Kenneth Jose Contreras Jimenez

Expediente 1172/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 1 actuación registrada, la última del 25 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1172/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
25/10/2021

Partes del expediente

  • Kenneth Jose Contreras Jimenez

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Mexicali, Baja California, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Se desecha de plano demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Jesús Rodríguez Cebreros, en su carácter de apoderado legal de los quejosos Kenneth José Contreras Jiménez, Mayra Rojas Vera, José Alberto Arroyo Corona, Alejandra Madrigal Iñiguez, Karla Yessenia García Martínez, Sandra Guadalupe Cota Flores, Julio Iván Soto Castillo, María Elena Castillo Mendoza, Francisco Díaz García, Reyna Isabel Rodríguez Bermúdez, Alix Torres Herrera, Kheila Miel Pacheco Hernández, Elena Monserrat Castro Balderrama, Yerlin Jasiel Romero Juárez, Bibiana Liset Moreno García, Angélica Salquil López, María Elena Cano García, Laura Elena Gutiérrez Leyva, Nallely Delfina Ávila Ruiz, Georgina Salcido Contreras y Jorge Fernando López Ordoñez, contra actos del Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1172/2021-4. Ahora, visto el escrito inicial de demanda, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano, toda vez que de su contenido integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Para sustentar tal aserto, conviene citar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del artículo transcrito, se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En relación con ello, debe establecerse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso, del contenido integral de la demanda, se advierte que el promovente hace consistir como acto reclamado la resolución interlocutoria de catorce de octubre de dos mil veintiuno, dictada dentro de la audiencia inicial del juicio laboral 1884/2020-1B, por la que se declaró improcedente el incidente de falta de personalidad promovido por los ahora quejosos, en contra de quienes comparecieron como representantes de la parte de la demandada. Luego, respecto a la determinación reclamada, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, del propio ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto excepcionalmente procede contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional, en virtud de que está condicionada a que el acto tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con la precisión anterior, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Asimismo, del contenido del numeral descrito, se deducen dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: a) La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, b) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 24/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, Agosto de 1992, visible en la página 11, con número de registro 205651, de contenido y rubro siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Asimismo, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539, libro 6, mayo de dos mil catorce, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006338, que establece: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". En el caso, la resolución interlocutoria reclamada, no es de aquellas que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, requisito sine qua non para la procedencia del juicio de amparo biinstancial, toda vez que el acto reclamado constituye un acto de índole procesal que no trastoca de manera cierta e inmediata los derechos fundamentales de la parte quejosa. Lo anterior, ya que de acuerdo a los antecedentes manifestados bajo protesta de decir verdad por el quejoso, se advierte que por dicha resolución se declaró improcedente la excepción de falta de personalidad opuesta por los quejosos contra quienes comparecieron en representación de la parte demandada; circunstancia que no afecta algún derecho sustantivo de la quejosa, ya que ello no impide que al momento de dictarse la sentencia definitiva el quejoso pueda obtener un fallo favorable, por lo que se estima que esa actuación, sólo produce efectos intraprocesales o meramente formales (es decir, únicamente se afectan derechos de naturaleza adjetiva o procesal), que sólo inciden en la posición que van tomando las partes en el procedimiento con miras a obtener un fallo favorable en él, por lo que de ser así, el acto reclamado desaparece sin dejar alguna huella en la esfera jurídica de la parte quejosa, aspecto en que descansa la calificativa de que no se está en presencia de actos que tengan una ejecución irreparable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10ª) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006589, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Asimismo, cabe señalar que en caso de que la sentencia que se dicte sea adversa a los intereses de la parte quejosa, la violación procesal que se aduzca cometida podrá ser combatible al promoverse, el medio ordinario de defensa procedente, o en su caso, el juicio de amparo directo en su contra, por afectar sus defensas al trascender al resultado del fallo, acorde a lo dispuesto en los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo. En ese orden, como la resolución reclamada, no constituye un acto que viole algún derecho sustantivo protegido por la Constitución o los Tratados Internacionales de los cuales México es parte por los motivos expuestos, sino sólo afecta derechos adjetivos, se concluye que el juicio de amparo es improcedente al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario; en consecuencia, como se adelantó, se desecha de plano la demanda, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 del mismo ordenamiento legal. Domicilio y autorizado de la parte promovente. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio procesal en esta ciudad y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jesús Daniel Rodríguez Aguilar, Marco Antonio Rodríguez Cebreros y Miguel Ángel Rodríguez Aguilar Notificaciones y Consulta electrónica de expediente Asimismo, como se solicita, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, háganse las notificaciones a la parte quejosa por vía electrónica, por conducto de los usuarios que para ello designa; de igual forma, con fundamento en el artículo 3º de la Ley en cita, se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio. Lo anterior, sin perjuicio de la designación del domicilio procesal, ya que las notificaciones deberán practicarse, por regla general, vía electrónica salvo caso extraordinario. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario Judicial de la Adscripción pueda efectuar las mismas. Transparencia. Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3° fracción XXI, 5, 73, 113 y 116 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7°, 20 y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes el derecho que tienen entre otros, a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales (incluidos los sensibles), así como que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Aunado a lo anterior, que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos; la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos personales (incluidos los sensibles que puedan contener.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · 8,097 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano