Kerbel Jhombert Perozo Blanco

Expediente 413/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
413/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
02/08/2019

Partes del expediente

  • Kerbel Jhombert Perozo Blanco
  • Delegado Federal de la Ciudad de México, del Instituto Nacional de Migración.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    MESA.II. Ciudad de México, dos de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la sentencia de diez de julio del año en curso, que sobreseyó en el presente juicio, sin que lo hubiere hecho. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En vista de lo anterior, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un asunto que se sobreseyó; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; por lo cual, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial.

  2. Incidental

    MESA.II. Ciudad de México, dos de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, se acuerda: Se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se concedió la suspensión provisional y se negó y concedió la suspensión definitiva; por lo que en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y se destruirán el resto por considerar que no tienen relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo, y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial.

  3. Principal

    MESA. II. Ciudad de México, dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual hace del conocimiento que recibió el oficio por el que este órgano jurisdiccional le remitió copia certificada del juicio de amparo 413/2019-II-A; asimismo, comunica que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto. De lo que este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    MESA II. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, LA RESOLUCIÓN DE DIEZ DE JULIO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MESA. II. Ciudad de México, diez de julio de dos mil diecinueve. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Ciudad de México, a las nueve horas con cincuenta minutos del diez de julio de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas en proveído de veinticuatro de junio de este año (fojas 70 y 71), para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 413/2019-II-A, promovido por Kerbel Jhombert Perozo Blanco, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, asistido del Secretario Víctor Hugo Sánchez Frías, quien da fe, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin asistencia de las partes. Enseguida, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de amparo, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis aislada sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." Con motivo de lo expuesto, el Juez provee: Se tiene por hecha la relación de constancias y de conformidad con el imperativo 117, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables. Acto seguido, se ordena abrir el periodo probatorio. En el referido estadio procesal, el Secretario hace constar que: La parte quejosa adjuntó a su escrito inicial de demanda diversas documentales (fojas 16 y 17). La Subdelegada Federal del Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, remitió diversas documentales en apoyo a su informe justificado (sobre cerrado foja 53). Hecho lo anterior, el Juez acuerda: En virtud de que los citados medios de prueba no requieren preparación alguna, se tienen por desahogados dada su propia naturaleza, los cuales serán ponderados al momento de dictarse la resolución correspondiente. A continuación, el Juez declara cerrado el periodo probatorio y ordena pasar a la etapa de alegatos, en esa fase, el Secretario hace constar que ninguna de las partes ejerció ese derecho. Al respecto, el Juez acuerda: téngase por perdido el derecho de las partes de formular alegatos. Con lo anterior se concluye la audiencia y se procede a dictar la resolución respectiva. S E N T E N C I A Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 413/2019-II-A, promovido por Kerbel Jhombert Perozo Blanco; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, turnado en la misma fecha a este órgano de control constitucional, Daniela Reyes Rodríguez, presentó demanda de amparo a favor de Kerbel Jhombert Perozo Blanco, en la que reclamó del Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México y otras autoridades: LA DETENCIÓN MIGRATORIA (PRIVACIÓN DE LIBERTAD). LA INCOMUNICACIÓN. LA DEPORTACIÓN O EXPULSIÓN DE TERRITORIO NACIONAL. SU EJECUCIÓN. SEGUNDO. Trámite seguido en el presente juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante proveído de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, se registró con el número 413/2019-II-A, se concedió la suspensión de plano respecto de los actos reclamados consistentes en la incomunicación, la deportación o expulsión de territorio nacional; previa ratificación de demanda, el veintiocho de mayo siguiente, se admitió a trámite, se solicitó a las responsables informe justificado y se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la adscripción, señalándose fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, es competente para resolver el presente juicio de amparo, únicamente respecto de los actos reclamados consistentes en la incomunicación, la deportación o expulsión de territorio nacional y su ejecución, en virtud de que dichos actos tienen naturaleza penal y los mismos deben tener ejecución en el territorio en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción, de conformidad en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, de la Constitución Federal; 35 y 37, de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Así, analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se desprende que la parte quejosa reclama: LA DETENCIÓN MIGRATORIA (PRIVACIÓN DE LIBERTAD). LA INCOMUNICACIÓN. LA DEPORTACIÓN O EXPULSIÓN DE TERRITORIO NACIONAL. SU EJECUCIÓN. A cargo de autoridades administrativas. TERCERO. Inexistencia de autoridades y de los actos reclamados. De la razón actuarial de veintiocho de mayo de la presente anualidad (fojas 29 y 