Kevin Abraham Ramírez Molina
Expediente 427/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 427/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Kevin Abraham Ramírez Molina
Actuaciones
- Principal
León, Guanajuato; seis de julio de dos mil veintiuno. I. Se declara que ha causado estado la determinación que desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se desechó de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Requerimiento a la parte quejosa. Se previene a la parte quejosa para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, serán destruidos. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponibles; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente al quejoso y a su defensor público federal. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Defensor Público acepta cargo. Agréguese a los autos el escrito signado por ********* y, en atención a su contenido, téngasele cumpliendo el requerimiento efectuado en proveído de nueve de junio del año en curso, toda vez que acepta y protesta el cargo de defensor público del aquí quejoso privado de la libertad ******. Y como lo solicita, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, toda vez que el nombre de usuario (HECTOR27NS) se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que se satisfacen los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Como solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que se dicten en el presente juicio. Téngasele señalando cuentas de correo electrónico y número telefónico, con la finalidad de establecer contacto en caso de que se estime necesario, en razón a la contingencia derivada del virus COVID-19. Comunicación al quejoso sobre designación de defensor público y/o asesor jurídico. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que le fue asignado como defensor público y/o asesor jurídico para que le preste asesoría en el presente juicio de amparo al Defensor Público Federal ********, para los efectos legales a que haya lugar. Notificaciones a la parte quejosa. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, realícense tanto al directo quejoso privado de su libertad, como al defensor y/o asesor antes citado, a fin de potencializar el acceso a la justicia del aquí quejoso. Instrucción en torno a la notificación personal del quejoso privado de su libertad. De autos, se ordena al actuario de la adscripción para que, proceda a realizar la notificación del proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno al defensor de mérito; lo anterior, para que se imponga de su contenido; y en su caso, dentro del término correspondiente promueva lo que a su asesoría técnica considere pertinente.
- Principal
León, Guanajuato; treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. I. Registro y formación de expediente. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 427/2021-II, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Parte quejosa. Kevin Abraham Ramírez Molina. III. Autoridades responsables. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades. IV. Precisión de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que en la presente instancia constitucional se reclama esencialmente por parte del quejoso lo siguiente: La orden de traslado del Centro Estatal de Reinserción Social "Topo Chico", con sede en Monterrey, Nuevo León, al Centro Federal de Readaptación Social 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato (lugar en el que actualmente se encuentra recluido) y actos inherentes al mismo. V. Se desecha demanda de amparo. Acotado lo anterior, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en el caso se surte de un modo manifiesto e indudable, la causal prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 77, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." Esta causa de improcedencia tiene relación, como se citó anteriormente, con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, que establece que el efecto y finalidad del juicio de amparo es conseguir la restitución en el goce del derecho fundamental violado, a favor del quejoso, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. Ahora bien, en el presente asunto dicha causa de improcedencia se encuentra acreditada de una forma clara, pues el acto reclamado consiste en la orden de traslado del quejoso Kevin Abraham Ramírez Molina, del Centro Estatal de Reinserción Social "Topo Chico", con sede en Monterrey, Nuevo León, al Centro Federal de Readaptación Social 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato; así como la ejecución de dicha orden. Ello es así, debido a que resulta un hecho notorio que el Centro Estatal de Reinserción Social "Topo Chico", con sede en Monterrey, Nuevo León, fue cerrado definitivamente el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, por la administración del actual Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, al considerarlo inoperable e inseguro. Por su parte, el quejoso refiere en su demanda de amparo que ese acto debe declararse inconstitucional, toda vez que las autoridades responsables carecen de facultades para ordenar y ejecutar dicho traslado, lo que de ser fundado tendría como efecto ordenar su reingreso al Centro Estatal de Reinserción Social "Topo Chico", con sede en Monterrey, Nuevo León, por ser el centro de reclusión en el que se encontraba previo a la orden de traslado reclamada. Bajo ese contexto, la causal de improcedencia invocada se actualiza, pues aún en el supuesto de que fuera favorable a la parte quejosa la sentencia que se dictara en el presente amparo, no se podría producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, de manera que se restablecieran las cosas al estado que guardaban antes de la violación, esto es, obligar a las responsables a que lo reingresen al centro de reclusión en el que se encontraba interno previo a la emisión de la orden de traslado reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVI.P. J/1 (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia penal del Décimo Sexto Circuito, visible en la página dos mil seiscientos diez, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, con registro 2012734, cuyo rubro y texto dicen: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE CONCEDIÓ EL AMPARO POR ESTIMARSE QUE SE EMITIÓ POR UNA AUTORIDAD INCOMPETENTE, LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBE SER PARA EL EFECTO DE DEJARLA INSUBSISTENTE Y REGRESAR AL QUEJOSO AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA RECLUIDO PREVIAMENTE A SU EMISIÓN. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, los efectos de la concesión del amparo serán para que se restituya al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Ahora bien, en virtud de que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro tiene dicho carácter, cuando se conceda el amparo por estimarse que se emitió por una autoridad incompetente por ser facultad exclusiva del Poder Judicial decretarla, de conformidad con el precepto mencionado, la protección constitucional que se otorgue debe ser para el efecto de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado con motivo del actuar de la autoridad responsable, por lo que es necesario que ésta deje insubsistente la orden de traslado y se tomen las medidas necesarias para que el quejoso sea regresado al lugar donde se encontraba recluido previamente a la emisión de dicho acto. Sin que deba darse la opción a la responsable de solicitar la intervención de la autoridad competente (Juez de ejecución), pues ello implica que no se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación." Lo anterior, pues aún en el supuesto de que se concediera el amparo y protección de la justicia de la unión al quejoso, sería jurídicamente imposible obligar a las autoridades responsables al debido cumplimiento del acto reclamado señalado por el impetrante del amparo, puesto que el Centro Estatal de Reinserción Social "Topo Chico", con sede en Monterrey, Nuevo León, a la fecha ya no existe. En efecto, de acuerdo a la noticia publicada el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, en el portal oficial de internet del Gobierno del Estado de Nuevo León, el referido Centro Estatal de Reinserción Social "Topo Chico", con sede en Monterrey, Nuevo León, cerró sus puertas definitivamente para convertirse en un parque turístico; lo que tuvo como consecuencia el traslado definitivo de la totalidad de los internos. De ahí que tampoco resulte procedente atender favorablemente la petición del aquí quejoso en el sentido de ser trasladado al Centro Estatal de Readaptación Social de Apodaca, Nuevo León, puesto que de acuerdo a la jurisprudencia antes citada, la protección constitucional debe ser para el efecto de dejar insubsistente la orden de traslado reclamada y regresarlo al lugar donde se encontraba recluido previamente a su emisión. Por lo antes expuesto, resulta materialmente imposible que se pudieran concretar los efectos de una concesión del amparo a favor del quejoso, pues el multicitado centro penitenciario ya no existe como tal; circunstancia que actualiza la causal de improcedencia apuntada. Bajo ese contexto, y al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 77, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. Tiene aplicación al presente caso, la tesis de Jurisprudencia 90/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Diciembre de 1997, Materia Común, Novena Época, que en su rubro y texto dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." VI. Requerimiento al Instituto Federal de Defensoría Pública. Ahora bien, toda vez que el quejoso solicita que se le designe un defensor público; por tanto, a fin de proteger su derecho a una tutela judicial efectiva, con copia de la demanda de amparo, requiérase a la Delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública en Guanajuato, con sede en la capital, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de la legal notificación que se le haga de este proveído, designe a alguno de los defensores públicos y/o asesores jurídicos adscritos a esta ciudad, a efecto de que represente y asesore jurídicamente al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 43/2019 de rubro siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." VII. Domicilio. Se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con residencia en Ocampo, Guanajuato, en virtud de que se encuentra privado de su libertad; lo anterior, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. VIII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. IX. Se exhorta a las partes. A fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. X. Instrucción en torno a la notificación personal del quejoso privado de su libertad. Por cuestiones de seguridad e higiene, para salvaguardar la integridad tanto del quejoso de mérito, privado de la libertad, como del funcionario que le notifique el presente proveído, en los términos precisados en párrafos precedentes, se faculta al actuario judicial para que realice la encomienda por los medios electrónicos habilitados e implementados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia de los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; a fin de evitar riesgos en la salud de los justiciables, y personal actuante; lo anterior, en términos del acuerdo 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal. XI. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto en el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al Secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el veintisiete de mayo de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos de la fracción VIII, primer párrafo, artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a su periodo de vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento. Finalmente, para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia el León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
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