Kevin Alejandro García Farías

Expediente 505/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
505/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
30/11/2022

Partes del expediente

  • Kevin Alejandro García Farías
  • Juez Tercero Familiar de Primera Instancia En el Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    En treinta de noviembre de dos mil veintidós, el Secretario CERTIFICA: Que el plazo de diez días de que disponían la parte quejosa y tercero interesado, para recurrir la sentencia que negó el amparo y Protección de la Justicia de la Unión, transcurrió del trece al veintiséis de noviembre de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, virtud a que fueron notificadas el nueve de noviembre del año en curso, sin que lo hubiera hecho; asimismo, que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente en que se actúa. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. En esta misma fecha, con lo anterior y con el estado que guardan los autos, se da cuenta al Juez, dentro del juicio de amparo indirecto número505/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de noviembre de dos mil veintidós. 1. Causa ejecutoria. En virtud a que no fue impugnado en legal término la sentencia que negó el amparo y Protección de la Justicia de la Unión, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del capítulo 7, apartado 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte, y en términos de lo señalado en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Incidente de suspensión. Virtud a que se negó la suspensión definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del referido acuerdo. 3.1. De conformidad con el artículo 21 penúltimo párrafo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, así como el original del incidente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3.2. Duplicado del Incidente de Suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 3.3 Constancia. Se desprende que obra copias certificadas relativas al expediente 55/2022, del índice del Juez Tercero Familiar de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, mismo que dicha autoridad adjuntó como justificante de su informe que rindió en autos; en consecuencia, y toda vez que resulta innecesaria su permanencia en autos, previa su digitalización, devuélvase las mencionadas constancias a su lugar de origen; recábese el acuse de estilo correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con los artículos del 52 Octies al 52 Duodecies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SENTENCIA En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las once horas con veinticinco minutos del siete de octubre de dos mil veintidós, José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 505/2022, en atención al contenido del AG 21/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. El secretario hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención, no obstante que este órgano jurisdiccional ha reanudado sus labores acordes al Acuerdo General 9/2022. Posteriormente, da cuenta al juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, haciendo constar que: Se encuentra debidamente integrado; Que guarda estado para dictar sentencia; Que hasta el día de hoy se encuentra debidamente foliado y rubricado; y Que las constancias del expediente físico y el electrónico coinciden íntegramente. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias, así como la certificación que antecede para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta al Juez, con las documentales que la parte quejosa adjuntó a su escrito de demanda y las que allegó la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, recibidas en auto de seis de septiembre de dos mil veintidós; así como, documentales pública, presuncional e instrumental de actuaciones ofertadas en esta data por el representante especial de la persona menor de edad de iniciales M.J.R.A. El juez provee: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas la relación de pruebas en cita, en razón de su naturaleza. Dado que no hay más pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, el secretario hace constar que la agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional formuló pedimento ministerial, y en esta misma data, el representante especial de la persona menor de edad de iniciales M.J.R.A., ejerció tal derecho, lo que quedó registrado con el número de folio 13206; mientras que el resto de las partes fueron omisas en emitirlos. A lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la agente del Ministerio Público y al representante especial de la persona menor de edad de iniciales M.J.R.A., formulando alegatos; mientras que al resto de las partes precluido su derecho de expresarlos. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se procede al dictado de la resolución correspondiente, lo que se hace a continuación. SENTENCIA Visto, para resolver, los autos que integran el juicio de amparo 505/2022, promovido por José Luis Martínez Guzmán en cuanto apoderado jurídico de Kevin Alejandro García Farías, contra actos de la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado vía electrónica mediante juicio en línea el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, mediante el Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, José Luis Martínez Guzmán en cuanto apoderado jurídico de Kevin Alejandro García Farías, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de las siguientes autoridades: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE-. Señalo como Autoridad Responsable, al Ciudadano Juez Tercero Familiar de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán. IV.- ACTO RECLAMADO.