Ketty Green Clee

Expediente 1276/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1276/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Ketty Green Clee

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a siete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante Circular 28/2023, hizo del conocimiento que en sesión extraordinaria celebrada en la misma data, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que debido a las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos, con la finalidad de salvaguardar la seguridad y generar certidumbre a los usuarios del Sistema de Justicia Federal, declaró inhábiles del diecinueve al veinticuatro de octubre del año en curso, y que se suspenden los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas. De igual forma, se señaló que de manera retroactiva, se declararon inhábiles el pasado dieciséis, diecisiete y dieciocho de este mes, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieran celebrado subsistirá su validez. De igual forma, en alcance a la referida circular, en oficio de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, signado por el Coordinador de Titulares de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, comunicó que, con apoyo en el oficio de veinticuatro de octubre del año en curso, suscrito por el licenciado Jesús Gilberto González Pimentel, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, así como derivado de las solicitudes formuladas por las y los trabajadores de los Juzgados de Distrito, por causas de fuerza mayor (paro de labores), se ampliaba dicha suspensión de labores en los referidos Juzgados, declarándose inhábiles los días del veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. Asimismo, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a la autoridad responsable para efecto de que rinda su informe justificado requerido en proveído de cinco de octubre de dos mil veintitrés. SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Atento a lo anterior, a efecto de que transcurra el plazo concedido a la autoridad responsable para que rinda su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las nueve horas con veinte minutos del doce de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo ese acto procesal. Inscríbase esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de esta institución, para los fines estadísticos correspondientes. Notifíquese.

  2. Incidental

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN INCIDENTAL En la Ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las nueve horas con veinticinco minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, Mario Francisco García Cancino, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho, por licencia de la Jueza de Distrito, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial; determinado en sesión celebrada el nueve de octubre del año en curso y comunicado mediante oficio CCJ/ST/5919/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en la Ciudad de México, asistido de Pedro Castillo Castañón, Secretario con quien actúa y da fe, declaró abierta la audiencia incidental en el presente incidente de suspensión derivado del juicio de garantías 1276/2023, promovido por Ketty Green Clee, sin la comparecencia de las partes, ni representante legítimo de ellas. Relación de constancias. Seguidamente, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, el Secretario hace relación de las constancias de autos entre las que destacan: NO.CONSTANCIASFOJAS1 COPIA DE LA DEMANDA DE AMPARO.a 8.2 AUTO DE APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. 9 a 18.3 EMPLAZAMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.21.Asimismo, se hace constar que la siguiente relación coincide con la autoridad responsable y el sentido de su informe previo: No. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO FOJAS TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS (COMAR) EN EL ESTADO DE CHIAPAS. CIUDAD. (AUTORIDAD RESPONSABLE). OMISA Constancia de notificación en foja 21. El Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho, por licencia de la Jueza de Distrito, acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias; para los efectos legales a que haya lugar. Período probatorio. El secretario hace constar que, las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: NO PARTE PRUEBAS FOJA 1. QUEJOSA DOCUMENTALES 15 a 17. Al respecto, el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho, por licencia de la Jueza de Distrito, acuerda: Con apoyo en el artículo 143 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas y admitidas las documentales de mérito, mismas que se desahogan sin más trámite en atención a su propia y especial naturaleza. Enseguida, se abre el periodo de alegatos: El secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, y ante ese escenario se declara cerrada dicha fase. Al respecto, el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho, por licencia de la Jueza de Distrito, acuerda: En esas circunstancias, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se ordena dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1276/2023. R E S U L T A N D O ÚNICO. Actos reclamados y efectos para los que se solicita la suspensión. En el presente asunto, en su demanda de amparo la incidentista señala como actos reclamados los siguientes: La fecha lejana de formalización de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, establecida en el citatorio 224579. La omisión de expedir la constancia relativa a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado (CUR). La omisión de expedir la clave única de registro de población (CURP). Así, se solicita la suspensión de los actos reclamados a fin de que se ordene a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta ciudad, la expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de