Kenneth George Nahmens
Expediente 602/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 602/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Kenneth George Nahmens
- Linda Susan Feige
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. QUEDA FIRME DESECHAMIENTOVista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los presentes, se advierte que a la fecha ninguna de las partes interpuso recurso de queja contra el auto dictado por este Juzgado, el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, en el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que ha quedado firme dicho auto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo de la Ley de Amparo. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo desechado. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B), Y 29 AMBOS DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, Y QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. SE ACEPTA COMPETENCIA Vista la certificación que antecede, téngase por recibido el oficio 927/2016, procedente del Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta localidad, mediante el cual se declara legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo directo 465/2016, promovido por KENNETH GEORGE NAHMENS y SUSAN FEIGE, por conducto de su apoderado legal Juan Manuel Bejarle Pano, personalidad que se reconoce con las constancias allegadas a su demanda de amparo y a las que obran dentro del expediente de donde emanan lo actos reclamados y con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, remite la citada demanda, así como los anexos descritos en la certificación secretarial. Por tanto, este juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del juicio de amparo directo 465/2016, promovido por KENNETH GEORGE NAHMENS y SUSAN FEIGE, por conducto de su apoderado legal Juan Manuel Bejarle Pano. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Se ordena formar el expediente respectivo y realizar su registro en el Libro Uno de Juzgado, con el número de expediente 602/2016-2A. DESECHAMIENTO Ahora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el 61, fracción XIV, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda de garantías por encontrar en ella motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por las siguientes consideraciones. En efecto, el artículo 113 de la ley de la materia establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" De la interpretación literal de dicho precepto legal se concluye que el juez de Distrito debe desechar de plano la demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo anterior es así, atendiendo a lo contemplado en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Luego, los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada al quejoso, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que los actos de autoridad que se tildan de inconstitucionales no se ubican en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. Sentado lo anterior, ahora resulta pertinente determinar que la parte promovente reclaman en esta vía los siguientes actos reclamados: "ACTOS RECLAMADOS (Artículo 175 fracción IV de la Ley de Amparo) A) El acuerdo dictado con fecha veintiuno de octubre del dos mil quince por el C. Juez Sexto de lo Penal, con respecto al Recurso de Revisión 23/2015, presentado por mis representadas con fecha diecisiete de septiembre del dos mil quince, haciéndose notar que dicho acuerdo se me fue notificado para todos los efectos a que haya lugar con fecha diecinueve del mes de mayo del dos mil dieciséis y que en su parte conducente sostiene lo siguiente: "Mexicali, Baja California a veintiuno de octubre del dos mil quince. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la averiguación previa número 44/14/104/AP: de la que aparece la determinación que decretó el no ejercicio de la acción penal, por parte de la Fiscalía, así como la interposición del recurso de revisión interpuesto por los ofendidos Keneth George Nahmens y Linda Susan Feige; consecuentemente, y toda vez que esta autoridad judicial, al efectuar un análisis de las constancias remitidas por el Agente del Ministerio Público de Delitos Patrimoniales, se percató que los hechos que dieron origen al presente recurso, tuvieron lugar en el Desarrollo Urbano denominado Rancho El Dorado, en el Puerto de San Felipe Baja California, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17, del Código Procesal Penal del Estado de Baja California, que a la letra dice: "Medios para hacer valer la Incompetencia.- En cualquier etapa del proceso, con la salvedad prevista en el artículo 15, de este Código, el Juzgador estará facultado para declararse de oficio incompetente para conocer de determinado asunto y ordenar su remisión al Juzgado que considere competente (...); asimismo el primer párrafo del artículo 11, del mismo ordenamiento legal antes invocado establece lo siguiente: "(...) Competencia Territorial.