- Señalo como acto reclamado, el auto de fecha 02 (dos) de agosto del dos mil veintidós, mediante el cual la autoridad responsable negó otorgarle la custodia provisional a mi representado de su menor hija (M.J.R.A.), acordando ". En ese sentido, en primer lugar, no procede otorgar la custodia provisional al promovente respecto de la menor de edad citada, atendiendo al interés superior de ésta, ya que hasta este momento no se ha demostrado que exista ningún lazo consanguíneo entre ellos, pues precisamente, como se dijo, es sobre lo que versa el presente juicio, por tanto, resulta infundada la medida precautoria solicitada. En segundo lugar, hasta el momento no existe algún medio de convicción que ponga de manifiesto que sobre la menor de edad se esté ejerciendo algún tipo de violencia, para que la suscrita juzgadora determine algún cambio de custodia respecto de aquella. Y, en tercer lugar, debe tenerse en consideración que si la menor de edad se encuentra integrada al medio en que vive, separarla de él, podrá ocasionarle un daño psicológico, máxime si es entregada para su custodia a una persona que para ella es desconocida." Auto dictado dentro del Juicio Ordinario Oral, sobre filiación y paternidad que promovió mi representado en cuanto progenitor y padre de la menor (M.J.R.A.), en contra de la ciudadana JENNIFER RUÍZ ÁNGEL, con número de expediente 55/2022, el cual se tramita ante dicha autoridad. ." El promovente precisó que se violaron los derechos humanos de su representado reconocidos en los artículos 8°, 14 y 16, constitucionales; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimaron pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda de amparo fue turnada a este Juzgado Sexto de Distrito en Estado de Michoacán de Ocampo, el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós; y en auto de esa data (fojas 19 a 26), se ordenó registrarla con el expediente 505/2022; se admitió a trámite la demanda; se solicitó a la autoridad responsable el informe con justificación; dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se reconoció el carácter de tercera interesada a Jennifer Ruíz Ángel, por lo que se ordenó su emplazamiento; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. A fojas 40 a 42 de autos, obran las actuaciones levantadas por la actuaria judicial adscrita a este órgano de control constitucional, consistentes en un aviso y su respectiva razón, dirigido a la tercera interesada Jennifer Ruíz Ángel, en el domicilio ubicado en calle Gildardo Magaña número cinco, colonia Emiliano Zapata, de esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, en la que se hizo constar que se dejó el citado aviso fijado en la puerta del domicilio, a las dieciocho horas del veintiséis de agosto del año en curso, al no acudir nadie al llamado; asimismo, la diversa razón de treinta y uno de agosto de este año, en que se hace que se notificó por medio de lista a la referida tercera interesada por medio lista, al no haber acudido a notificarse del auto de veinticuatro de agosto pasado, en que se ordenó su emplazamiento a juicio, en el plazo concedido. Por auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido un escrito de Alma Isabel Ángel Rangel, en la que informó que su hija Jennifer Ruíz Ángel, tercera interesada, desde el año dos mil veinte, radica en el País de los Estados Unidos de Norteamérica, y que no podía hacerle entrega de la documentación que se había dejado en el domicilio de la ocursante, solicitando que el emplazamiento correspondiente se realizara en el domicilio actual de la tercera con interés. Finalmente, el siete de octubre de dos mil veintidós, se desahogó la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción III, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, en virtud de que la parte quejosa reclama un acto con ejecución en Uruapan, Michoacán de Ocampo, lugar en el cual este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De la lectura íntegra de la demanda, se advierte que la parte quejosa José Luis Martínez Guzmán en cuanto apoderado jurídico de Kevin Alejandro García Farías, reclama: De la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo: El auto de dos de agosto de dos mil veintidós, en que se negó otorgar al quejoso la custodia provisional de la menor de iniciales (M.J.R.A.), dictado dentro del juicio ordinario oral familiar sobre investigación de la paternidad de la menor citada, con número de expediente 55/2022, promovido por el aquí quejoso, contra Jennifer Ruíz Ángel. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado de la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, consistente en el auto de dos de agosto de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio especial oral familiar sobre investigación de la paternidad con número de expediente 55/2022; toda vez que así lo expresó al rendir su informe justificado (foja 43). Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 305, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. - Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con diversas constancias en copia certificada del juicio ordinario oral familiar de origen, documentales que goza de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. - Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. El ocurso de amparo fue promovido dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso se hace sabedor de la existencia del acto reclamado el dos de agosto de dos mil veintidós, data en que se publicó el acuerdo en los estrados, tal y como se advierte de lo manifestado en el escrito de demanda (reverso foja 2). En esas condiciones, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 762 del Código Familiar para esa entidad federativa, el plazo para la promoción del juicio de amparo inició del tres al veintitrés de agosto de dos mil veintidós, con exclusión de: - Los días seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno de agosto de dos mil veintidós, por ser sábados y domingos; y, por tanto, inhábiles en términos del numeral 19 de la Ley de Amparo; En consecuencia, si la demanda de amparo se presentó el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, data en la que ingreso al Portal del Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se advierte de la evidencia criptográfica correspondiente (foja 11), es inconcuso que se promovió dentro del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El estudio de las causas de improcedencia, debe abordarse de oficio por ser una cuestión de orden público y de análisis preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En razón de lo anterior, este órgano de control constitucional no advierte la actualización de causal de improcedencia ni fue invocada alguna por las partes, de modo que se procederá al análisis constitucional de los actos reclamados. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, los que se dan aquí por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, en la medida de que ningún dispositivo legal establece como requisito formal de la sentencia la trascripción de los mismos; a lo que debe agregarse que la obligación respectiva atañe al estudio de éstos, incluso en su conjunto, según lo establece el artículo 79 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SÉPTIMO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y/O INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Para una mejor comprensión del asunto, es relevante resaltar los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de las constancias del juicio de origen: El veintiocho de enero de dos mil veintidós (fojas 1 a 10, tomo de prueba), el aquí quejoso Kevin Alejandro García Farías, compareció ante la Oficialía de Partes de los Juzgados Civiles del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, a promover demanda en la vía ordinaria oral familiar, sobre reconocimiento de paternidad de la menor de iniciales M.J.R.A., frente a Jennifer Ruiz Ángel; el establecimiento provisional y definitivo de un régimen de visitas y convivencias; así como la fijación de una pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva. En proveído de uno de febrero de dos mil veintidós (foja 10, tomo de prueba), la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, a quien le correspondió conocer de la demanda, la registró con número de expediente 55/2022; y, previno al promoverte para que, dentro del plazo de tres días, exhibiera documentos base de la acción. Por auto de nueve de febrero de dos mil veintidós (foja 16 a 19, tomo de prueba), se tuvo al aquí quejoso dando cumplimiento a la prevención realizada, por lo que, se admitió a trámite la demanda planteada, y se ordenó emplazar a la parte demandada, para que dentro del plazo de nueve días, diera contestación a la demanda entablada en su contra, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público adscrita y se designó como tutor de la menor a María Guadalupe Zamora Bucio, adscrita al sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Desarrollo Integral de la Familia, de esta localidad. El quince de febrero de dos mil veintidós (foja 19, tomo de prueba), el actuario adscrito al Juzgado responsable, se constituyó en el domicilio señalado como de la demandada; sin embargo, fue atendido por una persona quien dijo llamarse Alma Isabel Ángel, quien manifestó ser madre de la demandada, además, informó que Jennifer Ruiz Ángel, no habitaba en dicho domicilio desde hacía tres años; por lo que, el funcionario judicial asentó encontrarse impedido para realizar la diligencia encomendada. Mediante escrito presentado el uno de marzo de dos mil veintidós (foja 30 a 33, tomo de prueba), Kevin Alejandro García Farías, compareció a realizar diversas manifestaciones, relativas a que era falso que la demandada se encontraba en los Estados Unidos de Norteamérica, virtud a que al momento de la diligencia de emplazamiento pudo observar a la menor de iniciales M.J.R.A.; pero, que la madre de la demandada le impidió tener contacto con él; que el veintidós de febrero de dos mil veintidós, recibió una llamada telefónica de la demandada, quien le informó que ella se encontraba en los Estados Unidos, y que había dejado a su menor hija al cuidado de su mamá; por lo que, a efecto de evitar alienación parental, solicitó al juez responsable, como medida precautoria, que se le otorgara la custodia provisional de su menor hija durante el trámite del juicio, toda vez que la demandada estaba ejerciendo violencia sobre la menor. En respuesta a la petición anterior, por auto de tres de marzo de dos mil veintidós (foja 34, tomo de prueba), se determinó que por el momento no había lugar a decretar dicha medida cautelar, hasta en tanto se tuviera información de cómo y con quién habita la menor; encomendado al actuario de esa adscripción, a fin de que se constituyera en el domicilio de la parte demandada, a fin de investigar si en ese hogar habita la menor, qué otras personas viven ahí y quien se hace cargo de ella. El cuatro de julio de dos mil veintidós (foja 104, tomo de prueba), el actuario adscrito al juzgado responsable, se constituyó en el domicilio de la demandada, en el que hizo constar que, al entrevistarse con una persona del sexo femenino, quien no le proporcionó su nombre, pero le indicó ser la madre de la demandada Jennifer Ruiz Ángel; asimismo, manifestó que la menor de iniciales M.J.R.A., si habitaba dicho inmueble, por ser su nieta, y que ella la tenía