Kenia Marisol Castillo Reyes
Expediente 691/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 691/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 19/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Kenia Marisol Castillo Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Cuenta. El diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se da cuenta al juez con la certificación que antecede y el estado de los autos. Conste. Auto. Hermosillo, Sonora, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia en la que sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con once minutos del veintidós de marzo del año en curso, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. En este acto, se da cuenta al juez con el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto del oficio DOO/411/1428/2020, de ocho de diciembre de dos mil veinte, emitido por la autoridad responsable en contestación a la petición formulada por la parte quejosa, bajo apercibimiento que de ser omisa, el presente juicio se resolvería únicamente respecto del acto y autoridad señaladas en el escrito inicial de demanda; sin que la parte quejosa haya manifestado nada respecto de dicho requerimiento, no obstante haber quedado debidamente notificada del mismo. A lo anterior el juez acuerda; se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado acuerdo, y resuélvase el presente juicio por el acto y autoridad que señaló en su escrito inicial de demanda. Acto seguido, abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y el informe justificado rendido por la responsable. Por otro lado, revisado el estado de autos, se advierte que en el auto de radicación, se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no existían terceros interesados. Lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y se da cuenta con las documentales, ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda y por la autoridad responsable, así como las diversas instrumental de actuaciones y la presuncional ofertadas por la mencionada en último término al rendir su informe justificado. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada por su propia naturaleza la aludida probanza. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes omitieron realizar manifestaciones. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 691/2020; y, RESULTANDO: Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el trece de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido por razón de turno, a este juzgado, Kenia Marisol Castillo Reyes, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama del presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con sede en la Ciudad de México. Por proveído de veintiuno de octubre siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que el diecisiete de marzo de dos mil veinte, con motivo de la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19), el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 4/2020, con el cual suspendió la actividad judicial en los órganos jurisdiccionales, a fin de contener la emergencia y atender asuntos urgentes; después, emitió los diversos 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 que modificaron y adecuaron al que le antecedía. Posteriormente, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión extraordinaria de veinte de diciembre de dos mil veinte, determinó regresar al esquema de contingencia previsto por el Acuerdo General 13/2020, por el periodo del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno; así, atendiendo a las directrices marcadas por dicho Acuerdo General, mediante acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, se ordenó la continuación del procedimiento y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Finalmente, dio inicio la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes. CONSIDERANDO: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que cuando el acto reclamado carece de ejecución es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como acto reclamado, la omisión de dar respuesta a la petición realizada el once de febrero de dos mil veinte, ante la responsable. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable, no obstante que al rendir su informe con justificación haya negado los actos, pues su certeza se desprende de las propias manifestaciones vertidas en dicho comunicado en el sentido de que mediante oficio DOO/411/1428/2020, de ocho de diciembre de dos mil veinte, emitido por la autoridad responsable en contestación a la petición formulada por la parte quejosa, ocurso que fue ordenada su notificación el nueve del mismo mes y año; aseveraciones que se corroboran con las documentales que allegó en el juicio. Causa de improcedencia actualizada En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el presente asunto, respecto el acto consistente en la omisión de dar respuesta a la petición realizada el once de febrero de dos mil veinte, ante la responsable, se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal que, la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En el caso, se llega a la firme convicción de que la omisión delatada ha cesado en sus efectos, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la que le dio motivo. En efecto, de las constancias que en copia certificada remitió la responsable, así como las manifestaciones hechas valer por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se advierte lo siguiente: El once de febrero de dos mil veinte, la parte quejosa solicitó a la responsable realice las gestiones para dar de alta la resolución de pensión 17/250481 de once de octubre de dos mil diecisiete. Mediante oficio DOO/411/1428/2020 de ocho de diciembre de dos mil veinte, en respuesta a la petición recepcionada en dicha dependencia, la responsable informó a la parte quejosa las gestiones a fin de dar cumplimiento a la solicitud efectuada, comunicándole que al encontrar una irregularidad en la fecha, así como en el concepto de la resolución, por lo cual se le solicitó a la impetrante de amparo acuda nuevamente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para realizar la corrección de la resolución de la cual solicitó el alta. Por auto de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, este juzgado agregó el informe justificado con las constancias mencionadas y se ordenó dar vista personal a la parte quejosa con dichas constancias para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda en relación a dicha contestación, sin que ello aconteciera; no obstante de haber quedado debidamente notificada de dicha determinación el dieciocho de febrero de la presente anualidad, como se