Kennia Esmeralda Magali Sánchez Sillas y Otros.
Expediente 166/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 166/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/07/2019
Partes del expediente
- Kennia Esmeralda Magali Sánchez Sillas y Otros.
- Kennia Esmeralda Magali Sánchez Sillas
- Horus Said Escalante Sánchez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL CITATORIO DEJADO EL DIECIOCHO DE JULIO ACTUAL, EN EL DOMICILIO DE LA PARTE TERCERO INTERESADA IVIS ZAID ESCALANTE DÍAZ, Y SE LE NOTIFICA EL AUTO DE DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL QUE DICE: "...Ensenada, Baja California, quince de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles otorgado a las partes mediante proveído de uno de julio de dos mil diecinueve, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente asunto, sin que hubieran realizado argumento al respecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada por este juzgado el doce de junio de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar en Ensenada, Baja California, realizara lo siguiente: "[.] 1) Deje insubsistente el auto de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio de controversias del orden familiar 18/2019-B, únicamente en la parte relativa a la admisión y preparación de la prueba pericial en materia de psicología que ofreció la parte actora respecto del menor Horus Said Escalante Sánchez. 2) Dicte otro, en el cual, dejando inalterables las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo, se pronuncie respecto a la admisión o desechamiento de la prueba pericial en psicología ofrecida por el actor respecto del menor Horus Said Escalante Sánchez, con libertad de jurisdicción, pero fundando y motivando debidamente su determinación. [.]" Luego, en proveído de veinte de junio del año en curso, se tuvo por recibido el oficio signado por el Juez Primero de lo Familiar, en esta ciudad, mediante el cual informó que en los autos del juicio especial de controversias del orden familiar 18/2019 de su índice, del cual derivan los actos reclamados, en auto de catorce de junio de dos mil diecinueve, se tuvo a la parte actora -aquí tercero interesada- Ivis Zaid Escalante Díaz, desistiéndose de la instancia planteada y se ordenó el archivo de dicho expediente, remitiendo copia certificada de las constancias relativas, respecto de lo que este juzgado se reservó a proveer, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto. A las probanzas antes relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad. Posteriormente, en auto de uno de julio del presente año, causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, conforme a lo dispuesto por el artículo 86 de la ley de la materia, en virtud de que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la misma y se estimó innecesario requerir el cumplimiento al fallo protector, en virtud de las constancias remitidas por la autoridad responsable, con las que se dio vista a las partes por el plazo de tres días hábiles, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto de las mismas, término que, como se advierte de la certificación de cuenta, ha transcurrido para las partes, sin que hayan hecho argumento alguno al respecto. En ese contexto, si el fallo protector dictado en el presente asunto, se concedió para efecto de que el Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar en esta ciudad, dejara insubsistente un auto en el cual se ordenaba la práctica de una prueba pericial en materia de psicología, respecto del menor quejoso y con plenitud de jurisdicción dictara otro pronunciándose de manera fundada y motivada respecto a dicha prueba y, previo a que la citada sentencia adquiriera firmeza, en el juicio de origen se tuvo a la parte actora -aquí tercero interesada- Ivis Zaid Escalante Díaz, desistiéndose de la instancia planteada y se ordenó el archivo de dicho expediente; por tanto, al encontrarse concluido el juicio de origen, es evidente que existe una imposibilidad real y jurídica para dar cumplimiento al fallo protector, al haber desaparecido su objetivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 2/2008, con registro 170502, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página 431, tomo XXVII, enero de dos mil ocho, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia." Así como la diversa1a./J. 90/2007, con registro 172140, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, en página 140, tomo XXV, junio de dos mil siete, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." En las relatadas condiciones, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara sin materia el cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en el presente juicio de amparo, en virtud de existir imposibilidad jurídica de dar cumplimiento al fallo protector dictado en el presente asunto. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Ahora, ya que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo..."
- Principal
Ensenada, Baja California, a veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy; sin embargo, a la fecha no ha transcurrido el término que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que César Armando González Hernández, en su carácter de representante especial del menor quejoso Horus Said Escalante Sánchez; se imponga del contenido de los informes justificados rendidos en autos. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las nueve horas con cincuenta y seis minutos del doce de junio de dos mil diecinueve.
- Principal
El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, la que suscribe Alba Paola Elizabeth Granados León, doy cuenta al juez con la constancia actuarial de veintitrés de mayo del año en curso. Conste.Ensenada, Baja California, veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Vista la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte que César Armando González Hernández, aceptó el cargo conferido en el presente asunto, como representante especial del menor quejoso Horus Said Escalante Sánchez, quien deberá salvaguardar y optimizar la protección de sus intereses por lo que hace a la tramitación del juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Cuarta, número 389, local 106, Zona Centro, en esta ciudad. Atento a lo anterior, se revoca el nombramiento efectuado en el escrito inicial de demanda a Francisco Rubén Velasco Ruiz, como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
El veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, la que suscribe Alba Paola Elizabeth Granados León, doy cuenta al juez con el oficio signado por el titular de la Delegación del Instituto de la Defensoría Pública, en Tijuana, Baja California; registrado con folio 4477. Conste.Ensenada, Baja California, veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Visto; agréguese a los autos el oficio signado por el titular de la Delegación del Instituto de la Defensoría Pública, en Tijuana, Baja California, mediante el cual designa a César Armando González Hernández como representante especial del menor Horus Said Escalante Sánchez, en el presente juicio de derechos fundamentales. Atento a lo anterior, se instruye a la actuaria de este juzgado a fin de requiera a César Armando González Hernández, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación de este proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional a aceptar y protestar el cargo conferido; en el entendido de que deberá excusarse de conocer del asunto, si cuenta con alguno de los impedimentos legales a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 148 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; asimismo, deberá correrle traslado con copia simple del escrito inicial de demanda y del auto admisorio. De igual forma, hágase saber a la citada profesionista que la audiencia constitucional en el presente asunto se encuentra señalada para las nueve horas con veintiséis minutos del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Notifíquese y personalmente a César Armando González Hernández, representante especial del menor Horus Said Escalante Sánchez.
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