.- TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que el promovente del amparo, haya señalado como acto reclamado la incomunicación que dijo, estaba sufriendo la directa quejosa; ello, en razón a que, tal como se constata de la razón actuarial, el fedatario de la adscripción, dio fe del estado físico de los quejosos y de las condiciones en las que se encontraban, apreciando que los mismos, se estaban estables, sin señales de golpes o lesiones visibles, gozando de buena salud y el lugar donde se ubicaban en dicha estación migratoria estaban en óptimas condiciones. Finalmente, requiérase al Actuario Judicial adscrito encargado del presente expediente, para que a la brevedad integre en el expediente electrónico todas y cada una de las notificaciones generadas con motivo de la tramitación del presente juicio.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee; en atención al estado procesal que guardan los autos, se advierte que no se proveyó respecto a las notificaciones electrónicas a través del usuario "rochoab" proporcionado en el escrito inicial demanda. En ese sentido, con fundamento en los artículos 55 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autorizan las notificaciones vía electrónica al usuario antes citado sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del referido acuerdo. En consecuencia, instrúyase a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que capture dicha autorización.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a la quejosa Elaine Ruiz Casellas en auto de catorce de diciembre del presente año, en el que se le dio vista para que manifestara si era su deseo ampliar su escrito inicial de demanda respecto del procedimiento administrativo migratorio. Por tanto, únicamente se tienen como actos reclamados los señalados en el escrito de demanda. Por otra parte, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio signado por la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Delegación Federal en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, remite copias certificada del procedimiento administrativo de la quejosa Elaine Ruiz Casellas. Asimismo, es menester precisar que en acuerdo de once de diciembre de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo por Kevin Díaz Gutiérrez, Oslin Díaz Torres, Melissa Blanco o Melisa Blanco Cruz e Idania Hernández Martínez; y, el catorce del mismo mes y año, se hizo constar que Yuliet Gutiérrez Reyes y Carlos Raúl Raez Muir no ratificaron la demanda, motivo por el que este juicio de amparo únicamente se sigue por Elaine Ruiz Casellas. Ahora, de una revisión a las constancias de cuenta, se advierte que el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, fue emitida la acta de hechos de evasión de control migratorio, debido a que la aludida quejosa no se presentó al control de firmas correspondientes y por ello se dio por terminado el procedimiento administrativo migratorio. Por otra parte, en relación con la designación de delegados y domicilio que menciona la autoridad responsable, indíquesele que en proveído de catorce de diciembre del año pasado, se acordó favorable a su petición. Conforme al artículo 119 de la ley de la materia en cita, se tiene por ofrecida como prueba, la documental que anexa la referida autoridad, consistente en copia certificada del expediente administrativo a nombre de la quejosa Elaine Ruiz Casellas. Documental que goza de pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, al haber sido expedida por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, de contenido literal que a continuación se transcribe: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, este órgano de control constitucional advierte que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que entre otras cosas, establece: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del contenido del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; esto es, cuando desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional sus efectos. Se estima oportuno destacar que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así, la causa de improcedencia que nos ocupa, se encuentra orientada por la imposibilidad de alcanzar la finalidad que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; dicho de otra manera, la restitución a los agraviados en el pleno goce de los derechos vulnerados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando el acto sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la ley de la materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no sea posible alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. En la especie, se aprecia que el acto reclamado en el presente juicio consiste en la detención con fines de deportación de la quejosa. Ahora, de la documental que remitió la autoridad responsable, se advierte que el catorce de diciembre de dos mil veintidós, ordenó la salida provisional de Elaine Ruiz Casellas, y que el dieciséis de diciembre de siguiente, al no haberse presentado al control de firmas correspondiente, se dio por concluido el procedimiento administrativo migratorio iniciado a la citada quejosa. De lo antes expuesto, se puede advertir que, a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional (diez de diciembre de dos mil veintidós), el acto reclamado existía; sin embargo, durante el transcurso del procedimiento del presente juicio, éste dejó de surtir sus efectos, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido. Ello pues fue la propia quejosa quien incumplió con las medidas que les fueron impuestas por la responsable, evadiendo de esta manera el control migratorio, por lo que el procedimiento seguido en su contra quedó sin posibilidad de ser resuelto. Así, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a tal consideración la jurisprudencia 2a./ J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO, ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por ende, en el caso se ha restituido a la peticionaria de amparo en el pleno goce de sus derechos, como si no se hubiere invadido en su esfera jurídica, toda vez que, tal como quedó precisado con antelación, el acto que combatían ha cesado en sus efectos, en virtud de que la responsable ordenó la salida de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración con sede en esta ciudad, el catorce de diciembre de dos mil veintidós, y el dieciséis de diciembre siguiente, fue emitida la acta de hechos de evasión de control migratorio, debido a que la aludida quejosa no se presentó al control de firma correspondiente; y, por ello se dio por terminado el procedimiento administrativo migratorio respectivo. En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia el juicio en que se actúa, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el precepto 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. No obsta a lo anterior, que la quejosa haya reclamado diversos actos; empero, al no haber sido reclamados por vicios propios, sino como consecuencia directa de la privación de su libertad, no se tienen como destacados. Máxime que como se aprecia se dejó sin efecto el procedimiento instruido en contra de la quejosa; y, por ende, se reitera que cesaron los efectos del acto reclamado. Asimismo, no es obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional se encuentre señalada para que tenga lugar a las nueve horas con dos minutos del diez de febrero de dos mil veintitrés, ya que al haber acontecido una cesación de efectos de los actos reclamados, no tiene objeto alguno el desahogo de probanzas, porque con ninguna de ellas podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, pues al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. De lo que se colige que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a las partes.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de catorce de diciembre de dos mil veintidós, se acordó el informe de suspensión de plano rendido por la autoridad responsable Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. Empero, dicha autoridad fue omisa en remitir copia certificada de la totalidad del procedimiento administrativo migratorio de la quejosa Elaine Ruíz Casellas. En consecuencia, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, que se contaran a partir del momento en el que tenga conocimiento del presente proveído, remita copia certificada de las constancias completas que integran el procedimiento administrativo migratorio de la referida quejosa. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de ser omisa, de conformidad con los numerales 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida y actualización ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia programada para este día y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se fijan las nueve horas con dos minutos del diez de febrero de dos mil veintitrés.
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