bajo su cuidado; circunstancia que corroboró, con el dicho de una vecina del lugar. En contra del referido auto de tres de marzo del año en curso, Kevin Alejandro García Farías interpuso demanda de amparo, misma que se radicó ante este órgano de control constitucional, bajo el registro número 180/2022; en sentencia definitiva de tres de junio de dos mil veintidós (fojas 105 a 114, tomo de prueba), se le concedió la protección constitucional, para el efecto de que el juez responsable, dejara insubsistente el auto combatido, y en su lugar emitiera otro, en el que se pronuncie sobre la solicitud del quejoso, relativo a la custodia provisional de la menor de edad involucrada, atendiendo al interés superior del menor y las circunstancias particulares del caso concreto, pero cumpliendo con una debida fundamentación y motivación; resolución que se declaró firme en auto de dieciocho de julio pasado (foja 119, tomo de prueba), al no haber sido recurrido por ninguna de las partes. En cumplimiento a la mencionada ejecutoria de amparo, el Juez responsable dictó el auto de dos de agosto de dos mil veintidós (fojas 121 a 126, tomo de prueba), en lo conducente expuso: ". En ese sentido, en primer lugar, no procede otorgar la custodia provisional al promovente respecto de la menor de edad citada, atendiendo al interés superior de ésta, ya que hasta este momento no se ha demostrado que exista ningún lazo consanguíneo entre ellos, pues precisamente, como se dijo, es sobre lo que versa el presente juicio, por tanto, resulta infundada la medida precautoria solicitada. En segundo lugar, hasta el momento no existe algún medio de convicción que ponga de manifiesto que sobre la menor de edad se esté ejerciendo algún tipo de violencia, para que la suscrita juzgadora determine algún cambio de custodia respecto de aquella. Y, en tercer lugar, debe tenerse en consideración que si la menor de edad se encuentra integrada a l medio en que vive, separarla de él, podrá ocasionarle un daño psicológico, máxime si es entregada para su custodia a una persona que para ella es desconocida." Auto dictado dentro del Juicio Ordinario Oral, sobre filiación y paternidad que promovió mi representado en cuanto progenitor y padre de la menor (M.J.R.A.), en contra de la ciudadana JENNIFER RUÍZ ÁNGEL, con número de expediente 55/2022, el cual se tramita ante dicha autoridad. ." ." La determinación anterior constituye el acto reclamado dentro de la presente instancia constitucional. SUPLENCIA DE LA QUEJA. En principio, es necesario precisar que el análisis del procedimiento de origen, únicamente podría realizarse supliendo la deficiencia de la queja en favor de los menores de edad involucrados en el juicio de origen, no así en favor del promovente del amparo, pues la materia de los actos reclamados versa sobre el derecho de custodia de la menor de edad de iniciales M.J.R.A. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 191/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." Por lo que, es necesario desvincular los intereses de la promovente del amparo con los de la menor de edad involucrada, pues los derechos fundamentales de los niños guardan independencia de los que les puedan asistir a sus padres o tutores. Tiene aplicación, la jurisprudencia del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU RELACIÓN CON LOS ADULTOS. El concepto interés superior del menor, cuya salvaguarda es prioritaria en el sistema jurídico mexicano, permite delimitar con precisión y claridad los derechos y obligaciones que corresponden a las personas adultas en relación con los niños, para lo cual se privilegia el deber de atenderlos y cuidarlos, con el objeto permanente de alcanzar el mayor bienestar y beneficio posibles para ellos, como un imperativo de la sociedad; de manera que su protección se ubica incluso por encima de la que debe darse a los derechos de los adultos, con lo cual se cumple una trascendente función social de orden público e interés social". ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. En los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, refiere que el proveído de dos de agosto de dos mil veintidós, dictado dentro de los autos del expediente 55/2022, de la estadística del juzgado responsable, trasgrede en su perjuicio los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, establecidos por los artículos 14 y 16 Constitucionales, al haberle negado su solicitud de custodia provisional de la menor de iniciales M.J.R.A.. En ese sentido, el quejoso sostiene que, con la negativa a su petición de custodiar provisionalmente a su hija de iniciales M.J.R.A., el Juez responsable no realizó ninguna protección al interés superior de esta última, ante la violencia familiar que por alienación parental ésta sufre, por no permitirle tener una convivencia con su Padre. De la misma manera indica que, al no ser escuchada la menor en juicio, la autoridad desconoce su estado físico, emocional y psicológico, por lo que, para negar la custodia provisional solicitada en favor del quejoso, se base en el supuesto de que ésta se encuentra bien, sin tomar en consideración que no vive con su madre y Padre. A su vez, menciona que el numeral 436 del Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo, define que los ejercen la patria potestad de los menores, aun cuando no tengan su custodia, tienen derecho a una convivencia con sus descendientes, en el caso, el quejoso con su hija menor de iniciales M.J.R.A. En ese mismo tenor afirma que, en el caso, la menor de iniciales M.J.R.A. sufre violencia familiar, ante la Alienación Paternal que le ejerce su madre Jennifer Ruíz Ángel, al haberla abandonado al cuidado de la abuela materna, corroborándose con las actuaciones