Keury Yaratzzet Quintero Hervert
Expediente 87/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 87/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Keury Yaratzzet Quintero Hervert
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Firmeza Vista la certificación de cuenta, se desprende que el auto donde se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Archivo Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y dado que no existe tramite pendiente archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el Artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Destino. Precisado lo anterior, es pertinente destacar lo establecido en el artículo 21 inciso d), del acuerdo en cita, así como lo indicado en el apartado 8.1.2, punto 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, que a la letra dicen: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; "8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos (.) 4. Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado. Nota: Esta regla aplica a cualquier serie documental" Atento a lo anterior, y toda vez que en el caso se desechó la demanda, se determina que el expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo; una vez cumplido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en la caratula de dicho expediente, en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes -SISE- y en el libro de gobierno concerniente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, dos de marzo de dos mil veintidós. Demanda de Amparo Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos que reclama del Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Tamazunchale y otra autoridad, que considera son violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 87/2022. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Estudio de la demanda De la lectura integral tanto de la demanda, atendiendo a la causa de pedir, se advierte que la parte quejosa reclama los siguientes actos consistentes en: "De la primera Autoridad ordenadora o responsable, reclamo las violaciones al debido proceso dentro del juicio 625/2018 radicado en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tamazunchale, San Luis Potosí; así mismo. a) El auto de fecha 20 de septiembre del año 2019, siendo el requerimiento a la demandada de manera personal y diligencia de remate, así como la notificación de fecha 3 de enero de 2020 y la aprobación de dicha diligencia de notificación y los autos dictados posteriormente los cuales fueron aprobados en fecha 13 de febrero de 2020, y contra el auto 27 de enero de 2021, el auto del día 7 de abril de 2021 en el cual se expiden los edictos para primera almoneda y el auto de fecha y el auto que señala como fecha de segunda almoneda en fecha de 1 de marzo de 2022 así como los anteriormente y que le dieron origen, todos dictados dentro del expediente número 625/2018 radicado en el Juzgado Misto (sic) de Primera Instancia de Tamazunchale, San Luis Potosí, donde se promovió un Juicio Extraordinario Civil Hipotecario en contra de ****y todos los autos posteriores que trae como consecuencia que se ordene que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA del inmueble del que soy legítimo propietario; así como las consecuencias materiales y legales que se originen con la protocolización que pretendan realizar con motivo del remate ordenado en el expediente 625/2018, sin que se cumpla las formalidades esenciales del procedimiento y lo que establece la Constitución Política Mexicana. b) Y las autoridades responsables ejecutoras reclamo la EJECUCCIÓN MATERIAL de la sentencia y la desposesión que finalmente pretenden realizar, en los bienes de mi propiedad que ha quedado previamente descrito, según en el expediente 625/2018 radicado ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tamazunchale, San Luis Potosí". A efecto de proveer lo que en derecho corresponda respecto de la demanda que nos ocupa, se toma en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la necesidad por parte del juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda y, si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, pues tal dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de amparo en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". La tesis en cita prevé que, para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo que resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso. Improcedencia por actos de ejecución de sentencia Esta Juzgadora observa que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, éste aplicado en sentido contrario, ambos de la ley de la materia, que en su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." La fracción XXIII, del artículo 61 transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que se relaciona con las causas de inejercitabilidad de la acción Constitucional establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el numeral de referencia, como lo es el que deriva de la interpretación, en sentido contrario, de la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia. Ahora, de la intelección del precepto legal invocado en segundo término, se deduce que el juicio de amparo procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, entendiendo por "juicio", para los efectos del amparo, el proceso contencioso que inicia con la presentación de la demanda ante el órgano competente y concluye con el dictado de la sentencia definitiva. Sobre esa base, los actos impugnables en amparo indirecto ante el juez de Distrito, son los que los jueces o tribunales ordinarios ejecutan antes de que hayan recibido la demanda y después de que se haya pronunciado sentencia ejecutoria, incluyendo actos de ejecución de sentencia o de remates, aunque con reglas específicas de procedencia. Sin embargo, tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia, para impugnar los actos o resoluciones emitidos dentro de este, la propia ley de la materia impone que es necesario que tales actos se reclamen hasta la última resolución, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta. En consecuencia, las resoluciones que se dictan durante el periodo de ejecución de una sentencia no pueden impugnarse mediante el juicio de amparo, precisamente para evitar que la ejecución se interrumpa con frecuencia mediante la interposición de medios de defensa que prolongarían los procedimientos de ejecución de manera indefinida, haciendo en muchos casos nugatoria la eficacia de los fallos. