Kevin Andre Vargas Huamani
Expediente 986/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 986/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/01/2023
Partes del expediente
- Kevin Andre Vargas Huamani
- Representante del Instituto Nacional de Migración, En Tijuana, Baja California.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de cuatro de enero de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; sin que lo hubiere hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada determinación ha causado estado. Certificación. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Juicio de amparo. Se precisa que el presente expediente es susceptible de depuración; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis prevista en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, capítulo 7, punto 7.4 "Tratamiento los expedientes con suspensión de plano", al haberse concedido la suspensión de plano de los actos reclamados, por tanto, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos, lo cual actualiza el supuesto antes citado. Por tanto, deberá de procederse a su depuración una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, de conformidad con el precepto legal en cita. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del mencionado acuerdo general. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Cambio de denominación y competencia. Finalmente, visto el estado de autos y la constancia secretarial que antecede, hágase del conocimiento de las partes que en cumplimiento al Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, cambió su denominación a Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y competencia mixta. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Imposibilidad actuarial. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo la fedataria judicial para notificar el auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, al quejoso Kevin Andre Vargas Huamani, toda vez que al constituirse en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, fue informado que el citado quejoso no se encontraba en esa estación migratoria y que el sistema no arrojaba algún dato relacionado con dicho nombre. No presentada. Por tanto, ante la aludida imposibilidad para notificar al quejoso el auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós y precisamente porque no se encuentra ni alojado ni detenido en la Estancia Migratoria de esta ciudad, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de referencia; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda y quedan sin efectos las providencias decretadas. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Se rinde informe. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el informe de acatamiento a la suspensión de plano rendido por la autoridad responsable, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo; por tanto, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Delegados y domicilio. Con fundamento los artículos 9 y 28 fracción I, todos de la ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable designando como delegados a las personas que cita y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Notifíquese.
- Principal
Ratificación de demanda. Vista la constancia actuarial que antecede, de la que se advierte que el quejoso Kevin Andre Vargas Huamani, manifestó que sí ratificaba la demanda de amparo promovida en su nombre. Prevención. En atención al contenido del escrito de demanda, resulta pertinente destacar que es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla en su integridad, y si en la misma existiere alguna irregularidad o deficiencia, se mandará prevenir a quien promueve para que cumpla con los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, para que pueda subsanarlas en tiempo. Requerimiento. Ahora, atendiendo a que la demanda de amparo debe estudiarse como un todo, con fundamento en el artículo 108, fracciones III y IV, y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: a) Señalen bajo protesta de decir verdad si a la fecha tienen conocimiento de algún procedimiento migratorio con el fin de ordenar su repatriación a su país de origen y, de ser el caso, la fecha que se hizo sabedor del mismo; sí lo desean señalar como acto reclamado, así como la autoridad a quién le reprochan dicho actuar. Lo anterior, dado que el promovente del amparo no es claro en determinar la existencia o no de dicho procedimiento administrativo. b) Indique si es su deseo señalar como autoridad responsable a la Subrepresentación Local del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad y al Encargado de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de Villahermosa Tabasco, y de ser ese el caso, precise de manera clara y concreta los actos que reclama de ellas, así como los antecedentes de los mismos. Ello, en atención que refiere que, en lo que atañe a la primera de las autoridades en cita, fue detenido por agentes adscritos a la Subrepresentación Local del Instituto Nacional de Migración y posteriormente trasladado a la Estación Migratoria, ambos de esta ciudad. Y en lo que respecta a la segunda, dado que reclama su posible traslado a la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, sin embargo, no lo señala como autoridad responsable. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 127/99 de la novena época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, noviembre de mil novecientos noventa y nueve, página treinta y dos, que se apunta: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas". Así como la tesis I.4o.C. 26 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, febrero de 1992, página 63, con número de registro 220365, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna." En la inteligencia que la prevención apuntada deberá ser desahogada por el directamente agraviado y no por conducto de diversa persona, en razón de que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad pudiera derivarse conforme a lo dispuesto por el artículo 216, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 88/2006 (número de registro 174745) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido y rubro disponen: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes". Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntadas, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Señalamiento de autorizados. Por otra parte, del estado de autos se advierte que en proveído de esta misma fecha, se autorizó en términos restringidos del artículo 12 a Librado Heriberto Trujillo González, Marco Polo Barragán Urbalejo y Alejandro Heriberto Trujillo Sosa, hasta en tanto el quejoso ratificaran la demanda de amparo, lo que ya aconteció. Por tanto, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la materia a Librado Heriberto Trujillo González, ya que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; únicamente para oír y recibir notificación a Marco Polo Barragán Urbalejo por no cumplir dicho requisito; y en los mismos términos a Alejandro Heriberto Trujillo Sosa, por así solicitarlo expresamente. Exhortación a las partes para seguir el juicio en línea. Tomando en cuenta las disposiciones del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica (juicio en línea), lo que significa que podrán imponerse del contenido de los autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, para lo cual deberán contar con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 del mencionado Acuerdo 12/2020, y realicen la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional. Notifíquese; y personalmente al quejoso Kevin Andre Vargas Huamani, en el lugar que se encuentre alojado y por lista al promovente.
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