30), se advierte que las autoridades responsables señaladas por la parte quejosa como: "Delegado Local Terminal 2 "A", Delegado Local Terminal 2 "B", Subdelegado Local, todos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y; Aerolínea "Wingo" AEROPUBLICA S.A.", no existen; por ende, similar consideración debe tomarse en cuanto a los actos que se les atribuyen. Por otra parte, el Delegado Federal y Subdelegado Federal, ambos en la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración y; el representante jurídico de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, al rendir informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados. Por su parte, la Subdelegada Federal del Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al rendir el informe relativo a la suspensión de plano, negó la existencia de los actos reclamados consistentes en la incomunicación, deportación o expulsión de territorio nacional. Lo anterior, sin que la parte quejosa controvierta con prueba alguna esas negativas. Aunado a que de la constancia de notificación personal realizada al directo agraviado el veintisiete de mayo del año en curso foja (28), se desprende que el quejoso, no obstante de que señaló que sí estaba incomunicado, en esa data tuvo comunicación con una persona quien dijo que era su amiga. En esas condiciones, procede sobreseer en el juicio de amparo, en términos de la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, y de la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Página: 181, Sexta Época, que refiere: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado consistente en la detención migratoria. Es cierto el acto reclamado a la Subdelegada Federal del Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues así se advierte de su informe justificado. Al respecto, refirió que el veinticinco de mayo de dos mil diecinueve, el aquí quejoso arribó a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el vuelo número 7018, operado por la empresa "Wingo" procedente de Colombia, quien al presentarse en el filtro de revisión le fue negado el trámite de internación al país, lo cual se materializó en un rechazo aéreo. Asimismo, señala que ante la negativa de del quejoso de abordar cualquier vuelo que implicara su salida del territorio nacional, dicho documento administrativo no fue ejecutado; por lo tanto, el veintisiete de mayo del año en curso, fue puesto a disposición del Director de la Estación Migratoria en la Ciudad de México, con fines de manutención y alojamiento temporal, para el inicio del procedimiento administrativo que en su caso proceda, a fin de determinar su situación migratoria en territorio nacional. QUINTO. Competencia para conocer del acto reclamado consiste en la detención migratoria. La facultad para resolver un asunto, es una cuestión de orden público, motivo por el cual es necesario analizar el aspecto relacionado a la competencia de este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México para resolver la litis motivo de este juicio constitucional. Es aplicable la jurisprudencia I.2o.P. J/40, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 56, Agosto de 1992, Página: 36, Octava Época, que refiere: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Al respecto, el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, determina la competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, en los términos siguientes: "ARTICULO 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De dicho precepto se advierte que los jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial. Contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito. Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. Contra el incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre el tema de la competencia por materia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que para establecer la competencia, el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral, con los elementos de prueba, de manera que sea posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior tiene apoyo en el criterio 1a. II/92, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Mayo de 1992, Página: 94, Octava Época, que establece: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." Ahora, la competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa se encuentra prevista en el artículo 52 de la citada ley orgánica, que a continuación se trascribe: "ARTICULO 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Los numerales anteriores ponen de manifiesto que es competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa conocer, entre otros, de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, excepto los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 (de los procedimientos de extradicción, salvo lo dispuesto en los tratados internacionales) y III del diverso 51 de la misma ley (de los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo). En este caso, con la finalidad de fijar los actos reclamados en el presente juicio de amparo, conviene precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que el juzgador de amparo al analizar la demanda de amparo, debe interpretarla en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; que para lograr tal fijación debe acudirse de la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Página: 32, Novena Época "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese contexto, de la lectura integral de la demanda, así como de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y constancias que integran el presente sumario, se precisa que el acto reclamado consiste en: La detención y/o presentación del quejoso ante autoridad migratoria. Por tanto, este órgano de control constitucional considera que CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER Y RESOLVER EL ASUNTO POR CUESTIÓN DE MATERIA, dado que el acto reclamado en la presente instancia constitucional es de naturaleza FORMAL Y MATERIALMENTE ADMINISTRATIVA, ya que no se ubica en algunos de los supuestos de la fracción I, del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque dicho acto, fue dictado por autoridades administrativas, dentro de un procedimiento de la misma naturaleza; además, dicho acto no constituye una resolución judicial del orden penal. Sirve de apoyo a lo anterior por los motivos que expone, la tesis aislada I.1o.P.30 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, Página: 2889, Décima Época, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI EL QUEJOSO ES EXTRANJERO Y RECLAMA QUE FUE RECHAZADO SU INGRESO AL PAÍS POR LA AUTORIDAD MIGRATORIA Y QUE SUFRIÓ ACTOS DE INCOMUNICACIÓN, DETENCIÓN Y/O PRIVACIÓN DE SU LIBERTAD, AL SER EL PRIMERO UN ACTO QUE PUEDE ESTUDIARSE INDEPENDIENTE A LA LUZ DE LA MATERIA QUE LO RIGE, PUEDE DIVIDIRSE AQUÉLLA SIN AFECTAR LA CONTINENCIA DE LA CAUSA, PARA QUE SU CONSTITUCIONALIDAD SEA ANALIZADA POR UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DE QUE UNO EN MATERIA PENAL CONOZCA RESPECTO DE LOS DEMÁS ACTOS RECLAMADOS. El Máximo Tribunal del País ha establecido que las disposiciones relativas a la Ley de Amparo, manifiestan un claro espíritu en el sentido de la indivisibilidad de la demanda considerándola un todo. Esta interpretación obedeció al supuesto en el que los actos reclamados se encontraban fuertemente ligados entre sí; sin embargo, cuando el citado libelo contenga actos aislados o independientes que puedan examinarse de manera autónoma, no opera esa regla y sí es factible que su análisis se efectúe separadamente, máxime si éstos son de diversas materias en las que, por especialización, deben conocer juzgadores con la competencia en la rama de que se trate. En ese sentido, si el quejoso es extranjero y en su demanda de amparo indirecto reclama que fue rechazado su ingreso al país por la autoridad migratoria y que sufrió actos de incomunicación, detención y/o privación de su libertad, de acuerdo con el artículo 78, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de Migración, aquél jurídicamente se encuentra fuera del territorio nacional, lo cual implica que no pueda considerarse que en virtud de ello esté incomunicado, detenido y menos aún privado de su libertad; por tanto, el mencionado rechazo, al ser un acto que puede estudiarse independiente a la luz de la materia que lo rige (administrativa), puede dividirse la demanda sin afectar la continencia de la causa, para el efecto de que la constitucionalidad de ese acto, sea analizada por un Juez de Distrito de dicha especialidad; sin perjuicio de que uno en materia penal conozca respecto de los demás actos de incomunicación, detención y privación de la libertad." En ese orden ideas, este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, declara que no le corresponde el conocimiento del asunto, por razón de materia, debiendo remitirse copia certificada del original del presente asunto, al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que dentro del plazo legal manifieste si acepta o no el conocimiento del presente asunto. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 180, fracción III, 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órgano jurisdiccionales, que determinan el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, se ordena al Secretario supervise que el analista jurídico encargado del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo la anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78 y 155, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Kerbel Jhombert Perozo Blanco, contra los actos reclamados y autoridades señalados en el Considerando Tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Este Juzgado declina competencia para resolver el presente asunto, en razón de la materia, en términos del considerando quinto de esta resolución. TERCERO. Remítase copia certificada del presente juicio de amparo al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, solicitando el acuse de recibo. CUARTO. De conformidad con lo expuesto en el último considerando, se ordena al Secretario supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite a los presentes autos. Notifíquese personalmente.AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Ciudad de México, a las nueve horas con cincuenta minutos del diez de julio de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas en proveído de veinticuatro de junio de este año (fojas 70 y 71), para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 413/2019-II-A, promovido por Kerbel Jhombert Perozo Blanco, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, asistido del Secretario Víctor Hugo Sánchez Frías, quien da fe, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin asistencia de las partes. Enseguida, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de amparo, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis aislada sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." Con motivo de lo expuesto, el Juez provee: Se tiene por hecha la relación de constancias y de conformidad con el imperativo 117, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables. Acto seguido, se ordena abrir el periodo probatorio. En el referido estadio procesal, el Secretario hace constar que: La parte quejosa adjuntó a su escrito inicial de demanda diversas documentales (fojas 16 y 17). La Subdelegada Federal del Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, remitió diversas documentales en apoyo a su informe justificado (sobre cerrado foja 53). Hecho lo anterior, el Juez acuerda: En virtud de que los citados medios de prueba no requieren preparación alguna, se tienen por desahogados dada su propia naturaleza, los cuales serán ponderados al momento de dictarse la resolución correspondiente. A continuación, el Juez declara cerrado el periodo probatorio y ordena pasar a la etapa de alegatos, en esa fase, el Secretario hace constar que ninguna de las partes ejerció ese derecho. Al respecto, el Juez acuerda: téngase por perdido el derecho de las partes de formular alegatos. Con lo anterior se concluye la audiencia y se procede a dictar la resolución respectiva.

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