condición de refugiado, así como la Clave Única de Registro de Población, para que no se deje en estado de indefensión a la impetrante y en estado de vulnerabilidad, a fin de tener acceso a la salud, educación, empleo, entre otros. Atento a lo anterior, esta juzgadora procede a analizar los elementos jurídicos de la medida cautelar solicitada. A) EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, omitió rendir su informe previo aun cuando fue legalmente emplazado como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos (foja 29). En consecuencia, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que de esta se reclaman para el sólo efecto de resolver respecto a la suspensión definitiva en el presente asunto. NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/2018 de su índice, que dio origen a la jurisprudencia 70/2019, de registro digital 2021263 de rubro: SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA, al analizar e interpretar los artículos 107, fracción X, primer párrafo de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, denotó que la suspensión de los actos reclamados guarda un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea como medidas conservativas o de tutela anticipada. En ese sentido, la naturaleza del acto mismo no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado" que refiere el referido precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir el acto reclamado, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentra o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado, condicionando los efectos de la suspensión a que no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la omisión de expedirle la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y la omisión de otorgarle la Clave Única de Registro de Población (CURP), por lo que este órgano jurisdiccional considera que con la concesión de esta medida suspensiva no quedaría sin materia una eventual sentencia protectora en el juicio principal, por ese acto reclamado. Lo anterior, toda vez que la naturaleza de vigencia de la Clave Única de Registro de Población, es de carácter temporal, lo cual tiene justificación en el Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, del que se desprende que los extranjeros tienen la posibilidad de ostentar ese documento, con la finalidad de acceder a diversos servicios públicos, entre ellos salud y educación, para evitar que su personalidad jurídica sea vulnerada. Corolario de lo anterior, debe destacarse que la temporalidad de los documentos de que se trata, depende de las condiciones previstas en el Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, es decir, uno de los documentos de identificación cuya expedición se solicitó, tiene una vigencia que no puede exceder de ciento ochenta días naturales, pudiendo darse de baja la clave, en las hipótesis que en dicho instrumento se describen. Al efecto, se destaca la jurisprudencia de la Primera Sala de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 2024808, Instancia: Primera Sala, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 1a./J. 76/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4170, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: PERSONAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE MIGRACIÓN DERIVA QUE CUENTAN CON EL ACCESO EFECTIVO A LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA ELLO. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP). En el proceso alegaron la inconstitucionalidad del artículo 59 de la Ley de Migración, como la norma en la que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que para reconocer la validez constitucional del artículo 59 de la Ley de Migración no debe interpretarse como prohibitivo, limitante o excluyente del acceso de las personas solicitantes de la condición de refugiado a la Clave Única de Registro de Población (CURP). Al contrario, las personas solicitantes de la condición de refugiado tienen acceso efectivo a la CURP como manifestación de su derecho a la personalidad jurídica, pues este documento es un elemento que les permite acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. Justificación: La CURP se entiende como materialmente exigible para todas las personas solicitantes de la condición de refugiado, de manera que no se agrave su situación de vulnerabilidad. Esta decisión se afianza a partir de una interpretación conforme (desde un ámbito funcional, sistemático y armónico) del artículo 59 de la Ley de Migración con el sistema de protección de derechos humanos que rige en nuestro país, la práctica del Estado Mexicano y los compromisos adquiridos internacionalmente. De esta manera, se busca derribar los obstáculos administrativos que las personas solicitantes de asilo enfrentan en el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, tal y como es el derecho al trabajo o a la salud, entre otros. Al respecto, cabe destacar que el 18 de junio de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Instructivo Normativo para la asignación de la Clave Única de Registro de Población, en el cual se añadió como supuesto de asignación de la CURP temporal a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria. Dicho acuerdo es consistente con la comprensión de la CURP como una herramienta registral, pero también como un documento llave de acceso a los servicios que otorga la Administración Pública Federal y, en consecuencia, como manifestación de la dimensión formal del derecho a la personalidad jurídica. De ahí que negar el acceso a la CURP o supeditarlo a una calidad migratoria de estancia no es consistente con las obligaciones estatales de protección, garantía y respeto de derechos humanos, sobre todo porque de esa manera se asignarían resultados desiguales sin justificación razonable a grupos con una importante situación de vulnerabilidad, como lo son