- Será competente el Juzgador del lugar en que el delito se hubiere cometido(.)"; por lo que considera que es incompetente por razón del territorio, para conocer del presente recurso, en tales circunstancias procédase a remitir el asunto al juez competente, Juez Mixto de Primera Instancia, del Puerto de San Felipe, Baja California, para que resuelva en tos términos de Ley, sobre la substanciación del Recurso de Revisión interpuesto por la parte ofendida; lo anterior, con fundamento en los artículos 21 Constitucional, 11, 17, 262, 352 Bis y demás relativos del Código Procesal de la Materia,- CUMPLASE Así lo acordó la JUEZ SEXTO DE LO PENAL INTERINA, Licenciada MARIZELA MACALPIN ESPINOZA, ante su Secretario de Acuerdos, Licenciado ENRIQUE ROCABADO CASTRO, con quién actúa y da fe. B) La determinación de Consulta de Archivo de fecha Trece de Abril del año Dos Mil Quince, con respecto de la Averiguación Previa número 44/14/104/AP, acordada por el Ciudadano Licenciado FERNANDO TOMÁS SUÁREZ ANAYA, Encargado del Despacho de la Dirección de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la Subprocuraduría de Zona Mexicali, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, ante la presencia del Ciudadano Licenciado JOSÉ ALFONSO MOLINA ZAVALA, actuando como Secretario de Acuerdos Adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la Subprocuraduría de Zona Mexicali, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, mediante la cual: R E S U E L V E. "PRIMERO. Resulta procedente la determinación de EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, por prescripción de la acción punitiva en base a lo expuesto en el considerando III de dicha determinación a favor de Quien Resulte Responsable, BUTLER DOREEN, BUTLER JAMES PATRICK, CRESCI MICHAEL, RIOS ROBERT R., WOLTHUIS FRANK HEINER, por los Delitos de FRAUDE, FRAUDE EQUIPARADO y ADMINISTRACION FRAUDULENTA, previstos y sancionados por los artículos 218, 220 y 222 respectivamente del Código Sustantivo de la Materia Aplicable.-" "SEGUNDO. - Se autoriza la consulta de archivo de la presente averiguación remitiéndose la misma al C. Agente del Ministerio Público Consultante, para los efectos a que haya lugar." C) La Consulta de Archivo solicitada por el C. Agente del Ministerio Público Consultante Investigador de Delitos Patrimoniales de fecha Diecinueve de Marzo del Dos Mil Quince D) La resolución emitida con fecha veinticuatro de febrero del año dos mil dieciséis por el C. Juez Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial San Felipe-Mexicali, en el expedientillo número 06/2015, con respecto al Recurso de Revisión 23/2015, presentado por mi representada con fecha diecisiete de septiembre del dos mil quince, haciéndose notar que dicho acuerdo se me fue notificado para todos los efectos a que haya lugar con fecha diecinueve del mes de mayo del dos mil dieciséis y que en su parte conducente sostiene lo siguiente: "Acuerdo. - En San Felipe, Baja California, a veinticuatro de febrero del año dos mil dieciséis. Visto el estado procesal de este expedientillo número 06/2015, derivado de la averiguación previa en comento, sin que la parte querellante haya comparecido, señores JUAN MANUEL BEJARLE PANO, en su carácter de apoderado jurídico de los C.C. KENETH GEORGE NAHMENS y LINDA SUSAN FEIGE;, no obstante que fueron notificados por lista, ya que el domicilio procesal que señalaron, se ubica en Calle Miguel Negrete número 2053, entre calle L, y Calzada Justo Sierra, de la Colonia Nueva de la Ciudad de Mexicali, y en cuanto al Recurso de Revisión, hecho valer por esta parte, con motivo de la determinación de NO ejercicio de la acción penal por Extinción de la acción penal, llevada a cabo por el Director de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en fecha trece de abril del año dos mil quince, con residencia en la Ciudad de Mexicali, Baja California, y una vez que se han analizado las actuaciones que integran esta indagatoria, este Órgano Resolutor coincide, con los argumentos planteados por la Agencia Investigadora, ya que efectivamente los querellantes dejaron transcurrir ocho años y cuarenta y tres días, a fin de ejercitar su pretendida acción punitiva por los posibles delitos de fraude, fraude equiparado y administración fraudulenta, pues como los propios querellantes lo señalan en el documento que da vida a este sumario, los predios objeto del contrato de compra y mandamiento, adquiridos como lote de terreno número 7700-062-01, pertenecientes al régimen de propiedad en condominio denominado "VISTA DEL MAR", desarrollo urbano denominado Rancho El Dorado, contaban con servicios de uso común, servicios que son susceptibles de apreciarse por medio de los sentidos, y/o en su defecto iban a contar con electricidad inmediatamente, y no esperarse a que transcurriera en demasía tiempo para ejercitarla acción punitiva aludida, más aún que son personas Que se dedican a la compra v venta de lotes de terreno, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el articulo 252bis, último párrafo se Confirma el NO ejercicio de la acción penal, que determinó la Agencia Investigadora en fecha trece de abril del año dos mil quince, por prescripción de la acción punitiva; ahora bien a fin de que la parte recurrente sea notificada, vía oficio remítase estas actuaciones a la Agencia Investigadora de Delitos Patrimoniales, con domicilio en la Ciudad de Mexicali, Baja California, toda vez que los querellantes, señalaron como domicilio procesal en aquella ciudad, como de autos se desprende, para los efectos legales correspondientes.- CUMPLASE. Así lo proveyó y firma el C. Juez Mixto de Primera Instancia de este Partido Judicial LICENCIADO FELIX FRANCISCO OCHOA FUENTES, por y ante su Secretaria de Acuerdos LICENCIADA CECILIA ZAPIEN TERÁN, que autoriza y da fe." Actos reclamados que según demanda de amparo, la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos que identificó como A), B) y D) ellos a las once horas con nueve minutos del diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, a través de diligencia de notificación levantada por el agente del Ministerio Público del Fuero Común; lo cual hace prueba en su contra en términos de lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J.27/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo III, Junio de 1996, Materia Común, página 57, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo" Además, se tiene a la vista las constancias originales que obran dentro de la averiguación previa 44/14/104/AP, del índice del agente