Kermith Esmirley Ortiz Poot

Expediente 189/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
189/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
24/02/2023

Partes del expediente

  • Kermith Esmirley Ortiz Poot

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, en contra del acuerdo de ocho de febrero del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda constitucional. En tal virtud, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones conducentes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, por tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo signada por KERMITH ESMIRLEY ORTIZ POOT, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de Facebook México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, Instagram, Meta Platforms Inc. y/o Meta Platforms Ireland Limited, que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74 fracción I, como una facultad exclusiva del juzgador federal, es el siguiente: ACTOS RECLAMADOS La inhabilitación y eliminación de su cuenta personal www.facebook.com/kermith.ortiz; La omisión de emitir una resolución debidamente fundada y motivada mediante la cual se justificara la suspensión definitiva de dicha cuenta personal, se le otorgara la oportunidad de defensa y se le notificara. RADICACIÓN Al respecto, fórmese expediente, regístrese con el número 189/2023-IV-B y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. DESECHAMIENTO Ahora bien, conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que conlleva a su desechamiento de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Así, en el caso se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 1° y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. En el juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". De lo anterior se advierte que una autoridad, para efectos del juicio de amparo, es el órgano público que emite, ordena, autoriza, lleva a cabo actos de ejecución o trata de ejecutar un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien omite un acto que de realizarse tendría esos mismos efectos. Sobre ese punto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis P. XXVII/97, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997, página 118, en la que definió lo que en la corriente institucional administrativa debe considerarse, para efectos del amparo como autoridad, en los términos siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Asimismo, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, emitió la diversa jurisprudencia 2a. /J. 164/2011, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. ..." Ahora, para dar mayor claridad a lo expuesto, cabe señalar que entre los particulares y el Estado, o alguno de sus órganos, se pueden establecer dos tipos de relaciones jurídicas, a saber: a) Las de supra a subordinación, que surgen entre un particular y el Estado o alguno de sus órganos, y tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad con que actúa el ente público. Se trata de actos unilaterales, porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos, en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado; y son coercitivos, dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública, sin la necesidad de acudir ante los tribunales jurisdiccionales y al margen del consenso de la voluntad del afectado. Es decir, derivan de facultades de decisión reconocidas en la ley, por lo cual emanan del ejercicio de una potestad administrativa que es irrenunciable, que se traduce en auténticos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la causa de ese imperio; así que al realizar tales actos, el Estado o alguno de sus órganos lo hacen en ejercicio de su poder imperativo, a través de actos que de manera unilateral modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas; y, b) Las de coordinación, que son los vínculos que entablan por una diversidad de causas, una persona física o moral y el Estado o alguno de sus órganos, que se caracterizan por tratarse de actos que se despliegan en un plano de igualdad, de tal manera que el órgano público, al intervenir en tales actos, se despoja de su imperio y actúa en su faceta de derecho privado, tal y como lo hace un particular, lo que destaca la bilateralidad en el funcionamiento de esas relaciones; de ahí que cualquier controversia que se suscite en esos términos debe ser resuelta por los tribunales jurisdiccionales establecidos legalmente, dado que las actuaciones del ente público no pueden considerarse como actos de autoridad. En el caso, el quejoso atribuye a Facebook México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, Instagram, Meta Platforms Inc. y/o Meta Platforms Ireland Limited, sustancialmente, la inhabilitación y eliminación de su cuenta personal, como actos reclamados destacados. Al respecto, como antecedentes del caso, el impetrante señala que el quince de octubre de dos mil veintidós, al intentar ingresar a su cuenta de Facebook, le fue señalado que estaba suspendida, lo que afectó también su cuenta de Instragram por estar vinculadas. Por lo que el quince de enero del año en curso, al intentar abrir la aplicación de Facebook nuevamente, le apareció cerrada por completo la sesión. Ahora bien, en relación con lo anterior, debe decirse que las empresas a las cuales la parte quejosa les atribuye los actos reclamados, no actúan como autoridad para efectos del juicio de amparo y, en consecuencia, los actos reclamados no son combatibles a través del juicio constitucional, sino que se está en presencia de reclamos que tienen que ver con una