Kenia Fabiola Guadalupe Hernandez Castellanos
Expediente 454/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 454/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Kenia Fabiola Guadalupe Hernandez Castellanos
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, contra el auto de trece de mayo de este año, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por *********, contra actos del Juzgado Cuarto de lo Familiar de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, sin que la aludida parte hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales. ANOTACIONES Y ARCHIVO Ahora, como se trata de un asunto totalmente concluido; por ende, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas.
- Principal
JUICIO 454/2021-III-1 folio 4891; trece de mayo de dos mil veintiuno. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de cuenta promovida por***, contra actos del Juzgado Cuarto de lo Familiar de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad. REGISTRO DEL EXPEDIENTE IMPRESO Y ELECTRÓNICO. Fórmese tanto el expediente impreso como el electrónico y regístrese en el libro de gobierno la demanda de amparo que nos ocupa, bajo el expediente 454/2021-III-1. Conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación al diverso numeral 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo dese inicio al seguimiento por la vía electrónica del presente juicio, en los términos que precisa el referido acuerdo, a efecto de que HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.fd.39 07/08/21 10:30:21 las partes, las que en su caso cumplan con los requisitos previamente establecidos, puedan consultar el aludido expediente y notificarse a través del medio citado, previa solicitud de ello. DESECHAMIENTO. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Para lo anterior, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.fd.39 07/08/21 10:30:21 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO JUICIO 454/2021-III-1 ??????????????? órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del Juez de Distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar el acto reclamado en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias de autos, consiste en: - El auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, en el cual se decretó de manera provisional la medida cautelar de retención de pago que por concepto de pensión alimenticia se encontraba establecida a favor de Kenia Fabiola Guadalupe Hernández Castellanos, equivalente al quince por ciento (15%), emitido en el juicio ordinario civil de divorcio necesario 92/2016, del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad. Tiene aplicación en este sentido, la tesis jurisprudencial 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.fd.39 07/08/21 10:30:21 Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI de Abril de 2000, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En el caso concreto, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuáles conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas revocadas o nulificadas. [.]" Sobre el particular, es necesario mencionar que conforme la Constitución y la Ley de Amparo, el principio de definitividad consiste en que la parte quejosa, antes de promover la acción constitucional, debe agotar necesariamente todos los juicios o recursos ordinarios que en derecho procedan, de acuerdo con la ley que rige el acto impugnado. En este sentido, la parte quejosa deberá cerciorarse antes de solicitar el amparo y la protección de la Justicia Federal, que se han agotado todos los medios ordinarios de impugnación o defensa que prevé la ley secundaria de la cual deriva el acto reclamado y, de no ser así, el juicio instaurado deberá declararse HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.fd.39 07/08/21 10:30:21 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO JUICIO 454/2021-III-1 ??????????????? improcedente, ya que mediante su intento se puede modificar o nulificar dicho acto. La esencia de este principio resalta por sí mismo, ya que se pretende que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, razón por la cual si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, se impide la utilización innecesaria del proceso constitucional, o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios, o bien se traduzcan en resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos. De ahí que, como el amparo es un juicio extraordinario, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. En estas condiciones, con la finalidad de demostrar la improcedencia anunciada resulta necesario precisar que, en el caso particular, el acto reclamado consistente en el auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, en el cual se decretó de manera provisional la medida cautelar de retención de pago que por concepto de pensión alimenticia se encontraba establecida a favor de Kenia Fabiola Guadalupe Hernández Castellanos, equivalente al quince por ciento (15%), emitido en el juicio ordinario civil de divorcio necesario 92/2016, del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, no es definitivo, pues puede ser impugnado a través del recurso de apelación, aun cuando la parte agraviada no lo haya hecho valer HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.fd.39 07/08/21 10:30:21 oportunamente, ya que no se encuentra en ningún caso de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por lo que, debió hacer valer tal recurso para que la autoridad competente se pronunciara al respecto. Efectivamente, procedía el recurso de apelación en contra del auto antes citado; en términos del artículo 184 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 184.- Medidas cautelares innominadas. Antes de iniciarse el proceso, o durante su desarrollo, el juzgador podrá decretar todas las medidas cautelares que resulten necesarias para mantener la situación de hecho existente, aunque no sean de las previstas expresamente en este Código. La resolución que decrete o niegue la medida será apelable en el efecto devolutivo. Cuando la mantención de los hechos en el estado que guarden, entrañe la suspensión de una obra, de la ejecución de un acto o de la celebración de un contrato, la demanda deberá ser propuesta por la parte que solicitó la medida dentro del plazo de cinco días, contados a partir de la fecha en que se haya ejecutado la orden de suspensión. La falta de presentación de la demanda dentro del plazo indicado, traerá como consecuencia la caducidad de la medida en los plazos señalados en el artículo 181, párrafo segundo." [Lo subrayado es propio.] Por tanto, es palpable que el auto reclamado puede ser recurrible a través del recurso de apelación, tomando en consideración a lo que establece el artículo 184 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, puesto que la promovente estaba obligada a agotar, previamente a intentar el juicio de amparo, el recurso de apelación a que alude el citado numeral, a través del cual puede modificarse o revocarse el acto que pretende combatir para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Sirve de