Kenia Rubi Cid Cid
Expediente 993/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 993/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/11/2021
Partes del expediente
- Kenia Rubi Cid Cid
Actuaciones
- Principal
L.-Toluca, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Notifíquese como legalmente corresponda.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Se recibe oficio Visto lo de cuenta, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio 011151 de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca Estado de México, a través del cual rinde informe justificado y remite copia certificada del laudo emitido el catorce de septiembre del presente año, correspondiente al juicio laboral J.2/218/2018. Pruebas Con apoyo en lo establecido en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que adjunta la autoridad responsable consistente en copia certificada del laudo emitido el catorce de septiembre del presente año, correspondiente al juicio laboral J.2/218/2018. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora, visto el informe de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia que resulta de lo estipulado en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, ******************* Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: Por revocación; y, Por sustitución. El primer supuesto -por revocación -, se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto -por sustitución-, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso o proceso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria; por lo que, para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Cabe precisar que la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En ese caso, los efectos de la determinación recurrida cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, o por haber surgido una de esta clase, que es la que rige el procedimiento correspondiente. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Por tanto, en términos del motivo de improcedencia apuntado, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí, ninguna huella. Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, ya que el acto que tilda inconstitucional la parte quejosa es la abstención de emitir el laudo laboral en el expediente J.2/218/2018; sin embargo, mediante oficio 011151 de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable remite copia certificada del laudo dictado el catorce de septiembre del presente año, correspondiente al juicio laboral J.2/218/2018. Documental que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego, si la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de su efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En consecuencia, tal como se evidencia de lo relatado, los efectos de la transgresión aducida por la parte quejosa cesaron. De ese modo, se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías. Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha para la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno; háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. ADMISIÓN Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese la demanda de amparo promovida por Kenia Rubí Cid Cid, por su propio derecho, contra el acto y autoridad responsable,Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los dispositivos 1, fracción I, 2, 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 112 y 115, de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. INCIDENTE En observancia a los artículos 127 y 128 de la Ley de Amparo, no se tramita el incidente de suspensión relativo, en razón de que no fue solicitado por la parte quejosa y no se desprende que proceda de oficio su trámite. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Dése intervención al Ministerio Público de la Federación, para lo cual se deja copia de la demanda en la actuaría. AUDIENCIA Con sustento en el artículo 115, de la Ley de Amparo, para la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. PETICIÓN A LA AUTORIDAD DEL INFORME JUSTIFICADO Por tanto, en términos de los artículos 115, 116 y 117, de la Ley de Amparo, se solicita el informe justificado a la autoridad responsable TERCERO INTERESADO Ahora, no ha lugar a ser mayor pronunciamiento respecto a la parte tercera interesada Grupo ESCAPHMEX Sociedad Anónima de Capital Variable y/o Carlos Renato Ortiz Gutiérrez, toda vez que el acto reclamado en el juicio también le afecta a esa parte procesal, por lo cual no tiene un interés contrario a la quejosa. En el entendido que este juzgado de Distrito no soslaya el contenido de la jurisprudencia 1ª/J. 90/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO." Es así, toda vez que se considera que esa interpretación no es aplicable al caso, pues la Ley de Amparo, en su artículo 5°, fracción III, inciso b) precisa la necesidad de un interés adverso para sostener la existencia de un tercero interesado antagonista de la parte quejosa, lo cual, se reitera, no sucede en la especie, en tanto que el actor como la demandada esperan la pronta resolución de la controversia a la que son sometidos. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a la autoridad responsable.
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