Keury Yaratzzet Quintero Hervert

Expediente 311/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
311/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
12/05/2022

Partes del expediente

  • Keury Yaratzzet Quintero Hervert

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, doce de mayo de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atento al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo, establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de veintisiete de abril de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se dictó un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    téngase recibido el escrito de la quejosa ...por el que da cumplimiento con el requerimiento formulado en proveído de doce de abril del año en curso. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES. Ahora, vista de nueva cuenta la demanda de amparo y escrito aclaratorio, promovida por ...contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial con residencia en Tamazunchale, San Luis Potosí y otra autoridad, por trasgresión que estima de los 14, 16 y 17, Constitucionales. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, del análisis correspondiente a la demanda que se recibe, se advierte que se pone de manifiesto su notoria e indudable improcedencia por actualizarse en la especie la causa que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, a contrario sensu de la Ley de Amparo, en los que se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrario o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Del examen de los disposiciones transcritas se obtiene que cuando se trate de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, en el amparo biinstancial solo procede cuando se interponga contra la última resolución que ahí se pronuncie, entendiéndose por ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, la que declara la imposibilidad material y jurídica para darle cumplimiento o las que ordenen el archivo definitivo del expediente. De igual modo, que en el procedimiento de remate, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Ahora, de los términos de la demanda que se plantea, se advierte que la promovente señala como acto reclamado: "4.- ACTO RECLAMADO.- De la primera Autoridad ordenadora o responsable, reclamo, las violaciones al debido proceso dentro del juicio 625/2018 radicado en el juzgado mixto de primera instancia de Tamazunchale, San Luis Potosí, así mismo: El auto de fecha 22 de marzo de 2022 mismo que me fue notificado en fecha 4 de abril de 2011. Mismo en el que se me ordena la entrega de escritura de venta y entrega de bien rematado a favor de una persona llamada JAVIER GODINEZ GONZÁLEZ. El auto de fecha 20 de septiembre del año 2019 siendo el requerimiento a la demandada de manera personal y diligencia de remate, así como la notificación de fecha 3 de enero de 2020 y la aprobación de dicha diligencia de notificación, y los autos dictados posteriormente los cuales fueron aprobados en fecha 13 de febrero de 2020, y contra el auto de 27 de enero de 2021, el auto del día 7 de abril del 2021 en el cual se expiden los edictos para primera almoneda y el auto de fecha y el auto que señala como fecha de segunda almoneda en fecha 1 de marzo de 2022 así como los anteriormente y que le dieron origen, todos dictados dentro del expediente número 625/2018 radicado en el Juzgado Mixto de primera Instancia, de Tamazunchale en San Luis Potosí, donde se promovió un juicio extraordinario Civil Hipotecario en contra de Keury Yaratzzet Quintero Hervert, y todos los autos posteriores que trae como consecuencia que se ordene que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA del inmueble del que soy legítimo propietario; así como las consecuencias materiales y legales que se originen con la protocolización que pretendan realizar con motivo del remate ordenado en el expediente 615/2018, sin que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y lo que establece la Constitución Política Mexicana. Y las autoridades Responsables Ejecutoras reclamo la EJECUCIÓN MATERIAL de la sentencia y la desposesión que finalmente pretenden realizar, en los bienes de mi propiedad que ha quedado previamente descrito, según en el expediente 625/2018 radicado ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tamazunchale, San Luis Potosí. Así como la protocolización de la adjudicación que pretende hacer la autoridad responsable. Luego, en su escrito aclaratorio, relativo a la narración de los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, la quejosa manifestó en lo que interesa, bajo protesta de decir verdad -a lo que se asigna el valor probatorio de una confesión expresa en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria- que: "5. Manifiesto a Usted C. juez que en auto de fecha 22 de marzo de 2022 dictado por el Juzgado Mixto de primera instancia con residencia en Tamazunchale, SLP. se dictó resolución sobre la adjudicación del bien inmueble mencionado anteriormente dentro del presente en el punto número 1, dentro de la cual en el punto RESOLUTIVO SEXTO, que a la letra dice "una vez que causa ejecutoria la presente resolución y consignado el precio de la compraventa, se ordena a la demandada Keury Yaratzzet Quintero Hervert, para que dentro de tres días, otorgue la escritura de venta a favor del comprador JAVIER GODÍNEZ GONZÁLEZ, y la entrega del bien rematado. Manifiesto que esto viola mis derechos debido a que la suscrita me encontraba cumpliendo con mis obligaciones de pago, así mismo se realizó convenio con la institución misma que no fue respetada condenándoseme a la entrega del bien dentro del auto de fecha 22 de marzo de 2022 del expediente 625/2018 tramitado en el Juzgado Mixto de Primera Instancia con residencia en Tamazunchale, motivo por el cual acudo a esta instancia con el fin de que no sean violadas mis garantías." De lo expuesto se pone de relieve que la resolución de veintidós de marzo del año en curso, que señala como acto reclamado destacado la quejosa, fue dictado por la responsable, en la etapa de ejecución de sentencia, de manera concreta en el procedimiento de remate; sin embargo, dada su