apoyo por las razones que informa, la Jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.fd.39 07/08/21 10:30:21 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO JUICIO 454/2021-III-1 ??????????????? Nación, visible en la página 729, Libro X, Tomo 1 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Común, registro 2001155; cuyo texto y rubro dicen: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." No se soslaya que el tema del acto reclamado es relacionado a la pensión alimenticia solicitada por la aquí promovente del amparo y que se encuentra involucrado un menor de edad en el juicio de origen; sin embargo, en el caso no se actualiza una excepción al principio de definitividad pues de la lectura de la documental que anexa a la demanda de amparo la aquí promovente, consistente en la cédula de notificación realizada a la parte demandada (aquí quejosa) el veinte de abril del presente año, en el cual se le hizo conocer de diversos acuerdos, y en particular el auto reclamado, se colige que la autoridad jurisdiccional responsable ponderó lo pertinente para no dejar en riesgo de vulnerabilidad al menor de identidad reservada A.L.G.H., dejándole subsistente el pago del quince por ciento (15%) que por concepto de pensión alimenticia le corresponde. HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.fd.39 07/08/21 10:30:21 Al caso son aplicables las consideraciones expuestas en la jurisprudencia sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 350, del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décimo Época, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En ese orden de ideas, era indispensable que se hiciera valer ante el Juez de origen el recurso de apelación previo a la promoción del presente juicio de amparo, ya que resulta obligatorio en acatamiento al HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.fd.39 07/08/21 10:30:21 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO JUICIO 454/2021-III-1 ??????????????? principio de definitividad que rige la técnica de estudio en el presente asunto, toda vez que las excepciones a ese principio son de estricta aplicación, entre las que destacan, que el acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, que importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que este Juzgado Federal pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas, lo que pone de manifiesto que no se actualizaron ninguna de esas hipótesis, ni en la jurisprudencia se ha establecido que no se deba satisfacer esa carga procesal. En consecuencia, como la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que sí existe contra del acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contemple para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es terminante en establecer que se agoten los medios legales establecidos como requisito indispensable para estar en posibilidad de acudir al juicio de derechos fundamentales; razón por la cual, el presente asunto resulta improcedente. Por tanto, si la parte quejosa ha tenido participación en el procedimiento del que deriva el acto reclamado como parte demandada, y existiendo una HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.fd.39 07/08/21 10:30:21 norma que contempla recursos ordinarios, es indudable que estaba facultada y obligada a la vez para interponerlos y plantear en ellos lo pertinente, porque a través de esos medios de impugnación pudo obtener que se modificara el acto que reclama en esta instancia constitucional. Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causa de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.fd.39 07/08/21 10:30:21 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO JUICIO 454/2021-III-1 ??????????????? acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Por su contenido y alcance, se invoca la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos veinticinco, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.fd.39 07/08/21 10:30:21 Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." Así como, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos treinta, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Décima Época, que establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.fd.39 07/08/21 10:30:21 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO JUICIO 454/2021-III-1 ??????????????? jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." En consecuencia de lo anterior, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Kenia Fabiola Guadalupe Hernández Castellanos, contra actos del Juzgado Cuarto de lo Familiar de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad; de conformidad con lo dispuesto por la fracción XVIII, del artículo 61, con apoyo al numeral 113, ambos de la Ley de Amparo. Similar criterio sostuvo el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, al resolver en sesión de ocho de febrero de dos mil veintiuno, el recurso de queja civil 108/2020 de su índice. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otro lado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de la adscripción para que las notificaciones que se practiquen a las partes, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADO POR LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir citas y notificaciones el que índica en su demanda de amparo, así como por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rosa HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.fd.39 07/08/21 10:30:21 María Landero López, por tener registrada sus cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que la acredita como abogada, y en términos del segundo párrafo del ordinal 12 de la citada ley a las diversas personas. En ese orden de ideas, tomando en consideración la emergencia sanitaria que atraviesa el país con motivo del SARS-CoV2 (COVID-19), se toma nota del correo electrónico y del número telefónico proporcionado por la promovente, por tanto, en caso de requerirlo se autoriza la comunicación a través de los mismos -respecto de comunicaciones no procesales-. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de medios electrónicos, para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.fd.39 07/08/21 10:30:21 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO JUICIO 454/2021-III-1 ??????????????? desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.fd.39 07/08/21 10:30:21 De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5° del citado Acuerdo General 21/2020, a efecto de brindar atención a las partes -respecto de comunicaciones no procesales-, se habilita el correo electrónico salvador.olivar.diaz@correo.cjf.gob.mx, así como al número telefónico 9931989215. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el HERIBERTO RIVERA RIOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.fd.39 07/08/21 10:30:21 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO JUICIO 454/2021-III-1 ??????????????? Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente.
- Principal
EN ESTA FECHA, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO.
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