Keren Emilia Rey Lopez
Expediente 101/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 101/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Keren Emilia Rey Lopez
- Presidente Ejecutor Y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; trece de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio con anexo remitido por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite el testimonio de la ejecutoria emitida en el recurso de queja ****, formado con motivo del medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa contra el acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y comuníquese a la parte quejosa que la Superioridad resolvió declarar infundado el proveído recurrido, al tenor del siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja". En mérito de lo anterior, acúsese de recibo al Tribunal Colegiado oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. Archivo de expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Decimoctavo Circuito, con transcripción del acuerdo de quince de marzo de la presente anualidad, en el que admitió el recurso de queja interpuesto por ******, autorizado con amplias facultades en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa *****, contra el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, siete de mayo del año en curso; el cual quedó registrado con el número 54/2022; lo que se tiene por comunicado para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; nueve de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito con anexo signado por ***** autorizado con amplias facultades en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa ******, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós dictado en este juicio constitucional, en el que se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 primer párrafo y 101 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Decimoctavo Circuito, en Turno, con sede en esta ciudad, el original del escrito de cuenta y copia del mismo para el agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, así como de las demás constancias relativas. Ríndase informe ante la citada Superioridad, en el sentido de que sí es cierto el acto recurrido, toda vez que en auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo; como se advierte de las constancias que se remitirán a ese órgano colegiado para la calificación y consecuente substanciación del recurso de cuenta. Se instruye al Secretario, para el efecto de que una vez que se encuentre debidamente integrado este expediente, dé cuenta a la titular, con la finalidad de que sea remitida copia certificada de las constancias correspondientes a la Superioridad, en los términos antes apuntados; consecuentemente, también se hace notar al oficial administrativo encargado de la tramitación de este asunto, que deberá vigilar oportunamente la integración del expediente, pues es responsabilidad de ambos su correcta tramitación. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, en especial la comparecencia que antecede de la que se advierte que la parte quejosa ******, ratificó el escrito presentado ante la oficialía el once de febrero de dos mil veintidós, por el cual, subsana la prevención formulada a su escrito de demanda; por tanto, se tiene por satisfecho el requerimiento de mérito. Anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 Constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte inequívocamente que el sobreseimiento será el resultado del fallo. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para cumplir con lo anterior, se habrán de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable que se tenga certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/61, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Ahora bien, del estudio integral de la demanda y escrito aclaratorio se desprende que los actos reclamados a las autoridades responsables son: 1. La omisión de proveer sobre el escrito presentado el cuatro de febrero del año en curso, dentro del juicio laboral 01/305/2017. 2. La omisión genérica de ejecutar el laudo dictado el veinticuatro de enero de dos mil veinte, dentro del juicio laboral 01/305/2017. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso por cuanto al acto señalado en el punto 1, consistente en la omisión de proveer sobre el escrito presentado ante la autoridad responsable el cuatro de febrero del año en curso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 172, fracción XII, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y el 107 fracción III, inciso b) Constitucional. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Ahora bien, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, dispone: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; y, El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, determina: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El artículo 172, fracción XII, de la ley de la materia dispone: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." De los preceptos legales antes transcritos se desprende que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, procede el amparo indirecto ante el juez de distrito, siempre y cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. En el caso se reclama la denegación de justicia por parte de la autoridad señalada como responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, la omisión de acordar el escrito presentado ante la referida responsable el cuatro de los cursantes, como se advierte de los hechos que bajo protesta de decir verdad, narra la promovente en su escrito aclaratorio. Esto es, se duele exclusivamente de una afectación que dice se cometió dentro de un procedimiento jurisdiccional, pues deriva de un juicio laboral; y aun cuando tal afectación la invoque como una violación al artículo 17 constitucional; no es un acto de ejecución irreparable, sino una omisión de carácter adjetivo, por darse dentro del procedimiento respectivo y si bien, uno de los requisitos que caracteriza a los actos de irreparables, es que producen una afectación a derechos sustantivos, como puede ser la violación al citado artículo 17; lo cierto es que la omisión aquí reclamada, no se produce de forma independiente al procedimiento de que deriva, sino justamente dentro del mismo, y el estado de inactividad reclamado puede cesar, esto es, la prosecución del juicio continúa al momento de proveerse lo correspondiente. