Kenia Ivette Montero Ortiz

Expediente 1337/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1337/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
21/09/2018

Partes del expediente

  • Kenia Ivette Montero Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    VISTA LA CERTIFICACION... HA CAUSADO EJECUTORIA,... ARCHIVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO... TRANSFIERASE A LA DIRECCION GENERAL EN CITA... DEVUELVANSE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE *****,......

  2. Principal

    AVISO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE CINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN VIRTUD DEL AVISO DE DIEZ DE LOS CORRIENTES, AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Recepción y registro de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Kenia Ivette Montero Ortiz, por su propio derecho, contra actos que reclama del Juez Primero Mercantil de Primera Instancia de Tlalnepantla; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 1337/2018-7. Consideraciones previas, relativas al estudio integral de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Causal de improcedencia. En ese orden, la peticionaria de amparo señala como acto reclamado el auto de seis de agosto de dos mil dieciocho, dictado dentro juicio ejecutivo mercantil 154/2018, del índice del Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia de Tlalnepantla. Luego, del contenido de su demanda se advierte que en dicho auto, el Juez Primero Mercantil de Primera Instancia de Tlalnepantla, admitió a trámite diversa periciales que ofreció en el demandado Abraham Moreno Ramírez. Así las cosas, se considera que el auto del cual se duele la quejosa no le causa perjuicio que sea de imposible reparación, pues en todo caso, es la resolución que se dicte en definitiva dentro de dicho juicio ejecutivo mercantil, será posible analizar su petición que ahora pretender hacer valer en vía de amparo. De lo antes expuesto, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, que en su texto disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De los artículos transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando esos actos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las prerrogativas fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente. En el caso concreto que nos ocupa, se advierte que respecto del acto reclamado consistente esencialmente en el auto de seis de agosto de dos mil dieciocho, dictado dentro juicio ejecutivo mercantil 154/2018, del índice del Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia de Tlalnepantla, mediante la cual se admiten diversas periciales ofrecidas por el demandado Abraham Moreno Ramírez, aun cuando no haya señalado el domicilio de los expertos, no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; puesto que el efecto de dicha determinación es simplemente que el procedimiento jurisdiccional de origen siga su prosecución, sin que se vea implicada una afectación directa a la propiedad, posesión, libertad o demás derechos sustantivos de la parte quejosa; de ahí que en contra del acto reclamado no procede el juicio de amparo indirecto y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la resolución definitiva dictada en el procedimiento jurisdiccional de primera instancia. Tampoco, se está en el caso de que las consecuencias del acto procesal reclamado afecten a la impetrante del amparo en grado predominante o superior; pues el hecho de que la responsable haya admitido pruebas periciales, no implica que de ello dependa la suerte de todo el proceso natural, por el contrario, ello le asegura la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales de la quejosa, pudiendo acudir a deducir sus derechos, lo que de ningún modo puede ocasionar una afectación extraordinaria o sobresaliente a la amparista; máxime que como se dijo, sin emitir un juicio de valor anticipado o bien un pronunciamiento respecto de lo cual es facultad exclusiva de la autoridad responsable, puede obtener resolución favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto y con ello quedarían reparadas las posibles violaciones y perjuicios que se le hubieran ocasionado; considerar lo contrario, haría interminables los juicios e implicaría hacer procedente el amparo indirecto contra la mayoría de los actos practicados dentro del juicio, contraviniendo la sistemática legal de la procedencia del juicio constitucional. A ello obedece el que, conforme a las disposiciones legales vigentes, el amparo indirecto respecto de actos dentro del juicio sólo proceda en dos casos de excepción, a saber, el primero cuando se trate de actos cuya ejecución sea de imposible reparación y el segundo cuando se afecte a personas extrañas al juicio, lo que en el caso no acontece. Sirve de apoyo a lo que antecede, la tesis de jurisprudencia P./J. 6/1991 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la páginas cinco, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, agosto de 1991, que precisa: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Y la jurisprudencia 232, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cincuenta y siete, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Lo antepuesto es así, en razón de que la finalidad perseguida por la Ley de Amparo al reservar el conocimiento de determinadas violaciones para el juicio de derechos fundamentales, es la de evitar el entorpecimiento del procedimiento natural a través de la promoción de diversos juicios de amparo que harían interminable la solución del asunto natural. No pasa inadvertido para quien esto resuelve, que el quejoso en sus conceptos de violación aduce la inconstitucional del acto reclamado, al inobservarse por parte de la autoridad responsables el contenido de la fracción II, del artículo 1253 del Código de Comercio; sin embargo, la inaplicabilidad del aludido numeral no es tema de constitucionalidad, sino de legalidad, de ahí que como ya se precisó sea improcedente el juicio de amparo en que se actúa. Se desecha demanda. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo promovida por Kenia Ivette Montero Ortíz, por propio derecho. Domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, apercibida que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. Atento a lo anterior, se comisiona a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en calle Camino del Jardín, número veintisiete, colonia Fuentes de Satélite, código postal 52998, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y notifique el contenido del presente proveído a la quejosa lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Autorizados. Téngase por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que refiere en su ocurso, hasta en tanto registren su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTA LA DEMANDA,.... SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO...

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