las personas solicitantes de la condición de refugiado. Aunado a lo anterior, respecto a la Constancia de Trámite de la Solicitud de Reconocimiento a la Condición de Refugiado [CUR], si bien es cierto, que en el artículo 38 del Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, se prevé que la autoridad debe emitir dicha constancia de trámite respecto a solicitudes que han sido admitidas; también lo es que ello no conduce a considerar que la vigencia de la constancia en mención sea definitiva, sino provisional, pues en el mismo precepto legal se precisa que la referida constancia establecerá la entidad federativa en la que el solicitante debe permanecer, en tanto se resuelva su solicitud, misma que tendrá una vigencia de cuarenta y cinco días hábiles, que se contará a partir de la presentación de la solicitud, los cuales podrán ser prorrogados de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la propia ley. Máxime que en el mismo precepto legal se establece también, que en los casos que la Coordinación autorice al solicitante continuar su trámite en otra entidad federativa, se deberá expedir una nueva constancia, previo canje de la anterior, sin que ello implique la autorización de permanencia en territorio nacional bajo ninguna de las condiciones que señala la Ley de Migración. En ese contexto legal, se concluye que de concederse la suspensión definitiva, no tendría como consecuencia dejar sin materia el juicio de amparo, pues no tendría por efecto ordenar de manera definitiva la expedición de los documentos de que se trata, pues las normatividades que los rige establecen un lapso de vigencia temporal, es decir, no se trata de un estatus definitivo. INTERÉS SUSPENSIONAL Y ANÁLISIS DE LA VULNERACIÓN AL ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL De lo previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128, fracción I y 131 de la Ley de Amparo, se obtiene que para otorgar la suspensión de los actos reclamados, es indispensable que el promovente que solicite la medida cautelar demuestre indiciariamente que cuenta con interés suspensional. Éste se reconoce a partir de la demostración, por lo menos indiciaria, de la titularidad del derecho que se pretenda salvaguardar y que virtud de los actos reclamados generen una afectación por su transgresión directa, o bien, por la especial situación en que se encuentra el gobernado. En esas condiciones, el otorgamiento de la medida cautelar en ningún caso podrá tener por efecto modificar o restringir derechos, ni constituir aquellos que no tengan existencia jurídica antes de la presentación de la demanda. En el presente asunto, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad manifiesta que mediante citatorio 224579 expedido por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta ciudad, se le fijó una fecha lejana para la formalización de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado, y por ello, tiene verificativo la omisión de expedir la constancia relativa a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado en la que se asigne la clave única de refugiado (CUR), así como de la clave única de registro de población (CURP). En ese sentido, toda vez que con la medida cautelar solicitada se pretende paralizar las consecuencias positivas de los actos reclamados, las cuales se traducen en privar el acceso a la salud, educación, empleo, entre otros aspectos vitales para la vida humana, afectando de manera directa a la esfera de derechos de los quejosos, cuya titularidad pretenden salvaguardar, por tanto, con la manifestación formulada bajo protesta de decir verdad, se tiene por acreditado el interés suspensional de la parte quejosa para solicitar la presente medida cautelar. Lo anterior, atendiendo a que se resuelve en la presente determinación la procedencia de la suspensión provisional solicitada, por lo que de no corroborarse que la parte quejosa haya generado el citatorio 224579 expedido por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta ciudad, al momento de emitir pronunciamiento respecto a la suspensión definitiva, el criterio sostenido en esta determinación podrá variar respecto a la acreditación del interés suspensional. Al efecto, es aplicable la tesis I.4o.A.15 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página dos mil ciento sesenta y seis, Libro XIX, Tomo 3, abril de dos mil trece, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego. Por otro lado, debe decirse que en esta estadía procesal no se advierte que con la concesión de la medida cautelar se contravenga el interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, que son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquella algún mal, desventaja o trastorno. En ese sentido, éste órgano jurisdiccional considera que en atención a la dimensión formal o instrumental del derecho a la personalidad jurídica y al principio de interdependencia de los derechos fundamentales, no es posible ser titular de derechos económicos, sociales y culturales si se carece de las condiciones propicias para adquirirlos, ejercerlos y exigirlos; por lo que, en esa relación subyace el deber del Estado, de adoptar medidas generales de manera progresiva y medidas de carácter inmediato para asegurar la garantía de los derechos reconocidos; lo que en el caso puede lograrse justamente a través de la suspensión del juicio de amparo, porque sin otorgar de forma definitiva la validez de la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y la Clave Única de Registro de Población (CURP) para extranjeros, puede concederse la suspensión definitiva para que esos documentos sean expedidos de forma provisional, logrando con ello alcanzar el objetivo de la suspensión del juicio de amparo y consecuentemente, la implementación de una medida cautelar que garantice el acceso a los migrantes de los derechos del juicio de amparo, al no constituir una medida definitiva. Es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 2024786, Instancia: Primera Sala, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 81/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4165, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: DERECHOS DE PERSONAS MIGRANTES. LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES REQUIERE DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EJERCERLOS EFECTIVAMENTE. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP), pues ello les impedía acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. En el proceso, los quejosos alegaron la inconstitucionalidad de los artículos 52 y 59 de la Ley de Migración en los que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales a personas migrantes se torna ilusorio si éstos no pueden acceder a los medios, instrumentos o herramientas necesarios para ejercerlos efectivamente. Por lo tanto, el Estado tiene el deber de eliminar todos los obstáculos existentes que, de iure o de facto, enfrentan las personas migrantes en el acceso efectivo a sus derechos fundamentales. Justificación: La garantía de un derecho implica la obligación del Estado de tomar todas las medidas necesarias para "remover" los obstáculos que puedan existir, para que los individuos disfruten y efectivamente ejerzan los derechos fundamentales reconocidos. En atención a la dimensión formal o instrumental del derecho a la personalidad jurídica y al principio de interdependencia de los derechos fundamentales, no es posible ser titular de derechos económicos, sociales y culturales si se carece de las condiciones propicias para adquirirlos, ejercerlos y exigirlos. En esta relación subyace el deber de los Estados de adoptar medidas generales de manera progresiva y medidas de carácter inmediato para asegurar la garantía de los derechos reconocidos. Por lo tanto, alcanzar la efectividad de los derechos no depende exclusivamente de la promulgación de disposiciones constitucionales o legislativas, sino que los Estados deben realizar actividades concretas para que las personas bajo su jurisdicción puedan disfrutar y ejercer sus derechos. Cabe agregar, que en el caso, se trata de una tutela provisional de derechos que son inherentes a las personas y la condición expresada sobre su vulnerabilidad por ser migrantes, mismos que se encuentran en condiciones de marginación públicamente sabida por el ámbito internacional, además de haber solicitado se les reconozca la condición de refugiados, sobre todo porque un quejoso es menor de edad, por lo que requiere la máxima tutela de la función de su interés superior, siendo ese el motivo esencial que se debe valorar para decretar la suspensión provisional. DECISIÓN Y CONDICIONANTES Con fundamento en los artículos 128, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva del acto reclamado, para el efecto de que las autoridades responsables expidan a la quejosa de forma provisional la Constancia de Trámite de Reconocimiento de la Condición de Refugiados [CUR], así como la Clave Única de Registro de Población (CURP), hasta en tanto se notifique el auto que declare firme la sentencia que se dicte en el juicio de amparo principal. En el entendido de que la presente determinación no vincula a las autoridades responsables para admitir de facto la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados respectiva, quedando por tanto en libertad de jurisdicción para resolver, si así lo decidiere, sobre la admisión o no de la solicitud mencionada. Además, se comunica a las autoridades responsables que la emisión de la Constancia de Trámite de Reconocimiento de la Condición de Refugiados, así como de la Clave Única de Registro de Población (CURP), se encontrará sujeta a que la parte quejosa cumpla con los requisitos legales para su expedición. CUMPLIMIENTO La medida cautelar que se concede deberá de ser acatada por la autoridad responsable y aquella que resulte vinculada, con el apercibimiento de que en caso de desobediencia, se actualizaría la hipótesis contenida en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se concede a Ketty Green Clee, la suspensión definitiva solicitada contra los actos y autoridad señalada en el inciso a) del considerando único, en los términos ahí especificados del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Mario Francisco García Cancino, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho, por licencia de la Jueza de Distrito, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial; determinado en sesión celebrada el nueve de octubre del año en curso y comunicado mediante oficio CCJ/ST/5919/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en la Ciudad de México, asistido de Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a once de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, se obtiene que se se encuentra transcurriendo el término concedido al Titular de la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, para que rinda su informe previo, que se le solicitó mediante oficio 24639/2023, notificado el nueve de octubre del presente año, como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos [foja 21]. SE DIFIERE AUDIENCIA INCIDENTAL En consecuencia, para dar margen a que transcurra el plazo concedido a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, para que rinda su informe previo, con fundamento en el artículo 141 de la Ley de Amparo, se difiere la fecha para la celebración de la audiencia incidental que está señalada para hoy, y se fijan las nueve horas con veinticinco minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, para su verificativo. Inscríbase esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de esta institución, para los fines estadísticos correspondientes. Notifíquese.

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