naturaleza y efectos, no aparece que se trate de la última resolución pronunciada en el procedimiento aludido como se prevé en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que en esa resolución no se ordena en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación del inmueble sujeto a remate, ni la entrega de éste, pues de la propia transcripción que realiza del resolutivo sexto de la misma, se pone de manifiesto que en todo caso se trata de la determinación que declaró fincado el remate y adjudicación correspondiente. Y, si bien es cierto que en la misma se ordena a la hoy quejosa el otorgamiento de escritura de venta a favor del comprador JAVIER GODÍNEZ GONZÁLEZ y la entrega del bien rematado; también lo es que ello está supeditado que se declare que cause ejecutoria la resolución reclamada y que el adjudicatario consigne el precio de la compraventa. Por lo que, en tal procedimiento aún resta que el juez responsable se pronuncie respecto a la firmeza del aludido auto de veintidós de marzo del año en curso y el adjudicatario haga la exhibición del pago de la venta, para que, de considerarlo procedente, se requiera el cumplimiento voluntario a la impetrante en los términos ahí precisados, y será hasta entonces que pueda impugnar a través de amparo indirecto, en el que podrá reclamar las violaciones procesales que estime se hayan actualizado en el procedimiento de ejecución, mismas que pretende combatir y que describieron como actos reclamados en el inciso b) del capítulo correspondiente de su demanda. En esa tesitura, se colige que la resolución que se reclama no es de aquellas que dictadas en el procedimiento de ejecución de sentencia, sea combatible en amparo indirecto, por no tratarse de la última resolución en el procedimiento de remate, pues en tal acto que aquí se combate, no se ordena desde luego, el otorgamiento de la escritura, sino que esa determinación se supedita a que cause ejecutoria la propia resolución y el adjudicatario consigne el precio de la venta judicial; de ahí, que la presente instancia constitucional resulte improcedente al actualizarse la causa que se deriva de la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, motivo por el cual, lo que procede es desechar de plano la demanda de que se trata, con apoyo además en el numeral 113 de la ley de la materia. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1066, Libro 29, tomo II, abril de 2016, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Asimismo cobra aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 110, Libro 70, tomo I, Septiembre de 2019, materias Común, Civil, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo." Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por...Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 311/2022-IV. PREVENCIÓN. Conforme al artículo 114 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, cuando advierta deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. En ese sentido, a efecto de acordar lo que en derecho proceda en cuanto a la admisión de la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que, por escrito, con el número de copias del mismo a que se refiere el numeral 110, del citado ordenamiento legal y dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: Con la obligación que le impone el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, bajo protesta de decir verdad y de manera cronológica, sucinta y ordenada, amplíe los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirven de fundamento a los conceptos de violación, en los que precise: Los datos de identificación del inmueble respecto del cual aduce que en el expediente 625/2018 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tamazunchale, San Luis Potosí, se remató a favor de Javier Godínez González, le ordenan la entrega de dicho bien y su escritura, esto es, indique medidas y colindancias, así como la ubicación geográfica del mismo. Cuáles son las prestaciones que se reclamaron en el juicio de origen. A qué se condenó en la sentenciada dictada en el expediente 625/2018 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tamazunchale, San Luis Potosí, respecto de la cual reclama su ejecución. Requerimiento que se le formula en atención a que dichos datos resultan necesarios para proveer respecto de la medida suspensional solicitada. APERCIBIMIENTO EN CASO DE NO CUMPLIR CON LA PREVENCIÓN. Se apercibe al promovente que, en caso de no dar cumplimiento en el término y forma indicados, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado y como sus autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a las profesionistas indicadas, toda vez que no tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que las autorice a ejercer la profesión de abogado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se ordena notificar a la autoridad responsable únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, en relación con la fracción I, inciso k) del aludido precepto, de la Ley de Amparo, así como de acuerdo con el criterio jurisprudencial 2a./J. 176/2012 (10a.), sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."; lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad responsable tiene expedito su derecho para realizar la consulta del expediente, a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este juzgado, así como en el portal de internet del poder judicial de la federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la invocada ley. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). En ese mismo sentido, requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado proporcione una cuenta de correo electrónico institucional al que se le pueda hacer llegar las subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y número de teléfono de la persona responsable del mismo a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que le sea enviada por ese medio, en términos de lo previsto en el artículo 23 del citado Acuerdo General 21/2020, en correlación con los numerales 28, fracción III y 30 de la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente.

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