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 30, tomo II, pagina 1086, rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LAOMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Tratándose de ese tipo de actos, existe una excepción a la improcedencia del amparo indirecto, que se presenta cuando el juez de amparo advierte del contenido de la demanda, que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Al respecto, debe estarse al contenido de la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, ubicada en publicación semanal del Semanario Judicial de la Federación, el viernes primero de marzo de dos mil diecinueve, con número de registro 2019400; la cual establece que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en marzo de dos mil diecinueve, Libro 64, Tomo II, visible en la página 1643, Decima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2019400, del rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En ese tenor, a fin de establecer si en la especie la omisión reclamada por la quejosa, es violatoria del derecho fundamental de justicia pronta, es necesario precisar el plazo con el que cuenta la autoridad responsable para emitir laudo. En efecto, los artículos 17, párrafo segundo, constitucional y 838 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, en lo que interesa, establecen: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.)". ""Artículo 838.- La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley"". El artículo antes transcrito establece que la autoridad de trabajo, deberá dictar sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito. En ese sentido, conforme a lo dispuesto en el artículo 838 de la Ley Federal de Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, el Tribunal responsable tenía como plazo máximo para acordar el escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil veintidós, por el que se solicitó la ejecución del laudo, hasta el nueve de febrero siguiente (sin contar los días cinco, seis y siete de febrero del año en curso, por haber sido inhábiles). Ahora bien, una vez fenecido el término de dos días hábiles antes citado (48 horas), de conformidad con el criterio anotado de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (33/2019), deben atenderse cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse, los cuales en el presente asunto iniciaron el diez de febrero de dos mil veintiuno, y concluyen el veintiséis de marzo próximo. Entonces, si la demanda de amparo fue presentada el treinta y uno de enero pasado, es evidente que no se ha superado el plazo de cuarenta y cinco días naturales con que cuenta la responsable. En ese contexto, no existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total y que, por tanto, el juicio de amparo es improcedente. Causa de improcedencia por diverso acto. Por otra parte, por cuanto hace al acto reclamado señalado en el punto 2, consistente en la omisión genérica de ejecutar el laudo dictado el veinticuatro de enero de dos mil veinte, dentro del juicio laboral 01/305/2017, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), localizable en la página 2771, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA" que más adelante se cita. Los numerales referidos prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". (.)". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". De los artículos transcritos se observa que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y de la Ciudad de México, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. De lo anterior, se sigue que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la materia, puede relacionarse con una jurisprudencia del Pleno o de alguna Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, porque ésta, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, es obligatoria. Ahora bien, como como se señaló anteriormente, la parte quejosa reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, la omisión genérica de ejecutar el laudo dictado el veinticuatro de enero de dos mil veinte, dentro del juicio laboral 01/305/2017. Respecto a este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en jurisprudencia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, que si bien el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución forzosa del laudo, conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, inicia una vez transcurrido el término a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que requiere no solamente la forzosa solicitud del interesado para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción. Por esas razones, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País estimó que no puede constreñirse a la Junta responsable para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo, porque una protección federal con ese alcance generaría confusión y la posterior necesidad de dilucidar casuísticamente cuándo la dilación del cumplimiento de la sentencia de amparo se debe a "causa imputable a las partes" o bien el retraso obedece a la actuación u omisión de "otras autoridades", lo que a la larga se traduciría precisamente en lo que se quiere evitar, que es la dilación en el cumplimiento del derecho fundamental de justicia completa y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, el citado Tribunal concluyó que de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión de la Junta correspondiente, de proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, el juicio de amparo sería improcedente, porque estaríamos en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de garantías y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera al Tribunal ejecutor, transcurridos los quince días posteriores a la en que surta efectos la notificación del laudo. De ahí que, si en el caso en estudio, la parte quejosa reclama genéricamente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, la omisión genérica de ejecutar el laudo de dictado el veinticuatro de enero de dos mil veinte, dentro del juicio laboral 01/305/2017; en consecuencia, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia en comento, ya que el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera a la junta responsable, como en el presente caso se promovió; lo que ya no podrá variar aun tramitado el juicio de amparo. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por la parte quejosa y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Lo anterior, como se había adelantado constituye una causa notoria y manifiesta de improcedencia conforme a lo contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), localizable en la página 2771, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." De igual forma tiene apoyo lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "Registro digital: 2019185 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: PC.VII.L. J/10 L (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 1469 Tipo: Jurisprudencia IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda. PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO." En tal virtud, al actualizarse las causales de improcedencia invocadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en trato. Notifíquese personalmente.
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