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la regla específica de procedencia del juicio de amparo contenida en la fracción III, párrafos segundo y tercero, del artículo 114 de la anterior Ley de Amparo (artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo), rige incluso cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no es la última, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del quejoso y se reclame también ésta, pues esos actos dictados en ejecución de sentencia tienen como apoyo la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que mientras no se dicte la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados en ese procedimiento así como el problema de constitucionalidad del precepto legal aplicado (en su caso), solo podrán impugnarse hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución. Lo anterior se desprende de lo decidido en la jurisprudencia 29/96, publicada en las páginas 226 y 227, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo III, junio de 1996, de rubro: "AMPARO CONTRA UNA LEY CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE. SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA." Por otra parte, resulta importante precisar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, en sesión de dieciséis de noviembre de dos mil diez, determinó que: De conformidad con la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo (actualmente artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo) y partiendo de la base de que el amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo (ahora también agrarios), emitidos fuera de juicio o después de concluido, pero tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia o del procedimiento de remate, el amparo procederá únicamente contra la última resolución, siendo ésta, en principio, la que declare cumplida la sentencia o la que decrete la imposibilidad de que se cumpla y, específicamente, tratándose de remates, la que apruebe o desapruebe el remate; entonces, el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, aun cuando se impugne la constitucionalidad de la ley aplicada, por lo que -incluso en estos casos- sólo procede contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución, en el que se podrán alegar las violaciones a la Constitución Federal que se estimen conducentes. Sin embargo, existen actos emitidos en ejecución de sentencia, en contra de los cuales procede el amparo indirecto, entre otros, aquellos respecto de los que el acto reclamado afecta derechos sustantivos de manera inmediata; por tanto, un acto dictado en ejecución de sentencia puede reclamarse a través del amparo indirecto, cuando: se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente (regla general). La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo (artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente) establece, en principio, una regla autónoma relativa a que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la última resolución de dicho procedimiento; sin embargo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción IV (actualmente fracción V del artículo 107) del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Lo anterior, sin que dicha aplicación por analogía permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. La amplitud de la norma contenida en la fracción IV del citado artículo 114 de la Ley de Amparo (ahora fracción V del artículo 107), en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la fracción III de dicho precepto (artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente), de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Con base en el criterio anterior, se puede concluir que, por regla general, el juicio de amparo resulta improcedente en tratándose de actos de ejecución de sentencia, si la acción Constitucional no se promueve contra la última resolución dictada en ese procedimiento. Sin embargo, también se advierte que a esa regla aplica la excepción relativa a que, tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, existe la posibilidad de impugnarlos vía amparo indirecto, exclusivamente cuando infrinjan directamente derechos sustantivos ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la resolución definitiva; esto es, que no sean consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva. Bajo esa tesitura, la quejosa señala como actos reclamados las violaciones al debido proceso, entre las que destaca los autos tres de enero, trece de febrero, ambos de dos mil veinte, veintisiete de enero de dos mil veintiuno, el diverso proveído de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, respecto a la diligencia de remate en primera almoneda y así como el de siete de abril de dos mil veintiuno, en el que se ordena la notificación por edictos a la ejecutada ***; y para la segunda almoneda se fijó el de uno de marzo de dos mil veintidós; es incuestionable, que el presente juicio de amparo es improcedente, porque se intenta contra algunos de los actos ejecutados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia que dio fin al litigio originado en el juicio extraordinario civil hipotecario 625-2018, y que no constituyen la última resolución del procedimiento de remate. En efecto, en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Además, la solicitante del amparo es parte formal y material en el juicio de origen, pues tiene la calidad de parte condenada. En las condiciones anotadas, resulta evidente que los actos reclamados no constituyen la última resolución con la que concluya el procedimiento de remate, como tampoco afectan materialmente derechos sustantivos y, por ende, en términos del artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, el juicio de amparo es improcedente. De ahí que, no será sino hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento mencionado, cuando proceda el amparo, en el cual la ahora inconforme podrá impugnar la resolución de mérito, más aun, podrá reclamar todas las violaciones procesales que estime se han actualizado en su perjuicio en la fase de ejecución, que hasta este momento no deparan un perjuicio de imposible reparación a la quejosa, sino que, en su caso, de trascender al resultado final de dicho procedimiento, puede ser reparado por la vía del amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo de la ley de la materia. Encuentra sustento lo anterior en la jurisprudencia 29/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XVII, junio de 2003, página 11, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA" Además, no se actualizan los supuestos de excepción dado que la parte quejosa es la parte demandada dentro del juicio de origen; de igual modo, no aduce que con el acto reclamado se violenten materialmente derechos sustantivos pues los actos que reclama están relacionados con el cumplimiento al procedimiento de ejecución en el que resultó vencida. Se arriba a la anterior conclusión, porque como se ha dejado establecido los actos que aquí se combaten, están relacionados con la etapa de ejecución de la sentencia. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio Constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que no sería factible formarse una convicción diversa en el juicio, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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