Kenia Milgaro Gómez

Expediente 621/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 25 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
621/2021
Año
2021
Actuaciones
25
Última actuación
22/09/2021

Partes del expediente

  • Kenia Milgaro Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, mediante la cual se sobreseyó en el juicio, sin que se hayan inconformado; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la ley de la materia, para todos los efectos legales correspondientes, se declara que ha causado estado; por tanto, dése el aviso correspondiente a las partes; y, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Ahora, toda vez que se otorgó la suspensión de plano, se hace la observación que el cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, así como en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cuanto al original del incidente de suspensión dado que fue concedida la medida cautelar provisional y definitiva, se decreta que -una vez transcurran tres años- es susceptible de depuración. Respecto al duplicado del incidente de suspensión - una vez transcurra el término de seis meses- es susceptible de destrucción. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, al que adjuntó diversas misivas de las autoridades responsables migratorias, sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento sobre su contenido, toda vez que el presente asunto ya fue resuelto. Cúmplase.

  3. Principal

    Intégrense los oficios enviados por diversas autoridades migratorias de esta entidad y de Veracruz, a través de los cuales en cumplimiento al requerimiento de veintiséis de los corrientes, señalan que el dieciséis de agosto de este año la quejosa fue trasladada a la Estación Migratoria Acayucan Veracruz a efecto de que se ejecutara el procedimiento administrativo migratorio decretado por la Oficina de Representación Local San Miguel de Allende, Guanajuato; y el diecisiete siguiente, la directa quejosa egresó de la citada estación con motivo el retorno asistido decretado. Constancias que permiten constatar la improcedencia del presente proceso constitucional de amparo y que obstruyen la continuación de su trámite hasta su audiencia. Es menester precisar que del análisis integral de la demanda de amparo en términos de lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que los actos que se reclaman son: 1. La falta de atención médica. 2. Riesgo de salud. 3. Incomunicación. 4. Malos tratos. 5. Amenazas. 6. Infamias. 7. Discriminación. 8. Golpes. 9. Deportación. 10. Privación de la libertad. Atribuidos a las siguientes autoridades responsables en su denominación correcta: Autoridad Registro Sentido COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. 9450 10012 Niega SUB COMISIONADO JURÍDICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. 9450 10012 Niega DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN Y ARCHIVO MIGRATORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. 9450 10012 Niega DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y VERIFICACIÓN MIGRATORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. 9450 10012 Niega DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. 9450 10012 Niega DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE Y VINCULACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. 9450 10012 Niega DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. 9450 10012 Niega DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. 9450 10012 Niega DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. 9450 10012 Niega JEFA DE DEPARTAMENTO EN LA ESTACIÓN MIGRATORIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 9485 9524 Niega JEFA DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 9484 9525 Niega DIRECTORA DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. 9486 9526 Niega Las autoridades indicadas con los arábigos 1 a 9 al rendir sus informes de suspensión de plano y justificados negaron la totalidad de los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa; por tanto, al no existir medio probatorio en contrario, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio de derechos fundamentales. Las autoridades indicadas con los arábigos 10, 11 y 12 negaron la existencia de la privación de la libertad de la quejosa, no obstante se desvirtúa su negativa pues en sus respectivos informes realizaron manifestaciones que evidencian su existencia, al señalar que permaneció en la Estación Migratoria de esta entidad del veintidós de julio al dieciséis de agosto, del presente año; lo que se corrobora además con las constancias relativas al proceso administrativo migratorio 208/2021, las que adquieren valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, motivo por el cual, se tiene plenamente probado. El suscrito aprecia que en el caso que nos ocupa, como se dijo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo. 61 El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]" Lo anterior resulta incuestionable, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que: El veintiuno de julio del año en curso, el Jefe de Departamento de Control Migratorio del Instituto Nacional de Migración en Guanajuato, sujeto a Kenia Milagro Gómez Ramírez de Nacionalidad Hondureña, al retorno asistido a su país de origen. Determinación en la que también se resolvió que se trasladara a la extranjera a la Estación Migratoria de la Ciudad de México, para que en apoyo de esa oficina, la trasladara a la Estación Migratoria Acayucan Veracruz, arribando a esta entidad el veintidós siguiente. Sin embargo, el veintitrés del citado mes y año, al realizarle la prueba de hisopado para el virus SARS Cov-2 resultó positiva, por lo que se decidió su aislamiento bajo supervisión médica hasta el doce de los corrientes, en que nuevamente se le practicó la prueba de mérito saliendo negativa, permaneciendo así en dicho lugar, para su alojamiento y manutención. El dieciséis de los actuales, la parte quejosa egresó de la Estación Migratoria de la Ciudad de México siendo puesta a disposición de la Estación Migratoria Acayucan, Veracruz, a efecto de que se ejecutara la resolución dictada en su procedimiento administrativo migratorio por la Oficina de Representación Local San Miguel de Allende, Guanajuato del Instituto Nacional de Migración, lo que así aconteció el diecisiete de los actuales, al haber sido retornada a su país de origen. En ese contexto, resulta incuestionable la actualización de la causa de improcedencia invocada, ya que al haber regresado la aquí quejosa a su país de origen, resulta imposible entrar al análisis del acto aquí combatido, generando el cese de la privativa de libertad de la que era objeto. De ahí que en el caso que nos ocupa, se deba SOBRESEER en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista el ordinal 61, fracción XVII, del ordenamiento legal invocado. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2ª. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, diciembre de 1996, Novena Época, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción X de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que se reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía e independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En esas consideraciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia invocada, resulta inoportuno entrar al estudio de fondo de los conceptos de inconformidad planteados en la demanda de derechos fundamentales por los impetrantes, ya que se impone sobreseer en el presente juicio, tal como ha quedado asentado en líneas precedentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número VI. 1o. J/23, sustentada por el Primer Tribunal del Sexto Circuito, publicada en la página 252, del tomo 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." De igual forma, es importante destacar que arribar al sentido de la presente determinación, no implica que se le esté negando a la promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de procedencia, además hágase saber a las partes que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de Amparo, el sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. En relación con lo anterior, se invoca la tesis III.2º.C.3 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 2066, del tomo 3, Enero de 2013, de la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya literalidad es la siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Es pertinente destacar que esta determinación, en concepto del suscrito, procede decretarla fuera de audiencia, puesto que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal como se previene por identidad jurídica en la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Cuanto más, en caso de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría enteramente ocioso y atentatorio del principio de prontitud y expedites en la administración de justicia; aunado a que dicha forma de proceder también contravendría el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causa; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Finalmente, toda vez que las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales, no obstante que se les hizo saber sobre la existencia de dicha posibilidad; puede hacerse pública la presente determinación omitiendo los datos sensibles. Notifíquese personalmente a las partes.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, específicamente del oficio ...se advierte que el jefe de Departamento de Control Migratorio de la Oficina de Representación en Guanajuato, adjuntó la resolución de veintiuno de julio de este año emitida dentro del expediente administrativo migratorio 208/2021 instaurado a ...e informó que el diecisiete de agosto actual se dio salida a la quejosa de la Estación Migratoria de Acayucan Veracruz, con motivo de retorno asistido. Por tanto, a efecto de resolver lo que en derecho procede, con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 17 Constitucional, requiérase al Director de la Estación Migratoria de Acayucan Veracruz para que en el plazo de veinticuatro horas informe (1) si ya se cumplimentó la resolución de retorno asistido y (2) en caso contrario, el lugar dónde se encuentra la quejosa y su situación jurídica. Apercibido que de no hacerlo, de conformidad con el numeral 237, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Notifíquese.

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