del personal de actuaria, adscrito al Juzgado responsable, donde se asentó, por el dicho de ésta última, que ella cuida de la menor de iniciales M.J.R.A., virtud a que Jennifer Ruíz Ángel desde hace tres años no vive en ese domicilio, por radicar en los Estados Unidos de Norteamérica. También, argumenta que Jennifer Ruíz Ángel ha impedido, obstaculizado o destruido el vínculo de Padre a Hija, al evitar que la menor de iniciales M.J.R.A., conviva con su Padre (quejoso), ya que en las ocasiones que ha ido a buscarla en diferentes domicilios, se la han negado, evitando así la convivencia con la niña. Hace mención a que, en términos de lo dispuesto por el artículo 318, del Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo, comete violencia familiar el elemento de la familia que transforma la conciencia de un menor de edad, con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores; y, que esa conducta tendrá como efecto la suspensión, inhabilitación o pérdida temporal o definitiva de la guarda y custodia, para quien la ejerza. Además, se duele de que los dispositivos legales que el juez responsable invocó, para fundamentar el auto combatido, no guardan ninguna relación con lo argumentado, a fin de negarle en forma provisional la custodia de la menor; pues al efecto indica que, con lo dispuesto por el artículo 435 del Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo, no se está ejerciendo ninguna solución a la alienación parental que está viviendo la menor, sin importarle el daño emocional o psicológico que le pueda generar el no convivir con su progenitor. Finalmente, alude que la Juez responsable soslayó el interés superior de la menor, pues no obstante que no existe impedimento legal para decretar en su favor, de manera provisional la custodia de la menor, debió tomar en consideración los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal, de que los hombres y las mujeres deben considerarse por igual, aptos para el cuidado de los menores. En síntesis, los motivos de descenso precisados ponen de manifiesto, que el quejoso parte de la premisa que él es el padre de la menor de iniciales M.J.R.A., y que, por ese motivo, tiene derecho a obtener su custodia provisional y no ser privado del derecho a la convivencia que se tiene entre Padre e Hija. Lo anterior, deviene inoperante, dado que se parte de una premisa falsa. Para así demostrarlo, resulta necesario destacar en lo conducente, las consideraciones expuestas por la autoridad responsable, y que sirvieron de apoyo para su decisión: ". En ese sentido, en primer lugar, no procede otorgar la custodia provisional al promovente respecto de la menor de edad citada, atendiendo al interés superior de ésta, ya que hasta este momento no se ha demostrado que exista ningún lazo consanguíneo entre ellos, pues precisamente, como se dijo, es sobre lo que versa el presente juicio, por tanto, resulta infundada la medida precautoria solicitada. En segundo lugar, hasta el momento no existe algún medio de convicción que ponga de manifiesto que sobre la menor de edad se esté ejerciendo algún tipo de violencia, para que la suscrita juzgadora determine algún cambio de custodia respecto de aquella. (.)." Lo precisado evidencia que, en oposición a lo expuesto por la parte quejosa, la autoridad responsable negó su petición, bajo el argumento que en el juicio, hasta ese momento procesal, no se encontraba acreditada la existencia de algún lazo consanguíneo, entre la menor de iniciales M.J.R.A. con el actor aquí impetrante del amparo; asimismo, hizo énfasis que la litis en el contradictorio de origen, versaba sobre dicha incógnita; esto es, que el actor del juicio, al no tener reconocida la paternidad de la menor en cita, no era procedente su petición. De igual manera, precisó que de las constancias que integran el juicio de origen, no se advertía medio de prueba que demostrara la ejecución de algún tipo de violencia sobre la menor, entre ellas la violencia familiar por alienación parental, para así ordenar un cambio en la persona que ejercía la custodia provisional de la niña. De ahí que, los conceptos de violación esgrimidos en ese sentido resultan inoperantes, toda vez que se parte de una premisa falsa, consistente en que el impetrante del amparo se ostenta el padre de la niña de iniciales M.J.R.A., argumentando, tener derecho a ejercer la custodia provisional y convivencia filial por paternidad con la menor; asimismo, el resentir un menoscabo en su vinculo paterno filial, con motivo de la violencia familiar por Alienación Paternal, ejercida por un miembro de la familia, pues de las constancias que integran el juicio de origen, no se aprecia, aun de manera indiciaría, que el quejoso tenga reconocido su filiación paternal con menor en cita. Por tanto, resulta innecesario deliberar sobre los argumentos de ilegalidad, en relación con las actuaciones judiciales tildadas de inconstitucionalidad, al encontrarse sustentados con base en una premisa que no resultó verdadera, esto es, que el quejoso tenga reconocida la paternidad de la menor de iniciales M.J.R.A.. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/6 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON LOS QUE SE SUSTENTAN EN SITUACIONES, CONSTANCIAS O PRUEBAS INEXISTENTES EN LOS AUTOS DE LOS QUE DERIVÓ EL ACTO RECLAMADO. Los conceptos de violación deben consistir en razonamientos de carácter lógico jurídico, tendentes a poner de manifiesto que las consideraciones que rigen la sentencia, laudo o resolución reclamada son contrarias a la ley o a su interpretación jurídica; sin embargo, cuando esos razonamientos se hacen descansar o parten de situaciones, constancias o pruebas que no obran en los autos de donde emana el acto reclamado, ello torna inoperantes los conceptos, pues el tribunal no cuenta con elementos para determinar si son correctas o no las apreciaciones del quejoso." También, la Jurisprudencia 2a./J 108/20212 (10ª.), visible en la página 1326, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, Materia Común, Décima Época, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida." Del mismo modo, la Tesis Aislada IV.3o.A.66 A, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que dispone: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN FISCAL. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS INCORRECTAS. Los agravios son inoperantes cuando parten de una hipótesis que resulta incorrecta o falsa, y sustentan su argumento en ella, ya que en tal evento resulta inoficioso su examen por el tribunal revisor, pues aún de ser fundado el argumento, en un aspecto meramente jurídico sostenido con base en la premisa incorrecta, a ningún fin práctico se llegaría con su análisis y calificación, debido a que al partir aquél de una suposición que no resultó cierta, sería ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida; como en el caso en que se alegue que la Sala Fiscal determinó que la resolución administrativa era ilegal por encontrarse indebidamente motivada, para luego expresar argumentos encaminados a evidenciar que al tratarse de un vicio formal dentro del proceso de fiscalización se debió declarar la nulidad para efectos y no lisa y llana al tenor de los numerales que al respecto se citen, y del examen a las constancias de autos se aprecia que la responsable no declaró la nulidad de la resolución administrativa sustentándose en el vicio de formalidad mencionado (indebida motivación), sino con base en una cuestión de fondo, lo que ocasiona que resulte innecesario deliberar sobre la legalidad de la nulidad absoluta decretada, al sustentarse tal argumento de ilegalidad en una premisa que no resultó verdadera." Por otra parte, el quejoso sostiene que el auto combatido en esta instancia constitucional, adolece de una debida fundamentación y motivación, al no tomar en consideración la violencia familiar que la menor vive, ni contemplar o hacer prevalecer el interés superior del menor de edad, al dar mayor prioridad a que la parte demandada comparezca a juicio, así como que, una vez resuelto dicho asunto, en donde sea declarada la afinidad del actor con su menor hija, se verificará el estado en que ésta se encuentra; negando con ello un óptimo desarrollo y sano esparcimiento. En principio, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que toda autoridad está constreñida a fundar y motivar sus actos, por lo primero debe entenderse la obligación de expresar los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto cuyo origen se encuentra en el principio de legalidad, que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones en las cuales la autoridad basa su proceder, precisamente en la disposición legal que afirma aplicable; asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. Para que la autoridad cumpla la prerrogativa de legalidad que establece el artículo 16 Constitucional en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en primer término, debe citar el precepto legal que sirva de apoyo; y, en segundo lugar, expresar los razonamientos que llevaron a la conclusión de que el asunto de que se trata, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca. Ahora, de la exégesis del acto reclamado, se advierte que éste deriva del cumplimiento a una ejecutoria dictada en diverso juicio de amparo, en el que la protección constitucional se acotó a la fundamentación y motivación respecto de la respuesta a la petición del quejoso, relativa a la medida cautelar de cambio de custodia, en la que, atendiendo al interés superior de la menor de edad involucrada y las circunstancias particulares del caso en concreto, funde y motive su nueva determinación. De ahí que, el concepto de violación en análisis es infundado, porque contrario a lo que el quejoso argumenta, el Juez responsable para arribar a la conclusión de negar la custodia provisional de la menor de edad, en favor del aquí quejoso, tomo en consideración lo relativo a la violencia familiar, así como el interés superior del menor, pues al efecto, una vez que citó y transcribió los preceptos legales que sirvieron de fundamento a su determinación, expuso las razones que justificaron su proceder; es decir, indicó que no procedía otorgar la custodia provisional solicitada, atendiendo al interés de la menor, ya que no estaba acreditado algún lazo consanguíneo entre ellos, tampoco existía algún medio de prueba que pusiera de manifiesto, que se estuviera ejerciendo algún tipo de violencia, que motivara el cambio de la medida cautelar; aunado a que, si la menor ya estaba integrada al medio en que vivía, el separarla del mismo, podría ocasionarle un daño psicológico; más aún, si se entregaba a una persona desconocida para ella. Motivos por los que, a todas luces resulta infundado el concepto de violación en estudio. Máxime, que el quejoso estuvo en aptitud de comparecer en el diverso juicio de amparo, a hacer valer el recurso de inconformidad correspondiente, en contra de la determinación que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. En otro aspecto, el quejoso refiere que el Juez responsable, en su determinación de negarle la custodia provisional de la menor de iniciales de iniciales M.J.R.A., bajo el argumento que primero tiene que concluir el juicio sobre reconocimiento de paternidad, deja a un lado la estabilidad emocional y psicológica de la niña, ya que dicho contradictorio podría tardar meses o años en resolverse. Lo anterior, es