Kenny Chávez Vicario

Expediente 1365/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1365/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
09/06/2021

Partes del expediente

  • Kenny Chávez Vicario
  • Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial En el Estado de Morelos En Jiutepec

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a nueve de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Lo anterior comuníquese a las partes para los efectos legales conducentes. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo Octavo, artículo 20, fracción II inciso a), del Acuerdo General antes mencionado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original. Con apoyo en el Capítulo Séptimo, artículo 18 fracción I, Inciso a) del citado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es depurable y por tal motivo, deberán conservarse todas las resoluciones donde se concedió la suspensión provisional y definitiva. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se Negó la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria Jaime César Pereyra Román, que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL.

  3. Principal

    De conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción I, inciso B) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el acuerdo que a continuación se cita: Cuernavaca, Morelos, a cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la comparecencia que antecede, mediante la cual el tercero interesado Mauricio Ponciano Tovar Cortez, está dando cumplimiento al requerimiento que obra en autos; atento a lo anterior, téngase por satisfecho el citado requerimiento. Se tiene al tercero interesado Mauricio Ponciano Tovar Cortez, mediante escrito registrado con el folio 23145; ofreciendo diversas pruebas; en tal virtud, este Juzgado de Distrito acuerda lo siguiente: De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales pública y privada, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana que ofrece, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y podrán ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Por cuanto a la prueba testimonial que ofrece, con fundamento en el artículos 75 y 119 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, este Juzgado Federal determina desechar la prueba testimonial ofrecida por la parte tercero interesada, ello en virtud de que no es la idónea para acreditar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado en el presente juicio de amparo, así como los hechos que pretende acreditar, lo anterior, tomando en consideración que las pruebas son los instrumentos a través de los cuales las partes en un proceso pretenden evidenciar la existencia de los hechos que constituyen el fundamento de sus acciones o excepciones según sea el caso. En este orden, la idoneidad de un medio probatorio no se determina en relación con sus aspectos formales o de constitución, sino en la manera en que refleja los hechos que pretenden demostrarse en el juicio, por otra parte, el ofrecimiento de pruebas tiene como limitante el que guarden relación con la controversia constitucional o que influyan en la sentencia definitiva, pues de lo contrario serán desechadas; sin embargo, no basta con que el medio de convicción ofrecido tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, sino que es necesario que esa prueba sea adecuada para que el juzgador conozca la verdad material de los hechos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba; en consecuencia, si se ofrece una prueba que no satisfaga ese requisito, resulta contraria a derecho y, por ende innecesaria y carente de objeto, misma que sería contraria a los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consisten en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que recibir una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia. Asimismo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. Apoya a la anterior determinación, por similitud jurídica, la jurisprudencia por contradicción de tesis 13/2000 número P./J. 41/2001, visible en la página 157 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Pleno, Novena Época, que es de la literalidad siguiente: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; as¡ como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez". Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó Jacobo Jaimes Brito, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho, en términos del artículo 161, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de catorce de octubre de dos mil diecinueve y comunicado mediante oficio CCJ/ST/5252/2019 de esa fecha), ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a once de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el escrito firmado por Mauricio Ponciano Tovar Cortez, a través del cual se apersona al juicio de amparo, señala domicilio procesal, designa autorizados y solicita copia certificada de diversas constancias que obran en el juicio de amparo en el que se actúa; al respecto, se provee lo siguiente: Se tiene por apersonado a la presente contienda constitucional a Mauricio Ponciano Tovar Cortez, en su carácter de tercero interesado; así también, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizados para los mismos efectos a las personas que refiere, asimismo se tienen por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que cita por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, y con fundamento el artículo 3 de la Ley de Amparo, y como lo solicita expídasele las copias certificadas que pide, previa razón de recibo que quede en autos para constancia legal; lo anterior por la seguridad de la parte solicitante y la de este Tribunal. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, ello en virtud de que a la fecha está transcurriendo el plazo otorgado mediante auto de treinta de octubre de dos mil diecinueve, por el cual se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.

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