advierte de la constancia de notificación agregada en autos. Ahora bien, el derecho de petición consagrado por el artículo 8°. de nuestra Carta Magna, se conforma a su vez de diversas subgarantías, las cuales deben ser atendidas por las autoridades ante quienes se les formule petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa, esto es: 1. Dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado. 2. Que la respuesta sea fundada, motivada y congruente con lo solicitado por el gobernado; y, 3. Notifique la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término. De lo anterior, así como de las manifestaciones que hizo valer la autoridad responsable, se deduce que en el caso la responsable no cumplió con el tercer punto que conforma el derecho de petición del que se duele la parte quejosa; sin embargo, no debe considerarse exigible a la responsable dicha notificación toda vez que este órgano jurisdiccional corrió traslado a la parte impetrante de amparo con el contenido de los informes justificados relativos a la dicha contestación, por lo cual se considera que el incumplimiento relatado quedó subsanado. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la tesis de jurisprudencia 36/99 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal con número de registro 194060, que a la letra dice: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes. De lo anterior, se entiende que la parte quejosa al quedar debidamente notificada del proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, relativo al informe con justificación y vista para ampliación de la demanda de amparo, aunado a que esta tuvo conocimiento del contenido de la respuesta de la autoridad responsable, el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, por lo cual se colige que quedó notificada de la misma. En consecuencia, es incuestionable que durante la tramitación del presente juicio de amparo, cesó en sus efectos la omisión delatada, pues se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo, pues de las documentales exhibidas por la responsable, se desprende que se dio contestación a la petición formulada por la parte quejosa; por lo que resulta indudable que dejó de persistir el efecto del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas." De igual forma cobra vigencia sobre el particular la tesis16 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, en principio debe estimarse que esos efectos han cesado cuando las autoridades responsables comunican al Juez de Distrito que han dejado sin efecto los actos reclamados y han mandado archivar el asunto como totalmente concluido, aunque no le hayan hecho al quejoso ninguna comunicación al respecto, pues aunque sería de desearse que lo hicieran no podría decirse que conforme al precepto indicado los efectos del acto no cesen sino hasta el momento en que se comunique tal cosa al afectado. Es cierto que para sobreseerse el amparo, es menester que se conozca ciertamente la resolución que dejó sin efectos el acto, pero para ello es bastante que se le comunique oficialmente al Juez. Sería contrario a los fines de una expedita administración de justicia entrar al fondo de los negocios, en situaciones como la apuntada. Y, en todo caso, el quejoso puede obtener constancia de la cesación de efectos del acto reclamado, ya solicitando copias certificadas de las constancias pertinentes del juicio de amparo, o ya solicitándolas de las propias autoridades. Y la negligencia de éstas en lo relativo a notificar al quejoso la nueva resolución que dejó sin efectos la reclamada, no puede justificar que se entre al fondo del estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. A más de que, cuando las autoridades afirman categóricamente que han archivado el asunto como concluido, resultaría difícil entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, para decidir si se debe conceder la protección federal o no, pues en esta última hipótesis se crearía una situación legal extremadamente confusa. Y sólo podría justificarse el estudio del fondo del negocio, cuando los términos del informe justificado fueran ambiguos en forma tal, que no pudiera saberse el alcance de la cesación de los efectos del acto reclamado." Así, al haber cesado el efecto del acto impugnado, es obvio que debe declararse improcedente el juicio de amparo y decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 9/98 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." No pasa inadvertida para este juzgador, la respuesta contenida en el oficio número DOO/411/1428/2020 de ocho de diciembre de dos mil veinte, ya que la parte quejosa no amplió su demanda de amparo respecto a ese acto, a pesar de haber sido requerida para ese efecto mediante acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, el cual le fue notificado personalmente, por lo que de esa forma le precluyó su derecho para efectuarlo con posterioridad, por lo que este juzgador está imposibilitado jurídicamente para pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la respuesta otorgada; de ahí debe prevalecer el sobreseimiento decretado Decisión En esa virtud, en atención a las consideraciones plasmadas, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: Único. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Kenia Marisol Castillo Reyes, por las razones y fundamentos expuestas en el considerando IV de este fallo. Notifíquese Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales el oficio y anexo remitido por la autoridad responsable presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con sede en Ciudad de México; mediante el cual da contestación al requerimiento formulado en el sumario, en el sentido de que rindió el informe justificado el cual agrega que fue depositado en SEPOMEX, el veintiuno de diciembre de dos mil veinte; circunstancia que se corrobora en virtud de que mediante proveído de diez de febrero del año en curso, obra el informe que hace referencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Telegrama. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales el telegrama remitido por la autoridad responsable presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con sede en Ciudad de México; mediante el cual da contestación al requerimiento formulado en el sumario, en el sentido de que rindió el informe justificado el cual agrega que fue depositado en SEPOMEX, el veintiuno de diciembre de dos mil veinte; circunstancia que se corrobora en virtud de que mediante proveído de diez de febrero del año en curso, obra el informe que hace referencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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