infundado. Del auto combatido en esta instancia constitucional, se aprecia que para negar la petición del aquí quejoso, consistente en un cambio de custodia provisional de la menor de iniciales de iniciales M.J.R.A., el Juez responsable en lo conducente expuso: ". En ese sentido, en primer lugar, no procede otorgar la custodia provisional al promovente respecto de la menor de edad citada, atendiendo al interés superior de ésta, ya que hasta este momento no se ha demostrado que exista ningún lazo consanguíneo entre ellos, pues precisamente, como se dijo, es sobre lo que versa el presente juicio, por tanto, resulta infundada la medida precautoria solicitada. Como se ve, la Juez responsable basó la improcedencia de la petición del aquí quejoso, en que hasta ese momento procesal del juicio, imperaba la ausencia de algún medio de prueba que demostrara algún lazo consanguíneo entre el quejoso y la menor de edad, no así que se hubiere condicionado al promovente, a la esperar de la conclusión del juicio para obtener una respuesta favorable su pretensión. De ahí, que no se aprecie que el quejoso deba esperar hasta que finalice el juicio de origen, para obtener una respuesta favorable a su petición, sino más bien, que podrá obtener dicha medida cautelar, en cualquier momento procesal, siempre y cuando acredite el lazo consanguíneo que dice tener con la menor, a través de un medio de prueba idóneo, y en su caso, esté comprobada alguna causa que amerite la suspensión, inhabilitación o pérdida temporal de la guarda y custodia. En mérito de lo anterior, según se vio, jurídicamente inoperantes e infundados los conceptos de violación propuestos y sin que se advierta infracción de la ley que permitiera suplir la deficiencia de la queja conforme lo autoriza el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo que procede en la especie es negar la protección federal impetrada por Kevin Alejandro García Farías. Finalmente, y en otro aspecto, de conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado derive de un juicio o una controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo, el carácter de tercero interesado le asiste a la parte contraria del quejoso o si éste no es parte en el juicio de donde derivan los actos reclamados, el tercero interesado será la parte -en la controversia de origen- que tenga un interés contrario al de aquél. Como se observa, el artículo citado no prevé la posibilidad de que el carácter de tercero interesado en el juicio de amparo pueda asistirle a cualquier persona que tenga un interés contrario al quejoso derivado de la relación alegada, pues claramente la porción normativa establece como condición para reconocer a una persona con el carácter de tercero interesado, que ésta sea parte en el juicio de donde procede el acto reclamado y sólo derivado de esa circunstancia es que el juzgador de amparo deberá determinar cuándo esa persona tiene un interés contrario al del quejoso para poderle otorgar legitimación como tercero interesado. Lo anterior, encuentra fundamento en la tesis I.11o.C. 46 K (10), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "TERCERO INTERESADO. CUANDO EL QUEJOSO ES PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SÓLO PUEDE TENER ESE CARÁCTER QUIEN SEA SU CONTRAPARTE. De conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado derive de un juicio o una controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo, el carácter de tercero interesado le asiste a la parte contraria del quejoso o si éste no es parte en el juicio de donde derivan los actos reclamados, el tercero interesado será la parte -en la controversia de origen- que tenga un interés contrario al de aquél. Como se observa, el artículo citado no prevé la posibilidad de que el carácter de tercero interesado en el juicio de amparo pueda asistirle a cualquier persona que tenga un interés contrario al quejoso derivado de la relación alegada, pues claramente la porción normativa establece como condición para reconocer a una persona con el carácter de tercero interesado, que ésta sea parte en el juicio de donde procede el acto reclamado y sólo derivado de esa circunstancia es que el juzgador de amparo deberá determinar cuándo esa persona tiene un interés contrario al del quejoso para poderle otorgar legitimación como tercero interesado. De manera que tal carácter no puede establecerse en forma arbitraria o anárquica, sino que debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y al juicio de origen de donde deriva a fin de establecer conforme a las diversas hipótesis previstas, a quién le asiste el carácter de tercero interesado". En la presente instancia constitucional, en proveído de veinte de mayo de dos mil veintidós (fojas 71 a 74), se reconoció el carácter de tercera interesada a Jennifer Ruíz Ángel, al ser señalada como parte demandada dentro del juicio ordinario familiar de origen, por lo que se ordenó su emplazamiento. Sin embargo, de las constancias que integran al referido juicio ordinario familiar 55/2022, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, se advierte que, Jennifer Ruíz Ángel, no ha podido ser emplazada a juicio. En esas condiciones, si a esta aún no ha sido emplazada al juicio de origen, es inconcuso que todavía no se integra a la controversia de donde emana el acto reclamado; por ende, no le reviste ese carácter de tercera interesada para efectos del juicio de amparo indirecto, ya que todavía no es parte en el juicio natural. Por estas razones, al carecer Jennifer Ruíz Ángel del carácter de tercera interesada, resulta innecesario su llamamiento a la presente instancia constitucional. ALEGATOS. Finalmente, no es el caso realizar pronunciamiento sobre los alegatos formulados