Ketiel Gómez Urquiza y Otros.
Expediente 1428/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1428/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Ketiel Gómez Urquiza y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos la certificación secretarial de cuenta y el estado de los autos, se obtiene que ha transcurrido el plazo legal de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera interpuesto recurso de revisión, en contra del auto dictado el once de octubre de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO. En tal virtud, comuníquese lo anterior a las partes; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido, en los siguientes términos. 1. Expediente conservable. En virtud que el presente juicio de amparo se sobreseyó, sin embargo, contiene el decreto de una suspensión de plano de actos reclamados, por interpretación extensiva de los artículos 14, fracción II1 , y 17, fracción III, inciso b)2 , del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, al prever que cuando se concede la medida cautelar el expediente es CONSERVABLE, de ahí que si en el caso, como se dijo, fue concedida la suspensión de plano, se estima la aplicación de dichos preceptos, por lo que una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, previo cercioramiento de que todas las constancias que integran este expediente estén digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, procédase a su transferencia al Archivo de Concentración de los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo establece el artículo 9 3 y conforme a los lineamientos establecidos en los numerales 26, 27 y 284 , todos del acuerdo multicitado. 2. Incidente conservable. El cuaderno del incidente de suspensión en el que se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, se considera como CONSERVABLE, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b)5 del citado Acuerdo General, por lo que, una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, previo cercioramiento de que todas las constancias que integran el cuaderno incidental respectivo estén digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, será transferido al Archivo de Concentración de los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo establece el artículo 9 y conforme a los lineamientos establecidos en los numerales 26, 27 y 286 , todos del acuerdo multicitado. 3. Hágase constar en las carátulas del cuaderno principal, así como del incidente de suspensión, la leyenda "CONSERVABLE", de conformidad con lo dispuesto por el aludido numeral 34 del citado Acuerdo archivístico, para efectos de su transferencia. En otro orden de ideas, tomando en consideración que la parte quejosa reclamó la inminente y posible orden de deportación fuera de procedimiento; por lo que en auto de veintitrés de agosto del actual año, se le concedió la suspensión de plano de los actos reclamados. Luego, mediante proveído de siete de septiembre de este año (73-74), se tuvo por recibido el informe justificado rendido por el Representante Local del Instituto Nacional de Migración, encargado del Departamento Jurídico de dicho instituto migratorio, en representación del Titular de la Oficina de Representación, con sede en esta ciudad, en el cual informó que *** , no se encontró en el registro de alojamiento de ninguna estación migratoria o estancia provisional. Además, la autoridad responsable Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación con sede en la Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, remitió el expediente administrativo de la aquí quejosa, el que se tuvo por recibido en proveído de once de octubre del actual año (fojas 131-141), y de la revisión de las mismas, obran los derechos y obligaciones de la solicitante de reconocimiento de la condición de refugiados en México (foja 115 y 116), en el cual se establece que, ningún refugiado o solicitante de dicha condición, podrá ser expulsado de México, calidad con la que ya cuenta pues se le expidió la constancia de trámite respecto a la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado (foja 113). Lo anterior se precisa así, ya que la negativa de la responsable de mérito, por sí sola, no es determinante para tener por acreditada la inexistencia del acto reclamado, precisado con anterioridad, toda vez que su certeza puede ser demostrada por las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, o incluso apreciada directamente de las constancias de autos; en el caso concreto, no obra medio de convicción del que se advierta la existencia del acto reclamado en comento atribuido a esta autoridad. Por lo que, si en efecto, la demostración de las violaciones constitucionales corresponde a la parte quejosa, ya que el que promueve una demanda de amparo, está obligado a establecer mediante el informe de la autoridad, la existencia del acto que reclama y a justificar con pruebas su inconstitucionalidad, de modo que cuando la autoridad responsable lo acepta, la carga de la prueba que corresponde a la parte quejosa, se centrará en la inconstitucionalidad del acto, por el contrario, si la autoridad niega el mismo, la carga de la prueba que recae en el quejoso versará sobre la existencia de los actos reclamados, esto es, desacreditar la negativa vertida por la autoridad y enseguida, la inconstitucionalidad del mismo; por ende, si la quejosa fue omisa en desacreditar la negativa de la autoridad señalada como responsable, no proporciona al órgano jurisdiccional materia sobre la cual versa la instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia VI.2o. J/308, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito7 , de rubro y texto siguientes: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Notifíquese.
- Principal
Por lo expuesto, fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75, 76, 77, 124, 217, y demás relativos de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por *****, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los últimos dos considerandos de este fallo. Notifíquese; personalmente al quejoso en su lugar de reclusión, así como a su Defensor Público Federal.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos, el oficio que remite la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas con sede en esta ciudad, con firma autógrafa. En atención a su contenido, se toma conocimiento que en proveído de siete del mes y año en curso, aceptó la competencia por turno planteada en el presente asunto, mismo que quedó registrado bajo el expediente 1437/2023, de su estadística; y como lo solicita, remítanse los tomos de pruebas integrados con las constancias remitidas por las autoridades responsables en apoyo a sus informes justificados; solicítese el acuse de recibo de estilo correspondiente. Remítase copia certificada del oficio de cuenta, y del presente proveído, al cuaderno de antecedentes del incidente de suspensión, a efecto de acordar la remisión de los autos originales y la transferencia de los billetes de depósito exhibidos por la parte quejosa para garantizar la suspensión definitiva concedida. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida del Secretario que autoriza, Jair José Luis Mejía Corona, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de treinta y uno de octubre del año en curso (fojas 129-133), se tuvo por recibido el informe justificado rendido por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con sede en Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, al que anexó diversas constancias relativas a los actos reclamados. (.).Tomando en consideración que la parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a la autoridad responsable, consistentes en la dilación en el inicio del trámite para obtener la condición de refugiado, lo cual le impide tener acceso a la obtención de la Clave Única de Refugiado (CUR) y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Lo anterior lleva aparejado, que se regularice su situación migratoria, se le otorgue acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros y gocen plenamente del derecho a su identidad y libre desarrollo de la personalidad. Se afirma de esa manera, porque el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma al Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población 2 , en la cual fueron establecidos nuevos supuestos jurídicos para que los extranjeros puedan adquirir una Clave Única de Registro de Población de carácter temporal 3 , con la finalidad de que accedan a estos sistemas integrados de registro e identificación. En este sentido, se ha añadido como supuesto de asignación de la Clave Única de Registro de Población a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria 4 bajo las siguientes consideraciones: (.).En ese orden de ideas, cabe precisar que, en la especie, respecto de los mencionados actos reclamados por las quejosas *****, esta Juzgadora de oficio, advierte que se actualiza la causal de improcedencia manifiesta e indudable, prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: (.).Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos cuyos efectos han cesado, para lo cual, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior es así, porque al cesar los efectos del acto de autoridad reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido la protección constitucional solicitada como lo dispone el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. (.).Luego, de las precisiones realizadas con antelación se concluyó que los actos reclamados relativos a la omisión de expedirles sus constancias de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados (CUR), y la negativa de otorgarle su respectiva clave única de registro de población (CURP), han cesado en sus efectos. En esas condiciones, es inconcuso que al presente asunto sobreviene la causa de improcedencia precisada por la fracción XXI, del artículo 61, en relación con la fracción V, del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los aludidos actos reclamados; por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. (.).SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las once horas con diez minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. (.).Finalmente, comuníquesele a la autoridad responsable, que en caso de que con anterioridad a la presente determinación, se le hubieran requerido constancias relacionadas con los actos reclamados, se deja sin efecto tal requerimiento, en virtud de que las precisadas en párrafos que anteceden, fueron necesarias para decretar el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia; por tanto, resulta innecesario que dicha autoridad la remita a este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a las partes, y por oficio a la autoridad responsable.
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