responsable, allegada con motivo de la legal competencia planteada por la Superioridad, a las que se les otorga valor probatorio pleno, y de ellas se advierte diligencia de notificación practicada el cuatro de septiembre de dos mil quince, en la que se notificó a la quejosa la resolución de trece de abril de dos mil quince, dictada por la Dirección de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la Subprocuraduría de Mexicali, y consta que se le hizo entrega también de copia certificada de la misma, la cual tenía la finalidad de determinar la procedencia del diverso acto reclamado C) consistente en la consulta de archivo que determinó el agente responsable en resolución de diecinueve de marzo de dos mil quince; motivo por el cual, es indudable que fue desde ese momento que el promovente tuvo conocimiento del citado acto ya que de la resolución que en copia autorizada se le entregó, se advierte la existencia del mismo por haber sido objeto de estudio en ella, e incluso, motivo de agravio hecho valer de su parte al interponer el recurso de revisión respectivo. Bajo esa tesitura, resulta indiscutible que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos -conforme a la ley que rige el acto- la notificación de la resolución que combate, en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita. En efecto, como se precisó en párrafos que anteceden, los solicitantes de amparo quedaron notificados y tuvieron conocimiento de los actos reclamados, el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis. Esto es así, toda vez que los artículos 53 y 54 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California, que rige el acto reclamado, establecen en lo conducente: "Artículo 53. Cómputo de plazos procesales. Los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este Código señale expresamente. No se incluirán en éstos los sábados, los domingos ni los días que sean inhábiles por cualquier causa, a no ser que se trate de poner a disposición de la autoridad judicial al detenido, de tomarle la declaración preparatoria o de resolver su situación jurídica constitucional. Artículo 54. Cómputo de plazos. Los plazos se contarán por días hábiles, excepto los que se refieren a los casos mencionados en el segundo párrafo del artículo anterior y a cualquier otro que por disposición legal deba computarse por horas, pues éstos se contarán de momento a momento." [Énfasis propio] Como se ve de la transcripción realizada, los plazos procesales son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo se trate de poner a disposición de la autoridad judicial al detenido, de tomarle la declaración preparatoria o de resolver su situación jurídica constitucional. No se incluirán en éstos los sábados, los domingos ni los días que sean inhábiles por cualquier causa, a no ser que se trata de los casos de excepción antes señalados y se contarán por días hábiles. Por lo anterior, el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para promover el juicio de amparo se computó a partir del día siguiente a la fecha en que tuvo conocimiento [diecinueve de mayo de dos mil dieciséis] por cuanto hace a los actos reclamados A), B) y D), ya que transcurrió del veinte de mayo al nueve de junio de este anualidad, sin contar los días veintiuno, veintidós, veintiocho, y veintinueve de mayo, cuatro y cinco de junio de dos mil dieciséis, por ser inhábiles al tratarse de sábados y domingos, en virtud de que la demanda de garantías fue presentada hasta el diez de junio del año en curso, como se advierte del escrito en el interpuso amparo directo ante el Juez Mixto de Primera Instancia de Partido Judicial, con residencia en San Felipe, en su calidad de autoridad responsable. Misma suerte que corre el acto reclamado C), ya que transcurrió en exceso el término de quince días computado a partir del día siguiente a la fecha en que tuvo conocimiento [cuatro de septiembre de dos mil quince] para instar esta vía Constitucional. En ese orden de ideas, es evidente que la presente demanda de garantías fundamentales es extemporánea; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia manifiesta e indudable, prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18 del mismo ordenamiento, con motivo de que el acto reclamado fue consentido tácitamente al no instar el juicio de amparo dentro del plazo de quince días previsto para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ."" Tiene aplicación la tesis registrada bajo el número 216152, emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 235, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS." SE DEVUELVEN DOCUMENTOS Por otra parte, tomando en consideración que resulta innecesaria la retención del expediente de la averiguación previa número 44/14-104, que remitió como apoyo a su informe justificado el Juez Mixto de Primera Instancia en San Felipe, Baja California, hágase la devolución del mismos para los efectos legales conducentes, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Por lo que se refiere al diverso cuaderno de antecedentes relativo al amparo directo penal 10/2016, promovido por KENNETH GEORGE NAHMENS y SUSAN FEIGE, por conducto de su apoderado legal Juan Manuel Bejarle Pano, glósese a los presentes autos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa, para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda; por autorizados en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Dulce Teresa Martínez García, toda vez que al realizar una minuciosa búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no se encontró registro de cédula a su nombre. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese personalmente a la parte quejosa...
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