por el agente del Ministerio público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional y el representante especial de la persona menor de edad de iniciales M.J.R.A., porque este órgano de control constitucional no se encuentra constreñido a hacerlo, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Tiene aplicación, la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable a página 14, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, contra el acto reclamado la autoridad precisada en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso sétimo de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando último de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    En veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con un escrito registrado bajo el folio 12674, dentro del juicio de amparo indirecto número 505/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Se acuerda escrito. Agréguese a los autos el escrito signado por José Luis Martínez Guzmán, en cuanto Apoderado Jurídico de Kevin Alejandro García Farías, en atención a su contenido, este Juzgado emite las determinaciones, siguientes: 1.1. Prueba. No ha lugar a admitir la prueba pericial de ácido desoxirribonucleico (ADN), que ofrece la parte quejosa, para el efecto de acreditar el parentesco por consanguinidad de padre a hija; virtud a que, en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe ser analizado tal y como aparece probado ante la responsable, por lo que no es dable admitir, ni tomar en consideración pruebas que no se hubieran rendido ante dicha autoridad. Máxime que, no se advierte la imposibilidad de la parte quejosa, a efecto de ofrecer dicha prueba pericial ante la autoridad responsable, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo, del citado artículo 75 de la ley de la materia, tampoco alguna de las excepciones previstas en el multicitado artículo. Lo anterior, virtud que el juicio de amparo no constituye una nueva o segunda o tercera instancia del procedimiento del orden común, donde puedan recibirse las pruebas que no se desahogaron con anterioridad, ni dicho juicio, que es autónomo, tiene por objeto decidir directamente sobre acciones, excepciones o pretensiones que se plantean en el procedimiento ordinario, pues lo que en él se juzga, es exclusivamente si el acto reclamado vulnera derechos humanos, siendo por esta razón que el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la responsable, tomando en consideración sólo los elementos que tuvo ante sí y pudo esa autoridad ponderar, dado que lo que se califica es precisamente su actuación. Estimar lo contrario, implicaría desnaturalizar el juicio constitucional, atribuyendo al Juez de Distrito facultades equivalentes a las de las autoridades responsables, incluso la de resolver directamente el conflicto planteado ante éstas, bajo el argumento de que el quejoso no pudo antes rendir la prueba. Es ilustrativa la tesis 2a. XLIII/2017 (10a.), publicada en la página mil trescientos noventa y seis, del Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyos rubro y contenido son: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 75, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA. El primer párrafo del precepto indicado contiene una regla que brinda equilibrio y seguridad a los sujetos involucrados en el acto de autoridad, al exigir que, en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto se aprecie tal y como aparezca probado ante la responsable, por lo que no se admitirán ni se tomarán en consideración pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. Por otra parte, su segundo párrafo prevé una excepción a esa regla general, pues permite que en el amparo indirecto el quejoso ofrezca pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable, supuesto normativo que debe interpretarse en el sentido de que esa posibilidad procesal opera, como la frase lo anuncia, "cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable", lo que podría ocurrir, por ejemplo, cuando se trate de una persona ajena al procedimiento de creación del acto reclamado, o cuando la ley que lo rija no establezca la posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas. En consecuencia, lo dispuesto en el segundo párrafo referido no sería aplicable si el gobernado fue parte en el procedimiento de formación del acto de autoridad, como podría ser un acto derivado de un procedimiento seguido en forma de juicio, en el que se entiende que las partes involucradas tienen la posibilidad procesal de probar a su favor." 1.2. Usuario y datos de contacto. Por otro lado, téngase a la parte quejosa señalando como datos de contacto correo electrónico joseluismartinez.cjf@gmail.com, así como el usuario "joseluismartinez", a efecto de que las notificaciones personales que le resulten, se le practique de forma electrónica; de igual manera, para que se imponga del expediente electrónico; por tanto, se ordena dar de alta dicho usuario. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Alejandro Luna de los Santos, quien da fe.

  4. Principal

    En ocho de septiembre de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con un escrito registrado bajo el folio 11973, dentro del juicio de amparo indirecto número 505/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de septiembre de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Agréguese a los autos el escrito signado por Alma Isabel Ángel Rangel, en atención a su contenido, téngasele por hechas sus manifestaciones en relación al emplazamiento de la tercera interesada Jennifer Ruíz Ángel. Lo anterior, tómese en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

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