relación entre particulares. En efecto, el quejoso al utilizar el servicio que ofrecen dichas redes sociales, accede a las políticas y normas que dicha empresa la condiciona mediante un contrato y como tal se coloca en un plano de igualdad, pues para poder disfrutar de ese servicio de red social, conviene su consentimiento para actuar conforme a esas reglas y cumplir las condiciones a las que es sujeto por parte de la pretendida señalada como responsable. Por ende, las decisiones que adopten Facebook México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, Instagram, Meta Platforms Inc. y/o Meta Platforms Ireland Limited, en cuanto al manejo de sus redes sociales, no pueden considerarse como actos de autoridad, sino como hechos o actos derivados de una relación de coordinación. Por tanto, no se les puede considerar como autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo, ya que se trata de personas morales sujetas al derecho privado, cuyos actos no tienen la característica de imperium y, por ende, no pueden vulnerar derechos fundamentales de los gobernados, ya que no tienen la facultad de dictar, promulgar, publicar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar un acto, por encontrarse en un plano de igualdad con el particular. Resulta orientador, el criterio establecido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en la tesis II.2o.C.15 C (10a.), registra bajo digital: 2009375, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, junio de 2015, Tomo III, página 1959: "BURÓ DE CRÉDITO. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, publicada en la página 1089 del Tomo XXXIV, septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", estableció que la autoridad para efectos del amparo tiene las características siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, de acuerdo con los numerales 12, 13, 20, 25, 32 y 48 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, el buró de crédito está facultado para prestar sus servicios relativos a la calificación de créditos y riesgos, el de verificación o confirmación de identidad o datos generales, así como la integración de una base de datos integrada con la información sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga sobre los clientes y cuya información le es proporcionada por los usuarios (entidades financieras, empresas comerciales y Sofomes E.R.N.), todo ello conforme al contrato celebrado entre éstos y las sociedades. Luego, la relación que existe entre el buró de crédito y los clientes es de coordinación y no de supra a subordinación, ya que no existe disposición legal que otorgue a dichas sociedades facultades para realizar conductas unilaterales y coercitivas, pues el vínculo entre los clientes y el buró de crédito deriva del contrato que celebra éste con los usuarios, y a la ley sólo corresponde regular su funcionamiento. Además, la legislación en comento prevé la posibilidad de que los clientes acudan ante la Profeco o Condusef a denunciar alguna inconformidad sobre el servicio prestado por dichas sociedades, derivado de los contratos celebrados, lo cual corrobora que se trata de relaciones entre particulares. Por tanto, no se le puede considerar como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, ya que es una persona moral de derecho privado, cuyos actos no revisten carácter de imperium y, por ende, no puede vulnerar derechos fundamentales de los gobernados, ya que no tiene la facultad de dictar, promulgar, publicar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar un acto, por encontrarse en un plano de igualdad con el particular." En consecuencia, si no se está en presencia de actos de autoridad por parte de Facebook México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, Instagram, Meta Platforms Inc. y/o Meta Platforms Ireland Limited, el juicio de amparo promovido en su contra es improcedente. En las relatadas condiciones, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 1° y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, conforme al precepto 113, de la ley de la materia, es procedente desechar la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su demanda y sus autorizados en términos restringidos como lo establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Enrique León Marín, hasta en tanto acredite estar debidamente autorizado. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se le otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE ELECTRONICO Por otra parte, en cuanto a la solicitud que realiza de que las notificaciones se hagan vía electrónica del presente juicio, toda vez que proporciona "nombre de usuario" registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo y en los numerales 35, 36, 38, 55, 57, 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se otorga autorización a "Kermith", para recibir notificaciones por esta vía, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. En consecuencia, proceda la Secretaría a efectuar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA LA ACTUACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES ...TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. PERMISIBILIDAD DE USO DE APARATOS DE REPRODUCCIÓN De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. ACCESIBILIDAD AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y DESCARGAR CONSTANCIAS Asimismo, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. ENTRADA EN VIGOR DE NUEVO ACUERDO GENERAL DE CJF Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

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